LA DESILUSIÓN SEXENAL

Óscar Antonio Jiménez Morales

Medios de comunicación electrónicos, los casos del Canal 40, El Decretazo y la Ley Televisa.

Vicente Fox no gobernó con los medios sino para ellos, especialmente para los consorcios de la radiodifusión. Se trataba de un presidente que olvidaba su investidura para imitar, gozoso, a un personaje de televisión.1
En términos generales, debemos decir, hubo libertad para el ejercicio de la prensa pero, en más de una ocasión, desde las oficinas presidenciales surgieron amagos contra periodistas y medios que incomodaban a Fox o a gente cercana a él. En agosto de 2001, la esposa del Presidente, Martha Sahagún Jiménez, intervino para que el diario Milenio destituyera a su director, el periodista Raymundo Riva Palacio, mientras que Fox declaró que ya no leía los diarios, pues al hacerlo, ya no tenía el ánimo para trabajar por México.2
Con los medios electrónicos, y especialmente con la televisión privada, no era desde el gobierno sino desde la parte empresarial en donde se dictaba la agenda y las decisiones de esa relación. En tres notorios casos se manifestó esa subordinación del Presidente: en el conflicto alrededor del Canal 40, en el “Decretazo” de octubre de 2002 y con la llamada “Ley Televisa” durante el último año de su gestión. 3

Canal 40

Javier Moreno Valle, propietario de CNI y necesitado de capital, pactó en julio de 1998 una alianza con Televisión Azteca. Esa televisora se encargaría de comercializar y en parte de programar los horarios no preferenciales de Canal 40 a cambio de comprar el 10% de las acciones de CNI. El acuerdo incluía un préstamo de 25 millones de dólares que Ricardo Salinas Pliego, propietario de TV Azteca, le hacía al Canal 40.
El trato no funcionó, y el dueño del Canal 40 lo dio por terminado dos años más tarde. TV Azteca anunció, entonces, que ejercería el derecho de compra que le otorgaba el contrato suscrito con Moreno Valle. Con tal propósito, entabló contra ese empresario una demanda por 100 millones de dólares. El litigio siguió un tortuoso desarrollo en tribunales nacionales e internacionales y en diciembre de 2002 una Corte de Arbitraje de París expidió un fallo tan confuso que las dos empresas anunciaron que habían ganado la querella. Después de dos años de pleito legal, el dueño de TV Azteca quiso suplantar a la justicia.
Con aquella resolución como coartada, la madrugada del viernes 27 de diciembre de 2002 un comando enviado por Salinas Pliego asaltó las instalaciones desde donde transmitía el canal 40  en el cerro del Chiquihuite, al norte de la ciudad de México4.  El 6 de enero de 2003 por la mañana, cuando el Presidente Fox recorría la sala de prensa en Los Pinos, el periodista Roberto López, de Canal 40, le pidió que interviniera para resolver el litigio contra ese medio. Fox siguió de largo sin hacerle caso, pero otros reporteros insistieron para que expresara su posición sobre tal asunto. El Presidente respondió entonces: ¿Yo? ¿por qué?
Esa frase sintetizó la actitud del gobierno de Fox en numerosos terrenos de la vida pública, incluyendo su política mediática.5

Decretazo

La tarde del 10 de octubre de 2002 el Diario Oficial de la Federación publicó un decreto presidencial en donde reducía al 10% el tiempo del cual dispone el Estado en las estaciones concesionadas de televisión y radio. De manera simultánea se expedía un nuevo reglamento para la Ley Federal de Radio y Televisión.
Ambos ordenamientos fueron elaborados y promulgados de acuerdo con el interés de los radiodifusores privados. El “tiempo fiscal” que debían pagar a consecuencia de una disposición aprobada a fines de 1968 y que ascendía al 12.5% del total de sus espacios había constituido desde tiempo atrás una de las principales molestias de las empresas de radio y televisión.
El decreto presidencial de esa fecha el 12.5%, que equivalía a 180 minutos diarios en las emisoras que transmiten de manera continua, quedó desminuido a 18 minutos diarios en las televisoras y a 35 minutos diarios en las estaciones de radio. Gracias a ese decreto, del entonces Presidente Fox, el país perdió el 90% y más del 80%, respectivamente, del tiempo que el Estado tenía derecho a utilizar en tales medios. El decreto, además asignaba el tiempo fiscal únicamente para beneficio del gobierno federal excluyendo, así, a numerosas instituciones del Estado, entre ellas el Poder Judicial y el Congreso, gobiernos estatales, y municipales, IFE, partidos políticos, universidades públicas, entre otras.
Meses más tarde, el propio Congreso de la Unión modificó esas discriminatorias disposiciones.6

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