2.3.4. Los conflictos socioambientales por la megaminería abordados desde la Ecología Política

Joan Martínez Alier, define la Ecología Política como el estudio de los conflictos ecológicos distributivos. Esta consideración parte de la relación que este autor establece entre la Economía Ecológica y la Ecología Política: la Economía Ecológica provee la teoría del conflicto estructural entre la economía y el medio ambiente, a la que la Ecología Política le adiciona el análisis del conflicto de poder. Para Martínez Alier (2004), el hecho de que las materias primas y su transporte sean baratos y que los sumideros tengan precio cero no es señal de abundancia, sino el resultado de la distribución de los derechos de propiedad, del poder y de los ingresos.

Resulta tristemente sorprendente la facilidad con la que pueden encontrarse ejemplos, especialmente en América Latina, que materialicen lo planteado por Martínez Alier en la frase mencionada. En la publicación de la Subsecretaría de Minería de Argentina “Diez razones para invertir en minería argentina”, se menciona que nuestro país se encuentra en el sexto puesto del ranking mundial de recursos mineros. A continuación, se detallan los incentivos a la exploración y explotación: “…la legislación minera argentina también incluye una serie de incentivos económicos y fiscales a la explotación y producción minera, que profundizan la eficiencia de una estructura impositiva que es de por sí competitiva...” Desde la perspectiva de Martínez Alier, vinculada a la Economía Ecológica, podríamos preguntarnos que pasaría con esta competitividad, si en vez de otorgar incentivos fiscales y económicos, incluyéramos dentro de los costos de las empresas el pago justo por la extracción de recursos no renovables, por el uso de bienes estratégicos como los minerales, el agua y la energía, por los impactos ambientales producidos y por los conflictos sociales provocados, entre otras “externalidades”. Y suponiendo que fueran incluidos, ¿Cómo calcularíamos su valor?, ¿Cuánto vale para las generaciones futuras poder contar con el gas –un millón de m3/día- que utilizará la extracción de sales de potasio que Río Tinto planea en Malargüe, Mendoza? Si leemos la composición de Ramón Navarro sobre “el Famatina”, ¿qué respondemos a la pregunta: Cuánto vale para los riojanos, el Cordón del Famatina?:

“No podrán con la barrera de la vida. No podrán con la memoria montañosa.

Allí está la dignidad que va en el grito. No te tocan, Famatina no te tocan.

Mirador de la vigilia del cóndor soy. Origen inacabable de las aguas.

Alcancía del oro y de las nubes. Famatina no te tocan y no te tocan.

¿Quién le quiere poner precio a los paisajes? ¿Cuánto valen las entrañas de la tierra?

No atropellen el sudor y la esperanza. No se toca el Famatina, No se toca.

No se vende el andar de los guanacos. No se explotan las piedras ni los mitos.

Ni se alquila el coplerío de los siglos. No se toca el Famatina, No se toca.

Funcionarios insaciables y suicidas, hacedores de ilusiones tan monstruosas.

Aprendan de una vez la voz del pueblo, es sencillo, el Famatina no se toca.”

"El Famatina no se toca" (Letra y música Ramón Navarro)

Además de la publicación de la propia Subsecretaría de Minería de la Nación, podemos observar la tapa del Diario Minero “Mining Press” Nº 15, del año 2006 (ver la Imagen 1), en referencia a la ida de unas 30 empresas y más de 100 personas a mostrar la oferta minera argentina en la convención Internacional “PDAC 2006” (Prospectors and Developers Association of Canada). Se trata de uno de los eventos más importantes de la industria minera, que nuclea a todos los sectores, empresas y agentes involucrados en la exploración y explotación minera, con la presencia de expositores y visitantes de todo el mundo. La expresión “Argentina for sale” no ha tenido en cuenta –en el mejor de los casos- a todos los habitantes de nuestro país que consideran que la montaña graficada en esta tapa del “Mining Press” no es sólo una fuente de recursos minerales “en oferta”, esperando por su demanda.

Imagen 1: Tapa del Diario Minero “Mining Press” Nº15 (2006)

Fuente: http://www.miningpress.com/revistas-index.php

Continuando con la perspectiva de Martínez Alier, los conflictos ambientales no son sólo conflictos de intereses, sino también, como ya fue mencionado, conflictos de valores, que han adoptado en muchos casos lenguajes no específicamente ecológicos. Este autor rescata la importancia de la historia en el análisis de estos conflictos: hay mucho que hacer todavía en trabajos de historia que pongan de manifiesto el contenido ecológico de conflictos sociales que no han utilizado ese lenguaje. Haciendo referencia a Martin O` Connor (1993), destaca que en algunos conflictos, el vocabulario de protesta implica la negación de la naturaleza como capital, es decir, la imposibilidad de compensar externalidades monetariamente. La canción “El Famatina no se toca”, es un buen ejemplo de ello.

En general, las reivindicaciones socioambientales de la región llevan impresa la historia de Latinoamérica. Cuando se aborda la crítica a los proyectos megamineros, es común que se mencione la existencia de una nueva “fiebre del oro”, que se evidenció en Esquel, donde las empresas intentaron ingresar a la patagonia argentina. Se habla también de una “segunda conquista” y de un “segundo saqueo”. En cuanto al vocabulario de protesta que implica negación de la naturaleza como capital, frases como “nuestra agua es nuestro oro”, y el uso de la denominación “bienes comunes” en lugar de “recursos naturales”, son claros ejemplos de este rechazo a la mercantilización de la naturaleza y de la vida.

Por su parte, Alain Lipietz -en su libro “Qué es la Ecología Política? La gran transformación del siglo XXI”-, afirma: la ecología política es la ecología de una especie particular, la especie humana, una especie social y política. Pero es también un movimiento social para transformar la ecología realmente existente de nuestra especie humana. Es entonces una política, pero es también una ética: una aspiración moral de más armonía, más autonomía, solidaridad, responsabilidad (Lipietz, 2002.a).

Este autor enfatiza la diferencia de la especie humana con el resto de las especies, a partir de su carácter político. Según él, la humanidad define su comportamiento y sus actividades por medio de una deliberación, juzga lo que está bien y lo que está mal, por lo que es responsable de sus actividades, y de los efectos de sus actividades sobre el territorio. En consecuencia, también es responsable de la manera en que garantiza la posibilidad de seguir viviendo en ese territorio y con esos métodos. Esta organización encuentra también sus crisis, pero una especie política como la humanidad puede resolverlas cambiando la organización social. Según Lipietz, la evolución socio-económica es la forma principal de evolución de la especie humana, por lo que esta especie, la única social y política, da lugar a una ecología específica, llamada Ecología Política. La Ecología Política sería, entonces, la ciencia de esta especie particular que es la humana. Y podríamos decir también, que es una perspectiva interesante para analizar las crisis producidas por esta misma especie.

En relación a los conflictos ambientales en Mendoza, parte de los elementos mencionados por Alain Lipietz -la ética, la autonomía, la solidaridad, la responsabilidad, entre otros-, forman parte de los valores en los que han basado su organización los grupos conformados en rechazo a la megaminería. Este tipo de organizaciones, con formas de participación más horizontales y democráticas, están ganando espacio gracias a lo que Lipietz denomina “el vaciamiento de lo político” y las crisis actuales. Más allá de ello, es importante destacar aquí la reflexión de Germán Palacios: “…El descrédito de los políticos no debería hacernos olvidar que muchos cambios son más arduos de lograr sin una participación en política y de l@s polític@s...” (Palacios, 2006:8). De allí la importancia de la coordinación de acciones cuando existen objetivos en común. Las organizaciones mendocinas reconocen la importancia de la presión sobre el sector político –partidario-, si bien éste no es su único frente de lucha.

En relación al supuesto “vaciamiento político actual”, en una reunión de una de las asambleas de Mendoza, se discutió sobre la aparente “ausencia del Estado” en el tema minero. Se concluyó en que el Estado no está ausente sino que es cómplice y funcional a los intereses de las empresas transnacionales; de ahí la desconfianza, no sólo en cuanto a la capacidad de control del Estado sobre ciertas actividades –en este caso la minería a gran escala-, sino en cuanto a su voluntad de control. Si a esto se suman los casos de ocultamiento de información, la desconfianza aumenta cada vez con mayores fundamentos.

Como será detallado en los Capítulos 5 y 7, las organizaciones que rechazan la minería a gran escala en Mendoza, no son homogéneas, ni entre ellas ni al interior de cada una. Pero puede deducirse que gran parte de las personas que participan de estas organizaciones, compartirían el análisis crítico que hace Lipietz acerca del funcionamiento de las sociedades industriales, y de los valores y conceptos sobre los que se apoya la cultura occidental. La Ecología Política considera que los límites de lo aceptable fueron ampliamente ultrapasados y que llegó la hora de cuestionar, de un modo general, prácticas y representaciones, ya que no son independientes (Lipietz, 2002.b). Estas críticas a la sociedad industrial, a la cultura occidental, al capitalismo y a la modernidad, son uno de los pilares en los que se basa la Ecología Política.

Las reflexiones de Lipietz, sobre la urgencia de dar nuevo contenido a la política, a partir de las prácticas, para que se amplíe la toma de conciencia de efectos distantes de la vida de cada uno, de modo de tornar justificables las restricciones impuestas por las leyes, de madurar en las comunidades locales la conciencia de un destino común del género humano, de necesidades comunes y de ventajas recíprocas, se materializa en las reivindicaciones plasmadas en las pancartas presentes en las movilizaciones mendocinas. En una de ellas, durante las Jornadas de Ayuno organizadas frente a la Legislatura de la ciudad de Mendoza, a fines del año 2006, con la finalidad de rechazar la megaminería en la provincia, podía leerse: “Todas las civilizaciones cayeron cuando perdieron de vista el bien común”. En el mismo sentido, en aquellas jornadas se juntaron firmas bajo el lema: “En defensa del agua y la calidad de vida, adhiero a la manifestación de la voluntad del pueblo, para lograr que se cumpla lo dispuesto por el artículo 41º de la Constitución Nacional, que defiende el medio ambiente sano para nosotros y las futuras generaciones”.

Sumado a ello, Germán Palacios considera que la Ecología Política –que el denomina “Ecopol”- debe ser una reflexión política en torno a las relaciones de poder y problemas de conocimiento sobre la construcción social, la distribución y el control sobre la naturaleza.

En otro sentido, Martínez Alier, retomando a Peter Brosius (1999), distingue dos «estilos» de Ecología Política: por un lado, el “materialista” –con el que él se identifica-, que insiste en los intereses materiales a la vez que en los valores sociales. Es el estudio de una serie de actores, con diferentes niveles de poder e intereses distintos, que se enfrentan a las demandas de recursos de parte de otros actores en un contexto ecológico particular. Por otra parte, el estilo “constructivista” –cuyo referente sería Arturo Escobar-, que consiste en el análisis del discurso. Este abordaje enfatiza cuestiones relacionadas con el significado, o la falta de significado, de expresiones como «recursos y servicios ambientales» para las diferentes culturas, con la «constructividad social o las reinvenciones de la naturaleza».

Sin embargo, Martínez Alier considera que se puede establecer una conexión entre ambos estilos, ya que los diferentes actores de los conflictos ecológicos distributivos, con sus diferentes dotaciones de derechos y poder, ponen en duda y desafían las reivindicaciones de otros, apelando a distintos lenguajes de valoración, dentro de su amplio repertorio cultural. Como plantearon Martínez Alier y Ramachandra Guha (1997), las luchas por los recursos, aun cuando sus orígenes son materialmente tangibles, siempre han sido también luchas sobre significados. En este sentido, en el caso analizado encontraremos diversos ejemplos, de cómo desde las empresas y gobiernos se mantiene un discurso “ecoeficiente” –confianza en la tecnología y los controles, un discurso en torno a la “minería sustentable”- que se contrapone a la forma en que los movimientos socioambientales –más vinculados al ecologismo popular- entienden y cuestionan el concepto de sustentabilidad. Por citar otro ejemplo de las diferentes percepciones en un conflicto ambiental relacionado a la minería, lo que para las empresas es “responsabilidad social empresaria” y “licencia social”, para las asambleas y otras organizaciones son estrategias asistencialistas, con el fin de convencer a las comunidades de las bondades de sus proyectos, y neutralizar el conflicto.

Es relevante en este aspecto el análisis de la “lucha conceptual” que hace Enrique Leff. La Ecología Política reconoce en el ambientalismo luchas de poder por la distribución de bienes materiales, pero sobre todo de valores-significaciones asignadas a los bienes, necesidades, ideales, deseos y formas de existencia. Es la política de la reapropiación de la naturaleza. Pero como toda política, no es meramente una estrategia práctica; su práctica no sólo está mediada por procesos discursivos, por aplicaciones del conocimiento, sino que es esencialmente una lucha que se da en los conceptos. La diferencia en el campo de la Ecología Política no sólo se manifiesta en la expresión de los diferentes movimientos socioambientales, sino también en las diferentes teorías, percepciones y uso de los conceptos por parte de la comunidad de expertos que están en el campo. La orientación de las acciones hacia la construcción de sociedades sustentables se da en una lucha teórica en la producción y apropiación política de los conceptos. Ello implica una real revisión del conocimiento que obliga a situarse en lo imaginario de las representaciones de la naturaleza para desentrañar sus estrategias de poder (del discurso de desarrollo sostenible). El discurso de la Ecología Política lleva a la deconstrucción de los discursos, de los paradigmas y las políticas establecidas, para abrirse hacia el proceso de construcción de una nueva racionalidad, a partir de los potenciales de la naturaleza y los sentidos de la cultura, de la actualización de las identidades y de lo que aun no es (Leff, 2006).

Relacionado a nuestro caso de estudio, un análisis semiótico del poder del capital y sus discursos, en torno a la megaminería, es realizado por Mirta Antonelli (2009). La autora indaga en la gestión del paradigma hegemónico de la “minería responsable” y el “desarrollo sustentable”, como dispositivos de intervención en la cultura.

En el mismo sentido, Henri Acselrad afirma: “…Su nominación –o sea, la designación de aquello que es o no es ambientalmente benigno- redistribuye el poder sobre los recursos territorializados, por la legitimación/deslegitimación de las prácticas de apropiación de la base material de las sociedades y/o de sus localizaciones. Las luchas por los recursos ambientales son, así, simultáneamente, luchas por sentidos culturales (…) o sea, por la afirmación de ciertos proyectos en contextos de desigualdad sociopolítica…” (Acselrad, 2004:19).

Por su parte, y como ya fue mencionado, Leff también realiza una crítica a la modernidad, que desconoció el orden complejo y la organización ecosistémica de la naturaleza, transformándola en objeto de conocimiento y en materia prima del proceso productivo. Leff destaca que, a partir de los años sesenta y setenta, la naturaleza se convierte en referente político, en objeto de disputa y apropiación, en tanto emergen por fuera de la ciencia diversas corrientes interpretativas en las que la naturaleza deja de ser un objeto a ser dominado y desmembrado, para transformarse en un cuerpo a ser seducido, re-significado, reapropiado. La ecología no es política en sí, el campo de la política es llevado a su territorio como respuesta al hecho de que la organización ecosistémica de la naturaleza ha sido negada y externalizada del campo de la economía y de las ciencias sociales. Al igual que Lipietz, Leff afirma que las relaciones de poder emergen y se configuran en el orden simbólico y del deseo del ser humano, en su diferencia radical con los otros seres vivos que son objeto de la ecología (Leff, 2006).

Para Arturo Escobar (1995), el discurso “liberal” sobre el desarrollo sostenible –del Informe Brundtland, por ejemplo- es criticado por el “culturalista”, que pone de relieve las consecuencias de la cultura económica dominante sobre la forma en que nos relacionamos con la naturaleza, y denuncia la imposibilidad de conciliar crecimiento económico y ambiente. Los culturalistas se encargan de rescatar el valor de la naturaleza como ente autónomo, fuente de vida no sólo material sino también espiritual. Por otra parte, la visión “ecosocialista”, comparte muchos de los planteos culturalistas, pero se diferencia de ellos por la atención que presta a la economía política como base central de la crítica. Retomaremos el planteo desde el eco-socialismo -o marxismo ecológico- más adelante en este apartado.

Finalmente, Escobar reconoce que todos estos discursos se influencian e interpenetran unos a otros, tanto en la teoría como en la práctica. Por ello, la ecología contemporánea debe ser vista como un espacio disputado por múltiples lenguajes, a pesar de que el lenguaje dominante intente con persistencia traducir los lenguajes populares a sus gramáticas y reglas de juego. Se necesitan nuevas narrativas de la cultura y de la vida. Estas narrativas deberán ser híbridos de algún tipo, en el sentido de que deben partir de las mediatizaciones e hibridaciones que las culturas locales logren efectuar sobre los discursos y prácticas del capital y la modernidad. Esta es una tarea colectiva en la cual los movimientos sociales sin duda tienen un papel primordial. La tarea supone luchas por construir identidades colectivas y por redefinir las fronteras y modos de relación entre naturaleza y cultura (Escobar, 1995).

Este papel fundamental que otorga Escobar a los movimientos sociales y a sus luchas coincide con la identificación que realiza Martínez Alier del ecologismo popular y la justicia ambiental como las fuerzas principales para la sustentabilidad y el decrecimiento económico. Así es que éste último autor afirma que el énfasis no debe estar en la resolución de los conflictos ambientales, sino más bien -dentro de límites gandhianos- en la exacerbación de los conflictos para avanzar hacia una Economía Ecológica. Para Martínez Alier, los movimientos sociales nacidos de semejantes conflictos ecológicos intentan equilibrar la balanza de poder, hoy tan inclinada hacia las empresas multinacionales (Martínez Alier, 2004). En este sentido, tanto las organizaciones socioambientales de Mendoza como las del resto de la Argentina, luchan día a día contra la cooptación de sus espacios y sus discursos.

Escobar introduce otro aspecto en esta discusión sobre el poder: el territorio, y lo relaciona directamente con la cultura. Para este autor, la cultura es política, ya que sus significados están constituidos por procesos que, implícitamente o explícitamente, buscan redefinir el poder social. Debido a ello, la sustentabilidad debe considerar procesos culturales de significación, procesos biológicos de funcionamiento ecosistémico, y procesos tecno-económicos de utilización de los recursos. De otra forma, la sustentabilidad no puede ser concebida en términos de parches o actividades singulares, o grados económicos solamente. Debe responder al carácter integral y multidimensional de las prácticas de apropiación efectiva de los ecosistemas. La región-territorio puede ser así articuladora de los proyectos de vida de las comunidades, con el proyecto político del movimiento social. La lucha por el territorio es así una lucha cultural por la autonomía y la auto-determinación (Escobar, 1998). Las luchas socioambientales en la Argentina son también luchas por y desde el territorio. “…Lo novedoso pasa por las formas históricamente cambiantes a través de las cuales se recrean y actualizan los dispositivos de expropiación ecológica como dimensión insoslayable de la geopolítica del poder mundial. El caso de la minería metalífera transnacional puede, en tal sentido, considerarse paradigmático de las nuevas formas de expropiación ecológica instauradas con la globalización del capital. Esta modalidad expropiatoria no es ajena a la dinámica de la alienación territorial; más bien, constituye una de sus dimensiones...” (Machado Aráoz, 2009:224). Actualmente en Argentina existen aproximadamente setenta asambleas de base, nucleadas desde el año 2006 en la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC), que conforman verdaderos “territorios de resistencia” (Svampa y Antonelli, 2009).

Por otra parte, no podemos olvidar los aportes del marxismo a la Ecología Política. Desde el Marxismo Ecológico, James O´Connor, aborda las contradicciones entre el capitalismo mundial y la integridad del mundo natural y social. Para este autor, los movimientos verdes radicales nacen de la contradicción básica del capitalismo mundial a finales del siglo XX. “…Justo en el momento histórico en que el Estado (y la sociedad) tiene que regular el capital con más firmeza e inteligencia –muy especialmente con respecto a la viabilidad de los sistemas ecológicos y las aptitudes y normas colectivas de las comunidades que representan la base de la solidaridad social-, la capacidad rectora del Estado (y la capacidad regulatoria de la sociedad) es cada vez más cuestionada e ineficaz…” (O´ Connor, J., 2001:10).

Para finalizar, retomaremos lo señalado por Enrique Leff, sobre el momento fundacional de un campo teórico-práctico en el que se encuentra la Ecología Política. Para este autor, se trata de la construcción de un nuevo territorio del pensamiento crítico y de la acción política, al que no sólo le conciernen los conflictos de distribución ecológica, sino el explorar con nueva luz las relaciones de poder que se entretejen entre los mundos de vida de las personas y el mundo globalizado (Leff, 2006). Es por esto, que no se trata de un nuevo paradigma de conocimiento, sino de un campo de estudio y acción que se construye en el encuentro y a contracorriente de diversas disciplinas, pensamientos, éticas, comportamientos y movimientos sociales.

Podemos sumar a esta reflexión lo propuesto por Palacios, sobre la “Ecopol” como campo de discusión inter y transdisciplinario, que reflexiona y discute las relaciones de poder en torno de la naturaleza, en términos de su fabricación social, apropiación, y control de ella o partes de ella, por distintos agentes socio-políticos. Palacios plantea el abordaje de las relaciones de poder desde una perspectiva de la política en sentido amplio, que desborda lo estatal, lo gubernamental o lo público, y considera las jerarquías y asimetrías de diferentes campos de relaciones de poder en torno de la naturaleza. La Ecología Política discute los aspectos de la fabricación, construcción o sistematización social de la naturaleza, no sólo en cuanto a los asuntos materiales, como tales, sino a su construcción imaginaria o simbólica, ya que estos imaginarios tienen implicaciones políticas (Palacios, 2006).

Lo antes mencionado se relaciona con la crítica realizada a algunos tipos de minería, como la del oro. Si consideramos el planteo de ciertos sectores mineros, que fundamentan e intentan construir el imaginario de que “necesitamos la minería para nuestras actividades, para nuestra vida”, ¿Cuál es el uso que damos en nuestro día a día al oro? ¿Cuál es la necesidad que el oro satisface? ¿Estamos dispuestos a correr con los riesgos ambientales de su extracción, para abastecer un consumo mayoritariamente suntuario? ¿Las “necesidades” que el oro cubre, no podrían satisfacerse con el reciclado y/o reutilización de lo ya extraído? ¿O se trata sobre todo de un símbolo de poder económico, con el que ciertos sectores se identifican? Este es un cuestionamiento en el que América Latina, desde su conquista, tiene mucho por argumentar.

Enrique Leff (2004), respecto al estado de la Ecología Política en América Latina, considera que la ambientalización de las luchas indígenas y campesinas en nuestra región, y la emergencia de un pensamiento ambiental latinoamericano, aportan una reflexión propia sobre estos temas y procesos. En este sentido, podemos mencionar que en la UAC contra el saqueo y la contaminación, están participando cada vez más activamente pueblos originarios y movimientos campesinos, que pueden aportar a este espacio relativamente nuevo sus experiencias históricas de lucha y resistencia.

Con estas contribuciones, y considerando el espacio de articulación de asambleas socioambientales y organizaciones sociales -tanto de Argentina como de otros países latinoamericanos- en el que se ha transformado la UAC, ésta y cada una de las asambleas que la conforman puede ser consideradas como ejemplos actuales de ciudadanía activa ante las nuevas formas de colonialismo, con gran potencialidad para enriquecer, desde la práctica, a una Ecología Política latinoamericana.

En conclusión, como afirma Héctor Alimonda (2008), la Ecología Política no pretende ser una ciencia, sino una mirada que interconecta. Es un punto de vista que intenta llamar la atención sobre algunas cuestiones. Es una perspectiva, que integra disciplinas, y que por ello no tiene método. Es un campo de conocimientos y saberes que se nutre día a día de las luchas de nuestras comunidades, y de los recuerdos y los sueños en los que basan sus resistencias.