LA DESILUSIÓN SEXENAL

Óscar Antonio Jiménez Morales

El campo y el sector rural mexicanos

El campo mexicano vive una severa crisis económica, social y ambiental, los ingresos de la mayoría de los productores no rebasan los dos dólares diarios, las remesas de dólares provenientes de la Unión Americana se han convertido en una parte fundamental para su sobrevivencia, mientras que la producción de granos continúa con una tendencia hacia la baja. La política agropecuaria neoliberal ha llevado a la desintegración de las familias y ha puesto en jaque, por decir lo menos, a la soberanía alimentaria1. Tan sólo en la última década la dependencia alimentaria del país se incrementó 32 por ciento y los subsidios a los campesinos disminuyeron 9 por ciento.2
Uno de los programas de subsidio que se han  focalizado en ciertos sectores de los productores del campo mexicano, lo constituye “Procampo”, programa que da inicio en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, este programa ha sido bastante ineficiente en términos de desarrollo rural toda vez que los recursos que destina a los beneficiarios están lejos de financiar proyectos de desarrollo, vamos, ni siquiera alcanzan para la compra de fertilizantes, insecticidas o semillas mejoradas, además de que existen muchas irregularidades en su aplicación como son las concentración de recursos en pocas manos; como botón de muestra tenemos que Jorge Romero León, director del Centro de Análisis e Investigación Fundar, establece que en los 15 años de vigencia del Procampo, sólo 10 por ciento de los 2.4 millones de beneficiarios recibieron 57 por ciento de recursos, es decir, 16 mil pesos anuales, mientras que 80 por ciento tuvieron menos de mil pesos al año; por otra parte, Romero León establece también que hay concentración de recursos en algunos estados y regiones, errores e imprecisiones en los padrones.3
Procampo en los hechos, como lo hemos esgrimido, es un programa de subsidio al consumo y no a la producción; en lo que si ha sido bastante eficiente es en el ámbito político- electoral que en conjunción con los demás programas sociales aplicados tanto en los gobiernos priístas como en los panistas han servidos como plataformas de clientelismo electoral.4
Veamos ahora la distribución sectorial del PIB en México y el lugar que ocupa el sector agropecuario y forestal.

Cuadro 7
Distribución sectorial del PIB, México 2001-2005 (porcentajes)

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI.

El campo mexicano apenas participa con el 5 por ciento en el PIB (ver cuadro 7 y gráfico 10), el sector industrial o secundario de la economía participa de una cuarta parte (25%) del mismo, mientras que la terciarización de la economía se consolida en el país, al participar, el sector servicios con el 70 por ciento del Producto Interno Bruto.5
Vicente Fox declaró: “el campo se ha transformado en el motor de la economía del país”;6 cosa más absurda no se había escuchado o leído antes.
En el año de 2005 había en México, dentro del sector rural, un millón 45 mil 891 personas más en pobreza “alimentaria” que en 2004, mientras que en pobreza por “capacidades” el incremento fue de 986 mil 263 personas y en la de “patrimonio” se elevó en un millón 148 mil 972 habitantes.
Las acciones de los últimos gobiernos, incluido en forma destacada el de Vicente Fox, han provocado en forma intencional la pulverización de la economía campesina mediante las políticas de liberación y apertura comercial que llevaron a la descapitalización absoluta del campo mexicano y a la abismal caída en el precio de los productos agropecuarios, vamos, esto fue parte de la condicionalidad que, tanto el FMI como el BM, impusieron a México a partir de 1982.
A dichas políticas económicas debemos agregar el conjunto de reformas constitucionales y legales, mismas que constituyen su parte complementaria. tendientes a separar masivamente a los campesinos de su tierra y a facilitar el despojo de los territorios y los recursos naturales de las comunidades de los pueblos originarios de México para provecho de grandes empresarios nacionales y extranjeros. La reforma al artículo 27 constitucional es piedra angular de este proceso, cuidadosamente promovido y calculado por el otrora gobierno de Carlos Salinas de  Gortari7. El Consejo Nacional de Población advirtió que en México persisten como retos prioritarios la desigualdad regional y el nivel de marginación de decenas de municipios.8
De 2000 a la fecha (2009) existe un acelerado avance en las concentraciones de la población. En los últimos ocho años 16 nuevas ciudades se sumaron a la lista para acumular en México 373 metrópolis. Así la población urbana representa ya el 75 por ciento,9 mientras que la migración externa o internacional continúa en crecimiento, principalmente proveniente de zonas rurales, y hasta el Banco Mundial acepta que “en un periodo que coincide con la liberación10 del sector y la apertura de fronteras a la importación de alimentos, el campo mexicano perdió una cuarta parte de sus habitantes en una década”.11 En cuanto a la importación de alimentos tenemos que la dependencia de México para satisfacer la demanda de alimentos ha elevado ya el costo de importarlos a 5 mil 44.9 millones de dólares trimestrales.12
Dirigentes de organizaciones campesinas e investigadores de la Universidad Autónoma de Chapingo13 culparon al gobierno de Vicente Fox de generar mayor pobreza en el campo, ya que su política agropecuaria se aleja del apoyo a los programas productivos, recurre a las importaciones14 que desalientan a los productores, al tiempo que, la aplicación presupuestal con desigualdad, está generando mayor irritación en el campo. Por otra parte, también han establecido que los diferentes presupuestos y, en particular el de 2006, fue injusto e inequitativo ya que eliminó once programas prioritarios de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa): prácticamente desaparece tres de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) y reduce sustancialmente los recursos económicos a la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
Por su parte la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos que preside José Ángel Gurría  recomienda al gobierno de México avanzar en la privatización del ejido, suprimir las limitaciones para la propiedad privada de la tierra y la eliminación de la propiedad comunal.15
La experiencia mexicana luego de la contrarreforma salinista de 1992, como citamos en párrafos anteriores, ha sido de mayor pobreza de los campesinos quienes muchos de ellos dejaron de ser ejidatarios para convertirse otra vez en peones. Y gran parte de las tierras de riego del sector social están rentadas a unos cuantos poderosos.
En este sentido, la OCDE propone, como ya de facto se ha venido haciendo, privatizar las tierras comunales donde están los pueblos originarios, playas y costas donde se encuentran recursos forestales y mineros, así como  tierras que poseen vasta  biodiversidad además de recursos hidráulicos e hidrocarburos.
Ahora bien, es importante mencionar los resultados del último Censo Agrícola, Ganadero y Forestal efectuado por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática puesto en marcha en el año de 2007; en este Censo podemos observar que sólo 7 por ciento de los campesinos tienen entre 15 y 30 años de edad, mientras que, 91 por ciento se ubican entre 39 y 70 años. El 54 por ciento tiene más de 50 años.
Además, en 2001, fecha del penúltimo censo, la superficie de unidades de producción agrícola alcanzó 24.6 por ciento de las hectáreas productivas y, en contraste, esta cifra cayó a 19. 4 por ciento del total en 2007.
Por otra parte, además de los 3 millones 200 mil unidades de producción que se distribuyen en el país, 77 por ciento sufren problemas de escasez de crédito, alto costo de insumos, pérdida de fertilidad, problemas en la comercialización y escasa capacitación. El 84 por ciento de los responsables de las unidades son hombres, y 16 por ciento mujeres.
El total de los hogares censados fue de 6 millones 400 mil. Esas unidades se encuentran distribuidas en 112 millones 700 mil hectáreas. De esa superficie, 70 millones de hectáreas son privadas; 37 millones son ejidales; 3.8 millones son comunales: 1.4 millones son de colonia y 0.5 millones son públicas.16
La devastación y desmantelamiento del campo mexicano, ha provocado, entre otros factores, la migración casi masiva de los habitantes del sector rural, hacia los Estados Unidos de América con el consecuente despoblamiento de muchas comunidades, y con el incremento de la probabilidad de que muchas transnacionales se apoderen de los recursos naturales de aquellas; entremos pues a esta discusión:

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