LA CALIDAD DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PRIVADAS EN ZACATECAS

Beatriz Herrera Guzmán

I.4. Organismos y programas nacionales evaluadores de la calidad educativa

En este apartado,  se busca exponer la labor de los organismos y programas nacionales que han contribuido para la elaboración de estrategias y evaluación, con el propósito de mejorar  la calidad de la educación superior en México.
Aunque en los años ochenta y noventa se mostró mayor efervescencia de los sistemas de evaluación en distintos países; en México comenzaron a gestarse desde finales de los años setenta. La SEP, la ANUIES y el gobierno federal promovieron el Sistema Nacional de Planeación Permanente de la Educación Superior (SINAPPES) con el fin de orientar y regular el conjunto de instituciones de educación superior; sin embargo, no se generaron grandes resultados, porque dicho programa mostró poca capacidad en la toma de acuerdos significativos, situación que provocó el debilitamiento del SINAPPES como sistema en el transcurso de los años ochenta.
En los años ochenta se comenzaron a evaluar los estudios mediante políticas que garantizaran la calidad y el uso adecuado de los recursos financieros. Entre 1971 y 1982 el crecimiento de la matrícula y el subsidio público, provocaron una actitud laxa en cuanto a la contratación de la planta docente sin que estos cumplieran con niveles de preparación adecuados. Algunos profesores sin terminar la licenciatura y otros más sin ser especialistas de las diversas áreas, comenzaron a trabajar.  Zorrilla y Cetina (1998) mencionan que para estos años la planta de profesores se multiplicó por cuatro, favoreciendo a los programas tradicionales como medicina, ingeniería y derecho, en los cuales se exigían algunos requisitos que garantizaran la calidad docente.
Desde los años ochenta, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) y la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior (FIMPES) jugaron papeles centrales en evaluación, estableciendo determinados requisitos para el ingreso y permanencia de las instituciones.  El organismo por excelencia evaluador de las instituciones particulares postsecundarias fue la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior (FIMPES), fundada en el año de 1981, su propósito es mejorar la comunicación y colaboración de las escuelas particulares entre sí y con las demás instituciones del país, respetando los objetivos de cada una de las IES. En el año de 1993, la FIMPES estableció un sistema de indicadores comprendidos en tres etapas: a) un autoestudio, b) un proceso de validación por un equipo visitador, integrado por académicos provenientes de diferentes instituciones afiliadas y c) la emisión del juicio acerca de la certificación (examen de acreditación). A partir del año 2001, la Federación comenzó a realizar o implantar el autoestudio de las universidades privadas en la guía: “Sistema para el ingreso y permanencia en la FIMPES, a través del Fortalecimiento y Desarrollo Institucional”, basado en 166 indicadores considerados como requisitos mínimos para el logro de un proyecto educativo de calidad. En el proceso de autoestudio, cada una de las áreas es examinada para establecer en qué medida las instituciones están coadyuvando con el logro de resultados que la misma institución se ha fijado y ofrecido a la comunidad a la que sirve. La visita para otorgar la validación se realiza por un equipo de pares integrado por funcionarios y académicos universitarios ajenos a la institución, seleccionados por la misma Federación. Posteriormente una vez que acude a la institución, elabora un reporte en el que se señala la relación entre lo consignado en el reporte de autoestudio y los resultados emitidos por la visita del comité de pares.  El dictamen de acreditación es emitido por siete rectores previamente elegidos por la Asamblea cada tres años, que analizan los documentos y emiten un dictamen para cada institución, ratificado posteriormente por la Asamblea General.
En la actualidad, la Federación recomienda a las instituciones trabajar sobre nueve criterios para la acreditación: i) filosofía institucional, ii) planeación y efectividad, iii) normatividad, gobierno y administración, iv) programas académicos, v) personal académico, vi) estudiantes, vii) personal administrativo, viii) apoyos académicos, ix) recursos físicos, x) recursos financieros, y xi) educación a distancia.
Los criterios se explican de la siguiente manera: Primero, En la filosofía institucional se describe la postura y el compromiso que tiene la institución con relación a la educación superior. Forma parte de los principios y marco de referencia de la misión. Para ello, la institución debe contar con documentación que manifiesta de manera explícita su misión institucional, la cual dice estar relacionada con su evolución histórica. El Segundo criterio, el de planeación y efectividad, implica que la institución tiene visualizado su futuro, está comprometida con un proceso de mejora y puede demostrar qué tan bien cumple su misión y sus planes. Estos también son dos ejes fundamentales  en torno a los cuales gira el proceso de Acreditación Institucional. La efectividad indica qué tan bien la institución cumple su misión o propósito educativo y qué tanto esta logrando sus metas. La normatividad, gobierno y administración es el tercer criterio implica que el marco normativo sea tal que la institución pueda asegurar, a la comunidad universitaria y al público en general, que sus procesos y actividades se desarrollan según normas y estándares claramente definidos, además de que cumple con las disposiciones normativas nacionales relativas a educación superior. El cuarto criterio son los programas académicos, los cuales constituyen el núcleo de la operación de una institución de educación superior; le permite cumplir sus funciones sustantivas y atender las necesidades de la comunidad. El quinto criterio es el personal académico, como uno de los elementos de mayor impacto dentro de los resultados del proceso enseñanza-aprendizaje. En ese sentido, la selección, desarrollo y retención de un profesorado competente, en todos los niveles académicos, es de suma importancia para lograr altos estándares educativos en los programas de la institución. El sexto criterio son los estudiantes, definidos como los actores protagónicos de los procesos y actividades que diariamente se viven en las instituciones de educación superior. Se entiende que la institución que considera que el estudiante es el beneficiario inmediato de la educación que se ofrece tiene más posibilidades de cumplir exitosamente su misión y sus objetivos. El séptimo criterio se refiere al personal administrativo, comprende a aquellas personas que laboran en las áreas de apoyo institucional y de apoyo académico y administrativo. Incluye también al personal técnico y de servicio. El octavo criterio, el personal debe contar con el entrenamiento adecuado a las funciones que realiza. El noveno criterio son los apoyos académicos, como los elementos que se disponen alrededor de los estudiantes, profesores y colaboradores, para facilitar las actividades académicas de la institución. El décimo criterio, son los recursos físicos, indispensables para el desarrollo del programa que ofrecen las instituciones. Entre tales recursos se encuentran los edificios, estacionamientos, equipos, laboratorios, talleres y materiales. Es importante que los recursos sean dispuestos en condiciones de calidad, seguridad, salud y preservación del medio ambiente para el correcto desarrollo de actividades académicas y administrativas. El onceavo criterio se refiere a los recursos financieros; se conciben como vitales para la continua operación de la institución. Cuando el plantel esta sano financieramente, está en posibilidades de ofrecer sus programas y servicios de acuerdo a lo planeado. La institución debe tener y demostrar la estabilidad económica y financiera que garantice la operación de sus programas educativos en el corto y mediano plazos. Por último, la educación a distancia, como satelital, por correspondencia, electrónica, abierta y semipresencial, es una estrategia para  desarrollar el proceso enseñanza-aprendizaje. Este tipo de educación también debe ser congruente con la misión institucional
Por su parte, la ANUIES, como organismo evaluador de la educación superior en México, buscó desde sus inicios afianzar de manera gradual un sistema de indicadores comprometidos con el desarrollo académico de las instituciones educativas. A través de las distintas asambleas celebradas por la Asociación, se llegó a acuerdos cada vez más articulados. En ese sentido, las Instituciones de Educación Superior que tuvieran interés por afiliarse a la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior de la República Mexicana, A.C. tomaría en cuenta el sistema de indicadores y parámetros siguientes: i) naturaleza y misión de la institución, ii) normatividad institucional, iii) planeación, iv) infraestructura académica, v) planes de estudio, vi) evaluación, vii) profesores, viii) estudiantes, ix) recursos financieros y x) difusión cultural.
A partir de enero de 1996, la ANUIES   aprobó nuevos criterios para el ingreso y la permanencia de instituciones referidos a tres aspectos: i) la calidad, ii) el desarrollo y iii) la consolidación. Es preciso aclarar que el ingreso y permanencia de las instituciones con la Asociación, no implica una acreditación. El hecho en sí lleva a un acto de otorgamiento de fe pública de la calidad de las universidades afiliadas.
No es hasta los años noventa cuando comienza el proceso de institucionalización de la evaluación de la educación superior. El entonces programa para la Modernización Educativa planteó objetivos como: impulsar un proceso nacional de evaluación del sistema de educación superior para determinar sus actuales niveles de rendimiento, productividad, eficiencia y calidad. Proceso que fue conducido por la Coordinación Nacional para la Planeación de la Educación Superior (CONPES), órgano mixto conformado por el Consejo Nacional de la  ANUIES y funcionarios de la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La CONPES fue fundada desde 1979,  con la finalidad de diseñar e instrumentar planes y políticas nacionales en las universidades. A partir de 1989, ha tenido como propósitos: a) efectuar consultas sobre las iniciativas del gobierno federal para implementar nuevos mecanismo de financiamiento y b) formar una comisión que apoye el inicio y operación de diversos organismos de evaluación de la educación superior (Zorrilla y Cetina: 1998).
A finales de 1989 se conformó la Comisión Nacional de Evaluación de la Educación Superior (CONAEVA). Esta comisión pretendió que las acciones de evaluación estuvieran enmarcadas en un proceso concertado a nivel nacional y no se dieran de manera aislada y discontinua. La CONAEVA se dio a la tarea de concebir y articular un proceso integral, sentando las bases para dar continuidad y permanencia al proceso de evaluación. Así mismo, dicho organismo propuso criterios y estándares de calidad para las funciones y tareas de las instituciones, y apoyó a las diversas autoridades responsables de la evaluación  para llevar a cabo su función mediante los mecanismos más apropiados.
A partir de la presencia de la CONAEVA, se articularon las actividades de estímulos y becas al personal académico, de autoevaluación de las instituciones,  de evaluación de proyectos a través del Fondo para la Modernización de la Educación Superior (FOMES) y de la evaluación de programas por parte de los Comités Interinstitucionales de Evaluación de la Educación Superior (CIEES).
El modelo de autoevaluación sugerido por la CONAEVA se basó en una propuesta metodológica para la evaluación, además de criterios, indicadores y parámetros generales los cuales se brindaba información cualitativa y cuantitativa. Este modelo resaltó una amplia gama de factores –difíciles de llevar a cabo por las universidades- relativas a insumos, procesos académicos y administrativos, productos y relación con el entorno. Los criterios a evaluar, Silva(2005) los resume de la siguiente manera: a) docencia: abarcó la oferta educativa, planes de estudio, estudiantes, personal académico, proceso de enseñanza-aprendizaje; b) investigación: líneas, proyectos, planta de investigadores, resultados, vinculación docencia-investigación; c) difusión y extensión: oferta, programas, personal, publicaciones; d) normatividad y gobierno: instrumentos jurídicos, órganos normativos y de gobierno, participación de la comunidad; e) organización: estructura académico-administrativa, sistemas y procedimientos, servicios estudiantiles, servicios académicos, servicios administrativos; f) planeación y evaluación: planes y programas, sistemas de información, instancias de planeación y evaluación; g) financiamiento. Patrimonio, ingresos, ejercicio presupuestal, control presupuestal; h) relación educación superior-sociedad: normatividad técnica, instancias de vinculación; i) política educativa: en materia de crecimiento, de financiamiento, salarial y de calidad académica.
Desde 1990, la SESIC comenzó a operar el Fondo para Modernizar la Educación Superior (FOMES). El presupuesto asignado a la educación superior se subdividió en su manejo técnico para llevar a cabo una asignación regular y organizada sujeta a concursos de evaluación -de ahí el surgimiento del FOMES- así como los recursos de apoyo a la investigación para los que se concursa en el CONACYT (Díaz Barriga: 1999).
En el año de 1991, se constituyen los Comités Interinstitucionales de Evaluación de la Educación Superior (CIEES), centrados en la evaluación diagnóstica de programas por áreas del conocimiento, además de asumir las funciones de acreditación y reconocimiento que se concedían a unidades académicas o programas específicos en la medida que cumplieran con determinados requisitos. En la actualidad, los Comités han realizado evaluaciones por medio de mecanismos de evaluación de pares, principalmente para el nivel de licenciatura, sobre proyectos de investigación y programas de posgrado que el Consejo Nacional para la Ciencia y la Tecnología (CONACYT) ha realizado. Este Consejo estableció, a partir de 1992, un padrón de programas de posgrado de excelencia para ciencia y tecnología. Los apoyos de este programa se destinan para la formación de recursos humanos de alto nivel de acuerdo con los juicios que emiten los pares académicos evaluadores, una vez que se hay considerado  que se han satisfecho los criterios de calidad establecidos por el mismo Consejo, en torno a cinco categorías: a) situación de la planta académica, b) situación del posgrado, c) existencia de líneas de investigación y desarrollo de proyectos, d) características generales del posgrado y e) la vinculación con el sector productivo.(Mendoza:1999) Las funciones de los CIEES son: a) realizar evaluaciones diagnósticas de programas de docencia, b) acreditación y reconocimiento de programas y c) asesorar a las instituciones de educación superior.
A partir de 1994, el CENEVAL comienza a aplicar exámenes generales para los egresados de la licenciatura. Este examen tuvo objetivos principales como: i) determinar si los egresados de la educación superior contaban con los conocimientos y habilidades mínimos para la práctica profesional, ii) informar a la sociedad mexicana acerca de la calidad en la formación académica de los profesionistas que egresan, y iii) relaciona con la función certificadora de las instituciones de educación superior, aunque al final se acordó que este examen complementara los exámenes que aplican las propias universidades (Díaz Barriga: 1999).
En este contexto, la década de los noventa muestra el camino de la institucionalización de la evaluación en México. Sin embargo, políticas gubernamentales de los años recientes, al parecer están desplazando la evaluación para centrarse en la planeación. De manera importante están analizando los nuevos esquemas de financiamiento y la respuesta que las instituciones educativas de nivel superior están dando a las necesidades sociales. Una propuesta insistente del gobierno mexicano, ha sido la de perfeccionar los programas institucionales. Ejemplo de ello es el Programa de Fortalecimiento institucional (PIFI), impulsado por la SESIC en las universidades públicas. Con un enfoque de calidad más completo, se toman en cuenta diversos elementos para el buen funcionamiento y desarrollo de las instituciones a partir de tres ámbitos: a) el institucional, b) el de sus dependencias de educación superior y c) el de cada uno de sus programas educativos. Este programa retoma los resultados de la evaluación que hacen los CIEES, como aspecto que orienta el plan institucional.  Esta situación se aplica también al caso del Programa de Fortalecimiento del Posgrado (PIFOP).
Por último, podría considerarse que la década de los noventa fue el lustro de las evaluaciones. En este nuevo siglo, los temas de la planeación y la acreditación son los  que están cobrando mayor importancia. En conclusión, puede percibirse que en el discurso,  la evaluación de la educación superior mexicana es aceptada, siendo ésta un componente derivado de la modernización de la educación superior. No obstante, su consolidación en la práctica, dista mucho de los compromisos teóricos; percibiéndose, por ello, una incipiente cultura de la evaluación en México.

Volver al índice