RODOLFO WALSH Y FRANCISCO URONDO, EL OFICIO DE ESCRIBIR

Fabiana Grasselli

CAPÍTULO III
Los años setentas: del compromiso intelectual a la revolución (1968/1969-1976)

Sobre mi poética priva aún la actitud del burgués que fui
más que la del comunista que soy (...) es positivo que
 los escritores revolucionarios iniciemos el camino
del futuro arte (...) desde las entrañas mismas de la
cultura burguesa, acelerando su propio
 hundimiento y descomposición.

Roque Dalton, “Poesía y militancia en América Latina” (1963)

Cuando el escritor revolucionario tiene claro ante sí mismo
 que lo primero es la revolución, curiosamente no se
 siente disminuido como escritor, sino más realizado,
quizá como consecuencia natural de que se siente
 más realizado como ser humano.

Mario Benedetti, “Las prioridades del escritor” (1971)

En última instancia, no se trata meramente del episodio –a todas luces menor- de las elecciones de la SADE.
Sino de que todos aquellos escritores que coinciden en una voluntad revolucionaria
 vayan elaborando –cada vez más lúcidamente, cada vez con mayor fuerza colectiva-
 los caminos y las acciones que los lleven a confluir con la marea revolucionaria
que, sin duda, alguna vez desatará nuestro pueblo.

Editorial del Comité de la Rosa Blindada, “A propósito de las elecciones en la SADE” (1965)
           

            En Argentina, la década que va de 1966 a 1976, se vio signada por una intensa actividad política, auge de masas, y el crecimiento de la izquierda marxista y peronista. Ese conglomerado de fuerzas sociales y políticas que, desde fines de los años sesentas produjo ese intenso proceso de protesta social y de agitación política, dio la pauta de que la sociedad argentina parecía entrar en un proceso de contestación generalizada.
            La masividad de esa protesta social y la creciente radicalización de la práctica política, mostraban una sustancial modificación en las expectativas de la sociedad frente a los regímenes autoritarios. En este clima de efervescencia social, crecieron grupos y organizaciones de la Nueva Izquierda que se desarrollaban por dentro y por fuera del movimiento peronista, y planteaban sus demandas hablando el lenguaje de la “liberación nacional”, el “socialismo” y la “revolución”, e involucraban no sólo a la clase obrera sino también a importantes franjas de los sectores medios. Esas fuerzas sociales emergentes se manifestaron tanto en el estallido espontáneo como en la revuelta cultural, y en la militancia política tanto como en el accionar guerrillero. Poseían numerosos lazos que los conectaban con las variadas formas de protesta, un lenguaje compartido y un común estilo político que daban cuenta de cierta unidad “de hecho” entre grupos que provenían del peronismo, de la izquierda, del nacionalismo y de los sectores católicos ligados a la teología de la liberación1 . Dicha convergencia, que contribuyó a que se configuraran como partes de una misma trama: la del campo del “pueblo” y de la “revolución”, estaba sostenida por una multiplicidad de lazos entre sus componentes que potenciaba su accionar. Esto posibilitó que protagonizaran modos de oposición a las formas habituales de la vida política argentina desafiando a la dictadura de Onganía y que lograran que se precipitara la caída de un régimen que había planificado una larga permanencia en el poder (Tortti, 1999:207- 208).

1. El ciclo ascendente de la protesta social: los azos

            El período descrito a grandes rasgos, se inició con la instauración de la dictadura del general Juan Carlos Onganía, cerrándose con el fin del gobierno de María Estela Martínez de Perón, en marzo de 1976 (Pozzi, 2004). Como se mencionó, fueron años de fuerte conflictividad social en los que se produjeron, entre otros hechos, sucesivos golpes de Estado, intensas pujas de los sectores dominantes con un movimiento obrero numeroso y muy bien organizado y la proscripción electoral de Juan Domingo Perón.
            El golpe de Estado que se produjo en junio de 1966 (impulsado por los sectores más poderosos del capital industrial y las FFAA) decidió suspender la representación política imponiendo lo que Guillermo O´Donnell denomina “régimen burocrático-autoritario” (O’Donnell, 1982). El objetivo de ese proyecto era producir un salto modernizador en la economía, para lo cual impuso un plan económico -de la mano de Krieger Vasena- que incluía una transferencia de ingresos desde los asalariados y los dueños de la tierra hacia los empresarios urbanos, y la concentración y la internacionalización del capital, revirtiendo la intervención del Estado en la economía y anulando gastos sociales, todo ello en un marco fuertemente represivo. Esas medidas, que se basaban en el liderazgo de las ramas más intensivas de la industria, dependían fuertemente de la importación de tecnología, lo cual llevó el proyecto al fracaso. Las razones de este fracaso están, por un lado, en la impugnación de la burguesía agraria, que sin ser la fracción hegemónica al interior de la clase dominante argentina, era clave en este proceso, ya que la posibilidad de importar estaba atada a la cantidad de divisas generadas en la exportación de productos agropecuarios. Por otro lado, ese fracaso estuvo dado por la creciente radicalización política de distintos sectores y la resistencia opuesta por la clase trabajadora a los esfuerzos disciplinadores de la clase dominante.
            Adolfo Gilly señala que la incapacidad del proyecto de la Revolución Argentina para producir una reorganización estatal corporativista, de disolver la amenaza obrera y evitar el desorden político, privó al gobierno de los órganos de mediación que le hubieran permitido medir y controlar las tensiones. Por ello la situación desembocó en la combinación de una crisis de acumulación y una crisis de dominación, que estallaría tres años después, durante el Cordobazo, en 1969 (Gilly, 1985).
            Las tensiones generadas por los intentos de promover cambios en el modelo económico, en la distribución del ingreso y en los desarrollos regionales habían dado lugar al surgimiento de nuevos actores sociales, que respondieron acomodándose a las nuevas situaciones o resistiendo a veces de manera violenta. Así, los planes del régimen de Onganía, pronto se vieron perturbados por la oposición que los mismos generaron en vastos sectores que ya venían movilizados desde la experiencia de la resistencia peronista.
            De este modo, y a partir de este escenario previo, dos actores sociales fundamentales del período -obreros y estudiantes- no tardaron en manifestar su descontento y en realizar acciones de protesta que pronto fueron convergiendo y alcanzando un alto grado de fusión, más tarde, en el Cordobazo.
            A un mes de haber asumido el gobierno, Onganía promulgó un decreto-ley (16912) que suprimía el gobierno autónomo de las universidades, interviniendo la mayor parte de ellas. A partir de esta medida, se inició un proceso de resistencia al decreto, en el cual el movimiento estudiantil generó grandes movilizaciones en las calles y realizó tomas de las universidades. El 28 de junio de 1966, la infantería desalojó por la fuerza y reprimió a estudiantes y profesores que realizaban una toma de la Universidad de Buenos Aires. Este hecho fue conocido como La noche de los bastones largos y tuvo hondas repercusiones en el mundo científico, ya que provocó el abandono del país por parte de importantes personalidades del mundo académico.
            Por otra parte, la política económica de corte liberal que implementó el ministro de Economía Adalbert Krieger Vasena, afectó directamente a los trabajadores2 . Los dos paros convocados (diciembre ‘66 y marzo del ‘67) obtuvieron una dura respuesta del régimen: suspensión de la personería gremial de muchos de los grandes sindicatos e interrupción del funcionamiento de la CGT3 . Frente a esta situación, los dirigentes vandoristas abandonaron las tácticas confrontativas anteriores y adoptaron una estrategia cauta “con el objetivo de recuperar la fuerza sindical y al mismo tiempo mantener abiertos los canales de diálogo con el gobierno” (James, 2003:158).
            Las formas que adquirieron estos conflictos implicaron cambios en las posturas de los sindicatos y los dirigentes sindicales. Estos últimos se encontraron en una posición en la cual, por un lado, tenían que negociar con los empresarios y el Estado las condiciones de trabajo de sus afiliados y, por otro, como representantes efectivos del peronismo, defender los intereses políticos del movimiento peronista frente a otros factores de presión. Esta situación les dio una dosis muy importante de poder, pero al mismo tiempo fue minando su relación con las bases.
            Paralelamente dirigentes de las fracciones radicalizadas del sindicalismo peronista consolidaron su actitud de abierta resistencia al régimen militar. En el Congreso Normalizador de la CGT de marzo de 1968, los sindicatos pertenecientes a esta última fracción (portuarios, ferroviarios, trabajadores del interior) tomaron la ofensiva y lograron imponer su postura de admitir en el congreso a los gremios intervenidos. Resultó electo Secretario General el dirigente gráfico Raimundo Ongaro, hecho que provocó que el vandorismo se retirara y constituyera su propia central obrera. De este modo entran en vigencia dos CGT que serán conocidas como Azopardo, conducida por el molinero Roque y la de Paseo Colón o CGT de los Argentinos, conducida por Ongaro.
            En este contexto de acomodación y resistencia, los sindicatos de obreros industriales continuaron ejerciendo un papel importante una vez fracasado el intento oficial de desperonizar los sindicatos (James, 2003:12). Los cambios operados en la industria favorecieron el surgimiento de nuevos sectores dentro de la clase trabajadora que protagonizaron conflictos, los cuales superaron los marcos de la protesta obrera tradicional.
            Mientras tanto, comienza a tomar forma un movimiento de protesta social en el interior del país, que parecía tener de su lado “el huracán de la historia”. Como explica Oscar Terán, los mismos diarios que informaban de la fundación de la CGT de los Argentinos daban cuenta de la incontenible ofensiva del Tet en Vietnam y del grito libertario proveniente las barricadas de París, así como de las revueltas estudiantiles que recorrían México, Praga, Berkeley, Bogotá, Berlín, Madrid, Río de Janeiro (Terán, 2004: 81).
            En varias ciudades argentinas, pero particularmente en Córdoba, las manifestaciones obreras se transformaron en protesta social involucrando a otros sectores de la sociedad como estudiantes, empleados y vecinos, así como a las instituciones de la sociedad civil y a la Iglesia. Las transformaciones de las economías regionales, en el caso tucumano, hicieron visible la complicada situación de los productores cañeros y de los obreros de los ingenios azucareros, y, en el sur del territorio, la construcción de una represa como El Chocón condensó las tensiones entre la construcción de un imaginario sobre la modernización, las realidades asociadas con la injusticia social y el autoritarismo político.
            La crisis de hegemonía del régimen se tradujo en levantamientos urbanos en los que confluyeron obreros y estudiantes (principalmente universitarios). El punto más alto y el primero de estos levantamientos fue el Cordobazo al que le sucedieron distintas luchas, algunas de las cuales tuvieron características de azos4 (Rosariazo, Mendozazo, Viborazo, etc.) abriéndose de este modo, una situación de agudización de la lucha de clases, en la que la lucha de calles 5 hegemonizó la acción de las masas.
            El Cordobazo estuvo precedido de una movilización de masas sin precedentes. El 15 de mayo de 1969, murió, a manos de la policía, el estudiante Juan José Cabral, en una movilización de reclamo por el comedor estudiantil en Corrientes. Dos días después, en una manifestación de protesta por la muerte de Cabral, en Rosario, es asesinado por las fuerzas policiales el estudiante Alberto Ramón Bello, de 22 años. En este contexto de indignación popular generalizada, en Córdoba, se sumó la decisión del gobierno provincial de suprimir el “sábado inglés”. En consecuencia, el SMATA y el Sindicato de Luz y Fuerza convocaron a un paro activo con movilización para el 29 de mayo. Los estudiantes adhirieron a la medida de fuerza y pronto la ciudad fue controlada por los manifestantes. Se produjeron incendios y ataques a las principales empresas multinacionales. La represión consiguiente fue brutal y dejó como resultado veinte manifestantes muertos y cientos de detenidos, entre ellos los dirigentes Agustín Tosco, Atilio López y Elpidio González.
            El Cordobazo fue el más agudo de los levantamientos en las provincias pero no fue el único. Mostró los límites de la política de la Revolución Argentina y marcó el fracaso del gobierno de Onganía, quien debió renunciar. Este ascenso de la conflictividad social cubrió el país hasta el ‘72: Rosario, Tucumán, La Plata, San Luis, Mendoza, Bahía Blanca, Corrientes, Río Negro, Jujuy.
            La acción independiente de las masas mostraba que la burocracia sindical estaba profundamente cuestionada, lo que abrió el camino para el surgimiento de un nuevo grupo de dirigentes sindicales –independientes de la burocracia-, que condujo a la formación del sindicalismo de liberación y del clasismo. El sindicalismo de liberación tuvo sus principales exponentes en Luz y Fuerza y SMATA y el clasismo tuvo como centro los sindicatos de FIAT Concord y Materfer en Córdoba, SITRAC y SITRAM, surgidos después del Cordobazo.
            Este nuevo sindicalismo tuvo en común el enfrentamiento con las viejas direcciones sindicales, la defensa de la democracia sindical, un programa de enfrentamiento contra la patronal y el Estado y una perspectiva antiimperialista.
            Por otra parte, en mayo se produjo un primer Rosariazo. Tras la movilización de los estudiantes correntinos contra la privatización del comedor universitario y el asesinato del estudiante Juan José Cabral, los estudiantes rosarinos se movilizaron enfrentando la represión que mató al estudiante Alberto Bello. En la sede rosarina de la CGT de los Argentinos, obreros y estudiantes organizaron una movilización para el 21 de mayo: una multitud enfrentó la represión y murió -como consecuencia- el joven trabajador metalúrgico y estudiante Luis Norberto Blanco; las fuerzas de seguridad fueron desbordadas. En el fragor de los acontecimientos las dos CGT declararon un paro general para el 23 y el estado de movilización se mantuvo y estalló nuevamente en septiembre.
            Este segundo Rosariazo será motorizado por la intervención del movimiento obrero. El ministro del Interior ordenó la suspensión de los trabajadores ferroviarios que hubiesen participado de los paros de los días 23 y 30 de mayo. La huelga, por tiempo indeterminado, estalló en el ferrocarril Mitre el 8 de septiembre y se extendió a otras provincias y la Capital Federal. Mientras los estudiantes se preparaban para conmemorar en todo el país el tercer aniversario del asesinato del estudiante Santiago Pampillón, por la dictadura de Onganía, en 1966; en Rosario se realizó una movilización al centro de la ciudad. La semana culminó con un paro activo en todas las universidades del país.
            El 12 de septiembre la comisión coordinadora de la Unión Ferroviaria resolvió continuar la huelga por tiempo indeterminado. El paro fue declarado ilegal y la CGT de Rosario anunció una huelga general. El día 16 comenzó el paro activo. Los universitarios declararon un paro de 48 horas y se sumaron a las manifestaciones. Las fuerzas de seguridad comenzaron a actuar inmediatamente. Cerca de 30.000 manifestantes ocuparon parte de la ciudad. Los frentes de lucha se multiplicaron instalando barricadas, hogueras, quema de autos, ataque a establecimientos abiertos y bancos. El Ejército intervino para controlar la situación, poniendo fin al Rosariazo.
            Por último, en 1971 se produjo el segundo Cordobazo o Viborazo, cuando en marzo, el gobierno reemplazó al gobernador de Córdoba por el interventor conservador Camilo Uriburu. La CGT provincial llamó a un paro activo contra la intervención y se realizó una concentración. Como respuesta a la movilización social, que se había hecho constante en Córdoba, Uriburu declaró que en la provincia “anida una venenosa serpiente cuya cabeza pido a Dios me depare el honor histórico de cortar de un solo tajo”. La Comisión de lucha de la CGT volvió a llamar a un paro para el 12 de marzo. SITRAC y SITRAM convocaron a un acto en la localidad de Ferreyra. El Plenario de Gremios Confederados de la regional resolvió la realización de dos paros activos de 14 horas. Unas 13.000 personas se concentraron en un acto dirigido por SITRAC-SITRAM. Al día siguiente el Plenario de Gremios Confederados resuelve un paro activo y el gobernador Uriburu renuncia (Balvé, 2003).

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