LA DESILUSIÓN SEXENAL

Óscar Antonio Jiménez Morales

Panorama pensionario

El entonces secretario de Hacienda Francisco Gil Díaz, afirmó que la presión fiscal de los distintos esquemas pensionarios públicos federales y estatales registraron un déficit  de 116 por ciento del PIB y subrayó que los sistemas públicos  de pensiones no le dan certidumbre al trabajador respecto de la obtención de su pensión, no son heredables y generan transferencias de recursos entre diferentes grupos de trabajadores.1
Gil Díaz también estableció que “esto perjudica a los trabajadores de menores ingresos y a las mujeres, que son los grupos de mayor intermitencia laboral. La falta de integración de los regímenes pensionarios públicos, provoca que gran número de trabajadores pierdan sus aportaciones cuando no se alcanzan los mínimos de cotización”.2
De igual manera, el otrora Secretario de Hacienda, justificaba el caso del ISSSTE de esta manera; “es especialmente delicado al guardar una situación muy similar a la que mostraba el Seguro Social antes de las reformas de 1997. Dicho instituto presenta un déficit actuarial y de flujo de caja preocupante. Los sistemas pensionarios de las universidades públicas, del sector paraestatal y de la banca de desarrollo se encuentran en situación similar”3. De esta manera esta política también se encuentra en correspondencia con las neoliberales, al pretender quebrar el sistema pensionario público y privatizarlo.
Gil Díaz advirtió en muchas ocasiones y en concordancia con Fox que era necesario aprobar las reformas estructurales, en materia laboral específicamente, para hacer frente a “la incertidumbre del ambiente económico externo”, ello a pesar de los “positivos resultados macroeconómicos de las finanzas públicas”.4
Es importante decir que el monto de los recursos para la jubilación de los trabajadores en casi una década llegó a 728 mil 800 millones de pesos, pero esta cantidad podría ser mayor si en México la informalidad no abarcara a 50 por ciento de la población económicamente activa del país.5
Ahora bien, la reforma a la ley del ISSSTE de 2007, ya en el sexenio de Calderón, se ha conformado como la base para privatizar los sistemas de pensiones de por lo menos 50 empresas paraestatales e instituciones públicas, como Petróleos Mexicanos, la Comisión Federal de Electricidad, Luz Y Fuerza del Centro y la Universidad Nacional Autónoma de México.6 La nueva ley del ISSSTE, en contubernio con el PRI, la impuso Felipe Calderón en marzo de 2007, hoy en día hay más de 169 mil 864 demandas de amparo en contra de la inconstitucionalidad de dicha ley.
En este mismo tenor, debemos indicar que, según el senador perredista Graco Ramírez Garrido, las administradoras de fondos para el retiro (Afore) han obtenido 124 mil 174 millones de pesos en ganancias en 11 años de operación, cifra casi similar a la aportación hecha por el gobierno en ese periodo, a través de la cuota social que fue de 116 mil 633 millones.7
En el mes de febrero de 2009, trabajadores del Sindicato Minero de Electricistas (SME) y de organizaciones integrantes del Frente Sindical Mexicano (FSM) se pronunciaron por la estatización de los Sistemas de Ahorro para el Retiro de los institutos Mexicano del Seguro Social (IMSS) y de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), así como de los individuales ante el despojo que por más de 70 mil millones de pesos han sido víctimas millones de asalariados en el año de 2008.8

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