En los últimos años los municipios mexicanos enfrentan retos relacionados con el aumento de su población y por lo tanto con la demanda ciudadana por la dotación de servicios públicos eficaces y eficientes. El avance en los procesos democráticos también ha llegado a este nivel de gobierno por lo que ha crecido la disputa político electoral; como consecuencia también son más vigilados la ejecución de los recursos por los otros niveles de gobierno, por el poder legislativo, y por la propia sociedad civil (Luis, 2007).
Una encuesta reciente realizada por la SEDESOL señala que 62.62% de los municipios mexicanos presenta un índice de capacidad institucional con un valor menor a seis puntos (en una escala de diez), y que existen sólo cuatro municipios con una puntuación superior a 9 (Acosta, 2006), lo que explica entre otras cosas lo siguiente:
Las funciones que realizan diversas áreas administrativas no están claramente delimitadas ni definidas, lo que provoca duplicaciones e ineficiencias.
Con frecuencia los perfiles del recurso humano no corresponden a la función que se desempeña.
En la gran mayoría de los municipios no existen políticas para el desarrollo de los recursos humanos, ni instrumentos para su regulación y desarrollo, y sólo menos de 30% cuentan con un área de recursos humanos (que en muchos casos solo se encarga de asuntos relacionados con la nómina y la administración del personal.
Señala Octavio Acosta (2006) que con frecuencia los funcionarios no cuentan con la autoridad, los recursos y la información suficiente para el buen desempeño de sus funciones.
Para el ejercicio de sus atribuciones y sus responsabilidades, el Ayuntamiento se auxilia con órganos administrativos. El número depende de las condiciones socioeconómicas de cada municipio.
La forma de organización de la administración pública municipal depende de los mecanismos y principios que establece el derecho administrativo, particularmente, lo dispuesto por las Leyes Orgánicas de las entidades federativas.
El Instituto Nacional de Administración Pública A.C. ( 2009) presenta tres ejemplos de organigramas de un municipio rural, uno suburbano, y una estructura orgánica de un municipio urbano.
El modelo de organización y operación de la administración es muy centralizado, existiendo con ello una tensión que con frecuencia se traduce en conflictos entre los regidores y los directores por no estar suficientemente delimitada la función del gobierno con la facultad ejecutiva.
Términos como transparencia, acceso a la información pública, rendición de cuentas, y participación ciudadana forman parte del vocabulario del quehacer público municipal, pero también forman parte de los nuevos retos a los que tienen que enfrentarse en la actualidad los ayuntamientos y sus respectivas administraciones públicas municipales.
En éstos momentos los Ayuntamientos mexicanos cuentan con mayor autonomía jurídica y administrativa consecuencia de las recientes reformas al artículo 115 constitucional en diciembre de 1999, sin embargo estas oportunidades sólo podrán aprovecharse en beneficio de las localidades conforme se instalen y avancen los procesos de profesionalización de servicio público, así como se apliquen los procesos de reingeniería administrativa congruentes con la realidad municipal que en el caso de México como en la mayoría de los municipios de Latinoamérica se caracterizan por poseer una diversidad política, económica, social y cultural. A este panorama se suman los efectos de los problemas propios del mundo globalizado, como el calentamiento global, la migración, el narcotráfico y el crimen organizado en otros temas que representan verdaderos retos para los gobiernos locales.
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