RODOLFO WALSH Y FRANCISCO URONDO, EL OFICIO DE ESCRIBIR

Fabiana Grasselli

La década del sesenta: modernización, luchas populares y compromiso intelectual (1955-1968/1969)

            Hacia 1955 se había abierto en nuestro país un período durante el cual el capitalismo y el Estado argentino oscilaron permanentemente entre la crisis de acumulación (o valorización del capital) y la crisis de dominación (Gilly, 1985). El golpe cívico-militar del 16 de setiembre de 1955 desalojó del aparato estatal a la alianza liderada por Perón y su proyecto económico-político fue fuertemente enfrentado como consecuencia de que las fracciones más poderosas de la gran burguesía, y la consolidación de la hegemonía norteamericana en el mundo, exigían volver a la situación previa: la apertura liberal de la economía y la restricción de las conquistas obreras (Izaguirre, 2009: 66).
            El proceso de sustitución de importaciones en la Argentina (1930-1976), que había comenzado con la resolución de la crisis de 1929/30, implicó una parcial desmercantilización de la fuerza de trabajo, es decir, un significativo avance de la legislación social en una suerte de situación de tregua entre capital y trabajo. Los historiadores sociales han interpretado la singularidad del momento histórico del peronismo y la situación de la clase obrera en esa coyuntura con referencia a un movimiento pendular en la relación capital-trabajo. Cuando se produce la mercantilización (aumento de la explotación) la lucha obrera lleva a la creación de bloques sociales entre el estado, el capital y el trabajo y aparecen leyes sociales, ahí se produce la "desmercantilización parcial (políticas keynesianas, peronismo)". Además, cuando esto mismo se convierte en una traba a la rentabilidad del capital, el péndulo oscila hacia la mercantilización nuevamente y aumenta la explotación, retroceden de las leyes sociales, etc. (como fue el caso del neoliberalismo y el desmantelamiento del Estado de bienestar) (Peralta Ramos, 1972; Rodríguez Agüero, 2010). Sin embargo, el tipo de acumulación del año ´45, que se basaba en la ampliación del mercado interno a partir de la redistribución del ingreso, comenzó a afectar prontamente la tasa de ganancia empresaria y terrateniente. Ya a mediados de la década del cincuenta un nuevo tipo de acumulación que se centraba en la sustitución de mano de obra por capital, reemplazó al predominante durante los primeros años de gobierno peronista. Así, hacia mediados de la década del cincuenta comenzó una nueva etapa de modernización e industrialización en la cual tuvo un rol protagónico el capital extranjero, que comenzó a fluir hacia la Argentina en cantidades significativas y tuvo como destino las ramas más dinámicas de la industria. De esta forma, parte de la metalurgia nacional, de la industria de la madera y el cuero y de la industria textil, fueron desplazadas del mercado por nuevos sectores económicos que estaban constituidos por plantas automotrices, empresas petroquímicas y por la industria siderúrgica (Aspiazu y otros, 2004). Tal como señala Mónica Peralta Ramos, la necesidad de restituir la tasa de ganancia del capital industrial a un nivel adecuado se dio en circunstancias en que “se consolidaba la fase de expansión imperialista centrada en la exportación de capital hacia las ramas más capital intensivas (…) ambos fenómenos cristalizaron en una elevación de la composición orgánica del capital y en una creciente dependencia tecnológica” (Peralta Ramos, 1972).
            En este marco económico, a partir de la caída del segundo gobierno peronista (1955) y de la proscripción del justicialismo, se abrió un proceso social que condujo a la radicalización política de vastos sectores de la población, y en el cual distintos sujetos sociales (estudiantes y trabajadores) encararon novedosas experiencias de organización que pusieron en crisis las instituciones de la democracia formal y la representatividad de los partidos políticos, una de las cuales fue la resistencia peronista.
            El Gral. Aramburu, había impulsado en 1956 el decreto 3855, mediante el cual disolvía el Partido Justicialista e inhabilitaba para ocupar cargos públicos a todos los dirigentes políticos y gremiales que los hubieran ejercido durante los gobiernos peronistas, prohibiendo también el uso de todos los símbolos partidarios. Entre la serie de medidas se excluyó de la actividad sindical a todos aquellos que habían tenido cargos representativos entre 1952 y 1955 y fueron detenidos miles de funcionarios. A nivel fabril, luego de la intervención de la CGT, fueron declaradas disueltas todas las comisiones internas de delegados y a través de un decreto se autorizaba a la patronal a eliminar los “obstáculos a la productividad”. Con estas medidas, señala Daniel James, los trabajadores “podían apreciar las consecuencias concretas del cambio de autoridad política nacional para su vida laboral” (James, 2003:123), hecho que llevaba a la clase obrera a ligar la defensa de sus condiciones de trabajo con la defensa del modelo económico peronista1 . Como corolario de la política del régimen, el 9 de junio de 1956, justo un año después del bombardeo a Plaza de Mayo y en nombre de la libertad, se fusiló a seis militares sublevados liderados por el general Juan José Valle y se ejecutó clandestinamente a dieciocho civiles en Lanús, al igual que a un grupo de nueve obreros peronistas en un basural en José León Suárez. Al día siguiente, el 10 de junio, se implantó la Ley Marcial en Argentina.
            Este último episodio, popularizado como Operación Masacre, y magníficamente documentado por Rodolfo Walsh, puso al descubierto que la violación de los derechos civiles y políticos más esenciales y la muerte por razones políticas, serían desde entonces parte de la metodología represiva del régimen. El propio Walsh relataba en 1957:

“El nueve de junio se entrega al General Valle a cambio de que cese la matanza. Lo fusilan esa misma noche. Suman 27 ejecuciones en menos de 72 horas. Todas ellas están calificadas por el artículo 18 de la Constitución Nacional, vigente en ese momento, que dice: ‘Queda abolida para siempre la pena de muerte por motivos políticos’” (Walsh, 2004 (1957): 175).

            Sin embargo, el esfuerzo de la autodenominada Revolución Libertadora por retornar al orden anterior a 1946, se verá fuertemente resistido por la clase obrera. Las clases dominantes pronto deberán asumir que la Argentina no era el mismo país de la década del treinta. La irreversible modernización tecnológica, el profundo cambio operado durante el gobierno peronista en las relaciones capital/trabajo y la conciencia de los trabajadores sobre los derechos laborales conquistados abrieron una brecha para las demandas de mayor distribución económica, participación y representación política de las organizaciones sindicales.
            La idea del retorno de Perón servía como aglutinante para la resistencia popular a las políticas del régimen, cuyas acciones “iban desde el sabotaje hasta las huelgas salvajes y el trabajo a desgano en distintos sectores” (Gordillo, 2003), provocando no sólo la inestabilidad del régimen, sino también “una lenta y progresiva contradicción entre las clases que formaban parte del movimiento peronista” (Marin, 2003:43). A partir de este momento, comienza a resquebrajarse la situación de tregua entre capital y trabajo, y comienza a producirse, por parte del último, un paulatino abandono de uno de los principales pilares de la doctrina peronista, la conciliación de clases, para comenzar a dar paso a “metas socializantes” (Isuani, 1975:12).
            En este proceso de resistencia, el gobierno, a pesar de su accionar represivo, no logró quebrar la capacidad de los sindicatos peronistas para actuar como fuerza organizadora de la totalidad del peronismo, lo cual quedó claramente demostrado por el papel que Las 62 Organizaciones, erigidas como la principal organización sindical en el Primer Congreso Normalizador de la CGT, en 1957, desempeñaron en la orientación del voto de la clase trabajadora en las elecciones presidenciales que llevaron a Arturo Frondizi al poder, en febrero de 1958. Cabe aclarar que la figura de esta nueva burocracia que se caracterizó por el verticalismo y el máximo pragmatismo -“golpear para negociar”- fue el metalúrgico Augusto Vandor. A pesar de que en las manos de este sector del movimiento obrero se fueron concentrando todos los resortes de la política sindical, esto no significó que la lógica participacionista fuera bien vista o aceptada por todo el movimiento peronista en particular y por la clase obrera en general. De este modo, los opositores a las prácticas burocráticas vandoristas empezaron a cuestionar no sólo los mecanismos autoritarios del funcionamiento sindical y a reivindicar una verdadera fidelidad a Perón como principal elemento de cohesión, sino que comenzaron también a identificarse con posiciones independientes formando el núcleo de lo que se conoció como la línea dura o izquierda peronista (Ponza, 2006a).
            Una vez que Frondizi ganó las elecciones llevó adelante un gobierno caracterizado por un viraje ideológico hacia un tipo de desarrollismo menos impulsado desde el Estado y más orientado al desarrollo de la industria pesada como consecuencia de la instalación de empresas multinacionales. Sin embargo, desde lo discursivo-ideológico, sostenía que la industrialización, los empresarios y un Estado fuerte que dirigiera las inversiones con criterios de necesidad hacia los sectores estratégicos encauzarían el desarrollo del país. Fue así que alrededor de su candidatura se conformó un frente nacional y popular donde resaltaron los puntos de convergencia entre clase media y clase obrera, a través de un discurso amplio de corte desarrollista, pero con un pronunciado dejo populista que buscaba recoger aspiraciones de esas vastas capas de la población que se plegaban difusamente al discurso de la liberación nacional. Las ideas de Frondizi fueron la referencia más destacada para gran parte del espectro político e intelectual, el cual confiaba en encontrar una alternativa de integración democrática para el electorado peronista excluido por la Revolución Libertadora, y que se volcó masivamente en su apoyo.
            Si bien los primeros meses del gobierno mostraron una acelerada expansión que logró hacer efectiva la prometida suba de salarios, esto fue posible gracias a una caudalosa entrada de capitales extranjeros, especialmente norteamericanos, en sectores estratégicos de la economía, como la industria petrolera. Pero, en poco tiempo, una trepidante inflación y la naturaleza multinacional de los capitales que financiaban los cambios llevaron al gobierno a optar por modalidades ortodoxas. El costo social de este giro devino en cierre de industrias nacionales y un creciente desempleo. Dicho en una frase, entre febrero y diciembre el Presidente Frondizi hizo exactamente lo contrario de lo esperado por quienes lo apoyaron, aún en sus previsiones más pesimistas. Al anuncio de los contratos para la explotación de petróleo le siguió, cinco meses más tarde, la autorización para crear universidades privadas. Poco tiempo después, en enero de 1959, estallan huelgas severamente reprimidas en los sectores de la carne y el petróleo. Sigue una ola de atentados y es uno de los años más ricos en conflictos laborales de la historia argentina. En respuesta el gobierno decretó el Plan CONINTES (Conmoción Interna del Estado) en virtud del cual más de 3.000 militantes2 (en su mayoría peronistas) fueron detenidos y confinados en el sur del país (Sigal, 2002: 137).
            Más tarde, el 18 de marzo de 1962, se realizaron elecciones para gobernador en diecisiete provincias –entre ellas Buenos Aires- las cuales resultaron favorables, en su gran mayoría, para los candidatos peronistas o filo-peronistas. Frondizi anuló las elecciones pero no pudo evadir el Golpe de Estado de las Fuerzas Armadas antiperonistas. El 29 de marzo fue destituido por las Fuerzas Armadas y José María Guido asumió la presidencia provisional del país entre abril de 1962 y octubre de 1963.
            En setiembre de 1962 y abril de 1963 se enfrentaron militarmente en las calles de Buenos Aires las facciones del Ejército, Azules y Colorados por la preponderancia en el poder. El triunfo fue de los Azules que respondían al general Juan Carlos Onganía, a quien se lo designó comandante en jefe del Ejército. En medio de grandes confusiones y negociaciones se llegó a las elecciones de julio de 1963. Los peronistas decidieron votar en blanco, ya que los candidatos Solano Lima- Begnis, pertenecientes al Frente Nacional y Popular fueron proscriptos por el gobierno. Perón, desde Madrid, había impartido la orden de que se votara a dichos candidatos.
            De cualquier forma una proporción de los votos justicialistas fue a favor del candidato de la Unión Cívica Radical del Pueblo (UCR), Arturo Illia, quien con el 25% de los sufragios obtuvo la primera minoría, y luego la nominación en el Colegio Electoral. El gobierno de Illia tuvo grandes logros económicos, las tasas de consumo pasaron de porcentajes negativos a un aumento del 10,2 %, al igual que las de inversión (26%). La educación recibió un aporte inédito de un 23, 2% del presupuesto nacional, sin embargo los problemas políticos no disminuyeron su intensidad. En mayo y junio de 1964 la CGT de Vandor hizo una demostración de fuerza con un plan de lucha donde 3.900.000 trabajadores coincidieron pacíficamente en la ocupación, perfectamente sincronizada, de 11.000 fábricas.
            En marzo de 1965, hubo elecciones de renovación parlamentaria y el gobierno radical permitió la participación del peronismo, que ganó cincuenta y dos bancas y logró convertirse nuevamente en mayoría en la cámara de diputados, una situación que no fue tolerada por las Fuerzas Armadas antiperonistas. El 28 de junio de 1966, las Fuerzas Armadas intervinieron el gobierno de Illia y anularon las elecciones de 1965, dando inicio a la autodenominada Revolución Argentina, con Juan Carlos Onganía como presidente.
            La desilusión generada en los sectores de izquierda, que habían apostado por la salida democrática, devino en una crisis que propició la conformación de una serie de nuevos agrupamientos políticos que comenzaron a plantearse objetivos más radicales. Al ritmo de esta radicalización general de la sociedad gravitaron los debates y respuestas articuladas por intelectuales y artistas.

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