LA DESILUSIÓN SEXENAL

Óscar Antonio Jiménez Morales

Atenco y el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra

En el mes de mayo de 2007 se cumplió un año del inicio de la escalada represiva que el entonces presidente Vicente Fox implementó en contra de varios brotes de descontento social que habían surgido en el país y que amenazaban con poner en serio peligro el plan de continuidad de la derecha en el gobierno. Marcos, el delegeado Zero, se encontraba realizando lo que desde el inicio había denominado como la Otra Campaña. El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) en Atenco, estado de México, con Ignacio del Valle como uno de sus dirigentes visibles, habían mostrado sus simpatías por esta nueva estrategia política del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y se había adherido a ella. Entonces vino la provocación.
La policía municipal intentó desalojar a un grupo de vendedores de flores del mercado de Texcoco y se generó un enfrentamiento violento. Fue la chispa que desencadenaría un golpe represivo como pocas veces se había visto en la historia del país. El gobierno de Vicente Fox mostró ahí lo que llegaría a ser una estrategia de represión contra los movimientos sociales y políticos disidentes: la combinación de fuerzas federales con locales para sofocar a sangre y fuego tales movimientos, como los que había intentado ya con los mineros de Sicartsa en Michoacán, como lo habría de implementar contra la APPO en Oaxaca.
El gobierno de Fox se propuso dar un doble golpe con el mismo tiro. Tomaría revancha en contra de quienes se habían opuesto, con machete en mano, dispuestos a todo, a la expropiación de sus tierras para la construcción del aeropuerto internacional. Y de paso tocaría a la Otra Campaña, que amenazaba con crecer en su recorrido y llenarse de masas descontentas. Fue tan brutal el golpe, que desarticuló al FPDT y dejó paralizada y totalmente sorprendida, sin saber qué hacer ante la violencia oficial a la Otra campaña. No es descabellado pensar que otro de los objetivos presidenciales podría haber sido el provocar al EZLN para que respondiera con las armas y tener así la justificación para echar toda las fuerza del Estado en su contra, tal como el ex presidente Zedillo lo había intentado en otras circunstancias. 
Además de múltiples vejaciones a los inconformes y pobladores de Atenco, se dieron violaciones tumultuarias de mujeres y algunos hombres mientras eran trasladados en los vehículos oficiales hasta su lugar de reclusión, así como su encarcelamiento ilegal. De esta manera las víctimas se convirtieron en criminales ante la justicia foxista. Los verdaderos victimarios quedaron protegidos por una cortina poderosa de impunidad, en ella se encuentran incluidos los medios de comunicación, hasta la fecha.
Los atenqueses oficialmente eran los violentos, los que pregonaban la anarquía y se burlaban de las leyes y las instituciones, los que mataban a patadas a los policías y secuestraban funcionarios públicos como lo hacen las bandas de criminales. Fue lo que repetían hasta la saciedad los grandes medios de información, sobre todo los electrónicos (Televisa y TV Azteca) quizá como un ensayo del papel infame que jugarían también durante la guerra sucia electoral.
La condena de 67 años y medio de cárcel que se les arrojó a los dirigentes del FPDT, Ignacio del Valle, Héctor Galindo, y Felipe Álvarez, es la continuidad por otros medios, el jurídico, precisamente, de la estrategia represiva que ha adoptado sin reservas la derecha en el poder.
Es el modo como un régimen autoritario, que padece ausencia de consensos, que se caracteriza por la irracionalidad y la falta de fundamento en sus decisiones, que se ha propuesto imponer un orden social opresivo y carente de libertad, que concentra el poder político y económico en unas cuantas manos, y que se propone eliminar toda diversidad democrática en la sociedad, se rige sobre ella y se convierte en un monolito cerrado que excluye y combate toda expresión organizada que no esté bajo su control total.
En el mes de junio de 2006, la editorial canalsesisdejulio presentó en la escuela nacional de Antropología e Historia el documental “Romper el cerco”1 en donde se analizan los sucesos ocurridos en el poblado de San Salvador Atenco  los pasados 3 y 4 de mayo de 2006. En el video se muestra el modo de operar de los medios de comunicación a los cuales se responsabiliza de ocultar la violación de los derechos humanos en ese lugar, de actuar como cómplices en el operativo represor y de crear un ambiente de miedo en el contexto de las pasadas elecciones presidenciales de 2006.
A pesar de que este documental se presentó de manera apresurada por su propio carácter de emergencia, logró mostrar la otra cara del conflicto a través de voces que no tuvieron cabida en la televisión. Analistas políticos, periodistas, atenqueses y diversos testigos de la represión física, psicológica y sexual, explican lo vivido esos días.
El material comienza mostrando la vida de los campesinos de Atenco, su lucha contra la construcción del aeropuerto internacional y la formación del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. Estos antecedentes, según comenta el analista Carlos Fazio, provocó que en Atenco existiera desde entonces un servicio de inteligencia y espionaje en alerta ante cualquier movimiento insurgente.
Así que cuando estalla el conflicto con los floricultores, desde el Estado se orquestó un operativo policial denominado “operación rescate”, que fue una acción realizada por las fuerzas especiales de la PFP, respaldada por la policía estatal y los elementos de la ASE (Agencia se Seguridad del Estado de México). Esta operación contó con el apoyo del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).
El periodista Jenaro Villamil comenta que, a partir de ese acontecimiento, se produce un consenso de las televisoras para justificar la acción de la policía y se creó un sesgo informativo. El reportero Roberto Garduño explica cómo los integrantes de la PFP saqueaban las casas sin ningún  criterio de allanamiento, aconsejados por el “chivatón”, un habitante de Atenco vestido de policía que señalaba las viviendas. Testimonio que es reforzado por varios atenqueses.
Ahora bien, en el mes de mayo de 2007 integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT)  volvieron a tomar sus machetes y marcharon desde San Salvador Atenco hasta el zócalo de la ciudad de México para exigir justicia por las violaciones, torturas y muertes perpetradas por elementos de la PFP y de la Policía estatal. La libertad de sus 29 compañeros presos y el desistimiento de las órdenes de aprensión contra varios de los dirigentes.2
Por su parte, los integrantes de la Comisión Civil Internacional de Observación de los Derechos Humanos que lograron ingresar al penal de Santiaguito, indicaron que luego de aplicar los peritajes psiquiátricos que estipula el protocolo de Estambul “no cabe duda de que las mujeres atenqueses, que aun están detenidas, si fueron abusadas sexualmente”3
Las presas políticas, una de ellas Magdalena García Durán, mazahua detenida en San salvador Atenco, es reconocida por Amnistía Internacional como presa de conciencia. Vendedora ambulante y simpatizante zapatista, la detuvieron durante el operativo policiaco de mayo de 2006 en el poblado mexiquense y la acusaron, sin pruebas, de “secuestrar” a tres policías.
En su expediente figura el “razonamiento” del juez segundo de lo penal, Jaime Maldonado, para considerarla culpable: por su condición de mujer “sin bienes de fortuna, sin estudios y sin utilidad semanal” es decir, pobre y analfabeta, “se desprende” que es “simpatizante” del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, “cuya finalidad es trastocar el orden social”;4 algo más absurdo no se puede declarar.
Junto con ella están otras tres mujeres en el penal de Molino de Flores, en Texcoco: Mariana Selvas, María Patricia Romero y Edith Rosales. Tres más fueron excarceladas bajo fianza. Sobre todas ella, solidarias con el pueblo de Atenco, recayó la acusación de “secuestro equiparado”
Presas y procesadas por pertenecer a un grupo armado están Gloria Arenas Agis, “la coronela” Aurora, del ERPI, e Isabel Almaraz, acusada de manera genérica de formar parte del Ejército Popular Revolucionario (EPR), por su origen en la sierra oaxaqueña de los Loxicha. Ambas firmaron declaraciones inculpatorias bajo tortura y amenazas de violación. Gloria Arenas, madre de una joven que tuvo que asilarse en Canadá, tiene una sentencia de 49 años.
Isabel Almaraz, zapoteca y madre de dos niñas, fue detenida en junio de 2002 y está recluida en Santa María Ixcotel5.
Desde de su encarcelamiento en el penal de máxima seguridad del Altiplano, antes La Palma, en mayo de 2006, los líderes del FPDT enfrentan un hostigamiento permanente. Con variadas argucias se impide que reciban visitas. Ignacio del Valle, Felipe Álvarez y Héctor Galindo, dirigentes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) en San Salvador Atenco, han sido sometidos a un hostigamiento permanente de las autoridades denunciaron familiares de esos internos.
Castigos recurrentes, abusos del personal de custodia, tratos denigrantes en el interior de la cárcel y el impedimento para que sus familiares los puedan visitar cada semana.6
Por último hay que apuntar que en el mes de febrero de 2009, por amplia mayoría de magistrado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación perpetró un nuevo atropello a su propia función y a sus potestades y dio por cerrada la discusión en torno a los episodios de barbarie represiva que tuvieron lugar en Texcoco y en San Salvador Atenco en mayo de 2006 toda vez que esta instancia exoneró de toda responsabilidad al gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, al entonces secretario de seguridad pública, William Robledo Madrid, responsable de la seguridad mexiquense, a Ardelio Vargas Fosado, entonces coordinador de las fuerzas federales, al exprocurador estatal Abel Villacaña Estada, a Humberto Benítez Treviño secretario de Gobierno, a Miguel Ángel Yunes Linares, quien en ese tiempo se desempeñaba como subsecretario federal de Prevención y Readaptación Social y a otros altos mandos estatales y federales.
Según los ministros de la SCJN, los posibles homicidios, las violaciones, las golpizas, las detenciones injustificadas, las humillaciones, las expulsiones ilegales del país y el resto de las atrocidades cometidas por las fuerzas represivas contra centenares de personas carecen de responsabilidades intelectuales y, corresponde en consecuencia, imputar esos delitos únicamente a algunos de sus presuntos autores materiales.
Los casos de Pasta de Conchos en Juan de Sabinas, Coahuila; Lázaro Cárdenas en Michoacán y ahora en Cananea, Sonora son un atropello más a las garantías individuales, a los derechos humanos y, por tanto, a la llamada democracia mexicana ya en estado vegetativo.

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