“LA TEORÍA DEL ACELERADOR: ANÁLISIS PROSPECTIVO EN LOS FACTORES DETERMINANTES EN PANAMÁ. AÑOS: 1970-2008”

Israel Arcia Cáceres

Gobernabilidad y Transparencia Institucional

En primer lugar, hay que considerar estrategias de profesionalización en el marco de una nueva gestión pública en Panamá, donde se pueda involucrar diferentes procesos políticos, económicos y sociales. Es importante señalar que el tratamiento de este tema, debate sobre la gobernabilidad, involucra los objetivos proclamados por el gobierno, las líneas de acción de cooperación, fundamentos de regulación económica y social, y por otro lado, la dimensión institucional y política de desarrollo.
La disposición del Estado en materia de gobernabilidad, implica no sólo un conjunto de recomendaciones sobre la manera más eficaz de administración, sino que además se involucre estrategias específicas sobre la organización integral como un todo, y no como un cuerpo fraccionado que administrativamente conduzcan a deliberar acciones segmentadas entre los diferentes organismos del Estado.
Las acciones estratégicas deben focalizarse hacia la forma de coadyuvar con la política del Estado y su misión, el compromiso institucional que descansa en sus objetivos y el marco normativo, el sistema político y las formas de participación, y por otro lado, el manejo de conflicto.
La gobernabilidad debe concebirse como el modo de ejercer el poder en la gestión de los recursos económicos y sociales de un país, en particular desde la perspectiva de desarrollo, lo cual implica además la existencia de unos indicadores de comparación entre los que se destaca el grado de transparencia y de la responsabilidad en materia de gestión pública.
De acuerdo a la Organización de los Estados Americanos, el concepto de gobernabilidad implica la estabilidad institucional y política, efectividad en la toma de decisiones y la administración, como a su vez en la consistencia e intensidad en las decisiones, continuidad de las reglas y las instituciones, capacidad para asumir responsabilidades compartidas en la implementación de decisiones y en el arte de gobernar correctamente.
En términos generales, es la capacidad para la continua adaptación entre la regla y el acto, entre la regulación y sus resultados, entre la oferta y demanda de políticas públicas y servicios. (OEA, 2009)
Todo esto involucra desarrollar iniciativas conjuntas con las autoridades nacionales para la implementación de normas y planes de acción en materia de promoción de la transparencia, la integridad y el acceso a la información.
La importancia que puede ejercer este hecho sobre las inversiones, se trata de que muchas veces las erradas decisiones del gobierno, la corrupción institucional, los actos inconstitucionales o la existencia de una crisis provocada por la participación del Estado es susceptible de la percepción externa, lo cual desalienta iniciativas de inversión tanto de los nacionales como de extranjeros.

Los actos que son generados por la imprudente política del gobierno, inclusive actos desestabilizadores propiciado por sectores que no comparten la política del gobierno, no sólo lesiona los derechos de los pueblos, sino se pone en juego la estabilidad de las inversiones, lo cual incide en otros fenómenos que trastocan la economía de manera negativa (desempleo, inflación, ahorro, entre otros).

Hay que reconocer que la estabilidad política y económica son pilares para la atracción de inversión extranjera de los diferentes países, pues, dota a los empresarios de un clima de seguridad y confianza en sus inversiones.

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