“POLITICA FISCAL Y ESTRATEGIA COMO FACTOR DE DESARROLLO DE LA MEDIANA EMPRESA COMERCIAL SINALOENSE. UN ESTUDIO DE CASO”

Eleazar Angulo López

La crisis mundial financiera, económica y social ha impactado a la mayoría de los países; en consecuencia, ha disminuido la recaudación de las administraciones tributarias. Los países han tomado medidas definitivas como: el combate a las planeaciones fiscales agresivas y a paraísos fiscales, mediante el intercambio de información; la tendencia a  celebrar convenios en materia fiscal; el anonimato que ofrecían los intermediarios financieros, mediante el secreto bancario ha dejado de ser un obstáculo para compartir información fiscal y para ser detectado por las administraciones hacendarias.1
Tron (2010, p.54) señala que el grupo de los veinte países más desarrollados del mundo, recientemente publicó un comunicado sobre la cooperación internacional, enfatizando la necesidad de implementar estándares internacionales sobre el intercambio de información. Derivado a lo anterior es necesario organizar foros de debate para discutir, especialmente, el fortalecimiento de las relaciones; la participación de los contribuyentes, así como de especialistas en materia fiscal, académicos, organismos internacionales, jueces, etcétera; el incremento de la discusión a un nivel internacional y formal, para obtener principios generales aceptados que rijan nuestro nuevo mundo fiscal.
Bajo esta perspectiva, Maskin (2009), manifiesta que una solución administrativa temporal contra la crisis es la reducción de impuestos, porque esto permite mayor recaudación y, por supuesto, hay mayor producción y gasto, además el gobierno tiene que ir en contra de las tendencias económicas; si hay recesión el gobierno tiene que ser muy activo, y si hay buena actividad económica, entonces tiene que retractarse. Esto es lo que se llaman políticas anti cíclicas y esa es la conducta correcta de un gobierno. El mismo autor explica también que los impuestos al consumo se consideran regresivos, debido a que la carga es mayor en las personas pobres, quienes tienen que destinar un mayor porcentaje en sus gastos, mientras que los más pudientes no lo sienten. Respecto a los impuestos al consumo, preciso que este tipo de gravamen no es una buena idea en tiempos de recesión, por lo que si se quiere ayudar a los pobres tendría que ser un impuesto a los ingresos, es decir, que la gente pudiente page más que ellos, de manera que no sea un gravamen generalizado.
Preciso, el mismo autor, que esta crisis en particular inicio en Estados Unidos, pero por la globalización afecto a casi todo el mundo y tiene que ser manejada a nivel internacional, porque Estados Unidos no puede resolverlo solo, ni tampoco la Unión Europea por su propia cuenta, la colaboración internacional es más necesaria que nunca, además espera que la crisis deje una mayor colaboración entre los países, sería un paso hacia la dirección correcta y una de las cosas que afecto mucho la crisis en su inicio fue que los países no coordinaron sus políticas económicas.2
Ibarra (2009, p.13) señala que quizá el peor problema de la crisis internacional estriba en que los consumidores de muchos países industrializados han llegado o están llegando al límite de su capacidad de endeudamiento, agravado por la depreciación de sus activos inmobiliarios, de sus carteras accionarias y de la pérdida de ingresos por desempleo, además la cuestión cobra virulencia por cuanto la globalización cambia el reparto del ingreso y del poder político a favor de la utilidades y en contra de empleados y trabajadores3 .

1.2. Globalización y sistema tributario

La mayoría de la gente está consciente de que hoy en día vivimos en un mundo globalización. No obstante, aun hay quienes no tienen una noción clara de lo que esto significa. La globalización puede interpretarse de diferentes maneras, pero esencialmente implica que la dependencia de un país con el resto del mundo es muy elevada. Es muy importante lo que sucede fuera del país en cuestión, y el resto del mundo tiene diversas formas de intervenir en las actividades de éste y de sus ciudadanos.
La actual era de la globalización puede distinguirse de la anterior, o sea, a la de 1870 a 1914, porque en la primera, la movilidad del capital es mucho mayor que la del trabajo, esta mayor movilidad del capital obedece a los cambios tecnológicos y a la distensión de los controles cambiarios. Debido a la movilidad del capital, los países soberanos reducen los impuestos con que gravan la renta percibida por extranjeros dentro de sus fronteras, con el fin de atraer inversiones de cartera y directas. Es lo que se ha denominado competencia tributaria. A su vez, esta competencia tributaria amenaza con socavar los impuestos que gravan los ingresos de las personas físicas y las utilidades de las empresas y que, por el porcentaje del total de los ingresos fiscales que representan, constituyen importantes fuentes de recursos para todos los Estados modernos (Tanzi, 2008, p.115).
La globalización abarca prácticamente a todos los países, se está dando a una velocidad vertiginosa y está cambiando no solo las relaciones de los intercambios comerciales, la producción y las inversiones, sino también las características y estilos de vida de las personas y de las sociedades.
En este sentido Gurria (2009) señala que la OCDE intenta combatir el “lado oscuro” de la globalización, como la corrupción y la evasión de impuestos, mientras los líderes mundiales se concentran en estabilizar los sistemas financieros. Manifestó que la OCDE se está concentrando en una respuesta estratégica a la crisis, lo que implica recomendaciones políticas especificas, estas incluyen el fortalecimiento de la gestión corporativa y hacer mas en el combate contra el lado oscuro de la globalización, además, destaco  que estamos persiguiendo un objetivo colectivo a largo plazo, una economía más limpia y más justa, libre de corrupción, de evasión de impuestos, de fraude, de explotación y destrucción de recursos, los que han desacreditado la globalización y obstruido los beneficios que pueden traer. Eso significa, entregar mejores políticas, mejores regulaciones y mejores marcos de trabajo que posibiliten que las empresas prosperen, al tiempo que se salvaguardan los intereses públicos.4
La globalización es una realidad ineludible, irreversible y multidimensional ya que además de lo económico, impacta en lo político, lo social, la cultura, los valores éticos, el medio ambiente y en todo el marco legal e institucional. Ofrece grandes oportunidades de desarrollo y progreso para los países que tienen las condiciones y políticas adecuadas para aprovecharlas; pero, al mismo tiempo conlleva grandes riesgos de creciente marginación, pobreza, destrucción de valores sociales, culturales y daños al medio ambiente en los países que no cuentan con las condiciones y elementos necesarios para capitalizar tales oportunidades. La globalización ha generado beneficios a nivel mundial; sin embargo, la mayor parte de estos beneficios ha estado altamente concentrada en los países más ricos y en unos pocos países en desarrollo.
En nuestro país, la integración a la economía mundial ha generado beneficios en algunas regiones y sectores económicos, pero de la misma manera tampoco han ayudado en forma significativa a resolver problemas más apremiantes de pobreza, marginación, distribución del ingreso, deterioro ambiental y desigualdades regionales.
México tiene numerosas tareas pendientes para obtener, incluso con los riesgos y limitaciones que impone la globalización actual, beneficios sustancialmente mayores a los registrados hasta ahora. Dentro de estas destacan: la falta de competitividad internacional de la gran mayoría de las empresas nacionales, la desarticulación de la planta productiva nacional, las reformas pendientes en sectores clave de la economía, la debilidad de las instituciones y del marco jurídico que se traduce en un Estado de Derecho muy deficiente, la falta de consensos políticos y sociales en cuanto al rumbo y visión de largo plazo del país, y quizá lo más importante, la ausencia de un sentido de urgencia para volvernos competitivos ante un entorno mundial cada día más competitivo y difícil. La globalización puede marginarnos en México si no fortalecemos nuestra competitividad internacional.
El crecimiento económico es un requisito indispensable para el desarrollo y elevación del bienestar de cualquier país. Para poder ser exitosos en la economía global se requiere de la combinación de empresas competitivas y de un gobierno eficiente. No puede haber desarrollo sostenido sin la plena vigencia de un Estado de Derecho y el combate frontal a la corrupción que prevalece en nuestro país y en la mayoría de los países menos desarrollados.
Además, las políticas públicas deben tener visión de largo plazo que proporcione un horizonte estable y congruente para las decisiones de los agentes económicos. El sistema fiscal de un país tiene un doble papel fundamental: por una parte, debe ser un sistema promotor de la inversión y el ahorro, fuentes indispensables para el crecimiento económico. Debe ser un motor de la competitividad y del desarrollo tecnológico.
Una economía competitiva no se puede construir exclusivamente sobre la base de la liberalización comercial y de que unos cuantos sectores, empresas o grupos de la sociedad sean los beneficiarios. Los beneficios de un mayor crecimiento e integración a la economía global deben distribuirse de manera equitativa. La pobreza y desigualdad a nivel mundial, latinoamericano y en el caso de México, constituyen el principal riesgo para la estabilidad económica y social en el futuro.
Es prioritario ahora más que nunca, revalorar a la persona humana como centro y fin último del desarrollo económico, no solo en el diseño de las políticas económicas y sociales de cada país, sino también como un principio básico en las relaciones comerciales y financieras internacionales. Es imprescindible la globalización de los principios de solidaridad y subsidiaridad para darle un rostro humano a la globalización. Por ello, es inadmisible el doble discurso y las tendencias proteccionistas de los principales países desarrollados, particularmente con relación a sus sectores agropecuarios o primarios.
Desde hace 20 años, México inicio una serie de importantes reformas estructurales y algunos de sus beneficios son incuestionables; sin embargo, se han concentrado en unos cuantos sectores y empresas. Esto se ha debido a que hemos tenido una liberalización y reformas parciales e incompletas, sin programas integrales de desarrollo de mediano y largo plazos. La liberalización externa de la economía no ha sido acompañada de una liberalización y modernización internas comparables, indispensables para un cabal aprovechamiento de globalización.
La liberalización externa no reconoció las condiciones particulares de sectores, regiones, accesos a recursos financieros y crediticios, a tecnología y capacitación, la problemática de las micro, pequeñas y medianas empresas, ni la falta de integración de cadenas productivas. Además la falta de un sistema educativo de calidad, de un sistema fiscal competitivo y de un marco jurídico e institucional moderno y basado en el respeto irrestricto al Estado de Derecho han constituido una importante desventaja para la competitividad. La corrupción es un cáncer social y un severo obstáculo al desarrollo del país.
Sin lugar a dudas el mayor y más urgente reto que enfrentamos como sociedad es el de abatir los niveles de pobreza, marginación y desigualdad que existen actualmente. Ningún país en el que más de las dos terceras partes de su población rural y cerca de la mitad de la urbana se encuentran en condiciones de pobreza puede aspirar a un desarrollo sostenido y armónico en el mediano y largo plazo. Ahora más que nunca requerimos de una economía de mercado socialmente responsable, basada en un respeto irrestricto al Estado de Derecho y en un marco institucional solido. Debemos pasar de una sociedad con democracia electoral a una democracia plenamente participativa de todos los mexicanos.
El objetivo central de las políticas económicas tiene que orientarse a lograr un aumento continuo y permanente de la competitividad del país con una visión de largo plazo. El crecimiento económico y la competitividad del país requieren, a su vez, del establecimiento de un clima propicio para la inversión y el ahorro, que son los motores primarios del crecimiento. Debemos también impulsar y consolidar una nueva cultura labora que propicie el incremento de la productividad, la capacitación continua de la planta trabajadora y la remuneración justa a su trabajo productivo.
El proceso de globalización económica es caracterizado por la aceleración de los ritmos de apertura económica e intercambios de mercancías y servicios, por la liberación de los mercados de capitales que han integrado las plazas financieras y las bolsas de valores de todo el mundo, por la revolución de las comunicaciones y la informática que han conectado el tiempo real con el espacio, plantea a los países un cambio en sus políticas y en las funciones asumidas por el Estado. Las tareas que requiere el país no corresponden únicamente al gobierno, las empresas o los trabajadores. Los organismos intermedios de la sociedad tienen una gran responsabilidad, deben promover el desarrollo de una cultura de excelencia empresarial y de una cultura global, fortaleciendo el papel de la empresa y el empresario como motores del desarrollo.
Bajo esta perspectiva Stiglitz (2000, p.483) manifiesta que los impuestos son inevitablemente dolorosos, el diseño de los sistemas tributarios siempre ha sido objetos de considerables controversias, por decirlo de la forma más sencilla, a la mayoría de la gente le gustaría pagar menos impuestos y es posible imaginar argumentos bastante ingeniosos por los que los demás deberían pagar más y los Gobiernos, pensando en la mejor manera de recaudar los ingresos que necesitan, han buscado principios generales y acepta que un buen sistema tributario debe tener cinco propiedades. El mismo autor define las cinco propiedades, la primera es la eficiencia económica, que no debe interferir en la asignación eficiente de los recursos, la segunda es la sencillez administrativa que debe ser fácil y relativamente barato de administrar, la siguiente es la flexibilidad, debe ser capaz de responder fácilmente a los cambios de las circunstancias económicas, la cuarta es la responsabilidad política que debe diseñarse de tal forma que cada individuo pueda averiguar qué está pagando y saber en qué medida el sistema refleja sus preferencias y por último la justicia que debe ser justo en su manera de tratar a los diferentes individuos.
Es pertinente comentar que en México, como en el resto de América Latina, se efectuaron, en un plazo muy corto, procesos de apertura económica, favoreciendo con ello las exportaciones, privatizaciones y desregulaciones, poniendo énfasis en el libre mercado con la intención de insertarse al nuevo entorno de la globalización, Peres y Stumpo (2002) citados por Cereceres (2007, p.27).

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