RODOLFO WALSH Y FRANCISCO URONDO, EL OFICIO DE ESCRIBIR

Fabiana Grasselli

El pos-Cordobazo y la opción por la vía armada

            La situación abierta con el Cordobazo potenció la acción de las corrientes de izquierda en el movimiento obrero. Y si bien la protesta social y la lucha armada coincidieron en el tiempo como fenómenos del pos-Cordobazo, es necesario diferenciarlos y no ver en la primera la génesis de la segunda (Gordillo, 2003). La opción por la lucha armada se configuró tempranamente en la Argentina, y tuvo como precipitador el gobierno de Onganía dando forma a un proceso de conformación de organizaciones armadas provenientes de diferentes vertientes político-ideológicas. Sin embargo, lo novedoso del pos-Cordobazo fue que las organizaciones armadas ocuparon el espacio público presentándose claramente como una alternativa política más para el acceso al poder, sobre todo para los sectores juveniles.
            Si bien la idea de la violencia como camino de transformación social antecede a los sucesos de mayo del ’69, el proceso contestatario desatado allí tornó verosímiles varios de los argumentos que los grupos revolucionarios, peronistas o no, sostenían en relación con la transformación social y política, volviéndolos aceptables para varios sectores.Daniel James señala que la alternancia entre golpes militares y gobiernos civiles ilegítimos de esos años, no sólo hizo que los partidos políticos fueran perdiendo legitimidad; también implicó la decadencia de la noción de democracia y favoreció el surgimiento y la consolidación de la violencia como forma de acción política. Esta pérdida de valor de la democracia se extendió al conjunto de la sociedad y se convirtió en la base de las confrontaciones políticas que atravesaron todo el período (James, 2003). Asimismo, desde la sociedad civil se daban muestras crecientes de desconocimiento de la atribución estatal de monopolizar el uso de la violencia. El reclamado derecho a ejercer violencia “desde abajo” frente a la injusticia “de arriba”, rápidamente iba dejando de ser un argumento discursivo para convertirse en una consigna para la acción (Tortti, 1999: 218).
            La radicalización de sectores de clases medias y la juventud y la influencia de los movimientos guerrilleros en Latinoamérica, impulsó el desarrollo de las corrientes guerrilleras, de origen peronista, Montoneros, y de origen marxista, el PRT-ERP. Por otro lado, el ascenso favoreció también la influencia de corrientes de la izquierda trotskista, como el PRT- La Verdad, y después el PST.
            Para Pablo Pozzi se trató de “agrupaciones que si bien al principio eran pequeñas, fueron incrementando su caudal de adherentes y su influencia en la vida política. Cada una de éstas fue producto de la época, y todas se esforzaron por conectar las reivindicaciones populares a su visión del socialismo. Comunistas, trotskistas, maoístas, guevaristas y peronistas revolucionarios atrajeron la atención e imaginación de una generación de jóvenes argentinos conocida como la generación del 70” (Pozzi, 2004).
            Durante esos años hubo por lo menos diecisiete grupos armados, de los cuales cinco tuvieron alcance nacional: las Fuerzas Armadas Peronistas, las Fuerzas Armadas de Liberación, las Fuerzas Armadas Revolucionarias, los Montoneros y el Partido Revolucionario de los Trabajadores-Ejército Revolucionario del Pueblo (Pozzi, 2004) cuyos repertorios de acción abarcaban desde las tradicionales manifestaciones populares hasta la violencia guerrillera, pasando por las guerras de consignas y las pintadas.
            Dentro de las organizaciones armadas de raíz marxista, el ERP y las FAL, surgidas antes de 1969, se convirtieron en los principales referentes luego del Cordobazo, buscando ganar espacios en los sindicatos a través de la creación de células revolucionarias en las fábricas. Pero en el año ’70 entraría en escena la más importante organización armada de la Argentina por el caudal de personas que movilizó: la organización de la izquierda peronista Montoneros (Gordillo, 2003). La primera aparición pública de Montoneros tuvo un alto contenido simbólico: fue a un año del Cordobazo y tuvo como objetivo el secuestro de Eugenio Aramburu. El operativo estuvo comandado por Fernando Abal Medina y Emilio Ángel Maza y tres días después, luego de ser sometido a un juicio revolucionario, el General es fusilado por Montoneros. La consecuencia inmediata en la estructura del poder es la remoción de Onganía, diez días después del secuestro, y su reemplazo por Levingston.
            El gobierno de Levingston tendrá su final tras el Viborazo y será reemplazado por el General Lanusse el 26 de marzo de 1971, quien asume la presidencia en un contexto de agudización de la lucha de clases producida a partir del Cordobazo, a lo que se sumaría el desgraciado episodio conocido como la masacre de Trelew. Ocurrida el 22 de agosto de 1972, ésta tuvo lugar en la base naval “Almirante Zar”, ubicada en esa ciudad, cuando fueron asesinados 16 presos políticos que habían sido trasladados allí seis días antes, luego de que se efectivizara una acción conjunta de las organizaciones Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y Montoneros, que permitió la fuga de seis jefes guerrilleros recluidos en la cárcel de Trelew. El objetivo trazado - la fuga masiva de 110 militantes - no pudo concretarse con total éxito, razón por la cual un grupo integrado por 19 de ellos que no logró arribar a tiempo al aeropuerto, decidió rendirse el 16 de agosto ante un juez, autoridades militares y la prensa, no sin antes exigir que se garantizara su seguridad. No obstante, los marinos finalmente dispararon contra los detenidos dentro de sus celdas. María Antonia Berger, Alberto Camps y Ricardo Haidar, aunque malheridos, sobrevivieron a la masacre y sus testimonios como sobrevivientes fueron recogidos y volcados por Francisco Urondo en el libro La patria fusilada publicado en 1973.
Frente a esta situación, el incremento de la protesta social y el incipiente ejercicio de la lucha armada llevó a que una fracción “ilustrada” de la burguesía decidiera “asumir una defensa estratégica de su dominación (…) y valorizar nuevamente el sistema institucional que tanto había despreciado…” (Marín, 2003: 58). Lanusse evaluó que el principio de solución a los múltiples conflictos pasaba por terminar con la proscripción del peronismo y decretar una apertura política que permitiera una transición hacia la democracia. En este contexto propuso el Gran Acuerdo Nacional (GAN) entre los argentinos, anunciando la convocatoria a elecciones nacionales sin proscripciones para el 11 de marzo de 1973.
            En 1972 Perón organiza, junto con otros partidos, el FREJULI (Frente Justicialista de Liberación). No obstante esta estrategia, Lanusse intervino para garantizar la proscripción de la candidatura de Perón. Al mismo tiempo Perón ganaba cada vez más adeptos y no vaciló en utilizar la creciente amenaza de la guerrilla urbana en su pulseada política con las Fuerzas Armadas y, más específicamente, contra Lanusse. Así, su lenguaje guerrillerista se convirtió en un discurso disuasivo eficaz frente al ejército. Lejos de condenar explícitamente a las organizaciones armadas, hizo todo lo posible por alentar su accionar.
            Su patrocinio para con estas organizaciones es puesto de manifiesto claramente en una larga entrevista, concedida en 1971, al grupo Cine y Liberación, donde Perón realizaba un llamamiento explicito a la juventud planteando la necesidad de “actualización doctrinaria” y el “trasvasamiento generacional” en el movimiento justicialista. Dentro del plan del General se encontraban tres vías para la lucha: la guerra revolucionaria, la insurrección y la normalización institucional. Luego, el tiempo se encargaría de demostrar la ambivalencia de este discurso y sus nefastas consecuencias sobre la agudización de las contradicciones dentro del partido que él conducía.
            El 11 de marzo de 1973 triunfa la fórmula del FREJULI, Cámpora-Solano Lima, que había hecho campaña con el lema “Cámpora al gobierno, Perón al poder”. El 25 de mayo de ese mismo año, cuando asume la presidencia Héctor Cámpora, fue un día de jubiloso desborde. Al atardecer el foco de atención se trasladó hasta la cárcel de Villa Devoto, donde se hallaban gran parte de los presos políticos de la dictadura, la mayoría ligados a organizaciones armadas de izquierda, entre los cuales se encontraban Francisco Urondo y los sobrevivientes de Trelew. Luego de apresuradas negociaciones, Cámpora decidió firmar el indulto, otorgando amnistía general. Este hecho se conoció como el Devotazo.
            El triunfo de Cámpora marcará el momento de mayor gravitación en el poder de la tendencia revolucionaria del peronismo. Esta gravitación alcanzará carácter hegemónico incluso en las universidades estatales. Allí, junto con un marcado proceso participativo de docentes, estudiantes y no docentes, en un cruce de hegemonismo y populismo, los objetivos académicos resultaron subordinados a los lineamientos ideológicos del peronismo radicalizado, y esos lineamientos signaron los criterios de selección del cuerpo docente, los programas de estudio y los estilos de la relación profesor-alumno (Terán, 2004:82).
            Por otra parte, con el peronismo en el gobierno, el operativo de retorno del líder estaba en marcha. Pero este operativo fue puesto en manos de una comisión especial en la cual operaban personajes de la derecha peronista como Osinde o Norma Kennedy, además del secretario general de la CGT, José Ignacio Rucci. Cada vez más notoria fue la presencia del secretario de Perón, José López Rega. Por el contrario, la Juventud Peronista y las agrupaciones armadas peronistas, fueron marginadas de la organización del acto de recibimiento que tendría lugar en Ezeiza.
            No obstante, y en pos de intentar probar una supremacía numérica, la conducción de Montoneros y de la JP colocó todo su empeño en la movilización de las bases, confiando en que esta demostración de fuerzas les daría el lugar que les correspondía en el movimiento. Más de dos millones de personas marcharon hasta el aeropuerto, pero el encuentro con el líder no tendría lugar, ya que desde el palco, grupos de extrema derecha comenzaron a disparar contra la multitud desatando la tragedia. Las estadísticas finales dan cuenta de trece muertos y trescientos ochenta heridos (Svampa, 2003). Al día siguiente, un Perón “desencarnado” pronunciaría un contundente discurso en el cual, omitiendo cualquier referencia directa a los hechos de Ezeiza, realizaba un llamado a “volver al orden legal y constitucional, como única garantía de libertad y justicia” (Svampa, 2003:403).
            Lo novedoso aquí es que Perón, un día después de su retorno definitivo, se despojó de toda ambigüedad y estableció un límite, cuya sustancia difería sensiblemente de aquel que esperaban los sectores juveniles y las organizaciones armadas peronistas. Y por mucho que éstos tardaran en reconocer las consecuencias del final del doble discurso, una cascada de hechos cada vez más convalidados por las palabras -ahora sí más claras de Perón- se encargaría de desmentir el tortuoso ejercicio de sobreinterpretación, al cual la juventud estaba acostumbrada (Svampa, 2003).
            El 23 de setiembre de 1973 la fórmula que llevaba a Perón como presidente y a su esposa Isabel Martínez como vicepresidenta obtuvo el 62% de los votos. Dos días después, Montoneros asesina a Rucci (secretario general de la CGT), asestando así un duro golpe al propio Perón. Esta coyuntura marcaba el fin de la Juventud Peronista aliada a Héctor Cámpora, ya que el General los reemplazaba en el gobierno por sus adversarios y los tildaba de “imberbes” y “estúpidos” en el acto del 1º de mayo de 1974 en Plaza de Mayo. Como respuesta, las columnas de la Juventud Peronista comenzaron a abandonar la histórica plaza. El 25 de mayo de 1974 Perón disolvía por decreto la rama juvenil del Partido Justicialista.
            Así, el breve gobierno de Perón abría el camino para la generalización de una serie de procedimientos autoritarios que irían, desde el cierre de publicaciones políticas y culturales de izquierda, hasta la abierta censura en los medios de comunicación y la confección de listas negras dentro del ámbito artístico. Estos procedimientos, que combinaban de manera singular la acción policial con la parapolicial de los grupos de extrema derecha enquistados en el gobierno, comenzaban a aparecer ligados al núcleo de poder del ministro de Bienestar Social, José López Rega. A nivel nacional, la organización más importante fue la Triple A o AAA (Asociación Anticomunista Argentina), que si bien consolidó su accionar después de la muerte de Perón, se manifestó públicamente en noviembre de 1973 cuando atentó contra el senador radical Hipólito Solari Yrigoyen, uno de los abogados que intervino en la denuncia de los hechos de Trelew. En julio de 1974, cuando la muerte de Perón deja dirigiendo el país a su viuda, rodeada de los grupos más reaccionarios del peronismo, los Montoneros vuelven a la clandestinidad y reanudan acciones armadas1 .
En el plano económico, el gobierno de Perón impulsó un nuevo intento de “conciliación de clases” entre trabajadores, empresarios y gobierno que llevó el nombre de Pacto Social. Esta “tregua económica” pautaba una política concertada de ingresos en la cual los empresarios se comprometían a congelar precios y los trabajadores a aceptar la suspensión de las negociaciones colectivas por dos años. Sin embargo, la situación de crisis que atravesaba el capitalismo a nivel mundial y el resquebrajamiento de los bloques sociales que vinculaban trabajo, capital y Estado, rápidamente se convirtió en un serio obstáculo para la aplicación de una política económica similar a la implementada por Perón en 1945. El momento crítico llegó cuando la “crisis del petróleo” hizo sentir sus efectos. El incremento de los insumos importados había provocado una disminución de los beneficios de algunas empresas, razón por la cual comenzó a generalizarse el malestar por la rígida política de precios. La tregua se hizo insostenible manifestando su momento más crítico con la implementación del plan del ministro Rodrigo (aplicado en junio de 1975), consistente en una fuerte devaluación, aumentos de tarifas y combustibles, liberación de precios y escalada inflacionaria. Sin embargo, este plan económico no pudo ser aplicado debido al movimiento de protesta que el mismo generó en el movimiento obrero. En junio y julio de 1975, por primera vez, el movimiento obrero organizado declara dos huelgas generales a un gobierno peronista y encabeza (pese a la resistencia de la burocracia sindical) multitudinarias manifestaciones a lo largo de todo el país, haciendo retroceder el plan y provocando las renuncias de Rodrigo y López Rega.
            En este marco y hacia fines de 1975, la ofensiva del capital financiero ya era un hecho. Asborno señala tres factores que para esta época condicionaban el accionar del capital especulativo: el alto nivel de retribución cuantitativa a la fuerza de trabajo y una clase obrera organizada; lo extendido del desarrollo de la división social del trabajo expresado en la existencia de una producción diversificada para el mercado interno, y la presencia de un Estado con una gran injerencia económica y financiera, que actuaba como freno sistemático a las posibilidades de concentración monetaria por parte del capital financiero anclado en los grandes bancos privados (Asborno, 1993: 87).
            En vistas a sortear estos obstáculos, y a acelerar el proceso de adecuación de la Argentina a la tendencia mundial, fue que a comienzos de 1976, se produjo el golpe de Estado. Fue necesaria la aplicación del terror sistemático para lograr la desarticulación y disciplinamiento de una clase obrera acostumbrada a llevar hasta el final la lucha por los derechos adquiridos.
            Como he señalado, ya hacia 1973 habían comenzado a operar grupos parapoliciales y paramilitares a lo largo de todo nuestro país. De esta manera, el proceso abierto en 1955 culminó en las huelgas del 75. Para entonces las alas duras de las dos corporaciones gemelas, el ejército y la burocracia, ya habían percibido la magnitud del desafío y habían unido sus fuerzas para resolver, por medio de la represión, y a través de la Triple A, la anomalía cuya presencia autónoma habían detectado pero cuyos contornos no podían todavía precisar (Novaro, 2008). En palabras de Paula Canelo, civiles y militares supieron advertir la oportunidad histórica que se les presentaba para implementar el proyecto refundacional más devastador de la historia argentina. Para ello, se requería una férrea unidad en los frentes económico -que desestructurara las bases socio-económicas del modelo de industrialización sustitutiva- y militar -que aniquilara el vasto campo de conflictividad social y política que se había conformado en las décadas anteriores- (Canelo, 2003). Al respecto señala James Petras, que jamás el Estado capitalista había actuado en una forma tan incondicional y directa a favor del capital, como lo hizo la dictadura que se instaló en el poder en marzo de 1976 (Petras, 1986).

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