El municipio definido constitucionalmente como la base de la división territorial y administrativa de los estados que conforman la República Mexicana, es la célula básica del sistema federal; la última reforma del artículo 115 constitucional fortalece tal aseveración al reconocerlo como nivel de gobierno y enfatiza la importancia de dotar al municipio de las facultades y recursos necesarios para hacer frente a los requerimientos de la comunidad.
Estos nuevos escenarios presentan también nuevos retos a los gobiernos locales quienes deben reorganizar sus estructuras e innovar sus procesos para aprovechar las ventajas que ofrece el nuevo marco jurídico.
En la actualidad el Ayuntamiento mexicano a diferencia de hace dos décadas tiene que informar a sus ciudadanos sobre todas las acciones de gobierno con la finalidad de legitimar su gestión y conseguir el refrendo de la confianza otorgada en las urnas electorales. De igual forma tiene que interactuar y mantener una efectiva comunicación con los demás poderes y niveles de gobierno con el objeto de concretar eficazmente en beneficio de los gobernados sus trabajos de gestión pública.
Por otra parte, el gobierno municipal se encuentra ante dos presiones de cambio fuertes. En primer lugar, el contexto internacional y nacional ha cambiado en los 20 años recientes de tal modo que prácticas administrativas (por ejemplo: cobros de impuestos, derechos y permisos; pagos a proveedores; control del trabajo y el horario interno del personal) y de gobierno (por ejemplo: interacción con los ciudadanos y quienes solicitan atención a algún problema, trámite o petición particular) basadas en un cierto carácter informal, no pueden realizarse ahora sin incurrir en un alto costo financiero y/o político.
En la actualidad la eficiencia no es sólo un objetivo, sino una demanda popular y un requisito operativo de la estructura gubernamental a cualquier nivel. En segundo lugar, los nuevos paradigmas de financiamiento de las actividades productivas, con base en las nuevas tecnologías de comunicación e información, han obligado a los regímenes políticos a abandonar el autoritarismo y promover la democracia de corte liberal. Por eso, los gobiernos municipales están también influidos por los aires de cambio democratizador que recorren el mundo. La democracia se acepta y se valida ahora por los gobiernos y los pueblos antes acostumbrados a relaciones corporativas entre gobierno y sociedad. Dar cuenta a los ciudadanos, evitar la corrupción, erradicar la impunidad y realizar la acción de gobierno con respeto irrestricto al estado de derecho son los mínimos a los que está sometido el gobierno en general y el municipio en particular.
Los exámenes recientes a que ha sido sometido este orden de gobierno en México y las sucesivas reformas constitucionales suscitadas por las demandas de los propios gobiernos locales han contribuido a promover escenarios de cambio institucional y democrático. Ahora los gobiernos municipales mexicanos disfrutan de una mayor autonomía y son objeto de un mejor trato en recursos económicos por parte del gobierno federal, y al mismo tiempo, son objeto de mayor escrutinio público.
Un motivo de reforma, ahora un requisito indispensable del accionar gubernativo, ha sido la participación social, ciudadana y comunitaria. El examen de los gobiernos municipales mostraba hace unos años una imagen de bajo nivel de participación, fruto de una relación sociedad y gobierno autoritaria, corporativa y verticalista, en un contexto muchas veces de exclusión, pobreza y desarrollo estancado. Hoy se nota alguna diferencia. Por ejemplo, los requerimientos de mayor eficiencia, menores de costo de transición y sostenibilidad de los programas y proyectos, especialmente en el orden local de gobierno, obligaron a los gobernantes a voltear la vista hacia los paradigmas administrativos y políticos con fuerte componente participativo. Tales modelos no son nuevos y tampoco se inventaron en medio de la transición. Surgen de contextos democráticos de tradición densa y/o de experiencias libertarias en países menos desarrollados. Lo novedoso es la aplicación en el gobierno municipal.
Tenemos así, un escenario de cambio en los gobiernos municipales con una cierta recurrencia a prácticas participativas. Estas prácticas, al ser utilizadas desde las esferas gubernamentales en el nuevo contexto, adquieren características peculiares y, en muchos casos, se presentan para renovar el examen de la influencia y contribución a la eficiencia tanto administrativa como política de los gobiernos municipales, atribuida por los estudios empíricos de casos y de las aproximaciones teóricas pertinentes (Bazdrech,2007).
Para enfrentar estos nuevos retos se presenta la Comunicación como disciplina y campo profesional que utilizada de manera adecuada puede contribuir al desarrollo de la gestión pública municipal, para Juan Francisco Escobedo (2004), Gobernar es comunicar, pero comunicar no es sólo informar. Comunicar es dialogar, establecer una relación de doble vía. Gobernar es comunicar el sentido de futuro y los procedimientos que se pondrán en marcha para constituirlo. Comunicar es esclarecer, deliberar e intercambiar discursos, enfoques y no sólo colocar información -y menos cualquier información- en la esfera pública a la que concurren los medios y los ciudadanos.
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