LA DESILUSIÓN SEXENAL

Óscar Antonio Jiménez Morales

La ley Televisa

El 1º de diciembre de 2005, la Cámara de Diputados aprobó una serie de reformas a las leyes federales de Telecomunicaciones y Radio y Televisión. La celeridad con que fue avalada esa iniciativa, ni siquiera discutida, propició que se reconociera como la reforma de los siete minutos porque ese fue el tiempo que requirieron los diputados para votarla por unanimidad1. El sesgo que definía a sus contenidos, pensados todos para favorecer a las empresas que ya tenían concesiones de radiodifusión, permitió que se le denominara Ley Televisa.
En todo el mundo el empleo de las bandas de radiodifusión para propagar telecomunicaciones adicionales es motivo de ventas o licitaciones.  El espectro radioeléctrico es un recurso limitado y, por ello, es especialmente costoso, pero principalmente es propiedad de un Estado nación. En México, la Ley Televisa estableció que a los radiodifusores ese beneficio adicional les resultara gratis.
La licitación de concesiones tomaría como elemento principal la capacidad económica de los solicitantes: más dinero, más frecuencias era la fórmula detrás de las modificaciones. Y a los medios de carácter estatal o social se les marginaba al no reconocer sus necesidades y condiciones específicas, así como al impedirles que pudieran aprovechar sus frecuencias de radiodifusión para conducir otros servicios de telecomunicaciones.
El 30 de marzo de 2006, después de una discusión inusitada por los variados foros en donde se expresó y el espíritu crítico que orientaba aquellas deliberaciones, el Senado la aprobó con 81 votos a favor y 40 en contra. Los argumentos contra esa propuesta fueron desestimados por la mayoría senatorial. Los dirigentes nacionales y los candidatos presidenciales del PRI y del PAN habían promovido el voto favorable de sus senadores para, así congraciarse con Televisa especialmente en la temporada de campañas que estaba desarrollándose en esas fechas. 2
Y una vez más, tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, los “representantes del pueblo” estuvieron sujetos a las resoluciones de sus cúpulas partidarias, no obstante, algunos de ellos mantuvieron siempre una posición en contra de dicha Ley como los ex senadores Javier Corral del PAN, Manuel Bartlett y Dulce María Sauri Riancho del PRI.
La radiodifusión le había dado a Fox algunas de las pocas satisfacciones que pareció disfrutar durante su sexenio.3 Pero a raíz del “decretazo de 2002”, se habían puesto los cimientos para que los empresarios relacionados con los medios de comunicación, (radio y televisión), hicieran prácticamente lo que quisieran de acuerdo con sus intereses políticos, pero principalmente con los económicos, de ahí vinieron los videoescándalos de 2004, la poca difusión del Desafuero de López Obrador en 20054 y, finalmente, el linchamiento mediático, como guerra sucia, en contra del ex candidato presidencial por la Coalición por el Bien de Todos en franca connivencia con el PRI y el PAN, los grandes empresarios mexicanos, Salinas de Gortari y, principalmente, con Vicente Fox.
Dentro del contexto del gobierno de Calderón, el ex secretario de Gobernación de Fox (en un primer momento), aspirante a la candidatura presidencial por el PAN y ex coordinador de los senadores del PAN, Santiago Creel Miranda, respondió a los empresarios de la Radio y Televisión que las presiones a que fueron sometidos los partidos y candidatos para aprobar la llamada ley Televisa no fueron individuales, sino fueron un producto de “un clima político particularmente agitado” durante la contienda electoral del 2006.5
Javier Corral, ex senador de la República por el PAN, reveló que existe una grabación del exhorto de Manuel Espino, entonces presidente nacional de Acción Nacional,  a los parlamentarios panistas para que en 2006 votaran a favor de esa normativa, porque así convenía a Felipe Calderón, otrora candidato presidencial por ese instituto político.
Javier Corral expresó: “qué mayor presión para un militante de Acción Nacional, que le digan que de la aprobación de una ley depende que su candidato presidencial triunfe, que sin Televisa no ganamos”.6
Posteriormente el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó artículos de la llamada ley Televisa al declarar inconstitucional que el Senado objete los nombramientos de los integrantes de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), así como disposiciones que abren la posibilidad de prácticas monopólicas de televisoras y radiodifusoras.7
La SCJN confirmó la invalidez de artículos clave de la ley Televisa, echó abajo el régimen inconstitucional de privilegios para las dos grandes cadenas televisoras y puso punto final a la demanda.8

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