Como toda empresa, el Estado requiere de la realización de diversas actividades para cumplir con sus finalidades. De acuerdo con su estructura a través del Poder Ejecutivo desarrolla complejas actividades que van encaminadas a la realización de los servicios públicos y a la satisfacción de necesidades generales1 . Para lograr lo anteriormente señalado el Gobierno Federal ha implementado diversas acciones para recaudar ingresos que sean suficientes para unas finanzas estables. Existen otros factores externos que de una manera u otra afectan a la estabilidad económica del país sobre todo con los países que México tiene relaciones comerciales.
Para dar cumplimiento a los fines que constitucionalmente tiene encomendados, el Estado requiere de recursos. En la actual economía de los Estados tales medios provienen de una fuente: se obtienen de las rentas que la hacienda pública percibe por su patrimonio, o del desarrollo de una actividad industrial o comercial, o bien son recaudados de la riqueza de los gobernados, con base en la potestad de imperio del Estado. El Estado realiza una serie de actos que en conjunto se denominan “actividad financiera” la cual consta de tres pasos fundamentales que se traducen en la liquidación y recaudación de los tributos (obtención de los ingresos), administración del patrimonio y distribución de las sumas recaudadas (Quintana y Rojas, 1999, pp.28-29).
En este sentido, De La Garza, citado por Sánchez Gómez (2009, p.5), señala que la actividad financiera del Estado cuenta con tres momentos fundamentales, que son: a) El de obtención de ingresos, los cuales pueden influir al Estado tanto por institutos de derecho privado, como es la explotación de su propio patrimonio (empresas industriales, renta de inmuebles, venta de bienes), como por medio de institutos de derecho público, por ejemplo los diversos tipos de tributos o la contratación de empréstitos y la emisión de bonos; b) La gestión o manejo de los recursos obtenidos y la administración y explotación de sus propios bienes patrimoniales de carácter permanente; y c) La realización de un conjunto variadísimo de erogaciones para el sostenimiento de las funciones públicas, la prestación de servicios públicos y diversas actividades que el Estado realiza.
Ambos autores coinciden al manifestar los momentos fundamentales y básicos que la actividad financiera requiere para que el Estado pueda cumplir con su misión encomendada. Bajo esta perspectiva, Quintana y Rojas (1999, p.29), manifiestan que la actividad financiera se distingue de todas las demás en que no constituye un fin en si misma, es decir, que el establecimiento de tal política no se encamina directamente a la satisfacción de una necesidad sino al cumplimiento de una función instrumental, de capital importancia, cuyo eficaz desenvolvimiento, es condición indispensable para el desarrollo de las demás actividades estatales.
En este contexto, Sánchez Gómez (2009, p.6), señala que la actividad financiera del Estado, cuenta con cuatro aspectos que son fundamentales en su conformación y de los cuales se nutre para lograr sus objetivos y alcanzar su finalidad, ellos son:
I. El económico
II. El político
III. El jurídico y
IV. El sociológico.
En este sentido resulta interesante el estudio de la actividad financiera del Estado, el cual nos permite analizar de qué manera el Estado, para cumplir con sus objetivos, busca la manera por la cual se tiene que hacer de recursos para satisfacer las necesidades mínimas de la sociedad. Ante esto, se enfrenta a un gran número de obstáculos que en ocasiones no le permiten lograr su objetivo.
1 Se refiere a la actividad financiera del Estado que cubre diversos aspectos, tales como: económico, político, jurídico y sociológico. Para mayor profundidad al respecto Sánchez Gómez (1999, p.6) hace interesantes cometarios al respecto.
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