Conclusiones y Consideraciones finales

Este apartado sintetiza las conclusiones más relevantes que se han ido desgranando a lo largo de toda la tesis; de la misma manera se presenta un extracto de sugerencias, apreciaciones o consideraciones emanadas de la investigación que podrían servir para un manejo adecuado de esa política pública denominada Seguro Popular. Las conclusiones se han recogido en apartados, organizados según los distintos elementos que conforman el modelo utilizado en el estudio.

Introducción

El derecho social nace como producto de la evolución histórica de los derechos humanos, especialmente después de la Primera Guerra Mundial. En México, estos derechos se expresan en la doctrina del constitucionalismo social del periodo de entre-guerras, como es el caso de la Constitución de Querétaro (5 de febrero de 1917). En el plano internacional, al menos, existen tres instrumentos internacionales que refuerzan la idea de los derechos sociales: la Liga de las Naciones, el Tratado de Versalles y la Oficina Internacional del Trabajo (1919).

Por ese hecho, el derecho del trabajo forma parte de la clasificación de los derechos sociales, aun cuando proviene del derecho civil por tratarse de relaciones entre particulares. Esas relaciones se sustentan estableciendo normas jurídicas independientes del marco constitucional establecido, con la finalidad de ofrecer garantías a los trabajadores de acuerdo a los principios fundamentales del derecho del trabajo, en donde los trabajadores aportan sus contribuciones físicas e intelectuales a la empresa a cambio de una compensación que motivan al personal y establecen un vínculo entre los costos laborales y la productividad.

Las empresas contemporáneas incluyen una gama de prestaciones al trabajador. La seguridad física y financiera a la que cada integrante de la organización tiene derecho, deriva también de la existencia de leyes y disposiciones legales que señalan con claridad cuáles son las obligaciones de las empresas respecto al personal que emplean. Entre esas obligaciones se consideran: El derecho de los trabajadores a disfrutar de cuidados médicos, incluso la hospitalización y los tratamientos adecuados; El derecho del trabajador a recibir una pensión; El derecho a recibir del Estado una compensación adecuada para el cónyuge y los hijos menores de edad en caso de muerte; El derecho a recibir compensación cuando se sufre una circunstancia que incapacita de manera permanente al trabajador; El derecho a percibir determinados ingresos cuando involuntariamente o sin culpa se pierde el empleo; El derecho a recibir protección especial cuando la labor lleva al trabajador a enfrentarse a condiciones riesgosas para la salud y el bienestar; En general, el derecho a disfrutar de una vida digna, en la que sean accesibles para el trabajador las comodidades razonables, así como el mundo de la cultura y el sano esparcimiento.

A principios del siglo XX el Estado mexicano empezó a participar en ciertas actividades de salud pública. En 1922 se crea la Escuela de Salubridad, la primera de América Latina, formadora de profesionales de la medicina, hoy denominada Escuela de Salud Publica de México, en 1943 Nace la Secretaría de Salubridad y Asistencia fusionando el Departamento de Salubridad Publica en la Secretaría de Asistencia así como la primera generación de reformas del sistema de salud, la Ley del Seguro Social y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). En 1960 Con las reformas al artículo 123 Constitucional que otorgó derechos sociales a los trabajadores del Estado, nace el ISSSTE.

Para enfrentar todas estas funciones y proteger de manera adecuada al personal, en casi todos los países se ha creado organismos que prestan toda una gama de servicios al asalariado y que en la mayoría de los casos recibe el nombre de seguro social. En México el Derecho de la Seguridad Social está íntimamente ligado con el Derecho del Trabajo, y para cumplir con las obligaciones como empleadores, se establecieron la Ley del Seguro Social y la Ley del ISSSTE, cuya finalidad contemplan en sus respectivas leyes el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y el otorgamiento de una pensión salvo ciertos requisitos.

El derecho de la seguridad social se funda en el trabajo, por lo que la aplicación de los seguros sociales en materia de atención en salud es limitada, de acuerdo a las leyes respectivas, solo comprende a los trabajadores; tratándose de otros trabajadores sin relación laboral tropiezan con dificultades cuando se trata de la atención en salud, esta incide en el patrimonio de las familias al erogar grandes cantidades en consultas medicas y medicinas, ocasionando perjuicios económicos al no existir políticas públicas en beneficio de los sectores marginados de la población; en ese contexto, algunos países han iniciado o reelaborado su seguridad social sobre la base de lo que se llama asistencia o protección social, se recurre a impuestos locales o nacionales para financiar los diversos programas de los que se derivan las prestaciones pagadas como un derecho legítimo, cuando se cumplen las condiciones de necesidad prescritas.

Para llevar a cabo ese objetivo el Estado ha destinado grandes cantidades de recursos provenientes de los impuestos vía presupuesto de egresos, con la intención de orientar el gasto desde una visión propulsora de la equidad y multiplicadora de impactos asertivos en el bienestar social de la población que carece de servicios de salud.

Cobertura universal en servicios de salud
El mundo contemporáneo se encuentra envuelto en una globalización desgobernada, concentrando el capital, restringiendo cada vez más el trabajo al ámbito local para impedir movimientos migratorios y generando cada vez mayor pobreza, exclusión social y efectos discriminatorios hacia grupos marginados, creando una polarización entre quienes reclaman democracia, trabajo y salud y quienes la restringen a los ciudadanos y a las naciones. De manera interna en los países se enfrentan los grupos de poder, como consecuencia de la pérdida de la función económica y social del Estado; ese desorden social genera una crisis de gobernabilidad, desorganización y descomposición social, pérdida de la cohesión y protección, la sociedad se ha protegido contra la hegemonía del mercado y busca resguardarse de las políticas sociales, el derecho al trabajo y la protección social haciendo mas precaria las relaciones laborales y la mercantilización del trabajo, en deterioro de la política social y las conquistas sociales son vistas como obstáculos para el libre desarrollo del mercado.

En materia de salud el Estado mexicano ha cumplido parcialmente con sus obligaciones de proteger, garantizar y promover esa facultad por el bajo porcentaje de inversión pública en ese rubro que impide mejorar el acceso a servicios, insuficiencia en el abasto de medicamentos, lentitud en el crecimiento de la infraestructura, falta de impulso a la investigación y a la promoción de una cultura de prevención; persiste la desigualdad y diferencias en los sectores de la población que ante la necesidad de atención médica al padecer una enfermedad crónico degenerativa no encuentra acceso a los servicios provocando desequilibrios económicos a la familia.

Dentro de las políticas sociales mas requeridas en este mundo globalizado, la protección en salud es fundamental tanto para el bienestar humano como para el desarrollo económico y social sostenible de un país. Los Estados Miembros de la OMS se han fijado el objetivo de desarrollar sus sistemas de financiación sanitaria para garantizar que todas las personas puedan utilizar los servicios sanitarios mientras están protegidas contra las dificultades económicas asociadas al pago de los mismos.

La exclusión en salud, definida como la falta de acceso de individuos y grupos de la sociedad a las oportunidades, bienes y servicios de salud que otros miembros de la sociedad disfrutan, es un problema que, en sus diferentes manifestaciones, afecta a un elevado porcentaje de habitantes del mundo, esta exclusión tiene consecuencias sobre la duración y calidad de vida de las personas, sus familias y sus comunidades, pero además, afecta de manera crucial la capacidad de los países para generar riqueza y mejorar las condiciones de vida para todos sus habitantes. Hasta 2003 la mitad de la población en México por motivo de su estatus laboral, disfrutaba de seguridad social y, por lo tanto, de derechos en salud legislados. La otra mitad había quedado marginada de todo tipo de protección social en materia de salud y recibía servicios bajo un esquema estrictamente asistencial.

Las reformas a la LGS formuladas e implementadas en el año 2004 referentes a los servicios de salud dirigidos a la población más marginada de México, bajo la estrategia de la descentralización en salud, han diseñado emprender cambios para llegar a una mayor equidad, mayor acceso, mayor cobertura y mayor protección financiera, para que los usuarios no incurran en gastos catastróficos al presentar daños a su salud; estrategias que forman parte del Plan Nacional de Desarrollo (PND) y del Programa Nacional de Salud (PNS), con un eje conductor en materia de justicia social para contribuir desde el sector salud, a la reducción de la pobreza y la desigualdad a través de una mayor protección social en salud.

A simple vista, se observan avances en la cobertura universal en salud en México, la importancia de ello influyó para plantear la pregunta secundaria ¿Cuál es origen, características, conceptos, marco legal, y los procesos para establecer las Políticas Públicas en materia de Salud en México y qué avances en cobertura se han observado en su aplicación en México, Culiacán, y Sinaloa?, misma que con los resultados encontrados y presentados, se logró dar respuesta satisfactoria.

Partiendo de allí, el origen del derecho a la salud en su forma genérica, proviene del derecho social mismo que se define como el conjunto de normas, principios, derechos, instituciones con la finalidad de obtener bienestar social de la población económicamente débil, en ese sentido el hombre puede demandar del estado o de la sociedad como vínculo organizado en razón de estar agregado a ellos y como un medio para un mejor desarrollo propio y de la comunidad de la que forma parte. Casi todas las constituciones políticas del mundo tratan los derechos humanos ya sea de forma individual o colectiva, se refieren al ser humano como tal, al ser humano en su vida de relación con otros derechos humanos.

En México la historia de los derechos sociales está ligada a la desigualdad. Si bien en la Constitución de 1917 se lograron conjugar las garantías individuales y los derechos sociales, el modelo corporativo de distribución emanado de la Revolución necesariamente conllevó a un ejercicio diferenciado de derechos y, por lo tanto de la ciudadanía desde su definición más amplia transformándose con el tiempo en políticas.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece con énfasis la importancia en el desarrollo de la vida de las personas y comunidades, la salud adquiere rango de relevancia pública con supremacía dentro del marco de políticas públicas y sobre toda acción que pueda contribuir a generar capacidades, medios y condiciones para garantizarla. En este sentido, la salud revela las oportunidades equitativas que tienen las personas y colectivos a la satisfacción plena de necesidades de calidad de vida entre la que destacan alimentación, trabajo, saneamiento, educación, renta, vivienda, ambiente, transporte, entre otros.

La palabra política se refiere a aquello que afecta a todos, lo que es público (polis). La expresión política en salud, se refiere a aquel ámbito de la sanidad que nos afecta a todos, en el que asumen un papel protagonista los políticos en su papel de representantes de los ciudadanos. Las políticas en salud protegen la salud pública; es decir, tienen como objetivo asegurar la integridad física y psíquica del individuo, y se concretan en una serie de servicios de atención primaria, hospitalaria y de prestaciones de tipo farmacéutico.

El párrafo doce, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC) de la Asamblea General de Naciones Unidas reconoce el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. Salud se entiende no sólo como un derecho a estar sano, sino como un derecho a controlar los propia salud y el cuerpo. En México, como reconocimiento a uno de los derechos fundamentales contenidos en la declaración universal de los derechos humanos de la ONU, el derecho a la protección de la salud, como derecho autónomo, fue elevado a rango constitucional mediante reforma al artículo 4º de la Constitución Federal, señalando que: “Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.

La falta de capacidad para atender las necesidades de salud en el sector público ha generado que la demanda se traslade hacia el sector privado donde existe poca cobertura de aseguramiento. Las restricciones presupuestarias han limitado la cantidad y la calidad de la atención para la población pobre, lo cual ha generado un racionamiento implícito en todo el sistema. La salud constituye una necesidad humana básica, ésta es un objetivo universal, los sentimientos subjetivos no constituyen una determinación fidedigna de la necesidad humana.

El diseño del sistema de salud en México ignoró el criterio de repartición universal de satisfactores, fundamento de los derechos humanos, ya que fue concebido de tal forma que la población organizada y asalariada fue la receptora de los beneficios de la seguridad social, entre los cuales se encuentra el acceso a los servicios sanitarios. Así nacieron las instituciones de seguridad social como el IMSS y el ISSSTE, que atendían a la población inserta en el sector formal de la economía. La prestación de servicios en salud ha sufrido un sustantivo proceso de

transformación en los últimos años, buscando la cobertura universal del aseguramiento en salud, desde la creación de los seguros sociales en los años cuarenta y sesenta, así como en 2003 con la implementación del Sistema de Protección Social en Salud. La seguridad social nace el 1 de enero de 1943 con la fundación del IMSS, meses mas tarde, el 15 de octubre del mismo año se formalizan los servicios públicos de la SSA, cuyo nombre tenia implícita una concepción asistencial, para atender principalmente a los mexicanos de escasos recursos.

El sistema de salud en México está conformado por dos sectores, el público y el privado. El sector público incluye a las instituciones de seguridad social (IMSS, ISSSTE, Petróleos Mexicanos (PEMEX), Secretaría de la Defensa (SEDENA), Secretaría de Marina (SEMAR) y las instituciones de seguridad social para los trabajadores de los gobiernos estatales, así como a las instituciones y programas que protegen o prestan servicios a la población sin seguridad social (SS, Servicios de Salud (SESA), IMSS-OPORTUNIDADES y SPSS). El sector privado incluye a las compañías aseguradoras privadas y a los prestadores de servicios que trabajan en consultorios, clínicas y hospitales privados, en general bajo un sistema lucrativo.

Tomando en consideración el aporte que las diferentes instituciones que conforman el sistema de salud en México: La Hipótesis (H1) se verifica completamente ya que las políticas públicas en salud implementadas en Culiacán, Sinaloa y México han permitido avanzar en los últimos siete años en la cobertura universal en servicios de salud.

La meta de lograr la cobertura universal en los próximos años repercutirá en el desempeño del sistema de salud mexicano en lo que se refiere a justicia financiera reflejándose una reducción en número de hogares en gastos catastróficos. De la misma manera, la reducción en el gasto del bolsillo acompañará al nuevo modelo de financiamiento y de prestación de servicios de salud del SPS, se detecta una mejoría en el índice de justicia en la contribución al financiamiento del sistema de salud y en el porcentaje de hogares con gastos catastróficos, aun sin alcanzar la afiliación universal.

Bajo este contexto, se puede observar la importancia del estudio de las políticas públicas en salud o de las políticas públicas en general, pues permite conocer como son, y la problemática que tienen los organismos instituidos para alcanzar los objetivos en el entorno en el cual se desarrollan y promueven servicios eficientes en beneficio de la comunidad en general.

Servicios médicos de calidad y reducción del gasto de bolsillo
La OMS define la calidad como el logro de un alto nivel de excelencia profesional y de satisfacción del paciente, la existencia de mínimos riesgos y el uso eficiente de los recursos; otras definiciones la consideran como una característica del servicio y de productos de consumo que satisfacen las necesidades del consumidor y lo hacen sentirse orgulloso de poseer un producto o de recibir un servicio al más bajo costo posible. La calidad de la atención médica en México se fundamenta tanto en el malestar pronunciado por usuarios de los servicios de instituciones públicas particularmente, y en el deseo de disminuir las desigualdades más graves del sistema de salud, que se manifiestan en la cobertura y en la misma calidad de los servicios. La calidad es definida principalmente por los pacientes a partir de sus valores y expectativas, de forma que la satisfacción del paciente es al mismo tiempo objetivo y resultado de la atención.

Después del análisis y explicación de los principios y objetivos de la institución estudiada, se realizó una encuesta con rigor metodológico con la finalidad de alcanzar el objetivo planteado, por lo que la Hipótesis (H2) se verificó completamente ya que la política pública denominada Seguro Popular en Culiacán, Sinaloa, ofrece satisfacción a los usuarios en atención médica y del personal de salud y ha permitido a la población afiliada reducir el gasto de bolsillo en atención médica y en medicinas en comparación con lo que antes de su implementación erogaban.

La estrategia de evaluación de este trabajo de investigación, permitió identificar las características sociodemográficas de la población objetivo del Seguro Popular, el gasto en salud, la posibilidad de presentar gasto catastrófico y la disposición a pagar la prima del Seguro Popular. Adicionalmente, la evaluación de gestión sirvió para determinar las características de la operación de los servicios, así como el nivel de eficiencia global del programa, desde la administración de los recursos hasta los procesos de funcionamiento y otorgamiento de los servicios. Al plantear la investigación con enfoques cuantitativo y cualitativo, la primera dificultad fue la obtención de los datos correspondientes a las variables de este trabajo de investigación; sin embargo una vez que se contó con los datos, las conclusiones extraídas son con un margen de error estadístico confiable, que permitió aceptar o rechazar la hipótesis previa sobre el comportamiento de las variables de esta política pública que se evaluó, sus impactos y su proceso de funcionamiento.

Al evaluar cuantitativamente a los encuestados se observó que la población más joven, los más pobres y los hogares donde la mujer es el jefe de familia, tienen mayor probabilidad de ser segmento de la población en el que es más necesario el Seguro Popular, debido a que se encuentra en mayor riesgo de enfermedades que conllevan gastos catastróficos en salud, provocando que la familia se vea obligada erogar gastos de bolsillo y en la mayoría de los casos se observan severas limitaciones económicas que lo impiden.

La prestación en servicios de salud que otorga el Seguro Popular en Culiacán, Sinaloa, México ha sido aprovechada en gran medida por los usuarios ya que la mayoría de los entrevistados así lo manifestó durante la entrevista, los beneficios socioeconómicos son principalmente haber dejado de efectuar erogaciones principalmente en costos de servicios médicos como en medicamentos. El nivel de aceptación del Seguro Popular es elevado, este servicio está diseñado para la población no derechohabiente, con esta consideración cerca de la mitad de la población queda fuera del área de competencia del Programa. La población no asegurada representa entonces el 47.44 % de la población objetivo, de éstos hasta el mes de agosto de 2010 ha aceptado pagar por ser inscritos en el Seguro Popular, lo cual representa el 38.4% del total de la población nacional. A nivel local (Culiacán, Sinaloa) el 50.71% de la población no cuenta con seguridad social, por lo que la población objetivo del seguro popular ha alcanzado afiliación en un 26.51%, quedando pendiente el 24.2% de la población sin afiliarse a un sistema de salud.

Aunque los pacientes entrevistados parecen estar en su mayoría satisfechos con la atención que reciben, se detectó preocupación con respecto al gasto total en salud en torno a la calidad de la atención, la eficiencia y la capacidad de respuesta del sistema. Al tratar con estos retos, los diseñadores de las políticas públicas se confrontan con una serie de restricciones. México está experimentando una transición demográfica y epidemiológica que impone mayores presiones sobre el sistema de salud. Nuestro país gasta menos en servicios de salud que otros países

latinoamericanos con niveles de desarrollo económico similares, la ausencia de una reforma fiscal limita, de manera seria el alcance para incrementar el financiamiento gubernamental del sistema de salud. Más aun el sector de la seguridad social enfrenta presiones presupuestarias derivadas del incremento en las pensiones para sus trabajadores. Por último la fragmentación de los arreglos institucionales con la descentralización de los prestadores de servicios hace más difícil la construcción de una estrategia coherente y la generación de un consenso para el cambio.

México ha avanzado de manera considerable en el camino hacia un sistema de salud, aunque se han logrado progresos en muchos aspectos desde el inicio de la presente década, el mejor éxito de todos ha sido la introducción del SPSS y el SP. Al cumplir este programa con los objetivos de afiliación, se resolverá en gran medida el problema de la cobertura insuficiente de aseguramiento para una gran parte de la población, que es en la actualidad la debilidad más evidente del sistema. Además, se habrá logrado una redistribución de los recursos públicos dedicados a los servicios de salud entre instituciones y Estados. Sin embargo, la introducción de la reforma enfrenta una serie de retos en relación con la transición. En especial, se deberá obtener financiamiento adicional y mejorar con rapidez la eficiencia de la oferta en los servicios públicos de salud.

El Seguro Popular como política pública fue establecido tomando como base el modelo que ha dominado el campo de las políticas públicas en México desde la época de los sesentas a la fecha los cuales provienen de las teorías de Lasswell, Lindblom, Simon e Easton, una fusión del enfoque por etapas, toma de decisiones y sistema político respectivamente propuestos por los modelos aportados por los autores en mención, sin embargo el sistema político existente en nuestro país permite establecer la presunción de que la mayoría de las políticas públicas han nacido y han sido implementadas más que con ánimos de beneficio social con miras a provocar simpatías para permanecer en el poder. Desde el punto de vista de quien escribe, esta política pública parte del enfoque arriba abajo (top down), misma que postula que cada política pública es una hipótesis con condiciones iniciales y consecuencias predichas, la implementación requiere de un sistema de arriba hacia abajo de control y comunicaciones, así como de recursos para hacer el trabajo, los tomadores de decisiones no deben prometer aquello que no pueden cumplir ya que pueden causar desilusión o frustración; al concentrarnos en la implementación de programas tanto como en su iniciación, debemos ser capaces de aumentar las probabilidades de que las promesas de las políticas se cumplan, probablemente haya obstáculos para su cumplimiento pero seria mas honroso reconocerlo durante el proceso.

El potencial del Seguro Popular es considerable en México, al generalizar el programa en el país, es factible que se constituya como el segundo asegurador a nivel nacional. Este nivel de aceptación y la cobertura inicial lograda no son de extrañar si se considera el alto riesgo de padecer gastos semi y catastróficos, por parte de la población. Es necesario tener presente, sin embargo, que estos niveles de aceptación pueden verse afectados si no se satisfacen las expectativas de los afiliados, empezando desde las condiciones de los establecimientos de salud hasta la calidad y trato en el servicio.

Los objetivos que la Secretaría de Salud ha incluido como parte del Seguro Popular fueron evaluados en el interés de la población. Los resultados muestran que, en términos generales, la expectativa de buen trato, mejor acceso, tiempo de atención y la dotación de medicamentos fueron considerados como muy importantes por la población.

Información completa en otros servicios de salud e instalaciones higiénicas
La LGS al enmarcar los derechos de los usuarios al SPSS, en el Artículo 77 bis Fracción V, señala
que los beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud tendrán además de otros derechos el de recibir información suficiente, clara, oportuna y veraz, así como la orientación que sea necesaria respecto de la atención de su salud y sobre los riesgos y alternativas de los procedimientos diagnósticos, terapéuticos y quirúrgicos que se le indiquen o apliquen.

Por otra parte, la calidad de la asistencia sanitaria es un valor muy apreciado por los pacientes y los profesionales de la salud. Los pacientes esperan de los profesionales de la salud la curación de sus enfermedades, o al menos la paliación de los síntomas de los mismos, pero una mala calidad higiénica en el ambiente hospitalario podría llegar a causarles daño, y en algunos casos extremos, provocarles la muerte, en ambos supuestos, por la vía del contagio de una infección contraída por las condiciones antihigiénicas del hospital.

El objetivo especifico número tres de esta investigación es: Especificar y describir la importancia de la higiene en la infraestructura empleada y de la información sobre otros servicios de salud y estimar y evaluar la percepción y opinión de los afiliados del SPSS respecto al nivel de calidad de la higiene en la infraestructura y de la información que recibe el usuario adicional al servicio que recibe y si ha habido satisfacción en la proporción de esos beneficios.

El objetivo se alcanzó al observar las respuestas y las evaluaciones obtenidas en la encuesta en virtud que los usuarios manifiestan satisfacción por la condición en que se encuentran las instalaciones y por la información recibida en la atención medica lo cuál permitió rechazar la hipótesis H3 de este trabajo de investigación: Los afiliados al SPSS en Culiacán, consideran que reciben información incompleta del hospital sobre otros servicios de salud además del motivo de consulta y que la infraestructura del sistema está en malas condiciones por lo que ofrece un pésimo servicio.

La obvia escasez de recursos de las instituciones que integran el sistema de salud incide en ineficiencias administrativas y de planeación al operar dentro de diseños de coordinación limitados, los cuales están orientados básicamente a establecer acciones conjuntas en materia de prevención. Entre las principales consecuencias de la articulación que prevalecen en el sector se encuentra el incremento de los costos burocráticos por el incremento de las unidades administrativas, la asignación no óptima de los recursos y los altos niveles de desatención entre los derechohabientes; sobre esta base, la descentralización de los servicios asistenciales tiende a incrementar la dispersión de los esfuerzos públicos y, previsiblemente, generará una mayor desigualdad en el acceso a la salud.

En la apreciación del Seguro Popular de Salud de este trabajo de investigación se identifican factores que pueden actuar como indicadores del desempeño de metas específicas, entre los indicadores disponibles se encuentran:
a. Accesisibilidad – servicios brindados en tiempo y forma

b. Pertinencia – de acuerdo a necesidades y estándares
c. Continuidad – Coordinación, manejo, integración y dispositivos de referencia y contrarreferencia en los servicios.
d. Eficiencia técnica
e. Resultados en salud
f. Calidad y eficiencia en la atención
g. Información adicional a los servicios e instalaciones adecuadas

Cuotas familiares justas y factibilidad de recontratación y recomendación
En el esquema propuesto por el Seguro Popular, la población realiza aportaciones solidarias y la Federación transfiere la mayor parte de los recursos necesarios, con lo que, se busca reducir la probabilidad de que la atención de problemas de salud, cuya carga financiera recae frecuentemente en las familias, lleguen a afectar el nivel de vida o pongan en riesgo la satisfacción de otras necesidades básicas. La protección financiera que promueve el Seguro Popular de Salud empodera a la población para demandar la más alta calidad en relación al tipo de los servicios que reciben.

El planteamiento anterior condujo al objetivo número cuatro de este trabajo de investigación: Analizar y describir las formas de financiamiento federal, estatal y usuario de las Políticas Publicas en salud y evaluar la percepción de los usuarios del Seguro Popular respecto a las cuotas familiares cubiertas al sistema, así como su recontratación y recomendación a terceras personas.

Partiendo del objetivo anterior, la Hipótesis (H4) se verifica completamente ya que los usuarios del SPSS califican de justas las cuotas pagadas por el servicio, por lo que volverían a contratar el Seguro Popular y lo consideran digno de ser recomendado a terceras personas.

Los promotores de afiliación al programa, así como los módulos de aseguramiento en las unidades de segundo nivel y en las oficinas centrales están bien equipados, cuentan con computadoras, copiadoras, impresoras y cámaras fotográficas, equipo que en su conjunto se utiliza para la realización de los estudios socioeconómicos de los usuarios. En el caso de los promotores tienen que regresar a los días siguientes a la población, ya que los estudios socioeconómicos son elaborados en la oficina central.

La mayoría de las familias adscritas al Seguro Popular ha sido beneficiada en los dos primeros deciles, lo que refleja justicia en su aplicación, los beneficios socioeconómicos a favor de los usuarios son significativos y están dispuestos a recontratar y a recomendar, aun cuando saben que la única prestación que reciben es en especie (servicios médicos y medicamentos).

El Seguro Popular no es Seguridad Social, es un sistema de protección en salud (asistencia en salud) que se limita a prestar servicios de salud a la población en forma restringida, es decir, no incluye la totalidad de las enfermedades ni los medicamentos que la población requiere; no incluye prestaciones como otorga la seguridad social, tales como subsidios, ayudas, y sistema de pensiones. La afiliación al seguros sociales se presenta por dos circunstancia: de manera obligatoria y o voluntaria, mientras que la afiliación al Seguro Popular es voluntaria.

El Seguro Popular de Salud representa el programa que da forma a la estrategia de Protección Financiera de la Secretaría de Salud, la cual deriva de la evidencia disponible que señala la existencia de una notable inequidad en la distribución de recursos para la salud, en particular entre aquellas poblaciones que tienen derecho a los servicios de la Seguridad Social (derechohabiente) y aquellos que no cuentan con este recurso (no derechohabiente).

El análisis de la asociación entre el nivel económico de la población no derechohabientes de la seguridad social y la disposición a aportar la cuota familia de aseguramiento muestra resultados de interés; en particular que las familias en los niveles más altos de ingreso están poco interesados en el Seguro Popular, concentrándose el potencial e interés de afiliación en la población de menores ingresos.

Las autoridades de salud han realizado un gran esfuerzo para hacer llegar el programa a las zonas más apartadas del Municipio de Culiacán y de Sinaloa, este esfuerzo debe ser valorado y considerarlo como una de las fortalezas del programa. Otro aspecto relevante relacionado con la promoción fue la información sobre el tema de la gratuidad, tema que puede ser entendido a partir de la aportación realizada por los gobiernos para financiar el acceso a los sectores ubicados en el tabulador en los dos deciles más bajos. Este quizá sea uno de los temas más sensibles de la promoción, puesto que las Reglas de Operación no establecen gratuidad en ninguno de los casos, salvo en el que los derechohabientes pertenecen al Programa Oportunidades, sin embargo los promotores al observar las condiciones de pobreza en que se encuentra la población, sobre todo la rural, estratégicamente promueven la gratuidad del programa fortaleciendo así la afiliación; los promotores han sido una elemento clave del programa para hacerlo llegar a las zonas más apartadas.

Consideraciones finales

Una vez analizada brevemente la situación que guarda el Seguro Popular y haber planteado las conclusiones finales, a continuación se presentan ciertas sugerencias, consideraciones y apreciaciones que podrían servir para un manejo adecuado de esa política pública. Estas son las siguientes:

 Conformar un sistema único de salud que elimine los compartimientos determinados por la capacidad contributiva de los individuos y actué en función de las necesidades sociales generales; la construcción de sistema de salud único debe plantearse en el marco de un gran acuerdo nacional y de un programa de reformas de largo plazo que considere una creciente socialización de la atención para la salud con prestación de servicios integrales, promover la coordinación interinstitucional para evitar duplicación de esfuerzos, instalaciones y gastos; unificar las instituciones de salud, eliminar barreras de acceso a los servicios, impulsar una reforma fiscal que garantice mayores fondos a estos renglones para alcanzar la satisfacción a las necesidades de la población.

 Poner en marcha reformas al sistema de pensiones del sector público para garantizar que las instituciones de seguridad social cuenten con recursos adecuados para financiar los servicios de salud y puedan participar a resolver problemas a la sociedad desprotegida.

 Fomentar la afiliación del SP y resolver las barreras restantes al acceso a los servicios para las personas que no están cubiertas por la seguridad social mediante lo siguiente:
1. Mejorar la disponibilidad y calidad de los servicios en las instalaciones estatales de servicios de salud, incluida la disponibilidad de fármacos.
2. Ampliar de manera progresiva el paquete de servicios de salud que contempla el SP para garantizar una cobertura adecuada de enfermedades catastróficas.
3. Mejorar la disponibilidad de servicios en las zonas rurales, por ejemplo, al fomentar que los médicos y el personal de enfermería ejerzan la profesión en zonas remotas.
4. Garantizar el financiamiento adecuado de bienes costo-efectivos relacionados con la
salud pública como la prevención o la vigilancia epidemiológica.

 Impulsar una mayor eficiencia en los hospitales y de otros prestadores institucionales de servicios mediante y de otros prestadores institucionales mediante:
a. Recanalización de los costos administrativos innecesarios hacia una mayor oferta de servicios de salud.
b. Introducir una división más clara entre compradores y prestadores de servicios, de contratos con proveedores y mecanismos de pago basados en el producto.
c. Combinar una mayor libertad de gestión en el nivel del prestador de servicios con un seguimiento y supervisión adecuados.
d. Organizar la compra de todos los servicios de salud sobre la base de zonas de captación que contemplen más de un Estado.

 La aceptación del Seguro Popular de acuerdo a los resultados de esta investigación es notoria, en particular debido a la inclusión de los medicamentos, la reducción en los tiempos de espera y mejoría en la calidad de la atención. Estos tres elementos son claramente el eje en el que el Seguro Popular se desarrolla y la notable aceptación que tiene en la población, puede experimentar cambios drásticos si fallara la provisión de estos elementos. Se recomienda poner énfasis en estos puntos.

 Se sugiere un análisis más riguroso de la capacidad potencial de producción de los servicios de los centros de salud de la Secretaría de Salud, con el fin de asegurar el acceso y atención oportuna de la población a los servicios de atención médica especializada cuando ésta sea necesaria.

 El Seguro Popular de Salud debe continuar desarrollando procedimientos para identificar a la población objetivo. Las conclusiones de la evaluación muestran que es la población del menor nivel de ingreso los que pueden ser mayormente beneficiados por el Seguro Popular, en particular mediante el fomento de la afiliación de familias en las que en las que la mujer es la jefa de familia. Estos grupos coinciden con aquellos que tienen el mayor riesgo de tener gastos catastróficos.

 Se requiere incrementar las áreas de captación de la población para el Seguro Popular y fomentar los programas preventivos entre los derechohabientes sanos.

 Se sugiere incrementar más tipos de enfermedades en el catálogo con la finalidad que la población tenga menos probabilidad de enfrentar los gastos que ocasionan algunos padecimientos como la atención dental, la prevención de enfermedades (vacunación) y la detección oportuna de padecimientos crónicos.

 La afiliación del Seguro Popular de Salud es voluntaria; sin embargo, esto no lo limita a buscar afiliaciones de grupos u organizaciones sociales que faciliten la inscripción y la recolección de cuotas. Se recomienda la promoción de afiliación o estos grupos u organizaciones sea cualquiera la filiación partidista, religión o secta.

 Es necesario garantizar que se considere este pago solidario como un componente esencial del Seguro Popular, por lo que se considera importante que ninguna familia con suficientes recursos deje de aportar la parte de la prima que le corresponde. En este mismo sentido es importante garantizar que el instrumento para la identificación de la condición socio- económica de la población sea aplicado de manera correcta y que las apreciaciones personales no influyan en la ubicación de la familia en la categoría que le corresponda.

 Se recomienda que la promoción del seguro popular se efectúe por distintos conductos y que los mensajes se adecuen a las características socio-culturales de las poblaciones a afiliar en cada entidad. Se sugiere el desarrollo e implementación de un sistema único de inscripción al seguro popular, el cual pueda ser utilizado a nivel central, estatal, jurisdiccional y por unidad médica.

 La fortaleza financiera del Seguro Personal de Salud está referida a los recursos que ingresen vía población o recursos gubernamentales. Al tener la población un acceso más fácil a los servicios, pudiera favorecer a la sobre-utilización de los mismos, ese sobre-uso arrojaría riesgos económicos para el sistema, por lo que se recomienda implementar una política de pagos alternos. Una opción sería implementar el pago en los medicamentos (individuales o por receta surtida), una segunda alternativa se refiere a los casos de gastos extraordinarios, como ejemplo la consulta directa con médicos especialistas.

— Los fondos para apoyar las operaciones del seguro popular en los estados deben ser transferidos oportunamente en los tiempos definidos para garantizar la continuidad del programa.

— Es importante reforzar la capacitación del personal médico ambulatorio en cuanto a su relación interpersonal con el paciente sobre todo en lo relativo a la explicación de la enfermedad y de su tratamiento al paciente (información adicional), ya que éstos son dos aspectos altamente valorados por los usuarios del Seguro Popular.

— Es recomendable que el SPSS continúe efectuando evaluaciones semestrales e imparciales sobre el desempeño médico, del personal, abasto de medicamentos y otros factores con el fin de obtener la percepción de los usuarios y demostrar a la opinión pública que los recursos se están aplicando con transparencia y con resultados en beneficio de la sociedad.

 Se requiere determinar con precisión la relación entre ingreso y gasto del Seguro Popular, principalmente es necesario contar con información sobre el manejo de medicamentos y su participación en el costo del Seguro, para esto se recomienda integrar información sobre:

1.Las cuotas que paga el asegurado
2.Número de consulta y tipo
3.Medicamentos en uso del cuadro básico
4.Medicamentos utilizados que quedan fuera del cuadro básico y que son recetados a los asegurados
Esto permitirá considerar la cobertura del paquete de servicios, actualizar los costos e identificar nuevos riesgos a la salud que pueden incluirse en el paquete de servicios básicos del Seguro Popular.

 Este trabajo me proporciona una gran satisfacción personal, un sentimiento de haber cumplido con responsabilidad, lo cual me compromete a continuar con investigaciones sobre todo de estudios fiscales, propuestas de reforma fiscal o de carácter hacendario y políticas públicas, todo aquello tenga que ver con la percepción y aplicación de los recursos como responsabilidad del Estado en aras de que sean aplicados con transparencia y en beneficio de la comunidad.

Aporte a la ciencia
El aporte investigativo, metodológico, y en relación con los estudios fiscales de esta tesis es el siguiente:

 Investigativo porque se recaudó información empírica acerca de la percepción de los usuarios del Seguro Popular; partiendo del análisis de las aportaciones teóricas (teorías, leyes, principios y conceptos) de los derechos sociales y políticas públicas en salud.
 Metodológico porque se siguieron procedimientos organizados que permitieron determinar resultados científicos a través de un enfoque mixto, es decir utilizando tanto el enfoque cuantitativo como cualitativo. Es un resultado científico medible que aporta información a partir de los recursos materiales y humanos disponibles y del empleo de métodos, técnicas y procedimientos científicos, con vistas a alcanzar sus objetivos específicos y contribuir en consecuencia a solucionar un problema.
 Estudio fiscal porque los cuantiosos recursos procedentes de contribuciones son invertidos y asignados en políticas públicas para satisfacer las necesidades de la población, se requiere de instancias de decisión responsable y transparente que hagan énfasis en los resultados de la gestión en términos de rendimiento e impacto social (equidad, beneficio socioeconómico, justicia e impacto ambiental), dentro de un contexto de Estado de Derecho. Estudiar, analizar, evaluar y criticar la gestión de órganos o autoridades que invierten, administran y deciden sobre los recursos que aportan los contribuyentes es un deber social que se debe reflejar en un estudio fiscal, la manifestación analítica, descriptiva y concluyente sobre la conformidad o inconformidad de los usuarios de una política pública exige calificar la legalidad y corrección de los encargados de efectuar la aplicación de los recursos con eficiencia y eficacia y pronunciar fallos sobre ella como una obligación ciudadana. Es necesario incursionar en el estudio de otras políticas públicas establecidas en nuestro país, su trascendencia es tal que requiere la atención de más investigación, no podemos permanecer pasivos a los problemas de la sociedad, un gobierno con políticas públicas significa la incorporación de la opinión, la participación, la corresponsabilidad, recursos públicos, significa también calidad en los servicios que un Estado proporciona. Estudios de esta naturaleza sirven de apoyo para cerrarle el paso a la corrupción, pues en la medida en que exista indicadores con rigor científico, tendremos una enorme capacidad preventiva y mejores resultados. Debemos tener presente que todo esfuerzo por mejorar la gestión del Estado representa tener un mejor país.
 Es guía porque aporta ideas de nuevas líneas de estudio, aplicación de un método de investigación científica, estructura y resultados para conducir la elaboración de futuros trabajos de investigación; su diseño, y forma de presentación permitirá a los tesistas avanzar y lograr culminar su trabajo en un tiempo discreto y formal.

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