No existe una definición unánime sobre qué es una evaluación. La indefinición no es solo conceptual, sino también terminológica. Se utilizan indistintamente distintas denominaciones heredadas de la literatura anglosajona, como policy evaluation, program evaluation o evaluation research para referirse a la evaluación de las políticas públicas (Ruiz Viñals 2004:70).
Normalmente se ha venido considerando que mientras que el énfasis del policy analisys (análisis de las políticas) se ponía en la dimensión prospectiva, anticipatoria, dirigido a decisiones que aun se han de tomar (Beckman, 1977), la evaluación de programas se presentaba más circunscrita a un enfoque retrospectivo, para mirando al pasado, facilitar vías de acción al futuro (Poland, 1974).
Si el acento en un caso dado se ponía en los efectos estimados que iba a producir tal o cual política, en el caso de evaluación el análisis se dirigía al examen de los efectos reales producidos por una política determinada (Subirats y Gomá, 2002:189).
La evaluación es la aplicación del método científico a los programas públicos para entender qué pasa como resultado de las actividades de los programas.
El objetivo de la evaluación es proporcionar información objetiva a los gestores de los programas y a los decisores políticos sobre los costes y los efectos de los programas nacionales- supranacionales o locales -, ayudando de esta manera a la gestión eficaz y a la distribución eficiente de los recursos (Wholey y Ballart, 2003:1).
La evaluación tiene por objeto apreciar la eficacia de las políticas comparando sus resultados con los objetivos asignados y los medios puestos a disposición.
La evaluación requiere tiempo, para constituir instancias de evaluación pluridisciplinarias y recoger los datos de base necesarios. Requiere una cierta distanciación, es decir una cierta independencia, en relación con el comanditario (Ballart, 2003-1).
El proceso de recoger y analizar indicadores objetivos del impacto de los programas con el propósito de emitir un juicio sobre la eficacia de estos programas. La evaluación de programas se diferencia de otras formas de investigación en que los datos se utilizan para formular juicios sobre programas específicos y no tanto para confirmar proposiciones teóricas de ámbito más general (Wholey y Ballart, 2003:2).
Para un mejor uso de la evaluación se requieren cambios en la organización: no puede pensarse en utilizar mejor los resultados de la evaluación si no se mejora en los aspectos organizativos o de procedimiento (Bunker, 1978).
Pueden constatarse tensiones entre los resultados de una evaluación que busca mejorar la eficacia con los compromisos organizativos que toda estructura administrativa genera. La evaluación puede tener efectos en el esquema organizativo y ello requiere ganarse la apreciación positiva de la trama burocrática. De manera más general se podría aludir a la tensión entre conocimientos y poder que está también presente en este contexto (Subirats y Gomá, 2002-248).
La ejecución de las políticas públicas exige de una apreciación que supere las calificaciones subjetivas y se constituya en un ejercicio riguroso de razonamiento, al utilizar una metodología adecuada y basada en información acertada.
La evaluación es un instrumento para la decisión y la gestión, es introducir racionalidad midiendo el cumplimiento de los objetivos y los recursos utilizados para alcanzarlos.
La tarea de evaluar se está reconociendo en la administración pública como un instrumento de suma importancia. Evaluando el resultado de los programas públicos, conociendo hasta que
punto han respondido los objetivos planteados, se podrán tomar nuevas decisiones y reorientar
los programas (Bañón, 2003:4).
Explica Bañón (2003:4-5) que la evaluación de programas es con doble ámbito: atendiendo el proceso, o poniendo el punto de observación en los resultados y/o al impacto del programa, es frecuente ver evaluaciones que ofrecen un análisis del grado de eficiencia en la gestión del programa con la participación de los destinatarios del mismo.
Con la utilización de las diferentes herramientas metodológicas que ofrece la investigación social, la evaluación permite juzgar y mejorar la formulación de las políticas públicas, así como aumentar el grado de efectividad de las actuaciones que se estudian o gestionan;
El entendimiento más consensuado de la evaluación es su acepción retrospectiva, que mide las consecuencias de una acción que ya ha sido decidida e implementada. Las evaluaciones deben respetar la singularidad del caso analizado, cada caso es un mundo, por lo que se lleva a cabo una elección metodológica que es preciso readaptar en cada ocasión., no existen patrones de evaluación universales, en cada ocasión, debe desplegarse todo el material analítico de que se dispone y adaptarlo a la realidad que se analiza. Tras esa elección metodológica, existe un conjunto de actitudes y de motivaciones que forman parte del proceso evaluador (Ruiz Viñals,
2004:71-72).
Meny y Thoening, (1995:195) clasifican las actitudes según los siguientes tipos ideales: actitud descriptiva; actitud clínica; actitud normativa y actitud experimental.
* Una actitud descriptiva consiste en registrar cualquier variación que se produzca en el medio social como consecuencia de la política pública estudiada. El evaluador es un informador que sistematiza los datos y la información que tiene de manera neutra.
* Una actitud clínica da una explicación a los cambios sociales que provoca una política pública, explica porque se alcanzan unos objetivos y otros no.
* Una actitud normativa, donde el evaluador enuncia sus juicios de valor sobre cómo debería reaccionar idealmente el medio social ante una política concreta, al margen de las implementaciones efectivas que se realizan.
* Una actitud experimental, en la que quieren explicitarse las relaciones causales entre variables, con el fin de explicar las razones de éxito o del fracaso de la aplicación de una
política pública.
Estas actitudes evaluadoras a menudo se hallan mezcladas en el espíritu de las evaluaciones, los estudios de evaluación son útiles debido a que aumentan el volumen de información de que disponen los decidores públicos y permiten la detección de errores y el aprendizaje, permite también detectar las diferencias que genera la acción pública en relación con la teoría, entendiendo por teoría el conjunto de políticas públicas que se analizan como conjuntos de hipótesis para contrastar; un análisis evaluativo es el estudio de la percepción que tienen los ciudadanos sobre los logros de políticas concretas, este estudio suele ser cuantitativo cuando el instrumento de investigación son las encuestas realizadas a una muestra representativa de la población, en caso de que el instrumento de investigación sean las entrevistas a fondo el análisis es de tipo cualitativo (Ruiz Viñals, 2004: 72-73).
Señala Ruiz Viñals (2004:74) que al plantear la investigación con enfoque cuantitativo, la primera dificultad es la obtención de los datos correspondientes a las variables con las que se desea trabajar; Sin embargo una vez que se cuenta con los datos, las conclusiones extraídas suelen ser fiables.
Con un margen de error estadístico, permiten aceptar o rechazar hipótesis previas sobre el comportamiento de las variables en la política pública que se evalúa, sus impactos o su proceso de funcionamiento.
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