La política tributaria ha jugado un papel fundamental para sentar las bases de lo que hasta hoy constituye la estabilidad macroeconómica de México, puesto que ha promovido un financiamiento sano del gasto público y ha impulsado la inversión, el empleo y el crecimiento económico. El conjunto de reformas de los últimos 20 años han mantenido su orientación principal con algunas variaciones en tiempo e intensidad, otorgando a México un sistema tributario eficiente, sin mayores desincentivos al ahorro y la inversión, así como competitivo en el ámbito internacional. No obstante la relativa estabilidad macroeconómica de la Republica Mexicana, es todavía una de las naciones con menor recaudación de América Latina y el de más baja captación entre los países de la OCDE (Amieva, 2002 p.111)
En México, la política fiscal está en manos de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, que es la encargada de aplicar los diferentes instrumentos y mecanismos que conforman el sistema impositivo. Los objetivos de la política fiscal son de gran importancia para el funcionamiento adecuado del sistema económico nacional, ya que de su cabal cumplimiento dependerán: el monto y la distribución del gasto corriente y de inversión del sector público, el consumo del sector público, el sano funcionamiento financiero de las dependencias gubernamentales, así como los organismos descentralizados y las empresas del Estado.
En este sentido, Francisco Javier Alejo citado por Méndez Morales (2008, p.249), señala que los objetivos de la política fiscal en nuestro país son cumplir con las funciones de promoción económica y social, seguridad nacional, paz pública y bienestar colectivo, que le hayan sido asignadas por la sociedad. Así, la política fiscal se presenta como una función derivada del conjunto de obligaciones impuestas al sector publico por la comunidad.
La eficiencia de la política fiscal se juzga, en consecuencia, atendiendo a la medida en que el sector publico haya sido capaz de movilizar y aplicar el volumen de recursos necesarios para alcanzar los objetivos planteados. Aquí hay que tener en cuenta si se han asignado tales recursos de acuerdo con la jerarquía de prioridades concertada por la comunidad, cualquiera que sea el mecanismo político por el cual se llegue a los acuerdos planteados.
Stiglitz (2009) señala que el desempeño por parte del gobierno mexicano ha tenido que enfrentar la recesión y ha sido uno de los peores países en el mundo, por la forma que ha enfrentado tal situación. En este sentido las estadísticas de crecimiento han sido muy débiles y pesimistas para este país, y la combinación de una recuperación es muy débil para Estados Unidos y una política fiscal que no estimule la economía mexicana es una fuente de preocupación. Advirtió que los aumentos a los impuestos al valor agregado (IVA) y el impuesto sobre la renta (ISR), que entraron en vigor en 2010 en México, tendrán un efecto muy negativo en la economía. La situación de la economía mexicana, puntualizó, es contraria a la que se observa en aquellos países que tuvieron la reacción gubernamental más fuerte y rápida posible frente a la crisis. Mencionó en ese tenor que Brasil y Australia están entre los que mejor enfrentaron la crisis financiera internacional, por una acción gubernamental muy fuerte.
Entre las naciones más afectadas por la debacle económica mencionó a México como el que más le preocupa, ya que sus estrechas relaciones con Estados Unidos ligan su futuro al crecimiento que muestre ese país. Frente a eso alerta: la combinación de una recuperación débil de Estados Unidos y una política fiscal que no estimule la economía mexicana es fuente de preocupación.
Llamó al gobierno mexicano a manejar con cuidado los aspectos fiscales, porque de lo contrario pueden traducirse en un mayor retraso de la recuperación económica. Deben tener cuidado, porque gravar a los alimentos, por ejemplo, el impuesto al valor agregado (IVA), tendría un efecto muy negativo para la economía.
Amieva (2002 p.111) señala que el sistema fiscal mexicano es resultado de un largo proceso de reformas tributarias tanto de política como de administración tributaria, el cual se inicio a finales de los setenta del siglo pasado. Estas reformas estuvieron orientadas a modernizar el sistema fiscal, eliminando las ineficiencias que presentaban y armonizándolo con el entorno económico internacional. El mismo autor manifiesta, que durante 1978-1983 se inicio el cambio impositivo mexicano, al realizarse una revisión minuciosa del impuesto sobre la renta de individuos y empresas, una restructuración radical del esquema de imposición indirecta y una transformación del sistema de coordinación fiscal.
En este sentido, Carlos Ramírez1 , citado por Méndez Morales (2008, p.255) manifiesta que la política fiscal mexicana ha olvidado su papel de instrumento de justicia y de equidad y se ha convertido exactamente en lo contrario: el mecanismo para alentar la concentración de la riqueza y el ingreso, bajo este criterio de que lo importante es recaudar y no equilibrar, el fisco asume las características de un justo sin justicia, justo sin justicia, porque grava el trabajo y la renta y no se atreve a tocar la riqueza acumulada, justo sin justicia porque orienta su acción a fomentar la acumulación de dinero sin importar siempre sea en pocas manos, esto bajo la esperanza de que esa concentración se convierta en ahorro y genere inversión, que estas inversiones amplíen la actividad económica y que esta actividad, finalmente cree algo de empleo y salario, aunque luego se limiten con topes oficiales. Justo sin justicia, porque a los bajos salarios les toca solo una pequeñísima desgravación de impuestos que luego se traga la inflación (y entrega a los empresarios) que de por si tienen mucha devolución de impuestos, exenciones, subsidios, estímulos, impuestos al consumo, traslado de impuestos a costos y luego a precios.
El mismo autor, señala de justo sin justicia porque no solo grava la riqueza de los pocos que tienen muchísimo, sino que aplica impuestos al consumo para transferir el impuesto que pagan las empresas a precios finales que debe pagar el consumidor, sin que ningún instituto o procuraduría lo defienda realmente, además, justo sin justicia porque el ingreso del gobierno depende de asalariados, clases medias, deuda y petróleo, o sea todo lo que afecta el destino de los muchos que tienen poco, la política fiscal coadyuva a la concentración de la riqueza y el ingreso.
Para que realmente exista en México una reforma fiscal que sea capaz de contribuir al desarrollo económico sustentable. En este sentido, Méndez Morales (2008, p.256), señala que estudiosos del tema coinciden en lo siguiente:
a). Combatir la evasión fiscal.
b). Gravar las actividades informales y a la población económicamente activa informal.
c). Eliminar privilegios fiscales.
d). Modificar el régimen fiscal de Pemex para no depender de sus recursos.
e). Disminuir los impuestos al consumo e incrementar la tasa impositiva de las grandes corporaciones en forma gradual.
f). Ampliar la base de contribuyentes.
g). Incluir la rendición de cuentas en todos los niveles del gobierno, así como la transparencia y el derecho a la información.
Respecto a la visión del sistema de administración tributaria de nuestro país en el contexto internacional Cantú (2010, p.55) destaca que en la actualidad existen compromisos importantes que habrá que enfrentar en una planeación estratégica, relativos a los impuestos internos, comercio exterior, padrón de contribuyentes, declaraciones de pago de impuestos, visitas al portal de internet, ingresos tributarios administrados, recursos humanos, etc.
El SAT tiene un gran reto, por ejemplo, un solo contribuyente, PEMEX, contribuye con más de 20% de los ingresos tributarios netos, que a junio de 2009 ascendieron a 950,289 millones de pesos. Además, 13,867 grandes contribuyentes (0.04% del universo) aportaron más de 45% de los ingresos tributarios netos a junio de 2009, por otro lado, cabe destacar que en México, como en otras economías emergentes, el costo de cumplimiento para el contribuyente sigue siendo alto.
A continuación, Cantú (2010, p.56) muestra los indicadores relacionados con el costo que enfrenta una empresa mediana para cumplir con sus obligaciones fiscales en un año determinado, estos indicadores incluyen la cantidad de pagos que debe hacer, el número de horas que invierte en preparar, enviar la información y pagar, así como el porcentaje de sus ganancias que debe pagar en impuestos.
Manifiesta el autor que de un total de 183 economías, México ocupa el lugar 106 en el indicador llamado “facilidad de pago de impuestos”, logrando un ascenso significativo de 43 lugares en el ranking total, respecto al año 2008 y las actividades de control, ya sea de auditoría y recaudación históricamente se lleva a cabo analizando caso por caso, sin incorporar un análisis de riesgo, además se estima que la evasión fiscal en México asciende a 3% del PIB o 28% de la recaudación de los principales impuestos.
Ramírez Cedillo (2009, p.8) señala que en 2009, a raíz de la crisis económica que se desato en gran parte del mundo y de la que México no quedo exento, se introdujo un contexto de caída en los ingresos del gobierno y una constante demanda de incremento en el gasto público, por lo que se hizo necesario volver a una intensa discusión sobre la nueva propuesta fiscal, misma que versaba en los siguientes aspectos: un incremento temporal al Impuesto sobre la Renta (ISR) pasando del 28% al 30%, para regresar en 2014 a la misma tasa con la que se encuentra en 2009. La tasa marginal para personas físicas en los últimos cinco tramos de la tarifa del ISR se incrementa a una proporción del 7.14%, quedando una tasa marginal máxima del 30% que no tendrá afectación para las personas que ganen hasta cuatro salarios mínimos; una serie de aumentos en los productos gravados con el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), que son justificados principalmente como impuestos correctivos.
De acuerdo con información proporcionada por parte del SAT, el padrón de contribuyentes inscritos en el RFC con mayor número es lo referente a sueldos y salarios y en segundo término a las demás personas físicas que realizan otras actividades como las de actividad empresarial y en tercer término es para las personas morales. Esto significa que el SAT tiene identificados de manera estratégica a los asalariados en primer término.
El objeto de estudio es al análisis de la pequeña, mediana y gran empresa, en este sentido Cereceres (2007, pp.29-30) señala que para definir en México a una pequeña, mediana y gran empresa se pueden tomar sus diferentes características, desde el monto de las ventas anuales, el número de empleados, o la forma de su estructura organizacional, sin embargo se retoma la clasificación de PyMES publicada por la Secretaria de Economía. En lo que respecta a su magnitud, los países han adoptado diversos criterios para su agrupación, tomando en consideración diversos aspectos (ventas, activos), pero en su mayoría consideran el número de empleados como base, y en algunos otros, las ventas y sus activos. Además señala la autora, que son las condiciones económicas y sociales de cada país las que determinan el o los criterios que deben tomarse en cuenta para determinar el tamaño de las empresas.
Los ingresos por parte del Gobierno Federal en México respecto a la aportación al PIB en un comparativo con los demás países que integran la OCDE en el ejercicio 2007, lo ubicamos por debajo de la media.
Derivado a lo anterior, resulta interesante esta informacion el cual queda claro que las autoridades hacendarias no han asumudo el papel que les corresponda en materia de racaudacion tributaria que permita al Gobierno Federal finanzas publicas sanas, para cumplir con la sociedad ante las necesidades basicas e indispensables.
La politica fiscal en materia de recaudacion, Mexico en los ultimos años ha presentado un incremento sustantivo que es importante su analisis, en la siguiente grafica comprende recursos provenientes de las contribuciones y sus accesorios, productos, aprovechamientos y, en general, aquellas cantidades que tenga derecho a pèrcibir el Estado, sus organismos o empresas, ademas considera el financiamiento que obtiene el Gobierno Federal tanto en el interior de pais como en el extranjero.
Mexico se encuentra en terminos conservadores respecto a los demas paises miembros de la OCDE, el cual representa un reto interesante el sostenimiento de una politica fiscal que no arriesga el papel que asume ante diversas turbulencias economicas que constantemente estan afectando a grandes economias mundiales.
Bajo este contexto, el posisionamiento de nuestro pais y la gran competencia ante los demas juega un papel importante de una politica fiscal solida y que no afecten factores externos que imposibiliten el sostenimiento de una economia abierta.
Por lo que respecta a los ingresos tributarios federales anuales de la siguiente grafica representan un incremento considerable en los ejercicios 2009 y 2010, esto derivado a la incorporacion o surgimiento de dos nuevos impuestos que iniciaron su vigencia en 2008, tales como el Impuesto Empresarial a Tasa Unica (IETU) y el Impuesto a los Depositos en Efectivo (IDE). En este sentido, la implementacion de politicas fiscales para el pais en ocasiones se requieren de novedosos estudios en material tributaria.
La implementacion de nuevas politicas fiscales por parte del Gobierno Federal en los ultimos años han permitido obtener Finanzas sanas para cumplir con el otorgamiento de servicios publicos indispensables y mantener en armonia a la poblacion, ademas cumplir con su finalidada ante la sociedad.
Sin embargo las diferencias drasticas de recuadacion tributaria que cada año se manifiestan son precisamente por las politicas fiscales implementadas por el Estado que derivado al complejo STM al particular le corresponde cumplir con el costo fiscal para el cumplimiento correcto y oportuno, asi como las nuevas cargas administrativas.
1 Carlos Ramírez, es Licenciado en periodismo, escritor y autor de la columna “Indicador Político” en el periódico el Financiero, además, analista político, director general del grupo transición y autor del libro “Obama”.
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