LA DESILUSIÓN SEXENAL

Óscar Antonio Jiménez Morales

Oaxaca y la APPO

La liga mexicana por la defensa de los derechos humanos difundió una cronología de una  de las principales movilizaciones de la APPO, mientras que la agresión de la Policía Federal Preventiva, en octubre de 2006, contra los manifestantes que llegaban al centro histórico de esta ciudad se manifestó con violencia, les arrojaron gases lacrimógenos y proyectiles desde las azoteas.
Hay al menos 39 desaparecidos, incluidas 13 mujeres (hasta noviembre de 2006), temen que sean violadas1.
En Oaxaca2 Calderón se estrenó imponiendo mayor represión en dicho estado, el cual atravesó por una grave crisis de gobernabilidad y una situación alarmante de violaciones de los derechos humanos desde la llegada de la PFP en octubre de 2006. De forma irregular, las autoridades federales detuvieron a más de 150 integrantes y líderes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, la APPO3
En esa entidad, advirtieron las ONG se están cometiendo, con total impunidad, graves atropellos contra las garantías individuales. Desde el 27 de octubre de 2006 tienen que lamentarse detenciones arbitrarias, incomunicación de detenidos, torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, agresiones sexuales a hombres y mujeres; negación del derecho a la defensa, desapariciones, allanamientos de morada, intimidaciones y amenazas, persecuciones, provocaciones a la violencia por agentes contratados por las fuerzas del Estado y grupos de choque priístas4. Abusos de autoridad, obstrucción del ejercicio de los derechos constitucionales de asociación, libertad de expresión y tránsito.5 
Treinta y cuatro mujeres encarceladas en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) de San José del Rincón, Nayarit, por su presunta participación en diversos delitos el 25 de noviembre de 2006 en la ciudad de Oaxaca, recibieron trato cruel, inhumano, y degradante, hechos que evidencian discriminación, violencia, misoginia, y criminalización de la protesta social femenina, aseguró Yésica Sánchez, integrante de la Liga Mexicana de la Defensa de los Derechos Humanos, Oaxaca.6
Por su parte, el informe final de la Comisión Civil Internacional de Observación de los Derechos Humanos sobre el conflicto en la entidad oaxaqueña establece que las acciones de represión indiscriminada, desplegadas por las autoridades federales y estatales en esa entidad federativa resultaron deliberadamente aterrorizantes y desproporcionadas, y su objetivo fue constituirse como tácticas ejemplarizantes que queden en la memoria de la población civil durante años para provocar miedo y evitar que la movilización social continúe. 
El documento subraya que los operativos implementados por los gobernantes no tenían como objetivo reestablecer el orden en el estado, sino ir mucho más allá y buscar una forma de paralización e inmovilización social; romper el tejido ciudadano, y fomentar el enfrentamiento y la desconfianza entre sectores de la población7.
Debemos recordar que el periodista estadounidense Brad Will fue asesinado el 27 de octubre de 2006 en la ciudad de Oaxaca. No fue el único muerto de la jornada. Ese mismo viernes sangriento en Santa María Coyotepec, grupos de pistoleros le quitaron la vida al profesor Emilio Alonso Fabián y al comunero Esteban Zurita Pérez. Fallecieron también Esteban Ruiz y Eudoxia Olivera Díaz, y fueron heridas 23 personas8
Lorenzo Meyer en el prólogo que escribe a Osorno establece que “el triunfo de la resistencia de los comuneros de San Salvador Atenco a la expropiación de sus tierras, y la marcha del EZLN a la ciudad de México en los inicios del nuevo gobierno presidido por el PAN, parecieron confirmar que efectivamente el cambio político en México incluía la aceptación del pluralismo, no sólo en el campo de los partidos, también en el de los movimientos sociales; sin embargo, lo acontecido en Oaxaca y en la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) mostró que las antiguas reglas del juego político estaban lejos de desaparecer. La complicidad entre priístas y panistas mostró que el llamado nuevo régimen tiene más de viejo y de autoritario que de nuevo y democrático”.9
En otras palabras, con la APPO quedó demostrado, en su sentido más negativo, la vigencia de lo que algunos novelistas han descubierto al examinar la historia de nuestro propio país: “El pasado nunca pasa, pues en realidad ni siquiera es pasado”.
Por otra parte, Carlos Fazio10, establece que la APPO surgió como un embrión de poder popular que se ha ido transformando de manera acelerada de un modelo de organización inicialmente defensivo en una propuesta orgánica de tipo horizontal y asamblearia, donde, con eje en una amplia política de alianzas y órganos de dirección colectiva, se practica la democracia directa. Se trata de un movimiento popular y diverso, participativo, autonómico y autogestionario. Este movimiento se ha ido autodeterminando y ciudadanizando en el ejercicio concreto de la soberanía popular a través de un largo proceso de acumulación de fuerzas producto de las luchas comunales, regionales y sectoriales en el territorio oaxaqueño. En Oaxaca la población está sometida  a una virtual dictadura estatal. 11
El ejecutivo local, encarnado por el gobernador Ulises Ruiz, simboliza un poder autoritario, clasista, corrupto, corporativo, racista y caciquil que, carente de toda legitimidad, utilizó  los medios represivos a su alcance para transgredir la paz social.
En la coyuntura, Oaxaca exhibe la crisis del sistema de dominación en México, incluidas sus instituciones, que responden a los intereses de la clase en el poder. Se trata de una crisis nacional donde se está cuestionando todo un sistema económico, político, social que, basado en la superexplotación, el saqueo, la corrupción, la impunidad, el fraude electoral, y la antidemocracia, sólo puede mantenerse en el poder mediante la represión.12 
En este tenor, los casos analizados en este segundo subapartado abonan al deterioro de las instituciones y de la incipiente democracia mexicana.
Ahora bien, el último apartado desarrollado en este Capítulo que a continuación se presenta, persigue parte del objetivo particular del mismo. Aquí analizaremos el asunto de la corrupción foxista tanto personal y familiar, incluidos su esposa Martha Sahagún y sus hijos los hermanos Bribiesca, como la del ejercicio de gobierno en el sexenio que nos ocupa.
Es preciso decir, que este asunto contribuyó también al deterioro de las instituciones y al desfalco de recursos públicos y otros dineros de dudosa procedencia, que fueron usados con frivolidad e irresponsabilidad, vayamos pues a la discusión.

Corrupción foxista

Las empresas de la familia de  Vicente Fox, mientras éste despachaba en el palacio de Gobierno en el estado de Guanajuato, estaban en crisis. El Grupo Fox era acosado por sus acreedores: la Secretaría de Hacienda, el Instituto Mexicano del Seguro Social y las bancas pública y privada13.
En el año 2000, Vicente Fox no tenía dinero para financiar su campaña. De hecho, durante toda su precampaña y campaña por la Presidencia de la República, Lino Korrodi, responsable de la recolección de recursos por medio de Amigos de Fox, pagaba desde las cuentas del súper mercado hasta las colegiaturas de los hijos del candidato14. A los pocos meses se comenzó a ver de qué estaba hecho el hombre que sacó al PRI de los Pinos. De pronto comenzó a vivir rodeado de lujos y comodidades, muchos de ellos de origen inexplicable.
En el caso de los ranchos del ex presidente  Fox, éste estalló en ira y, entre insultos y recriminaciones en contra de su interlocutor, suspendió una entrevista con la cadena Telemundo, cuando el periodista de origen mexicano Rubén González Luengas le confrontaba con publicaciones en la que se establece la titularidad de sus ranchos a nombre suyo y de su esposa, Martha Sahagún15. Dichas publicaciones eran precisamente las de Anabel Hernández y Arelí Quintero, cuyo título es La familia presidencial bajo sospecha de corrupción. A  las cuales, Vicente Fox llamó: “esto es basura”.16
En aquella publicación editada en el año de 2005, se argumenta la sospechosa remodelación, con extremos lujos, de los ranchos de Fox, entre otras corruptelas. El rancho del  ex presidente Fox se llama La Estancia, y se halla conformado por varios terrenos de su propiedad, según se constató en el Registro Público de la Propiedad de San Francisco del Rincón.17
Y lo peor se encuentra en que la Presidencia de la República, ya en el gobierno de Calderón, declaró que en sus archivos no existe ningún expediente en el cual se consigne que para recibir al presidente de Estados Unidos, George Bush en febrero de 2001, o incluso antes de esa fecha, se hayan realizado diversas obras de remodelación, rehabilitación y acondicionamiento del rancho San Cristóbal, propiedad del entonces presidente Vicente Fox.18 Y decimos “lo peor” no porque no se haya remodelado el Rancho, sino porque, sobre la base de este asunto, no existe la evidencia empírica de dicha remodelación con recursos públicos.
En cuestión de la corrupción del ejercicio gubernamental, empecemos por decir que todo había cambiado radicalmente para Fox en los primeros meses de su gobierno, pese a que estaba prácticamente en bancarrota. En diciembre de 2000 y enero de 2001, Artigas del Olmo obtuvo un contrato de 61.8 millones de pesos para hacer las remodelaciones en Los Pinos, según información proporcionada por la Unidad de Enlace y Transparencia de la Presidencia en junio de 2003.19
Además del millonario gasto con cargo al erario que significó la remodelación de las cabañas, ocho millones de pesos según el presupuesto aprobado, se compraron enseres de lujo como parte del menaje para esas construcciones.
Según la información del contrato AD-268-00, del cual aún se conserva copia se adquirieron toallas importadas con bordado especial con un costo unitario de 4, 025 pesos, cuatro manteles rectangulares de 7, 475 pesos, cortinas de loneta de 32,200 pesos cada una y otros gastos de 40 mil pesos.20
Asimismo se compraron cuatro juegos de sábanas modelo Wuamsuta blancas por 38,570 pesos cada una, cortinas de control remoto de 173 mil pesos y 12 colchones, algunos con box spring, con un valor total de 111 mil 200 pesos.
También fueron adquiridos muebles entre 3500 hasta 55 mil pesos y tapetes hasta de 86 mil pesos. Todos estos gastos configuraron el primer escándalo de corrupción  dentro de la residencia oficial de Los Pinos, conocido como el Toallagate, por lo cual fueron despedidos el director administrativo de la Presidencia, Carlos Rojas Magnon, y otros funcionarios.21
Hasta la fecha, la Presidencia se niega a aclarar lo ocurrido en las compras de esos enseres a precios desorbitantes. Según una solicitud de información hecha el 16 de junio de 2003 , en la que se pidió el resultado de la auditoría practicada sobre el caso, en Los Pinos se respondió que el asunto quedará reservado (es decir, en secreto) durante los próximos 12 años.  
Ya terminada la gestión de Vicente Fox, el Partido Revolucionario Institucional indicó que en aquella administración se desviaron mil millones de dólares e interpondría denuncias contra varios funcionarios ante la PGR y Función Pública. Por otra parte, señala que el probable fraude en la operación de ingenios azucareros es de 3,500 millones de pesos.
Existe la presunta comisión de los delitos de peculado y desvío de recursos que habrían cometido funcionarios del gobierno de Vicente Fox en cinco de los principales proyectos del sexenio anterior: Enciclomedia, la Megabiblioteca José Vasconcelos, el Seguro Popular, la construcción de la Terminal dos del Aeropuerto Internacional de la ciudad de México.22
Un estudio de la asociación Fundar, Centro de Análisis e Investigación, A.C. reveló que la administración de Vicente Fox reasignó en su administración un billón 605 mil 387 millones de pesos a los presupuestos originalmente aprobados por la Cámara de Diputados al Ejecutivo federal entre 2001 y 200623, con lo cual disminuyeron los recursos dirigidos a la salud y al desarrollo social de la población.
En el ramo de salud, por ejemplo, en 2002 se registró el mayor subejercicio, por un monto que ascendió a 2 mil 548 millones de pesos. A su vez, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso) dejó de ejercer recursos por 6 mil 81 millones entre 2001 y 2006. En este caso, el mayor subejercicio se dio en 2005 y llegó a 2 mil 237 millones de pesos. Sin embargo, durante las elecciones presidenciales de 2006 en ese rubro hubo un subejercicio presupuestal que rebasó en 953 millones de pesos el monto originalmente aprobado por los diputados.
Álvaro Delgado, ha documentado la profunda corrupción, desvío de recursos, incrementos de sueldos de los altos funcionarios públicos emanados del Partido Acción Nacional24. Por otra parte, José Reveles25 también lo ha hecho en el caso del atraco de los recursos públicos destinados a programas sociales y utilizados con fines electorales tal y como lo hizo el PRI durante su larga estadía en la Presidencia de la República. 
Reveles documenta en su publicación que durante el gobierno de Vicente Fox, sus funcionarios, diputados federales panistas y políticos locales, con recursos públicos y con la fuerza del Estado, emplearon toda posible vía, incluyendo ilegalidades, para allegarle recursos a su candidato presidencial y a los aspirantes blanquiazules a puestos de elección popular para el año de 2006 y quitar de en medio a quien estorbaba en este propósito.
Reveles construye una crónica documentada de un atraco multimillonario con recursos de Sedeso para el Programa de Vivienda Rural. Frente a los 1 383.8 millones que el gabinete del entonces presidente Vicente Fox otorgó en dos años a proyectos diseñados, promovidos, gestionados, y operados por legisladores blanquiazules, se desviaron 55 millones de pesos para fines electorales. Reveles establece también que existen todos los elementos para configurar delitos graves cometidos por funcionarios de alto nivel, entre ellos dos otrora titulares de Sedeso, Josefina Vázquez Mota y Ana Teresa Aranda, varios funcionarios superiores de esa dependencia, además de diputados federales.
Se les imputa desvío de recursos públicos, tráfico de influencias, ejercicio indebido del servicio público, abuso de autoridad, uso indebido de atribuciones y facultades, cohecho y delitos electorales.
Reveles indica también que en muchos programas sociales el gasto ha sido desaseado. Y hablamos de más de 67 mil millones de pesos solamente en tres de 51 programas de ayuda oficial. Oportunidades, Procampo, y el fraudulento Seguro Popular. Si se suma todo el gasto social programado para el año electoral de 2006, se llega a la cantidad de 121 mil 888 millones de pesos.26
Por otra parte, en el caso del presupuesto de la Secretaría de Agricultura, Ganadería Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), la organización Fundar consigna que los subejercicios que se registraron en la administración de Fox fueron de al menos 630.5 millones de pesos a lo originalmente presupuestado. Y el saldo pudo haber sido mayor de no ser porque en 2004 el ramo tuvo un incremento de 6 mil 31 millones de pesos, derivado de los acuerdos para el campo suscritos en ese año.
Otros ejemplos que cita Fundar de cómo se reasignó el presupuesto, pero esta vez a favor de otras dependencias, es el caso de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que en la gestión de Fox tuvo reasignaciones que incrementaron sus presupuestos en 111 mil 767 millones de pesos respecto de los originales, los cuales registraron un incremento anual promedio de 18 mil 628 millones de pesos.
También la Secretaría de Economía (SE) ejerció cada año 27 mil 851 millones de pesos más que su presupuesto original entre 2001 y 2006, mientras que, en promedio, su presupuesto aprobado creció en mil 685 millones de pesos. Ese monto significó aumentos anuales por 16.5 veces más de lo que había autorizado el incremento el poder legislativo.
También la Presidencia tuvo subejercicios entre 2001 y 2004, pero en 2005 y en particular 2006, ejerció más recursos que los aprobados por el Congreso, por 241.6 millones de pesos y 427.6 millones de pesos, respectivamente.
Otros ejemplos de reasignaciones superiores a sus recursos originalmente presupuestados son: Pemex, con 28 mil 547 millones de pesos más; La Comisión Federal de Electricidad (CFE), 25 mil 785 millones; programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, 30 mil 282 millones de pesos; Ramo 3 (aportaciones federales para entidades federativas y municipios), 15 mil 507 millones; IMSS, 10 mil 708 millones, y la SEP con 7 mil 120 millones de pesos anuales por encima de lo aprobado por legisladores.
En sus conclusiones, Fundar señala que la magnitud de las reasignaciones evidencia la mala planeación en materia de ingresos, y más grave aún, amplios espacios de discrecionalidad que usó el Ejecutivo para reasignar el gasto sin el consentimiento del Congreso.27
Juan Antonio Fernández Ortiz, ex titular del Seguro Popular fue inhabilitado por 10 años en mayo de 2007 al igual, multado con más de 450 mil pesos por incurrir en anomalías en el proceso de credencialización de ese programa que costó al erario 368 millones de pesos.
En esta tesitura, los especialistas de la ONU, Eduardo Buscaglia, Carlos Castresana y André Cuisset han señalado que desde el gobierno de Fox se estancó la lucha anticorrupción. Las ligas de la Secretaría de la Función Pública (SFP) con el poder político impidieron y siguen impidiendo su adecuado desempeño, existen buenas intenciones, pero no se cumple la Convención de Mérida28
Diputados priístas y perredistas indicaron que existe opacidad e inconsistencias en las declaraciones patrimoniales de Fox puesto que las difundidas por Internet y las certificadas por la SFP son distintas. La comisión especial cruzará información con documentos de auditorías realizadas a las empresas Pemex y Oceanografía. Requerirán datos al IPAB, IFAI, Aduanas, SAT y PGR29
Resulta interesante una encuesta de María de la Heras, la cual se realizó vía telefónica el día 20 de octubre de 2007, en ésta se encuestaron a 500 personas mayores de 18 años seleccionadas mediante un muestreo aleatorio simple. Los principales resultados son los siguientes: El 60 por ciento de los entrevistados confiesa que su opinión sobre el ex mandatario es peor ahora que hace un año, súmese el 11 por ciento que dice que ya tenía mala opinión de él. Es decir, el 71% de los ciudadanos tiene una opinión negativa del ex mandatario.30
Así mismo, casi la mitad de los entrevistados sienten vergüenza ajena por las patéticas actuaciones de Vicente Fox frente a los medios extranjeros. El 65% de las personas considera que Fox está promoviendo el debate en los medios porque quiere distraer la atención sobre cosas que se le han descubierto.
Estos datos contrastan con el 69.7% de aprobación de su gobierno que reportara Consulta Mitofsky en su encuesta realizada en febrero de 2001 y con el promedio de 57.9% que obtuvo durante todo su sexenio.31
En tan sólo dos años, del 2 de julio de 2001 al 9 de julio de 2003, el presidente Vicente Fox y su esposa Martha Sahagún gastaron del presupuesto federal en atuendos de gala y vestuario en general 898 mil 830 pesos, según datos oficiales de la Presidencia de la República, lo que significa un gasto mensual de 37 mil pesos.32
Durante 11 meses, la Presidencia de la República se negó a cumplir con la ley de transparencia y acceso a la información pública y no entregaba las facturas de la ropa adquirida con recursos públicos. Lo hizo hasta que el pleno del IFAI se lo ordenó.
Sahagún Jiménez no sólo hizo gastos excesivos derivados de recursos públicos durante la gestión de Fox, también cometió irregularidades, por decir lo menos en la fundación dirigida por ella: Vamos México.
Los donantes fueron conocidos públicamente en febrero de 2004 a raíz del escándalo provocado por el rotativo londinense Financial Times, que reveló un manejo poco transparente de los recursos recaudados para los más necesitados.33
De manera paralela al nacimiento de Vamos México, en octubre de 2001 la Lotería Nacional, creo el controvertido fideicomiso Transforma México, desde el cual presuntamente se triangularon recursos a la fundación de Sahagún con donativos a empresarios, que luego los regresaron a la fundación de la primera dama en forma de aportaciones para la filantropía.
“Estos dos entes se crearon para no ser supervisados y triangular fondos desde los privado a lo público y viceversa” explica Sara Murúa, especialista en el análisis de instituciones de asistencia privada.34
Por su parte, Jesús González Schmal, ex legislador federal afirmó que en la Cámara de Diputados se cuenta con pruebas suficientes para enjuiciar a la familia Fox Sahagún por enriquecimiento ilícito.35
Schmal a cargo de las primeras pesquisas en San Lázaro sobre la presunta corrupción de los hijos de Martha Sahagún Jiménez, aseguró que recientemente entregó al diputado Elías Cárdenas Márquez, pruebas de que prestanombres de los hermanos Bribiesca Sahagún compraron un paquete de activos de unas fábricas textiles en Puebla que eran propiedad del IPAB, que les reportaron, junto con otras transacciones similares, beneficios económicos por alrededor de 6 mil millones de pesos.
Schmal advirtió que Felipe Calderón se encuentra en una situación complicada, porque si se fincaran responsabilidades a los Fox Sahagún el ex inquilino de Los Pinos podría revelar las operaciones irregulares que en los pasados comicios presidenciales le permitieron al michoacano arribar al poder.
Advirtió que a ese grado de riesgo y de atentado a la “seguridad nacional” llegan esos desfalcos, porque hay complicidad, colusión de autoridades de primer nivel que pone en riesgo la estabilidad de Calderón.
Sostuvo también que están obligados a comparecer por lo menos una veintena de ex funcionarios del gobierno foxista, como Francisco Barrio Terrazas y Eduardo Romero Ramos, ex secretarios de la Función Pública; Rosendo Villarreal, ex controlar en esa dependencia y actual director del corporativo de administración de Pemex; Mario Beauregard, ex seceratrio ejecutivo del IPAB, y el ex procurador general de la República Daniel Cabeza de Vaca, entre otros, porque tuvieron implicación directa en este caso y permitieron desmanes e irregularidades.36
El grupo gobernante ha exhibido un autismo sistemático a la hora de esclarecer y castigar a los responsables de ese tipo de escándalos: basta con mencionar los casos de Raúl Muños Leos y Carmen Segura Rangel, ambos inhabilitados y multados por la SFP por haber incurrido en prácticas irregulares, pero a fin de cuentas libres de toda acción penal. Por lo que toca  a la fortuna de Vicente Fox y a las acusaciones en contra de los hijos de su esposa, no dejan de ser significativas las declaraciones que hiciera el propio Germán Martínez, antes de asumir su otrora titularidad de la SFP, en el sentido de que “metería las manos al fuego” por el ex mandatario. A lo que pudo verse, no existe voluntad política por parte de la actual administración para sancionar al ex mandatario y a sus familiares.
La conjunción de corrupción e impunidad es un lastre histórico de la administración pública federal pero exacerbada con la administración foxista, que no sólo pone en evidencia el deterioro moral de la clase gobernante, una importante fuga de recursos públicos, falta de transparencia y el desaseado asunto del ejercicio gubernamental que a final de cuentas, se tradujo en un factor más de laceración a la entonces incipiente democracia mexicana.
Por otra parte, ya dentro del contexto del gobierno de Calderón, la Cámara de Diputados aprobó, con 366 votos a favor, 53 en contra y ocho abstenciones, el dictamen de reformas a la Constitución en materia judicial elaborada, con base en una propuesta del Ejecutivo federal, por la Comisión de Justicia del organismo legislativo37. Las modificaciones prevén medidas como la extinción de dominio, la atribución de facultades extraordinarias al Ministerio Público y a los cuerpos policíacos, que les permitirán entre otras cosas, practicar aprehensiones y cateos sin orden judicial, y el acceso de las autoridades a los datos personales y bancarios de los sospechosos.
Criticaron esta reforma judicial los penalistas: Alonso Aguilar Zinzer, Juan Velásquez Xavier Olea, Víctor Carrancá y Juventino Castro, señalaron que se trata de una reforma inquisitorial que podría llevar al país a un Estado policial.
En esta tesitura, dicha reforma judicial representa la sumisión del gobierno de Calderón a los dictados de la otrora administración de Bush, que pretende se apruebe una contrarreforma judicial que atenta contra los derechos individuales  de los mexicanos, abre una nueva dimensión a las luchas sociales en México.
La supuesta lucha contra el  “narcotráfico y el crimen organizado” constituye un serio retroceso institucional en la vida del país, pues al conferir a funcionarios del gobierno federal facultades inadmisibles en un supuesto régimen de derecho y cancelar derechos individuales fundamentales se sientan, en efecto, las bases para crear en México un Estado policíaco.
La contrarreforma que ahora busca imponer de improviso se había venido fraguando desde buen tiempo atrás con el argumento de que en virtud del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) el cual entró en vigor el 1º de enero de 1994 en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, era necesario homologar el derecho mexicano al estadounidense pero fue reformulada en términos políticos más drásticos al subordinarse los gobiernos de Fox y Calderón a la llamada Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN), de la cual el Plan México o bien, Iniciativa Mérida es una de sus vertientes.
Resulta por ello una vergüenza que sólo 52 de los 127 diputados del PRD, el partido que se dice que es de izquierda y que defiende los asuntos sociales y nacionales, hayan votado en San Lázaro contra esta contrarreforma y que su propio otrora coordinador, Javier González Garza, la haya avalado.38
La contrarreforma judicial daría al traste con las posibilidades de que algún día exista un real Estado de derecho en México, pero tiene aún, un largo camino que recorrer para entrar en vigor y puede ser detenida por las opiniones de los juristas y las movilizaciones sociales, aunque es también la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que tanto se ha desprestigiado en los últimos tiempos, la que podría, en uso de sus facultades, declarar su improcedencia y erigirse en un verdadero órgano de control de la constitucionalidad del país.  Tony Garza, entonces embajador de Estado Unidos en México, dijo al diputado texano Henry Cuellar que “el presidente Calderón (es) el mandatario más dispuesto a colaborar con Washington, mucho más que todos los anteriores”39
El gobierno de Calderón, obsesionado como está por el malestar social que despiertan sus políticas, y enfilado ya en la vía de criminalizar los movimientos sociales, como ha advertido, al  haber mantenido preso a Flavio Sosa y sus compañeros de la asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca y a Ignacio del Valle y los campesinos de Atenco, vio por consiguiente en este proyecto un punto de apoyo para su esquema represivo, en el que prevé que el Ejército federal siga actuando como su policía política, en especial ante la crítica situación que se ha agravado para el campo desde 2008 al entrar en vigor varios principios del TLCAN en dicho sector.
Por último hay que apuntar que en el sexenio de Calderón, la violación de los derechos humanos ha sido ejercida principalmente por algunos miembros del Ejército dentro de la llamada “lucha contra el narcotráfico”.

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