En el presente capítulo, se hace un análisis de la situación actual del Sector Agropecuario Mexicano, de Oaxaca y de la Microrregión Zimatlán, producto del modelo neoliberal implantado después de 1980 y que está siendo afectado con la actual crisis financiera y económica. De la misma forma, se habla de las políticas y programas en materia agropecuaria que se desarrollan en la microrregión de estudio, se describe la participación de los actores regionales y sus estrategias de desarrollo rural. Por último, se da una caracterización socioeconómica de los municipios que integran la Microrregión, Zimatlán, Oaxaca.
En la actualidad la economía mundial se muestra afectada por la crisis financiera y la crisis agroalimentaria acelerando cada vez más el incremento de la pobreza y la desigualdad social. Esta última se manifiesta a través de la escasez de alimentos y la subida de sus precios. La disminución de la producción y de los inventarios, debido a: la destinación de productos agroalimentarios a otras actividades (bioenergéticas, productos químicos, etc.), cambios climatológicos (calentamiento global, desertificación, desastres naturales, etc.), encarecimiento de los insumos (fertilizantes, plaguicidas, energéticos, etc.) y el abandono del campo, principalmente por la migración a las grandes ciudades.
Los elevados precios internacionales de los alimentos perjudican a los países importadores netos, de los cuales México forma parte. La gráfica 2.1, muestra la evolución de los precios internacionales de los principales alimentos durante el período 2000-2008, en donde se observa un incremento promedio de los precios en un 103%. Por grupos de alimentos, la elevación de los precios es la siguiente: trigo 90%, granos 40%, oleaginosas 114%, aceites 255% y leche en polvo 14%.
El sector agropecuario mundial enfrenta cambios y retos a los cuales México no puede sustraerse. Frente a una política agrícola nacional que no ha reposicionado al campo en términos de incentivos fiscales, crédito, apoyos para el desarrollo tecnológico y comercial, entre otros; en países como Estados Unidos y la Unión Europea, se consolidan medidas de apoyo y subsidios a los productores que se traducen en altos niveles de productividad y que profundizan las asimetrías con los nacionales.
Esta situación requiere acciones concertadas entre la Federación y los Estados a efecto de que, se otorgue al campo la prioridad que le corresponde no solo en materia de soberanía alimentaria y seguridad nacional, sino por la importante contribución del campo al desarrollo nacional y el número de mexicanos que se ocupan en actividades agropecuarias. Esta condición exige un paquete de medidas principalmente de financiamiento, crédito y apoyo al campo, que permita superar añejos rezagos y hacer frente a los retos actuales.
Bajo el modelo neoliberal, la economía mexicana fue sometida y organizada como un espacio de rentabilidad para premiar al capital financiero. Por eso, la política macroeconómica ha estado basada en la idea de que al promover el crecimiento y la generación de empleo, es desestabilizador y provoca inflación. Bajo el neoliberalismo, el objetivo de la política monetaria es mantener la inflación bajo control. La política fiscal tiene por objeto generar y desviar recursos para el servicio de la deuda y las cargas financieras del régimen (en especial, los rescates bancarios y otros). El esquema neoliberal niega la posibilidad de desarrollar políticas que favorezcan el pleno empleo y por eso cierra la puerta a las políticas sectoriales, ya sea en la industria o en el campo.
En este esquema, el crecimiento sólo puede favorecerse por medio del fomento de las exportaciones y de la inversión extranjera directa (IED). Por eso la apertura comercial fue el camino que siguieron los gobiernos neoliberales. El proceso culminó con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), en el que se hicieron todas las concesiones posibles a la IED.
Con la liberalización comercial el sector agropecuario fue uno de los más afectados, los subsidios al campo debían ser eliminados: el mejor pretexto fue la supuesta incompatibilidad con la apertura de mercados. Pero el Acuerdo sobre Agricultura de la Organización Mundial de Comercio, sólo prohíbe los subsidios que considera “distorsionantes” de precios, mismos que pueden ser remplazados por apoyos directos al ingreso.
El modelo neoliberal mexicano fue más lejos y recortó casi todos los apoyos al campo. Las obras de infraestructura de todo tipo se desplomaron, el crédito agrícola sufrió un colapso y los apoyos al ingreso (Procampo) perdieron su valor en términos reales mientras el número de beneficiarios se redujo significativamente. Todo esto se produjo en el contexto de una fuerte caída en los precios de los productos agrícolas, es por ello que la pérdida en el ingreso de los productores ha sido notable en estos años.
Al mismo tiempo, la infraestructura de transporte y almacenamiento fueron entregadas a las grandes corporaciones que dominan el comercio de productos agropecuarios. Por eso es importante observar que cuando los precios de algunos productos experimentaron alzas (como en 2008), los beneficiarios no fueron los productores directos.
En el modelo neoliberal el campo tenía asignada una doble misión. Por un lado, tenía que seguir proveyendo la mano de obra barata que permite deprimir la norma salarial del sistema. Por otro lado, se suponía que la apertura comercial llevaría aparejada un fuerte incremento en las exportaciones de ciertos cultivos (algunas frutas y hortalizas). Estas exportaciones no han podido contrarrestar ni de lejos el déficit crónico en la balanza comercial.1
Hoy el modelo neoliberal en México sufre el colapso provocado por la crisis global y es necesario aprovechar esta coyuntura para reemplazarlo. El campo mexicano puede ser la clave para revertir la crisis por ser un fuerte generador de empleo que permite obtener fuertes ganancias de productividad en el corto plazo. Además, es clave para aumentar la oferta de alimentos y materias primas para la industria, y para mejorar el saldo de la balanza comercial. El apoyo al campesinado mexicano debe fortalecer la vía de la agricultura sustentable.
El cuadro 2.1, contiene información sobre el crecimiento promedio anual del Producto Interno Bruto total y del sector agropecuario a partir del inicio de la política neoliberal hasta el periodo 2008. De 1982 al año 2006 el PIB nacional tuvo un crecimiento promedio anual del 2.3%, por su parte el PIB del sector agropecuario lo hizo en 1.3%. No obstante, para el periodo 2008 aun enmarcados dentro de la crisis mundial el PIB nacional sólo creció en 1.3% y el PIB agropepecuario en 3.2%. Esta última cifra refleja la rentabilidad de este sector para la obtención de ganancias en periodos muy cortos.
Cuadro 2.1. Crecimiento Promedio Anual (%) del PIB Total y del Sector Agropecuario de México
Crecimiento promedio anual (%) |
PIB |
PIB Sector |
Periodo neoliberal 1982-2006 |
2.3 |
1.3 |
Periodo TLCAN 1994-2006 |
2.9 |
1.8 |
Sexenio Vicente Fox 2000-2006 |
2.17 |
2.13 |
1997 |
6.8 |
0.2 |
1998 |
4.9 |
0.8 |
2000 |
6.6 |
0.6 |
2005 |
3.0 |
-7.2 |
2008 |
1.3 |
3.2 |
Fuente: INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México
De la misma forma, en la siguiente gráfica, se remarca la importancia de la participación del PIB agropecuario dentro del PIB total nacional durante el periodo 1980 a 2007, y que a pesar de la reducción de subsidios y apoyos a este sector ha tenido una participación de entre 3.52 a 6.75 millones de dólares dentro del PIB, total nacional. Al revisar la evolución durante el periodo señalado, se observa un comportamiento hacia la baja, causados por un lado por las políticas de adelgazamiento económico hacia dicho sector y por el otro lado, por los fenómenos naturales adversos como las sequías e inundaciones.
Según el Consejo Nacional Agropecuario, la actividad agropecuaria puede impactar significativamente en dos tercios de las entidades federativas. En las 25 entidades federativas con presencia Media/Alta del sector agropecuario: habitan 72 millones de mexicanos (66% del total nacional) y abarcan más de 85% de los municipios del país, (gráfica 2.3).
En la gráfica 2.4, se muestra la evolución del valor de la producción por grupos de cultivos durante el período 1991-2007, siendo los granos básicos los de mayor importancia económica para los productores, a pesar de tener una ligera baja a partir de 1996, en segundo sitio se encuentran las hortalizas y en tercer lugar las frutas.
Entre 2001 y 2007 el llamado Presupuesto Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable (PEC) creció en 48 por ciento real, al pasar de 123 mil 900 millones de pesos a 183 mil millones, con pesos de 2008 sin embargo, el desempeño del agro en lo productivo, en la satisfacción alimentaria para la población y en la balanza comercial deja mucho qué desear, (gráfica 2.5).
A pesar de que se incrementó el presupuesto al campo al alcanzar la cifra de 204 mil millones de pesos en el Programa Especial Concurrente, se ha impuesto un conjunto de reglas de operación que tienen la función de bloquear la entrega de recursos, además de centralizarlos en unos cuantos productores ya que, por ejemplo, en el caso del Procampo, el 35 por ciento se canaliza sólo a 5 por ciento de los productores, mientras que los 9 mil millones de pesos asignados a Apoyos y servicios a la comercialización agropecuaria (Aserca) se concentran en 50 mil grandes productores y unas 25 grandes empresas2.
Según Luis Gómez Oliver, consultor de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), “entre 2000 y 2006 la tasa de crecimiento agrícola en México registró el lugar 17 entre 20 países latinoamericanos. Creció en ese periodo sólo un poco más que Haití, que de hecho se mantuvo estancado, y que Cuba y Colombia3.
Para garantizar la alimentación, salud, educación, trabajo y vivienda a todos los pequeños productores, sin considerar a los municipios y las ONG's que operan en el campo, normalmente concurren al sector rural en su mayoría dependencias federales que se enlistan en primer lugar y dependencias estatales, cuyas denominaciones varían de entidad a entidad: SAGARPA, SEDESOL, SEP, SSA, SEMARNAT, SE, SCT, SHCP, SRA, SECTUR, DIF, CDI, SDR, SDS, SFA.
Cada institución maneja su propia normatividad, presupuesto, programas y personal, ejerciendo sus atribuciones de manera independiente. Aunque no todas tienen la responsabilidad específica de promover el desarrollo rural, de una manera u otra influyen en esta tarea. A diferencia de lo especificado en la Ley de Desarrollo Social, no existe integración ni coordinación en las acciones, lo que se traduce en: Ineficiencias, Celos profesionales, Desvíos de recursos, Corrupción, Confusión en los pequeños productores. Es común que les ofrezcan apoyos similares con diferentes requisitos.
Esta descoordinación origina además, que líderes locales estén enterados de los programas de cada institución y aprovechen el desorden y consigan en muchos casos, duplicar recursos, para canalizarlos a su propio beneficio o de su grupo, estableciéndose perversas complicidades entre el dirigente y miembros de las dependencias.
La realidad es que, la información acerca de la normatividad de los programas y sus sistemas de operación, difícilmente son del conocimiento de los productores necesitados. El gobierno no se ha preocupado por establecer métodos de información que alcancen los estratos más bajos de la población rural.
Hacen falta mecanismos de coordinación entre las cabezas del sector y lograr que los funcionarios que trabajen en programas territoriales que consideren el sentir de los habitantes. Las administraciones municipales son de corta duración, lo que no permite acciones de planeación a mediano y largo plazo. Se privilegian los aspectos electorales con tendencias clientelares y de proyección de la imagen del Presidente Municipal.
Respecto a este último punto y en virtud de que la política fiscal federal considera al municipio como la célula administrativa a través de la cual se canaliza un alto porcentaje de los recursos al campo bajo el criterio de que es la unidad que está más cerca de la gente. En la gran mayoría de los casos esta estrategia no promueve el desarrollo, propicia el enriquecimiento de camarillas y las ambiciones políticas de los Presidentes Municipales y sus Síndicos. El gobierno federal emplea la normatividad para controlar de su lado los cabildos municipales, que le servirán cuando los requiera para cuestiones electorales.
Los Programas de SAGARPA (2003-2008)
Los apoyos en materia de asistencia técnica y capacitación, que a través del gobierno federal se proporcionan al sector rural ha presentado variaciones importantes en los últimos diez años, pasando de una de corte técnico centrada en la producción de granos básicos, a otra, en la que se pretende convertir a los productores en agroempresarios, a través de procesos que incluyen la implementación de proyectos agropecuarios para la generación de ingresos.
Para julio de 2003, la SAGARPA publicó las Reglas de Operación de Alianza para el Campo para la Reconversión Productiva; Integración de cadenas agroalimentarias y de Pesca; Atención a Factores Críticos a Grupos y Regiones Prioritarios (Alianza Contigo 2003).
En ellas se establecen los siguientes objetivos específicos:
En la alianza para el campo, se hizo especial énfasis, en el Programa de Desarrollo Rural, el cual operó del 2003 al 2007 tres subprogramas: Apoyos a los Proyectos de Inversión Rural (PAPIR), Desarrollo de Capacidades en el Medio Rural (PRODESCA) y Fortalecimiento de Empresas y Organización Rural (PROFEMOR). A partir de junio de 2005, se modificaron las Reglas de Operación de la Alianza para el Campo y se da inicio a la municipalización de los recursos, estableciéndose que la Ejecución Federalizada se operaría bajo dos vertientes: operación estatal y operación municipalizada, requiriéndose para esta última que al menos el 50% de los recursos se canalizaran; a productores de bajos ingresos, destinando el resto del recurso a la operación estatal.
Lograr una economía competitiva y generadora de empleos, así como garantizar la igualdad de oportunidades y la sustentabilidad ambiental, son los principales ejes de acción a través de los cuales el Gobierno Federal, en su Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, buscará que el sector agropecuario y pesquero del país mejore su productividad y promueva su sustentabilidad.
En la revisión del documento que da sustento a la operación de los recursos del sector a través del Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario y Pesquero 2007-2012, se observan diferencias sustantivas con el anterior Programa Alianza para el Campo, destacando: La redefinición y simplificación de sus programas, al considerar componentes únicos e irrepetibles en cada uno ellos, con la intención (según se establece en este documento), de ordenar de manera más racional y eficiente los diferentes programas y recursos de las dependencias que inciden en el campo.
Los Programas quedan definidos de la forma siguiente: Adquisición de Activos Productivos, Apoyos directos al campo (PROCAMPO), Inducción y Desarrollo del Financiamiento al Medio Rural, Uso Sustentable de Recursos Naturales para la Producción Primaria, Atención a Problemas Estructurales (Apoyos Compensatorios), Soporte, Atención a Contingencias Climatológicas y, Apoyo a la Participación de Actores para el Desarrollo Rural (Fomento a la Organización Rural).
Las nuevas reglas prevén la centralización de las decisiones, al quitar a los estados su atribución de decidir sobre el destino y la aplicación de los recursos, definiendo desde el centro las prioridades y estrategias de atención a la población rural, sin la posibilidad de adaptar a cada circunstancia su ejecución, con una visión nacional sin adaptaciones a lo local, que lo vuelven un programa alejado de la realidad de los productores rurales.
Los recursos que antes se asignaban para proyectos en los programas de fomento agrícola, ganadero y PAPIR, ahora se integral en una sola bolsa, la del Programa de Adquisición de Activos Productivos, lo que limita la posibilidad real de productores de bajos ingresos de acceder a estos estímulos, aún cuando al menos el 50% de los recursos deberán aplicarse en localidades de alta y muy alta marginación y al menos el 50% para productores en el nivel bajo o nulo de activos productivos (bajos ingresos).
La instrumentación de los nuevos programas ha requerido la revisión de los requisitos (posesión legal de la tierra, su constitución como grupos de trabajo validados por notarios públicos y los relacionados con la presentación de estudios de impacto ambiental), que en la práctica limitan la participación de la población de bajos ingresos en el Programa de Adquisición de Activos y que en general incluye a los denominados grupos prioritarios.
De manera similar al Programa de Adquisición de Activos, los recursos relacionados con asistencia técnica, se integran en un solo compone el Programa de Soporte. En este se dará atención a productores que forman parte de grupos de trabajo, organizaciones, comités y CMDRS, dando continuidad a los programas PRODESCA, PROMEFOR (para la atención de los CMDRS), DEPI y acuacultura.
El objetivo en este nuevo esquema es la generación de bienes básicos en el sector agropecuario, pesquero, acuícola y rural, tales como información, investigación, transferencia de tecnología, sanidad, desarrollo de mercados y capacidades, inspección, vigilancia y cumplimiento de los marcos normativos; bienes necesarios para la utilización ordenada y sustentable de los recursos y potenciar su competitividad.
Las funciones de extensionista, capacitador y promotor del desarrollo que antes realizaban los técnicos se han desvirtuado, dirigiéndose hacia una mercantilización de sus servicios que genera diferencias y apatías en el gremio, dificulta el trabajo en equipos técnicos, elimina su capacidad de propuesta al estar más preocupado en asegurar su contratación y en consecuencia su participación se limita a reproducir metodologías que no responden a las características específicas de “sus clientes”.
Por otra parte, la SAGARPA acordará con las Entidades Federativas, la estrategia a instrumentar para alcanzar la Seguridad Alimentaria en beneficio de las familias de menores ingresos. Se destinarán recursos adicionales del orden de 900 millones de pesos para el desarrollo regional en los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas, para ser aplicados en partes iguales bajo la mecánica del Programa Especial para la Seguridad Alimentaria, PESA-FAO; recursos que se asignan sin necesidad de aportación estatal.
En esencia el PESA promueve un enfoque de desarrollo rural integrado, donde los habitantes de las comunidades puedan desarrollar capacidades y realizar diagnósticos de su realidad, identificar los problemas que les impiden alcanzar mejores condiciones de vida y proponer soluciones en un entorno de desarrollo regional, para reducir la pobreza y mejorar su seguridad alimentaria de una manera sostenible. La instrumentación del programa se ha dado por la contratación de Agencias de Desarrollo Rural.
En la práctica el Programa no ha respondido a su objetivo central de asegurar la alimentación por razones que tienen que ver con la metodología empleada para su operación, seguimiento y evaluación (única), la escasa participación de los Municipios y la necesidad de operarlos a través de programas de orden federal, con estructura, objetivos, estrategias y dinámicas propias.
El desplome de precios y demanda internacional a fines de 1981, aunado al incremento de la tasa de interés por concepto de deuda en una economía dependiente de la exportación petrolera, propició la mayor crisis económica de las últimas décadas en el país, la cual empieza a manifestar los estragos a partir de 1982 junto al nuevo modelo neoliberal, el cual se caracteriza por el adelgazamiento del Estado benefactor, por un lado hay desregulaciones, privatizaciones y una gran reducción de subsidios y apoyos al campo; como indicador, el presupuesto del campo, ha descendido de 18% del gasto programable en 1982 hasta menos de 4% de un presupuesto mermado en aras del cumplimiento de las metas macroeconómicas del modelo económico que ya alcanza cinco sexenios consecutivos. A partir de este momento el mercado y la apertura comercial empiezan a reinar, los campesinos la Microrregión Zimatlán, Oaxaca han quedado excluidos del sistema, ya no más apoyos para este sector, sin embargo son explotados como mano de obra barata en explotaciones comerciales e industriales, asimismo como consumidores de las industrias transnacionales.
Durante 1982 a 1988 fue el sexenio perdido para la economía de la Microrregión Zimatlán y de México. Los procesos de producción fueron perdiendo rentabilidad, aunado a los escasos apoyos y al minifundio. En entrevista al ex-inspector de campo del Banco de Crédito Rural (Banrural) comenta que las consecuencias del nuevo modelo neoliberal se manifestaron en las carteras vencidas... “el 90% de los ejidatarios y comuneros cayeron en cartera vencida por la baja rentabilidad de los cultivos aunado al minifundio. Ante esta situación los créditos de avío se fueron eliminando paulatinamente por la incapacidad de pago, sólo el 10% de los productores pudieron pagar sus créditos, pero se trataba del grupo de los pequeños propietarios, los cuales tenían que pagar, ya que dejaban en hipoteca sus propiedades, y si no pagaban, el banco les embargaba sus terrenos y propiedades”.4
En este tiempo predominaron los cultivos del maíz, fríjol, calabaza, alfalfa, cacahuate y chile de agua. Con las desregulaciones y privatizaciones de las paraestatales en Valles centrales deja de operar la sucursal Tabacos Mexicanos (TABAMEX), ubicada en Zimatlán de Álvarez, por tal motivo el cultivo de tabaco empieza a disminuir hasta que desaparece entre los años 1986-1987. Enseguida los productores pretendieron continuar con la producción de chile de agua y tomate, no obstante la tierra estaba casi estéril por el uso excesivo de agroquímicos que había dejado la producción de tabaco. Debido a esto, la producción de dichos cultivos obtuvieron rentabilidades negativas, ya que sus costos eran superiores a sus ingresos. Ante la falta de expectativas económicas, la baja rentabilidad y la misma presión de la tierra el fenómeno de la emigración ilegal empieza acentuarse cada vez más.
Sin embargo, los primeros años de crisis económica no impactaron de manera inmediata y de la misma forma la conducta migratoria de la región, pues por su parte algunos de los pobladores que se dedicaban exclusivamente a las actividades agrícolas o practicaban la mediería, continuaron haciéndolo, otros evitaron enfrentar los riesgos económicos que implicaban estas actividades recurriendo al rentismo de la tierra, asegurándose un mínimo ingreso económico por período agrícola o anual.
Estas prácticas del uso de la tierra permitieron a la población recurrir con mayor frecuencia al comercio como alternativa de sobrevivencia, pero enfrentándose de manera más palpable al riesgo de no recuperar su inversión por la abierta competencia entre el número creciente de comerciantes y por la pérdida del poder adquisitivo de la población por efecto de la crisis. En otras palabras, se manifestó un incremento de las actividades informales como recurso ante la crisis.
Para agosto de 1992 se habían dado dos devaluaciones de la moneda, la suspensión del pago de intereses de la deuda externa y la firma de la segunda carta de intención con el FMI; por lo que las presiones sobre la economía se reflejaron en la racionalización del gasto público, la reducción de subsidios y condicionamiento del crédito a las empresas y el control férreo sobre el salario, entre otros.
A partir de 1990 a la fecha, los apoyos al sector agropecuario en Valles Centrales han sido precarios y se han manejado con fines corporativos, asistencialistas y de acarreo político y en la realidad los pocos ingresos sólo satisfacen las necesidades de las familias rurales durante poco tiempo. Entre ellos destaca el Programa de Apoyo al Campo (PROCAMPO) destinado a granos y oleaginosas, y Alianza para el Campo que surgió en 1995 en la Administración Zedillista y que en el año 2009 cambia a Programa de Adquisición de Activos Productivos. Los créditos de Banrural son vía Alianza para el Campo y sólo están destinados en su mayoría a pequeños propietarios y a productores con capacidad de pago. Según entrevista a funcionario de Banrural en Oaxaca, “el número de acreedores a créditos agropecuarios ha disminuido drásticamente de la década de los 80´s a la fecha, en la actualidad existen aproximadamente 122 productores con acceso a créditos en Valles Centrales.”
En 1994 con la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá y la devaluación del peso a finales de 1994 (crisis financiera), el fracaso del modelo se hizo más evidente. Se profundiza la crisis de la agricultura mexicana y crece la pobreza en el campesinado zimateco, sin ninguna alternativa en el propio campo, ni tampoco en otros sectores económicos afectados por la recesión y la creciente inestabilidad financiera.
Hoy en día, la producción agrícola en la Microrregión Zimatlán comprende los cultivos de maíz, fríjol y alfalfa, por cierto con bajas rentabilidades, por ejemplo, en un estudio de rentabilidad del maíz del año 1998 en el municipio de Santa Gertrudis, el cual forma parte de la Microrregión Zimatlán, se obtuvo en cálculo de la Relación Beneficio Costo de “0.80”, lo cual significa que por cada peso que invirtió el productor, sólo recuperó 80 centavos, es decir perdió 20 centavos, debido a que sus costos fueron mayores que sus ingresos5. Esta situación nos indica los efectos de la crisis estructural que ha sufrido nuestro país desde mediados de la década de los setentas hasta nuestros días. A esto, hay que agregar los factores climáticos adversos de los últimos años, como la peor sequía en México después de 60 años.
De acuerdo al Consejo Agrario Permanente (CAP), más de 30 mil campesinos oaxaqueños tuvieron pérdidas por falta de lluvias de entre 60 y 70% de la siembra de maíz y frijol, que representan unas 300 mil hectáreas de la entidad6. En este sentido, es muy probable que haya un aumento en el precio de los granos, y por consecuencia en el de la tortilla y otros alimentos básicos.
Por su parte, el representante de la Central Campesina Independiente (CCI), Ángel Jerónimo Hernández reconoció que ante la falta de lluvias y los pocos apoyos del Gobierno Federal al campo oaxaqueño hay pérdida en 170 mil hectáreas de temporal de las 550 mil en todo el estado. “Debe haber prioridad al campo de Oaxaca, ya que los pocos recursos que llegan del PROMAT van destinados para las zonas de riego y en la entidad el 90 por cierto de la tierra cultivable es de temporal”.7
El campo mexicano se encuentra en evidente rezago económico, social y tecnológico; con una difícil situación en los mercados globalizados; una población mayoritaria en condiciones de pobreza y pobreza extrema, forzada a emigrar; sin que existan mejores alternativas de vida y desprovista de los más elementales servicios para el bienestar humano.
La aportación del sector rural al Producto Interno Bruto es menor al 10 por ciento, por lo que cada año es más insignificante, y la inversión pública y privada para evitar esa caída persistente es desproporcionadamente decreciente; a la vez, los escasos recursos disponibles se ejercen de manera dispersa y discrecional, con altísimos costos de transacción para los productores.
La realidad rural al inicio del siglo XXI muestra también grandes cambios estructurales: La edad de los campesinos es avanzada, y existe ausentismo en los ejidos y comunidades; las mujeres encabezan la producción y la vida de las familias y los jóvenes buscan oportunidades en ámbitos fuera de la producción agropecuaria, que actualmente aporta menos del 60% del ingreso familiar, por lo que los enfoques de política ya no responden a esta nueva realidad rural.
La emigración internacional y las remesas se han convertido históricamente en factor de estabilidad económica y social en estructuras rurales atrasadas como las de Zimatlán, Oaxaca y otras regiones del estado, que caracterizadas por su incapacidad estructural para generar empleos requeridos por su población han encontrado en la migración hacia los Estados Unidos una válvula de escape a sus contradicciones económicas y sociales. En los últimos treinta años se constituyó un frágil equilibrio regional en varias zonas de Oaxaca, las cuales si bien perdían a su población joven, a cambio recibían un flujo continuo de remesas del país del norte que actúan como “subsidio” a las precarias explotaciones campesinas temporaleras, productoras de granos básicos.
Parecía que este frágil equilibrio regional de la precaria economía campesina en la entidad, migración internacional y remesas llevaría a consolidar la transnacionalización de las comunidades rurales en el estado. Sin embargo, la profunda crisis rural de los últimos lustros, la política económica adversa al sector, las facilidades para legalizar el status de los migrantes en los Estados Unidos y llevar a sus familias en años recientes, han generado la tendencia de romper la emigración circular y aumentar la emigración definitiva, con lo cual las remesas se reducirán a mediano plazo. Hasta ahora el decremento no se ha sentido porque la misma crisis rural, mayor éxodo de su población, está provocando la desertificación demográfica de los principales municipios de emigración internacional y sus áreas rurales. Todo esto plantea un enorme reto a las políticas públicas, a las organizaciones sociales y a los propios productores rurales (emigrantes potenciales) para reactivar el sector agropecuario.
A nivel microrregional, el llamado sector social está constituido principalmente por ejidatarios que se encuentran organizados en pequeños comités de sus comunidades, tales como las unidades de riego, y pocos de ellos se encuentran afiliados a organizaciones gremiales. Es decir, el panorama de las organizaciones campesinas en la Microrregión Zimatlán, Oaxaca, presenta una organización muy incipiente y contradictoria; aunque se tiene la presencia de algunas organizaciones campesinas de carácter regional, no cumplen con su misión por la dependencia de los programas gubernamentales y por la orientación política electorera de los mismos, sin una promoción real del desarrollo rural.
Con las reformas en materia agraria algunos de los servicios al campo que tradicionalmente administra el Estado, fueron transferidos a las asociaciones de productores rurales. En ese proceso se encuentran los distritos de riego; se promovió la conformación de uniones de crédito y fondos de aseguramiento agropecuario. La asistencia técnica quedaría a cargo de despachos agropecuarios. La comercialización de cosechas se realizará a través de comités de comercialización integrados por productores.
En ámbito regional tienen presencia ocho organizaciones campesinas de carácter gremial y centrales agrarias (oficialistas y de oposición): Entre la oficialistas se encuentran: la Confederación Nacional Campesina (CNC) y el Consejo Estatal Campesino de Oaxaca “Emiliano Zapata” (CECOEZ) y; dentro de las de oposición están: la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), Unión Campesina Democrática (UCD), Unión Democrática Campesina (UDC), Unión Campesina Oaxaqueña (UCO), Coalición Obrero-Campesino-Estudiantil del Istmo (COCEI) y el Frente Amplio de Lucha Popular (FALP), que hoy día tienen la misión de ser promotores del desarrollo rural en la medida en que promueven el desarrollo de los grupos sociales, mediante la orientación, capacitación, organización, solución de problemas agrarios, gestión y apertura de procesos autogestivos en la población en general, principalmente: pobres, campesinos y trabajadores del campo y de la ciudad.
En la microrregión, la principal problemática que presentan las organizaciones es de carácter técnico, es decir, carencia de fondos propios y personal técnico de apoyo, pero de manera general como en todas las organizaciones existen diferentes puntos de vista que desencadenan divisiones que disminuyen sólo el padrón de afiliados. La capacitación es regular, carecen de infraestructura, existe falta de educación organizativa tanto social como para la producción. Dentro de los obstáculos externos se encuentran los factores adversos existentes en el Estado, entre ellos, el presupuesto raquítico para el campo, el burocratismo y autoridades mezquinas.
Ante los efectos de la crisis rural, es necesario que los campesinos tomen el desarrollo en sus propias manos, organizándose en todos los ámbitos del proceso productivo y aprovechar las economías de escalas, las cuales tienen un efecto en la disminución de los costos de producción.
Otra de las estrategias que están tomando los campesinos y sus organizaciones es una mayor participación política, ocupando cargos de elección popular dentro de las estructuras de gobierno, a la par con acciones de capacitación y preparación en general, entre otras, lo que probablemente es una estrategia general de nueva forma de lucha con “poder”, para levantar nuevamente al campesinado del nuevo milenio.
En esta sección se define y caracteriza a los municipios que integran la Microrregión Zimatlán, Oaxaca. En primer término se mencionan las principales regionalizaciones que ubican al estado de Oaxaca en el contexto nacional, tomando en cuenta los diferentes criterios y variables que se utilizaron para definir las regiones y microrregiones de Oaxaca. Este apartado sirvió de base para llevar a cabo una regionalización, mediante la construcción del índice y grado de vulnerabilidad socioeconómica de los municipios de la microrregión de estudio. También se analizan los factores sociodemográficos y de tipo espacial que determinan su atraso o auge; y en la última parte se describen las relaciones socioeconómicas de los municipios de dicha microrregión.
Regionalización de Ángel Bassols Batalla8. Este divide al país en dos regiones: el Pacífico sur y el Oriente de México. Su estudio se basa en los recursos naturales (clima, agua, suelos) y considera como elementos complementarios las vías de comunicación y la urbanización. La escala va de zonas pobres a ricas y de zonas subdesarrolladas a desarrolladas. Los elementos que Bassols toma para dividir el territorio oaxaqueño en dos, describen una tajante división entre la zona del Alto Papaloapan que introduce en el territorio, y el resto del estado. La que cuenta con recursos, comunicaciones y elementos de desarrollo; la otra está aislada, es paupérrima y tiene fuertes asentamientos indígenas9.
Regionalización de Claude Bataillon10. Describe tres zonas para el territorio oaxaqueño en su extraordinaria regionalización de la república, y ubica al estado en las siguientes regiones: el México Central, el oriental y la Vertiente Huasteca y Veracruzana. Para este autor, existe una relación entre los recursos naturales y el poblamiento histórico. En el México central, la vegetación y los suelos están profundamente degradados, situados entre 1,600 y 2000 metros. El conjunto de las mesetas tiene recursos agrícolas mediocres y comunicaciones difíciles, es en esta zona donde el autor sitúa a casi todo el estado. En el México Oriental y dentro de él su Vertiente del Pacífico se ubica a la región del Istmo de Tehuantepec, que se beneficia de las vías de comunicación y de zonas agrícolas irrigadas. En lo que concierne a la Zona Norte del estado, Bataillon, encuentra las siguientes características: las montañas y colinas presentan fuerte ocupación indígena, cuentan con ciertos recursos como una buena vía de comunicación a Veracruz y la producción de Café. Estos elementos permiten dar a este conjunto el nombre de Vertiente Huasteca y veracruzana para caracterizar el Norte oaxaqueño.
Regionalización de Claudio Stern11. Desde un punto de vista diverso que se funda en una metodología estadística, el autor elabora una regionalización con resultados diferentes. En ella se establece dos conjuntos para el estado de Oaxaca: una zona de bajo nivel de desarrollo que ocupa el quinto lugar (en una escala de siete), en la que se encuentra el Istmo. El resto del estado ocupa el sexto lugar (nivel VI) y se encuentra ubicado dentro de la zona a la que caracteriza con un muy bajo nivel de desarrollo. El autor destaca la importancia del nivel de urbanización dentro del índice compuesto que elaboró para establecer la regionalización.
Regionalizaciones para el estado de Oaxaca
Varias han sido las regionalizaciones que se han elaborado del estado de Oaxaca. Las primeras, que datan de los años próximos a la primera mitad del siglo XX, estuvieron basadas en la "Geografía de Oaxaca" de Jorge L, Tamayo12, quien consideró funcional el criterio de las siete regiones que se manejaron desde antes de 1932, los Valles centrales, la Mixteca, (alta y baja), la Cañada, el Istmo, la Costa, el Papaloapan y la Sierra. Dicha regionalización tomó en cuenta características físicas, culturales y económicas.
A petición del gobierno del estado y del Plan Oaxaca, el Banco de México elaboró en el año de 1968 una Matriz de Insumo-Producto para la entidad. El interés que tal matriz presenta por lo que concierne a este análisis, radica en que la integración de los datos que se hizo en base a una regionalización. Dicha regionalización comprende siete regiones: Mixteca alta, Pinotepa, Centro, Cañada-Sierra Sur, Tuxtepec, Pochutla-Miahuatlán e Istmo de Tehuantepec.
El criterio de agrupamiento estriba en la relación entre una región y otra, atendiendo dos indicadores: vías de comunicación y la orientación del comercio a través de las primeras. Se dice que dos o más distritos son homogéneos cuando sostienen relaciones comerciales con otros, de los que a su vez se encuentran diferenciados. Las variables como la población y las actividades que desarrolla cada región, son dependientes y fueron tomadas en cuenta para elaborar la regionalización13.
Sin embargo, años después, y al desarrollar el Gobierno del Estado el Plan Oaxaca (1969), Enrique Irazoque, titular del área, presentó un criterio de regionalización que aprovechó los planteamientos del geógrafo Ángel Bassols Batalla, emitidos entre 1966 y 1969 en diversas publicaciones y que mejoró considerablemente el criterio anterior, dado que existen aún más regiones con características distintas, las cuales cuentan con recursos que pueden permitirles un desarrollo de manera independiente de las demás. Aquí se consideraron los criterios agroeconómicos y social, tales como la calidad productiva de las tierras en cada una de las regiones.14
Poco después, y debido a que en la regionalización del Plan Oaxaca el distrito de Tlaxiaco se incluía en Sierra Sur, la Comisión Promotora del Desarrollo Económico de Oaxaca (Coprodeo) presentó la corrección considerándolo como parte de la Mixteca, con lo que la división regional de 1970 quedó establecida de la siguiente manera: 1. Cañada, 2. Costa, 3, Istmo, 4. Mixteca, 5. Papaloapam, 6. Sierra Sur, 7. Sierra Norte, 8. Valles Centrales.15
En ella se consideraban ambas sierras como regiones diferentes, estos se debe a que entre ellas existen, además de muchas afinidades, marcadas diferencias en microclimas, niveles de precipitación, tipos de suelo y especies vegetales y animales. Por lo tanto, en tal división regional modificada se han basado las dependencias federales y estatales para programar sus inversiones y es la que ha figurado en muchos planes estatales y la final publicada por Reyna Moguel.16
Por otra parte, en 1989 y como parte del programa de gobierno de Heladio Ramírez López, se subdividió el territorio estatal en 36 microrregiones, con el objeto de desarrollar con mayor influencia el programa de combate a la pobreza, pretendiendo así poder atender mejor las demandas de las comunidades. En 1989 surgió otro criterio de regionalización, se sustenta en los movimientos de la población hacia los polos de desarrollo y abastecimiento. De acuerdo a este criterio, las regiones del estado son seis, incorporándose ambas sierras a valles centrales, considerando que la población de todo ese territorio se abastece en la ciudad de Oaxaca. Dicho criterio no contempla que la población de muchos municipios de las sierras norte y sur se abastece en las poblaciones de Tuxtepec, Cuicatlán, Puerto Escondido y Pochutla, respectivamente, y tampoco tiene en cuenta las grandes diferencias en las etnias, el habla, la cultura, los ecosistemas, las organizaciones sociales y la conformación edafo-geológica.17
La Microrregión Zimatlán, Oaxaca, situada al este del Distrito de Zimatlán, colinda al noroeste con el municipio de Zimatlán de Álvarez, al este con el municipio de Ocotlán de Morelos, al sureste con el municipio de Asunción Ocotlán y al suroeste con la localidad de Valdeflores. Se compone de los siguientes tres municipios: Santa Gertrudis, San Pablo Huixtepec y Santa Inés Yatzeche, (ver mapa 2.1).
Población. En lo que respecta a la población total de los municipios de la Microrregión Zimatlán, se tiene que en 1990 contaba con 13 mil 508 habitantes, para el año 2000 disminuyó a 13 mil 196 habitantes y, en 2005 registró un total 11 mil 852. Durante el período 2000-2005, los tres municipios mostraron tasas de crecimiento negativas. Dichos decrementos se deben fundamentalmente a un alto grado de emigración de su población hacia otros lugares de la República Mexicana y a los Estados Unidos de América, ocasionados por el desempleo rural y la carencia de suficientes tierras laborables, (véase cuadros 2.2 y 2.3).
Cuadro 2.2.Población Total de los Municipios de la Microrregión Zimatlán, 1990-2005
Municipio |
|
Población Total |
|
|
1990 |
1995 |
2000 |
2005 |
|
San Pablo Huixtepec |
8,249 |
8,307 |
8,470 |
8,216 |
Santa Gertrudis |
3,934 |
3,670 |
3,549 |
2,661 |
Santa Inés Yatzeche |
1,325 |
1,332 |
1,177 |
975 |
Microrregión Zimatlán |
13,508 |
13,309 |
13,196 |
11,852 |
FUENTE: Elaboración propia con base a datos de los Censos de Población y Vivienda 1990, 2000 y Conteos de población 1995, 2005.
Cuadro 2.3. Tasas de Crecimiento de los Municipios de la Microrregión Zimatlán, 1990-2005
Nombre del municipio |
Tasas de Crecimiento |
||
1990-1995 |
1995-2000 |
2000-2005 |
|
San Pablo Huixtepec |
2.81 |
0.12 |
-0.53 |
Santa Gertrudis |
0.22 |
-1.22 |
-4.59 |
Santa Inés Yatzeche |
0.27 |
0.09 |
-3.26 |
FUENTE: Elaboración propia con base a datos de los Censos de Población y Vivienda 1990, 2000 y Conteos de Población 1995, 2005.
Ruralidad. No existe un consenso para definir y diferenciar lo urbano de lo rural, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), define como comunidades rurales a las poblaciones con menos de 150 habitantes por kilómetro cuadrado. INEGI considera rural a las localidades con menos de 2500 habitantes, la ONU toma como máximo 20,000. Bajo el concepto de la OCDE en el distrito de Zimatlán, 3 municipios se consideran rurales y sólo el municipio de San Pablo Huixtepec, se considera como urbano. Bajo el Concepto de INEGI, solo Santa Inés Yatzeche es rural, y con el concepto de la ONU toda la población de distrito de Zimatlán es rural.
Tomando en cuenta sólo el criterio de tamaño de población según INEGI se llevó a cabo una estratificación de la Microrregión Zimatlán, clasificándolos en tres categorías: 1) Municipios pequeños (menores de 2500 habitantes), 2) Municipios Intermedios (mayores de 2500 pero menores a 5000 habitantes) y 3) Municipios Grandes (mayores a 5000 habitantes). De ellos, Santa Inés Yatzeche es catalogado como pequeño, Santa Gertrudis como intermedio y Huixtepec como grande, siendo este último donde se concentran la mayoría de los servicios y recursos gubernamentales.
Con el fin de comprender la situación socioeconómica actual que priva a los municipios de la Microrregión Zimatlán, es necesario hacer una recapitulación de su historia, cultura, política y economía, ya que dichos factores permiten explicar de manera cualitativa, las diferencias en cuanto al desarrollo material que presentan pocos municipios de la región y el atraso de las mayorías. A continuación se presenta el origen de los tres municipios de estudio.
Las fuentes se basan en: documentos antiguos de la comunidad, en un informe que presentó un arqueólogo que recorrió el municipio, entrevistas realizadas a personas de edad avanzada y opiniones vertidas en los talleres de planeación participativa.
Son dos zonas en las que se sitúan los primeros asentamientos humanos de lo que hoy es la Villa de San Pablo Huixtepec: San Pablo Viejo y el cerro del Yaguy-el común. San Pablo Viejo: señalado según la leyenda como el principal asentamiento que funge como punto de partida de los fundadores de lo que hoy es el pueblo actual. El Yaguy-el común: actualmente son parajes ubicados en terrenos de labranza que se encuentran a unos tres kilómetros de distancia de la zona urbana y que originalmente fueron poblados con unas cuantas aldeas.
Los más antiguos vestigios de pobladores de San Pablo Huixtepec se localizan al sur del pueblo actual, en una extensión aproximadamente de una hectárea, donde se encontró cerámica que tiene las mismas características de la localizada en el Valle de Etla, fechada por los arqueólogos del INAH de 1450 a 1150 A.C; se considera que, fue una aldea de dos o cuatro familias que vivieron en casas de tipo jacal, con pisos de arena, empleaban herramientas de piedra y hueso, sembraban maíz, chile, calabaza y aguacate. Del año 500 a 350 A.C. se amplió la población del sitio original a cinco nuevos asentamientos que abarcaron aproximadamente 12 hectáreas. Se supone que en cada hectárea vivieron de 10 a 25 personas en jacales con piso de tierra.
El naciente pueblo de San Pablo Huixtepec se llama así por San Pablo porque según las leyendas religiosas, el Santo de ese nombre apareció en este lugar y lo eligieron como patrón del pueblo; el nombre de Santo lo dieron los frailes dominicos españoles cuando llegaron a evangelizar a los indígenas; Huixtepec es una palabra de origen zapoteca que significa ”en el cerro de las espinas” o “lugar de Huizaches” Huixtepec se deriva del dialecto zapoteco y se compone de dos palabras Huixtli que significa ”espina” y Tepetl ”cerro” la población quedo asentada dentro de los Valles Centrales de Oaxaca aproximadamente a unos 30 kilómetros al sur de la capital del estado, entre una cordillera y el río Atoyac.
La población se fundó un día lunes 20 de Marzo del año 1525 siendo Gobernador del estado el español Don Franco Caballero Alde, según la escritura que se encuentra enmarcada en las oficinas de la presidencia municipal. El pueblo fue elevado a la categoría de Villa con el decreto número 16 que la H. Legislatura envió al Gobernador Constitucional Martín González y aprobado con el artículo único que dice: se eleva a la categoría de Villa el pueblo de San Pablo Huixtepec del distrito de Zimatlán, dado en el salón de sesiones del congreso del estado. Oaxaca de Juárez. Diciembre de 1901, Martin González. Al C. Lic. Miguel Bolaños Cacho, Secretario General del Despacho y lo comunico a usted para su conocimiento y efectos consiguientes. Libertad y Constitución Oaxaca de Juárez, Diciembre 11 de 1901.
Los terrenos propiedad de este pueblo se escrituraron con fecha de posesión 25 de marzo de 1525. Según documento existente en el palacio municipal, las medidas utilizadas fueron de 8 caballerías, las cuales pasaron por todos los sitios y mojoneras que enmarcan la extensión de esta villa. Como puede verse originalmente San Pablo Huixtepec fue un asentamiento zapoteca, razón por la cual algunos pobladores de edad avanzada dominan la lengua.
Según la Memoria de Gobierno del Estado de Oaxaca de Ramón Cájiga del 16 de septiembre de 1861, la Hacienda de Santa Gertrudis era ya en esos años Agencia Municipal. Ya en la memoria de gobierno de Félix Díaz del 17 de septiembre de 1868, la hacienda era un municipio siendo, presidente municipal Matíaz Díaz. También oficialmente se le conocía como el Rancho de Santa Gertrudis. Y siendo en 1869 presidente municipal, Anacléto Pérez.19
De acuerdo, a expedientes que obran en el Archivo Municipal, es en 1875 cuando Santa Gertrudis fue elevada a categoría de Municipio Libre por decreto del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca Libre y Soberano de Oaxaca. Para 1883, el Lic. Manuel Martínez Gracida20, menciona a la Hacienda de Santa Gertrudis como una municipalidad, formando un ayuntamiento compuesto de un presidente y cuatro regidores, todos con sus respectivos suplentes.
Sin embargo, la figura dominante siguió siendo la Hacienda21, esto hizo que el municipio no tuviera un papel importante pues vivía a la sombra de ésta y es hasta que la Revolución Mexicana se aplica en 1935, con el reparto agrario cardenista que la hacienda es expropiada y es cuando el municipio cobra importancia; la Reforma Agraria vino a formar propietarios, aunque ejidales, en fin es un proceso de ciudanización y de campesinización.22
Santa Gertrudis es producto de la Reforma Agraria, aunque la lucha por la tierra se había venido dando desde el principio de siglo23, no es hasta 1935 que se reparte la Hacienda de Santa Gertrudis y se les hace entrega de los terrenos a 110 peones que, eran los solicitantes de tierra encabezados por Alejandro García.
Después de la obtención de la tierra los campesinos emprendieron el primer proyecto colectivo, para el que destinaron las tierras de riego (50 hectáreas), al cultivo de caña de azúcar. En este mismo tiempo, los campesinos aceptaron como ejidatarios a guardias blancas como Ernesto Ibáñez y su familia, lo que hizo que se despertara la ambición de éste en el trabajo del conjunto, del cual se apropió en contubernio con los representantes del banco logrando apoderarse primero del trapiche, después de casi la mitad de las tierras ejidales convirtiéndose en el nuevo patrón, el cacique.
Otro momento en la historia se da en 1972, cuando se gesta el movimiento de la lucha por recuperar las tierras despojadas por el cacique o los caciques. Insertando la lucha por la tierra de movimiento nacional y, junto con esto se dio la lucha de los campesinos sin tierras y los hijos de campesinos por tener aunque sea un pedazo de tierra. Otra etapa importante, transcurre después de la recuperación de las tierras, pues con el aumento de la población, las actividades agropecuarias no fueron suficientes y se gestó desde aquí otro proceso, la emigración. Durante todo este período la lucha por el poder se dio en el ámbito de la lucha por el control del comisariado ejidal, pero fundamentalmente la lucha por el control municipal en donde los caciques fincaron sus reales, a través del control de los recursos como la tierra y el financiamiento, pero también de todo el sistema político24 como es el partido gobierno (PRI).
Santa Inés Yatzeche significa “Piedra que suena” que proviene del vocablo zapoteca “Yiee-Rzche”. Según documentos encontrados en el archivo del templo religioso, se consta que mediante el Consejo Real de los Pueblos Indios y por medio del Marqués de Falces, conde Santisteban siendo virrey del la Nueva España les otorgaron 500 varas de tierras para vivir y cultivarlas, estando bajo la tutela política de San Pablo Huixtepec el 26 de Mayo de 1577. Pero no fue sino hasta que la autoridad policial de San Pablo Huixtepec cedió en negociaciones con los Naturales del Pueblo quienes Solicitaron al Gobierno por medio de la autoridad policial del pueblo de Santa Inés Yatzeche el Exa. José Ignacio Negreiros y Soria v. Exa. Representantes del gobierno hicieron constar que fue legalmente separado del pueblo de San Pablo Huixtepec para ser un pueblo independiente. Así de como obtuvieron concesión para la fundación en los terrenos que poseyeron legalmente reconocidos. Y fue hasta el 6 de agosto de 1819, la separación de Santa Inés Yatzeche del pueblo de San Pablo Huixtepec y ser pueblo independiente.
Por información de la comunidad el nombre de Yatzeche se deriva de Yiee, “piedra” o “mogote”, y Rzche, “campana” u objeto sonoro, refiriéndose a una piedra sonora que hay en “el cerrito”, que en conjunto es “piedra que suena”. Esta piedra es muy conocida y a su alrededor giran muchas historias; por lo que la consideran el símbolo del pueblo. Además de que fue un lugar de asentamiento prehispánico.
También existe otra versión de otros actores, no muy aceptada por personas de mayor edad, donde Yatzeche se deriva de yaa que significa “cerro”, ze’ equivale a
“abajo” y che es el locativo. Que en conjunto seria “en la base del cerro”.
Como se vio en el apartado de la historia de San Pablo Huixtepec, este municipio es uno de los más viejos en cuanto a su creación, además de estar ubicado geoestrégicamente mejor que los otros municipios, contando con las mejores tierras y recursos naturales, aunque seguramente Santa Inés como comunidad 100 por ciento indígena pudiera ser pueblo más viejo, la literatura muestra que era dependiente de Huixtepec, en la actualidad ha quedado al margen del beneficio del desarrollo estatal y nacional, actualmente ocupa la posición 57 de los más marginados del estado de Oaxaca y de los que mayor mano de obra expulsa a EEUU. A esto se le suma el gran arraigo que poseen y que por un lado les da riqueza cultural y por el otro atraso económico. En el caso de Santa Gertrudis, es un municipio relativamente nuevo, producto de la Reforma Agraria.
En el municipio de Santa Gertrudis, uno de los factores que marcan diferencias con los municipios de San Pablo Huixtepec y Santa Inés Yatzeche son la lucha agraria que ha sido un eje que ha venido provocando divisiones, la lucha por quien ocupa la sede del gobierno municipal entre sus comunidades y otros factores como diferencias religiosas y asuntos relacionados con la educación y cultura. Estas diferencias y tendencias se trasladaron a partidos políticos a partir del 12 de noviembre de 1995.
Pero también, las tradiciones y las costumbres al interior los municipios, las cuales son expresiones sociales que median de alguna manera las relaciones sociales del mercado, que no sólo son una manera de distribución de excedentes, son también, la arena donde se da la lucha por el poder político a través del sistema de cargos.25 Esta situación la vive de manera muy marcada el municipio de Santa Inés Yatzeche y que explica en gran parte su situación socioeconómica actual. De la misma forma cabe recalcar que de los tres municipios, es Santa Inés el que tiene una fuerte presencia indígena, es decir casi el 100 % de la población habla lengua indígena, las mujeres se visten aun con ropa típica como el enredo, por lo que su forma de ver al mundo es diferente y se cierran al cambio en muchos aspectos.
En el caso del municipio de San Pablo Huixtepec, la división política no ha estado muy marcada, lo cierto es, que una de las estrategias que han venido tomando sus ciudadanos es una mayor participación política, ocupando cargos dentro de la estructura de gobierno estatal y federal, a la par con acciones de capacitación de su población. Lo que les ha permitido mayor capacidad de gestión de recursos monetarios y proyectos productivos. Muestra de ello es la infraestructura social, agrícola y educativa que tienen en la actualidad. Además de ser el municipio más mecanizado de la Microrregión Zimatlán y con una economía más diversificada y cautiva.
Otras diferencias entre los municipios, son los recursos naturales con los que cuentan, en primer término el factor tierra está muy pulverizado, en santa Gertrudis, en su mayoría es ejido, en San Pablo Huixtepec en su mayoría es propiedad privada, al igual que en Santa Inés Yatzeche. Las tierras de Santa Gertrudis y de Santa Inés carecen de infraestructura de riego y en la parte de la loma son de baja calidad. En este sentido se tiene un problema de dependencia de alimentos como el mismo maíz, frijol, huevo y leche. También se depende de otros productos como los insecticidas, las semillas mejoradas, el ganado y hasta el pan, que en muchos de los casos se le compran a San Pablo Huixtepec.
En los tres municipios se han detectado tres estratos de campesinos estos son: campesinos de Subsistencia, Campesinos en Transición y Agricultores.
Campesinos de Subsistencia:
En este estrato se encuentran aproximadamente el 70% de los campesinos de Santa Gertrudis y Santa Inés Yatzeche.
Campesinos en Transición
En este estrato se encuentra un 30% de los productores de los tres municipios.
Agricultores
En este estrato se encuentran el 64% de los productores de San Pablo Huixtepec y pocos de los demás municipios.
2 Blanca Rubio. “Decisiones del gobierno, de espaldas a las tendencias mundiales”. La jornada del campo suplemento informativo de la jornada. México. 8 de abril de 2008. Número 7.
3 Lourdes Edith Rudiño. “¿Adónde va el presupuesto rural?”. La jornada del campo, suplemento informativo de la jornada México. 13 de noviembre de 2007. Número 2.
4 Entrevista al Señor Juan Arellano Escamilla, ex-inspector de campo del Banco de Crédito Rural (BANRURAL) del Istmo, S.N.C, Sucursal Oaxaca, periodo 1970-1991 que laboró en el Distrito de Zimatlán, Oaxaca.
5 Eduardo Arellano Amaya, Análisis económico del sector agropecuario en el municipio de Santa Gertrudis, Oaxaca, UACH. Tesis de Licenciatura en Economía agrícola. Pp. 63-64. 1998.
6 www.sicde.gob.mx/portal/.../notasEstadoPdf.php?...Oaxaca...2009
7 Agencia JM, Páginas Interiores, 2009-09-07
8 Recursos naturales (clima, agua, suelos). México. Editorial Nuestro Tiempo, 1967.
9Reyna Moguel, Regionalizaciones para el estado de Oaxaca, Análisis comparativo, México. Centro de Sociología. UABJO, 1979.P.17
10 Claude Bataillón. Las Regiones geográficas de México. 3ª. Edición. México. Siglo Veintiuno Editores. 1976. P.160.
11 “Un análisis regional de México”. Demografía y Economía. Vol. I, núm.1, México, 1967. Véase también: Las regiones de México y sus niveles de desarrollo socioeconómico. México. El colegio de México. 1973. (Jornadas 72).
12 Geografía de Oaxaca, México. Ed. El Nacional, 1950.
13 Reyna Moguel, Op.cit., p.51
14 Ibídem, p. 56
15 Luis Rodrigo Álvarez, Ficha bibliográfica general del estado de Oaxaca, México, Ed. Carteles, 3ª ed., 1998. P.15.
16 Ibídem, p.15.
17 Ibídem, p.15.
18http://huixtepec.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=44:historia&catid=35:datos-estadisticos&Itemid=65, 25 de septiembre de 2010.
19 Jacobo Arellano Amaya. Fundación del municipio de Santa Gertrudis .El hijo del Topil, Año 1, No.6 .Órgano informativo de APRODECO-MOCIDE.
20 Manuel Martínez Gracida. Memoria adminsitrativa, presentada al H. Congreso, Colección de cuadros sinópticos de los pueblos y las haciendas del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. Anexo N.50. 17 de Septiembre de 1883.
21 Propíedad de la familia Trapaga y posteriormente de la familia Hamiltón.
22 Jubenal Rodriguez Maldonado, Santa Gertrudis de cara al nuevo milenio. Documento Inédito.
23 Lorena Paz Paredes, Julio Moguel. Santa Getrudis testimonios de una lucha campesina. Editorial Era, 1ra, de México.1979.pag.103.
24 Op.cit. pág.56.
25 Entendemos por sistema de cargos la obligación de prestar servicios a la comunidad, desde policía municipal hasta el cargo de presidente, pasando por mayordomo y regidor municipal. En este sistema los cargos se encuentran perfectamente eslabonados, de tal manera que cada uno de los ciudadanos sabe que puesto le corresponde. (Merino, 1995: 141).
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