Hacia el 2002, el 57.8 por ciento del total de la población no estaba asegurada por alguna
institución de seguridad social, por lo que en la mayoría de los casos las familias postergaban e incluso dejaban de atenderse por el alto costo que el tratamiento involucraba y el limitado patrimonio del que disponían. Este amplio sector de no asegurados se encontraba en mayor riesgo de empobrecimiento por gastos relacionados a la salud. El Gobierno de la República instrumentó el Seguro Popular de Salud para enfrentar el reto establecido en el Plan Nacional de Desarrollo del 2001-2006, que en conjunto con los Gobiernos Estatales forman parte integral de la nueva política social. Su financiamiento es fundamentalmente público, mediante subsidio y complementado con una contribución menor de los asegurados, así como por recursos fiscales federales asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
En el Programa Nacional de Salud 2001-2006 se estableció la protección financiera como una de las líneas estratégicas de acción, con el objetivo de brindar a la población sin seguridad social un esquema de aseguramiento justo, para reducir el gasto de bolsillo y fomentar la atención oportuna en salud. Para lograrlo, se diseñó el Seguro Popular de Salud, como el instrumento para enfrentar el reto establecido en el mencionado programa, ofreciendo una opción de aseguramiento público en materia de salud a familias y ciudadanos que, por su condición laboral y socioeconómica no eran derechohabientes de las instituciones de seguridad social.
Sinaloa inició operaciones a partir del segundo trimestre de 2002, con una demanda creciente de afiliados en los cuales se incorporó a familias del programa Oportunidades, llegando a afiliar en ese periodo a 55,486 familias en los dieciocho municipios del Estado; en el Municipio de Culiacán, se registraron 11,630 familias y 47,302 personas beneficiadas.
La intención primordial del presente trabajo de investigación es evaluar mediante el método científico a esta política pública para entender qué pasa como resultado de las actividades del programa. El objetivo de la evaluación es proporcionar información objetiva a los gestores de los programas y a los que toman las decisiones políticas sobre los costos y los efectos del programa a nivel nacional y/o local, así mismo tiene por objeto apreciar la eficacia de la política comparando sus resultados con los objetivos asignados y los medios puestos a disposición. El estudio ha recolectado datos de base necesarios, y se ha manejado con distancia e independencia, en relación con los directivos del programa.
Tomando como guía a Humet (2003:1-2), el presente trabajo de investigación se centra principalmente en la satisfacción como uno de los factores importantes a tener en cuenta, ya que está considerada en la actualidad como parte de los resultados de la asistencia en salud.
De acuerdo a la teoría de Avedis Donabedian (1966), la satisfacción expresada, se deriva de la percepción que tienen los usuarios sobre la calidad de los servicios de salud y varía en función de los factores que tienen su origen en los distintos elementos que intervienen en el proceso
asistencial y en sus resultados: la organización, la infraestructura, las características de las consultas, de los profesionales y de los propios usuarios, entre los principales factores (Gómez, González, Silva, Castilla, Rubiérriz, 2006:127).
Algunas características de los entrevistados parecen desempeñar un papel relevante en su percepción y en las expectativas sobre la calidad de la atención recibidas: la edad, la situación socioeconómica, la presencia de enfermedades crónicas, la mala situación de la salud y la utilización frecuente de los recursos de salud, son factores que han sido analizados de manera habitual en esta perspectiva. La satisfacción con la atención recibida, es un resultado de la interacción conjunta de los factores institucionales y de los propios usuarios, por ello es difícil analizar, bajo un esquema de causa/efecto, el papel de cada uno de ellos aisladamente.
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