El 15 de octubre de 1943 nace la Secretaría de Salubridad y Asistencia, hoy denominada Secretaría de Salud, en adelante SSA, el nombre original tenía implícita una concepción asistencial para atender principalmente a los mexicanos de escasos recursos.
Frenk y Gómez (2008:79) explican que la SSA tiene como principal función la rectoría del sistema de salud que comprende la planeación estratégica del sistema, el diseño de políticas, la coordinación intra e inter-sectorial, la regulación de la atención a la salud, la regulación sanitaria de bienes y servicios, la evaluación de los servicios, programas y políticas y la protección de los usuarios de los servicios de salud. La SSA desarrolla alguna de esas tareas en colaboración con diversos grupos profesionales e instituciones de la sociedad civil.
Según estudios de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE, 2005:55) la prestación de servicios por parte de la SSA se ha descentralizado en dos etapas: la primera sucedió durante la década de 1980 y la segunda en 1990.
El proceso de descentralización (de Federación a Estados) se dio como respuesta a la percepción de una serie de problemas con los arreglos existentes hasta ese momento, pues se presentaba un enfoque burocrático y en extremo centralizado del diseño y la aplicación de políticas; una asignación de recursos inapropiada, de modo que los recursos y las necesidades apenas tenían correspondencia; y una débil coordinación entre los prestadores de servicios que atendían a la población no asegurada. Las autoridades federales son responsables de establecer los objetivos de la atención a la salud, definir el marco legal para el funcionamiento general del sistema, asegurar la coordinación y la planeación y dar seguimiento a los resultados. Los Estados cuentan con flexibilidad operativa amplia y son responsables de legislar sobre la organización y operación de los servicios de salud para la población no asegurada en el nivel estatal. La coordinación entre el gobierno federal y los Estados se lleva a cabo por medio del Consejo Nacional de Salud (CNS)54, que está integrado por los secretarios de salud de cada Estado y es presidido por el secretario federal de salud.
Los cambios estructurales en el Artículo 4 Constitucional implicaron la sectorización de los servicios de salud para la población no asegurada, la descentralización de los servicios de salud de la Secretaría de Salud a los gobiernos de las entidades federativas, la modernización de estos mismos y el fortalecimiento de la coordinación intersectorial para aprovechar la sinergia entre las distintas dependencias del gobierno federal. Además se hicieron estudios a profundidad sobre el financiamiento, la formación de recursos humanos, la información y la producción de insumos para la salud (Frenk y Gómez 2008:11).
Bajo este contexto, señala Pérez Argüelles (2010:121) el establecimiento de un entorno de equidad a través del acceso a servicios en salud no sólo era lejano, sino que la tendencia apuntaba hacia la agudización de las diferencias sociales.
Con la intención de dar solución a ese escenario, el gobierno de Vicente Fox puso en marcha en
2001 un programa piloto -el Seguro Popular de Salud (SPS) que proveería de protección financiera a la población sin seguridad social. En principio los objetivos de este programa fueron una cultura de prepago y disminuir el empobrecimiento por gastos de salud en la
población no derechohabiente en los primeros deciles de distribución del ingreso, es decir priorizando a las familias de menores recursos.
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