5.2.4. La lucha por el territorio: autodeterminación y defensa de los bienes naturales comunes

Ya en el 2008, una nota realizada publicada por el Diario “Página 12”, titulada “A cinco años del grito de Esquel”, anunciaba: “…El caso Esquel marcó una bisagra en la defensa de los bienes naturales, con referencia en 90 pueblos de trece provincias que hoy rechazan la minería…” . En la misma nota se desarrollaba una entrevista a tres integrantes de la asamblea de Esquel. Al ser consultado sobre su evaluación de la actividad minera a nivel nacional, uno de ellos manifiestó: “…La minería avanzó porque es política de Estado que la actividad crezca. Pasando por todos los colores partidarios, en los últimos diez años se ha promovido la minería. Del lado del pueblo, ya somos 90 las comunidades organizadas contra la actividad y por la defensa de los bienes naturales…”.

Aquí aparece la denominación, ya abordada en el Capítulo 2, adoptada por las organizaciones socioambientales: bienes naturales comunes, en reemplazo de recursos naturales. Como fue explicado, si bien estos conceptos podrían ser considerados como sinónimos, el concepto de bienes comunes marca la ruptura con la idea de la naturaleza como recurso, asociada a la mercantilización de la naturaleza, que ya ha sido cuestionada por autores como Karl Polanyi (2006) y Donald Worster (2008). Como relata Riccardo Petrella en su artículo “A água. O desafio do bem comum”, el agua posee un valor simbólico que está mucho más allá del contenido material de la vida, un valor sagrado. Según este autor, en los últimos 30 años, asistimos al surgimiento de dos tendencias: reconocer al agua como un bien común mundial, del que la humanidad en su conjunto sería sujeto responsable, o de tratar al agua como una mercadería, un bien económico –definido según los principios de economía capitalista de mercado- (Petrella, 2004). En estas dos posturas que marca Petrella, se manifiesta claramente la oposición que representa el concepto bien común a la idea de naturaleza como mercadería. Es en este sentido que este concepto ha sido apropiado por gran parte de las organizaciones socioambientales consideradas en este trabajo.

En la misma nota del Diario “Página 12” que mencionamos previamente, se les pregunta a los asambleístas sobre la similitud de la lucha de Esquel con otras luchas. La respuesta pone de manifiesto la articulación y la relación profunda entre las distintas reivindicaciones suscitadas a lo largo del territorio nacional. “…Es un logro y satisfacción ver escenarios de lucha como los que se dan en San Juan, Catamarca, Córdoba, Río Negro o Santa Cruz. Hoy la minería está en un estado de debate. Les guste o no al sector privado y político, se ha despertado una conciencia en las comunidades y eso ya no se frena. Todas esas luchas muestran que hay una conciencia colectiva sobre la capacidad de la participación activa, que tenemos poder contra esos tipos que están sentados detrás de un escritorio de Canadá, Estados Unidos o Europa y quieren decidir nuestro futuro. Hay conciencia de que podemos dar y ganar las peleas, y lo confirmamos en cada movimiento que nace, en cada asamblea y en cada corte de ruta…”.

Entre los aspectos más significativos de este discurso, podemos destacar la conciencia de resistencia al avance de los megaemprendimientos en sus distintas expresiones, así como también la identificación de los orígenes de las empresas, y las modalidades que adopta esta resistencia. Se establece así la relación entre las diferentes luchas, lo que potencia la articulación entre diversas experiencias, que no se circunscriben a la problemática minera: “…Mineras, pasteras y soja son parte del mismo saqueo. Entre Ríos, San Juan, Chubut, Santiago del Estero y todas las provincias con comunidades de base son partes de una misma lucha. Las represas que inundarán territorios indígenas y campesinos se quieren construir para proveer de energía a las mineras. El potasio que se quiere extraer de yacimientos contaminantes será utilizado para los fertilizantes del monocultivo de soja y los agrocombustibles. Todas son formas de saqueo y contaminación que están relacionadas…”, reflexionan los asambleístas de Esquel.

El hincapié en la articulación de las diferentes luchas tiene que ver también con los vínculos existentes entre las actividades que generan oposición. Por ejemplo, en el caso del proyecto de extracción de sales de potasio de la multinacional “Río Tinto” –comprado posteriormente por “Vale”, este potasio será exportado a Brasil y su aplicación puede relacionarse con la expansión de la frontera agrícola en este país.

Otro ejemplo: muchas de las represas a las que se oponen organizaciones en diferentes países, serán fuentes de provisión de energía para la actividad minera y para otras actividades cuestionadas, por ello es que el “Movimento de Atingidos por Barragens” (MAB, Movimiento de Afectados por Represas), está profundizando sus vínculos con las organizaciones que rechazan la megaminería. El MAB forma parte del Movimiento “Vía Campesina”, una organización internacional que nuclea a movimientos campesinos de muchos países, incluyendo, entre otros, al “Movimiento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra” (MST) de Brasil, a la “Coordinadora Latinoamericana de las Organizaciones del Campo” (CLOC), y al MNCI de Argentina.

Como vimos, el saqueo perpetrado por las empresas en complicidad del gobierno también es denunciado por estos movimientos. Este término está presente en la mayor parte de las luchas socioambientales latinoamericanas. Según el Diccionario de la Real Academia Española, saqueo está asociado al “robo o apropiación de lo que hay en un lugar”. La conquista y colonización europea del continente americano, y los mecanismos de apropiación de la naturaleza y de los saberes de sus pueblos, son considerados actualmente parte de un saqueo social, ambiental, económico y cultural de la América prehispánica. Según Antonio Brailovsky (2006) la conquista ha significado un despilfarro de vidas humanas, de testimonios culturales y de recursos naturales. Por su parte, Eduardo Galeano, en su libro “Las venas abiertas de América Latina” relata la historia de América Latina como una historia del saqueo, que se extiende a los mecanismos actuales de despojo, y reconoce en las experiencias revolucionarias de nuestros días, a “los fantasmas de todas las revoluciones estranguladas o traicionadas a lo largo de la historia latinoamericana” (Galeano, 2003). Asimismo, desde la teoría económica, la idea de “economía del saqueo”, asociada a la teoría del intercambio ecológicamente desigual –contraria a la teoría del libre cambio-, ha sido enriquecida por conceptos como dumping ecológico y deuda ecológica.

Retomaremos nuevamente las afirmaciones de los asambleístas de Esquel, para destacar otro de los conceptos centrales asociados a este tema: la necesidad de otra democracia, una democracia real y activa, es decir, participativa. “…Teníamos muy presente lo que había pasado en el país con el 2001, la crisis de los partidos, las asambleas, el «que se vayan todos», el descreimiento absoluto hacia la dirigencia política. Creo que eso colaboró para que esta bomba estallara así. Sabíamos que no podíamos confiar en la clase dirigente. La gente dejó de lado la democracia representativa y tomó la democracia participativa…”.

Esta democracia participativa está asociada a la noción de poder popular, entendido como proceso a través del cual los lugares de vida (de trabajo, de estudio, de recreación) se transmutan en célula constituyente de un “poder social alternativo y liberador”, que permite avanzar en la consolidación de un campo contra-hegemónico (Acha et al., 2007). Según este autor, este modo popular de intervención política, se fundamenta en la necesidad de articular lo político con lo social, de pensar y hacer política con un fundamento social, por lo que tiende a develar la politicidad de los conflictos, incluso de los cotidianos. Estos planteos de democracia participativa representan así una discusión sobre las formas de participación, que se explicitan a través de las demandas formuladas, del discurso y de las modalidades de acción específicas.

Finalmente, es importante destacar, para el caso de las luchas contra la megaminería, otro resultado de la movilización social: la sanción de legislación que limita esta actividad, siendo siete las provincias argentinas que han dictado normas de estas características. Desarrollaremos este tema a continuación.