CONSIDERACIONES FINALES

“…A lo largo de la investigación encontramos una estrecha relación, entre los nuevos movimientos socio-ambientales analizados, con los repertorios de protesta social surgidos durante la crisis del 2001. Sus formas novedosas y creativas se evidencian tanto al abordar el espacio público, junto a sus demandas, que no se dirimen en el acceso al poder, sino más bien, en una exigencia constante al Estado, para que este no ceda a las pretensiones de la lógica de la rentabilidad encarnadas hoy en empresas transnacionales. Esto significa, que en el transcurso de sus demandas, construyen desde otro posicionamiento social enmarcado en defensa del bien común, que cuida y socializa, lo que es de todos, de tal modo que su lucha se aboca a la defensa de los ‘bienes comunes’. En este caso los procesos de conflicto y acción colectiva se desarrollan a la par de una constitución identitaria que si bien recoge otras identidades convergentes, postula una nueva, que se centra en la ciudadanía y la defensa del medio natural. Los ‘asambleístas’ lo son en tanto pobladores de una comunidad que está siendo interpelada, en su forma de vivir cotidiana y enfrenta los peligros de un cambio en su calidad de vida…”

Sergio Onofrio (2009:10)

Ante las problemáticas ambientales, los conflictos socioambientales evidencian el quiebre de la confianza en la razón técnico-instrumental -basada en la fe en la ciencia y la tecnología, y la limitación de los Estados para dar cuenta de la solución de este tipo de problemas sociales. Estos conflictos aparecen así como catalizadores de nuevas formas de organización y participación, que en el caso de Argentina fueron claves luego de la crisis del 2001, y que fueron retomadas estos movimientos.

Sin embargo, es importante destacar, como lo hicimos a lo largo del trabajo, que existieron ya en la década de los años ´80 movimientos que podemos considerar “antecesores directos” de los movimientos socioambientales que fueron objeto de estudio. En los años ´90 se profundizó la crisis social, y fue crucial para el surgimiento -desde mediados de esta década y durante la del 2000-, de nuevas modalidades de participación social, de las cuales las asambleas socioambientales se nutrieron y actualmente forman parte.

Estos movimientos poseen una racionalidad ambiental, que está tomando forma, abriéndose espacios entre los resquicios de la racionalidad dominante –la técnico-instrumental-, que ha tenido un largo periodo de legitimación. Este proceso de transición entre ambas racionalidades, se caracteriza por el choque entre las mismas, en cuanto a intereses y perspectivas. Consideramos que nos encontramos en esta etapa de transición, y que la emergencia de los conflictos socioambientales es su más clara manifestación. Desde la nueva perspectiva, se asumen las fuentes de riesgo y se incorpora la incertidumbre, se ponen en juego diferentes lenguajes de valoración (Martínez Alier, 2004) y diversos proyectos de apropiación y significación del mundo (Acselrad, 2004).

Es importante también aclarar que estos mismos movimientos socioambientales han sido capaces de potenciar la visibilización de sus demandas y reivindicaciones, a partir de su lucha. Aquí nos referimos a la profundización en ciertas dimensiones de la misma.

En cuanto a los movimientos socioambientales existentes en la provincia de Mendoza, comprobamos que son portadores de una racionalidad ambiental. En este sentido, a lo largo de la investigación, se han podido observar diversas cuestiones que lo comprueban.

En primer lugar, han mantenido una lucha basada en la reapropiación de su naturaleza y su territorio, defendiendo el agua y la autodeterminación de sus formas de vida, ante un proyecto de “desarrollo”, amparado en una racionalidad económica –grandes inversiones, extracción de recursos no renovables, pago por el recurso hídrico- que resulta incompatible con su “cultura del agua”.

Por otra parte, se han fortalecido los saberes locales. Ante la falta de respuestas en los pedidos de información oficial, llevaron a cabo sus propias búsquedas, confiriéndole sentido a sus saberes, “descolonizando” los conocimientos esgrimidos por el sector minero, y poniéndolos en cuestión. El conocimiento minero, basado en un principio de racionalidad fundado en el modelo cientificista de la modernidad (Leff, 2004) y en el “credo a la ecoeficiencia” (Martínez Alier, 2004), entró en conflicto con la racionalidad ambiental y el “ecologismo popular” que cuestionó su legitimidad. Incluso podemos afirmar que los movimientos socioambientales hicieron uso de argumentos y estrategias del “culto a lo silvestre” para contraponerse al “credo de la eco-eficiencia”.

Es decir, la construcción de esta racionalidad implicó un proceso social que surgió en respuesta a otro tipo de racionalidad, y que pudo ser percibida como “utópica”, pero que, sin embargo, se transformó muchas veces en la confirmación de que “sí se puede” –afirmada en los casos Gastre-Esquel-San Carlos-. Asimismo, los aspectos simbólicos y éticos formaron parte, no sólo de los discursos, sino también de las acciones llevadas a cabo.

Como ya fue afirmado, el choque de “racionalidades” también se trasladó al sector profesional –no sólo entre las diferentes disciplinas, sino también al interior de cada una de éstas-, entre quienes siguen apelando a la ciencia moderna para legitimar el conocimiento, y quienes apuestan a un nuevo paradigma científico que aborde la complejidad de los problemas e incorpore los saberes, sentidos e incertidumbre inherentes a las cuestiones socioambientales.

Por otra parte, la lucha compartida ha ido forjando una identidad colectiva en torno a la defensa del agua y el rechazo a la megaminería. Compartimos con Sergio Onofrio la afirmación de que “…en este caso los procesos de conflicto y acción colectiva se desarrollan a la par de una constitución identitaria que, si bien recoge otras identidades convergentes, postula una nueva, que se centra en la ciudadanía y la defensa del medio natural. Los ‘asambleístas’ lo son en tanto pobladores de una comunidad que está siendo interpelada, en su forma de vivir cotidiana y enfrenta los peligros de un cambio en su calidad de vida…” (Onofrio, 2009:10).

Asimismo, en su articulación a nivel provincial, coexisten identidades de los territorios “dominantes” –oasis- con las de territorios “marginados” –desierto-. Esta articulación ha sido posible bajo la consigna de la defensa del agua, lo que resulta por demás interesante ya que “…el manejo del recurso hídrico aparece como la principal bisagra de las relaciones espacio-sociedad y una expresión material y simbólica de las cadenas de dominación presentes…” (Montaña et al, 2005:28).

Teniendo en cuenta que “…si Mendoza aspira a territorios más cercanos a la sustentabilidad, su sociedad deberá recrear y resignificar esa identidad sobre objetivos de sustentabilidad ecológica construyendo políticas para la totalidad e integralidad de su territorio…” (Montaña et al, 2005:28-29), las organizaciones sociales surgidas de una lucha que logró unificar bajo una misma consigna, sectores de la población tan heterogéneos, deben ser tenidas en cuenta en la planificación del modelo de “Mendoza deseado” –especialmente en el actual marco de la de Ordenamiento Territorial (Ley Nº8.051)-.

Podemos afirmar así que estos conflictos nos marcan los errores del pasado, y los movimientos socioambientales son sujetos esenciales en la definición de una gestión ambiental actual que nos garantice una “sustentabilidad” social a futuro. En palabras de Aldo Rodríguez Salas: “…Un fuerte sentimiento colectivo acompaña este proceso social. Esta característica indica que la sustentabilidad social es la condición primaria a atender en toda propuesta futura. Este conflicto está caracterizado por la ausencia de una política eficaz y coherente, capaz de asegurar a los mendocinos la sustentabilidad ambiental…” (Rodríguez Salas, 2009).

Por otra parte, para la confirmación de la contribución de los movimientos socioambientales a la mejora de los procesos de evaluación de impacto ambiental, nos basamos en el caso del proyecto “Potasio Río Colorado” (PRC), ya que ha sido el único proyecto que ha pasado por esta instancia para su etapa de explotación en la provincia de Mendoza.

Vemos en este ejemplo un proyecto donde se ha aplicado el proceso de evaluación de impacto ambiental y la legislación que lo regula, y que, más allá de eso, no ha garantizado la distribución justa de los beneficios de la explotación, y se autorizó la extracción de nuestros bienes comunes –agua-minerales-energía- sin que la población pudiera tener una participación genuina en la toma de decisiones. Y esto, teniendo en cuenta que Mendoza posee una legislación pionera en materia ambiental, y que los funcionarios de gobierno fueron muy permeables al acceso a la información y a la participación establecida por la legislación. Es decir, el proceso se llevó a cabo en uno de los mejores escenarios posibles para el alcance de una decisión consensuada. En conclusión, se hizo lo que nuestras instituciones y la interpretación de nuestra legislación por parte de los funcionarios de gobierno, permitieron que se hiciera.

Este y otros temas antes mencionados nos llevan a pensar cómo los procesos de evaluación ambiental, más allá del cumplimiento de la normativa y los procedimientos establecidos por ella, no garantizan una adecuada visión de los impactos ambientales que pueden producirse. Los bienes comunes –o recursos naturales- siguen siendo explotados en beneficio de pocos, dejando sólo migajas a las poblaciones locales. Parece que, a pesar de los avances en materia ambiental, siempre se encuentra la manera de que la historia de explotación de América Latina - en la que sus bienes naturales tienen un papel central-, se perpetúe en el tiempo.

La falta de visión integral del proyecto a nivel nacional, sumada a que, si bien el proyecto fue evaluado por una comisión multidisciplinar –la CEIAM-, los representantes de los organismos que la integran estaban obligados a dictaminar sobre el tema de su incumbencia, permitió que, desde lo institucional, excepto el CPA, no se pudiera emitir opinión sobre temas que, sin embargo, afectan a los miembros de estas instituciones como ciudadanos. La discusión de las audiencias públicas no vinculantes también sigue presente.

Por otra parte, es importante destacar, más allá de las cuestiones de fondo, que mediante este proceso el proyecto fue mejorado considerablemente y disminuido el riesgo de contaminación. Se abre ahora el interrogante sobre el funcionamiento de la Unidad de Gestión Ambiental de PRC.

Asimismo, las asambleas socioambientales que participaron del proceso, realizaron una importante contribución, no sólo en cuanto a la mejora del IIA, sino a la difusión y debate sobre el tema. Pero, por otro lado, quedaron sin posibilidad de plantear discusiones como las nociones de sustentabilidad, la crítica al modelo de desarrollo vigente, su opinión sobre el saqueo de los bienes comunes, temas que quedaban fuera de la competencia de los organismos de aplicación en materia ambiental. ¿Cuál es la instancia en la que se deberían discutir estos planteos, cuando desde lo institucional quedan relegadas por ser “discusiones ideológicas”, o “estar fuera de la competencia del organismo de aplicación”? Pareciera, dados los hechos analizados, que desde las empresas, gobiernos y asambleas socioambientales, se habla en lenguajes diferentes. En palabras de Joan Martínez Alier: “… ¿Quién tiene el poder de imponer lenguajes específicos de valoración? (…) ¿Quién tiene el poder de imponer el lenguaje económico como lenguaje supremo en una discusión ambiental? ¿Quién tiene la capacidad de simplificar la complejidad, descalificando otros puntos de vista?...” (Martínez Alier, 2004:11-12).

Destacamos sin embargo que, además de la contribución a la mejora de los procedimientos de evaluación ambiental, desde estos pequeños espacios de resistencia se van abriendo nuevas instancias de participación y reflexión, que interactúan -como ha quedado demostrado en el ejemplo desarrollado- con el proceso institucional, con los organismos de gobierno y con las empresas, influyendo de manera indirecta, desde el cuestionamiento pero también desde la participación, en el control de los mismos. “…Hay cosas que los argentinos hemos dejado que pasaran, y nunca nos preocupamos por quién las decidía, cómo eran y qué pasaba, y quién controlaba, y ahora está pasando, tenemos un poco más de consciencia y porque algunas personas empiezan a protestar algunos se cuidan más y ya eso es un poco bueno…”.

Esta reflexión se ve confirmada, al cierre de este trabajo, en la evaluación ambiental del proyecto “San Jorge”, segundo proyecto minero que ha presentado el IIA de la etapa de explotación. La autoridad ambiental minera, ha tomado “ciertos recaudos” ante esta nueva evaluación, que reflejan el aprendizaje realizado a la luz de los cuestionamientos que las organizaciones plantearon en la evaluación del proyecto PRC. También la participación social en cuanto a observaciones al proyecto ha aumentado considerablemente.

En conclusión…mucho más que un “NO a la mina”

“…Estas visiones “tecnicistas” de la existencia son incapaces de reconocer la complejidad de la vida y de las relaciones sociales, cayendo en un reduccionismo fenoménico que niega la totalidad, fragmentando la realidad en compartimentos estancos, negando así la unidad en la diversidad…”

Galafassi y Dimitriu (2007:6)

Pudimos observar a lo largo de este trabajo, como la historia de las luchas en defensa del agua y en oposición a la megaminería en Mendoza, manifiesta un proceso que comienza en los departamentos agrícolas de Mendoza, se traslada al resto de la provincia, y se articula con organizaciones que surgen por otras problemáticas en todo el país -e incluso en países vecinos-, ampliando así no sólo la dimensión espacial del conflicto, sino también el contenido de sus reivindicaciones.

A lo largo de este proceso, que ya lleva algunos años, muchos de los movimientos surgidos han fortalecido su organización y han complejizado sus discusiones, en el marco de una experiencia conjunta de militancia en torno a una causa que las unifica. Los hechos acontecidos, las estrategias de lucha, los éxitos y fracasos, y la interacción con otros grupos, las ha llevado a incluir su accionar dentro del marco de una crítica al modelo de desarrollo impuesto desde las empresas transnacionales en complicidad con nuestros gobiernos. Si bien no todas las organizaciones han alcanzado el mismo grado de profundidad en estos planteos, y existen posiciones divergentes respecto a algunos temas, sí hay consenso en la afirmación de la relación existente entre la problemática particular que los ha reunido –en este caso la lucha por el agua y la oposición a los emprendimientos megamineros- y otras problemáticas existentes en el país, ocasionadas también por el de avance de grandes emprendimientos “contaminantes y saqueadores”.

En este sentido, las organizaciones avanzan en sus posicionamientos políticos, su coordinación con otros grupos, su participación o no en determinadas instituciones o instancias, aumentando así el espectro de temas en los que comienzan a involucrarse.

Este proceso no pasa desapercibido por las empresas mineras, preocupadas ante la movilización popular que les impide llevar adelante sus proyectos en el país. La capacidad de movilización y presión política fue demostrada en Mendoza con la sanción de la Ley Nº 7.722, por lo que los sectores mineros han comenzado a interactuar de otra forma con estas organizaciones, considerando además como antecedente lo acontecido en Esquel, y más recientemente en otras comunidades del país.

Como ejemplo de esta preocupación, podemos mencionar que en el evento “Argentina Mining 2008”, realizado en agosto de 2008 en la ciudad de Mendoza, gran parte de las conferencias rondaron en torno a la necesidad de lograr la “licencia social” de cada proyecto. Algunos representantes de empresas mineras mencionaron la licencia social como “un nuevo capital empresarial” , y otros rescataron la importancia de llevar a cabo un “mapeo social”. En este sentido, se mencionó la necesidad de conocer la idiosincrasia de las personas que viven en el lugar, de preparar a los prospectores y exploradores para comunicar a la gente las particularidades de la actividad, para ir tomando contacto con la comunidad e invitarlos a conversar desde el inicio, que es donde está el germen de los conflictos. Según se mencionó, cada vez que se acercan a una población, deben tener en cuenta la aparición de los denominados “mitos de la minería”: los ríos se van a secar, se utilizarán sustancias peligrosas, hay rentabilidad excesiva, entre otros. Manejar un lenguaje simple, y tener proveedores locales, se plantearon como “cosas simples” que generan un vínculo con la comunidad. “…Un buen mapeo social nos permite tener un buen plan de acercamiento…”.

Estas estrategias, son vistas por las asambleas y otras organizaciones que se oponen a la megaminería como asistencialistas, realizadas con el fin de convencer a las comunidades de las bondades de sus proyectos, y neutralizar el conflicto. El documento de la convocatoria al noveno encuentro de la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC), realizado en San Juan capital del 23 al 26 de abril de 2009, hacía mención a este tema: “…Para encontrarnos, Para fortalecernos, Para coordinar acciones, Otra vez, todos juntos. Para decirles: No tendrán la licencia social, Existen alternativas a este modelo de saqueo y contaminación. Nosotros podemos construirlo. Y lo haremos ¡¡¡¡¡Todos juntos!!!!!...”.

En el caso de Mendoza, las dos empresas mineras que han presentado Informe de Impacto Ambiental de la etapa de explotación, “Río Tinto” con el proyecto “Potasio Río Colorado” (PRC), y “Coro Mining” con el proyecto “San Jorge” han buscado el diálogo con la Asamblea Popular por el Agua del Gran Mendoza, a partir de reuniones con algunos de sus miembros. Sin embargo, si bien ha sido posible la discusión sobre cuestiones técnicas de los proyectos, hay aspectos en los que las diferencias en cuanto al contenido o a lo que implican determinados conceptos utilizados, como “desarrollo sustentable”, no han podido salvarse. En mayo de 2008, cuando la Asamblea Popular por el Agua del Gran Mendoza se reunió con la empresa minera “Río Tinto” -que planeaba extraer sales de potasio en Malargüe, al sur de la provincia de Mendoza, proyecto al cual esta Asamblea se ha opuesto con sólidos fundamentos-, los miembros de la Asamblea preguntaron a los representantes de la empresa que entendía Río Tinto por “sustentabilidad”. Si bien se reconoció que la minería del potasio no es sustentable porque implica la extracción de un recurso no renovable, los representantes de la empresa rescataron la relación de “Río Tinto” con la comunidad. También mencionaron que sólo iban a usar la cantidad de agua que fuera necesaria para la extracción, y que en la evaluación habían incluido impactos futuros y externos a la empresa, como la degradación del suelo por la ganadería. En conclusión, hicieron mención a la relación con las comunidades y al uso responsable y razonable de los recursos disponibles.

Sin embargo, para la Asamblea y para muchas organizaciones y personas que comparten su perspectiva, un proyecto que va a dejar como residuo para las generaciones futuras una pila de cloruro de sodio de 210 hectáreas -por aproximadamente 50 metros de altura-, y cuyo consumo de gas será de 1 millón de metros cúbicos por día, está lejos de ser sustentable. También se plantearon diferencias, entre la Asamblea y “Río Tinto”, sobre los conceptos “crecimiento” y “recursos no renovables”, entre otros, pero no se profundizaron por “…exceder los temas tratados en la reunión…” -en palabras de Ricardo Furfaro, Gerente de Relaciones Externas de “Río Tinto”-.

Por todo lo mencionado anteriormente, considerar las movilizaciones en contra de la megaminería en Mendoza como una disputa de agricultura vs. minería, es un reduccionismo que no da cuenta de la complejidad del conflicto.

En este sentido, podemos analizar el siguiente texto, donde se discute el contexto que dio lugar a la sanción de la ley provincial Nº 7.722: “…La disputa puede ser leída de manera más real, ya no tanto en defensa de un interés ambiental abstracto y retórico, sino entre dos modelos de desarrollo económico con diversas implicancias ambientales…” (Martín, 2008:4). Martín avanza en esta idea, afirmando que “…en gran medida, se trató de una disputa por el agua, entre los sectores agrícola productivos tradicionales con fuerte arraigo en la cultura e idiosincrasia de Mendoza que –además de ver amenazada la calidad de las aguas, vieron fundamentalmente amenazados los volúmenes de agua-, y el uso minero, que requería de ingentes cantidades del mismo líquido, siempre escaso en la provincia. El modelo de desarrollo agrícola tradicional encontró así en la causa ambiental, un discurso con fuerte aceptación popular y en los ambientalistas, un aliado estratégico en la disputa por el recurso, en cuanto importaba conservar el status quo por sobre la novedosa pero demonizada actividad minera…” (Martín, 2008:4). Según palabras del propio autor, desde este punto de vista la ley puede ser considerada como el resultado legítimo de esa puja de intereses y el triunfo del modelo tradicional de desarrollo de la provincia de Mendoza –y de los nuevos actores ambientales- por sobre el nuevo modelo de desarrollo minero que iba cobrando forma.

Entre sus fundamentaciones, Martín rescata dos puntos de gran trascendencia: en primer lugar, que entre los sectores que motorizan las presiones no se encuentran solamente ambientalistas, sino también empresarios, productores y comerciantes, vinculados fundamentalmente al sector agrícola, agroindustrial y ganadero. En segundo lugar, que la actividad agroindustrial no resulta en ninguna medida inocua, sino que produce diversas externalidades negativas en relación al agua y a los hábitats naturales.

Ahora bien, la existencia de sectores vinculados a la agricultura –incluso a la agroindustria de exportación- y al comercio, en las organizaciones que rechazan la megaminería, ya ha sido detallada previamente en este trabajo. Pero también queremos destacar su coexistencia con sectores que plantean reivindicaciones más profundas -en cuanto a sus críticas al modelo de desarrollo, incluyendo el modelo agrícola provincial-. Los grupos que rechazan la megaminería no desconocen los impactos ambientales que las prácticas agrícolas imperantes en la provincia han generado, y éstos también forman parte de sus cuestionamientos. Coordinar acciones para enfrentar la llegada de un nuevo tipo de emprendimiento contaminante –la megaminería- no significa que al interior de las organizaciones estos temas no sean debatidos. No se puede pasar por alto la heterogeneidad de sectores e intereses que integran estas organizaciones, pero justamente esta complejidad merece un análisis exhaustivo que evite miradas parciales. Como ya fue mencionado, si bien hay algunas organizaciones de las que forman parte grandes bodegueros de la provincia, también participan agricultores orgánicos o personas y grupos estrechamente vinculados con movimientos campesinos de la provincia, como la “Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra” (UST) , y la “Organización de Trabajadores Rurales sin Tierra de Lavalle” (OTRAL). Para los miembros de la UST, la función de la tierra es producir alimento. “…El eucalipto en el noreste, la caña de azúcar en el norte, y la uva de exportación en Mendoza, son ejemplos que responden al mismo modelo. Los trabajadores sin tierra de Lavalle buscan producir alimentos para el pueblo, no para nichos de mercado. Hay en su lucha una autodefensa del territorio, por lo que este territorio debe estar organizado para resistir...”. La UST pertenece al “Movimiento Nacional Campesino Indígena” (MNCI), integrado a nivel nacional por diversos movimientos campesinos y pueblos originarios del país. El MNCI participa de los encuentros de la UAC, lo que constituye una manifestación de la articulación de las diferentes luchas sociales y ambientales –o socioambientales-.

En este sentido, Gabriel Liceaga (2008) destaca la confluencia temática que se presenta respecto del acceso al agua. “…Podría estar sucediendo en realidad que aquello que las organizaciones campesinas e indígenas denuncian ya no son cuestiones que el resto de la sociedad vivencia como exclusivas de esos sectores. Pareciera que las luchas campesinas y de los pueblos originarios son compartidas por muchos otros, y no solamente debido a un acto de solidaridad. Es como si los conflictos por la tierra o por el agua -históricos conflictos protagonizados por campesinos e indígenas- estuvieran siendo asumidos por muchos otros sectores de la sociedad, sobre todo en las ciudades pequeñas e intermedias…”.

Por otra parte, es necesario también abordar la discusión sobre la caracterización de estas luchas como “ambientales”. Si bien algunas de estas organizaciones se autodenominan “ambientalistas”, otras lo hacen como “socioambientales”, y en algunos casos el término ambiental no ha sido una decisión propia sino un rótulo impuesto desde los medios de comunicación y los sectores a los que se oponen. En este sentido, “ambientalistas” ha sido utilizado en diferentes notas en los medios de comunicación para desprestigiar a estas organizaciones. Así surgen diversas denominaciones para hacer referencia a quienes se oponen a la actividad megaminera y a sus acciones: “manifestantes”, “antimineros”, “agricultores”, “puebladas”, “piquetes”, “piquetecracia”, “rebelión”, “hordas”, entre otras. Veamos un ejemplo: “…Las movilizaciones populares, transformadas en hordas intentando imponer por la fuerza su opinión, mostró a muchos funcionarios del Ejecutivo así como a muchos legisladores en lo peor de su rol y, lo que es más grave, les dieron carácter institucional a estas hordas...”.

Defender la identidad, el territorio y los bienes comunes va mucho más allá de la defensa de la actividad tradicional arraigada en la provincia de Mendoza –la agricultura-. Invita a cuestionarla, a repensarla a la luz de otras alternativas relegadas que comienzan a tomar forma.

Hay un cuestionamiento de fondo al modelo imperante, que también puede volverse en contra de determinadas prácticas agrícolas presentes en Mendoza. Hasta ahora, se a priorizado un frente de lucha –el rechazo a la megaminería-, pero las organizaciones formadas por esta causa saben que la lucha por el agua va más allá de la oposición a la actividad minera. Como afirma Horacio Machado Aráoz: “…Frente e ese “destino” hegemónico, las luchas antimineras pugnan por abrir los territorios hacia otras identidades posibles y constituyen de por sí, para sus protagonistas, nuevos espacios de subjetivación...” (Machado Aráoz, 2009:228).

Estamos ante asambleas que están al tanto de los hechos -ya mencionados en este trabajo- ocurridos en la Rioja (y que también han sido sufridos por otras asambleas, como la de Esquel y las de San Juan), que no desconocen que situaciones similares pueden acontecerles también a ellas, y sin embargo resisten, construyendo una identidad colectiva a partir de la defensa de los bienes comunes y la autodeterminación de los pueblos como banderas de lucha.

Organizaciones que han traído una vez más al foco del debate la falacia en la que se ha convertido la democracia representativa, que crean espacios de democracia participativa, criticando a través de sus acciones, y no sólo discursivamente, la complicidad de los sectores de gobierno ante el avance de estos emprendimientos. Son asambleas que actualizan viejas luchas –muchas personas y grupos que participan de ellas vienen de otros espacios de militancia-, que se articulan con otras organizaciones –como los pueblos originarios y los movimientos campesinos-, demostrando que lo “ambiental” se autocuestiona en la diversidad de intereses que ha logrado reunir. Son espacios latentes que merecen atención, pero una atención acompañada de un análisis cuidadoso e integral que abarque la complejidad inherente. Son espacios que llevan a replantearnos las “visiones tecnicistas” con las que se ha intentado abordarlos.

Volvamos ahora sobre algunas cuestiones importantes que se han ido planteando a lo largo de este trabajo. En primer lugar, hay una relación intrínseca entre este tipo de movimientos y la denominada crisis socio-ambiental global62 o crisis ecológica que remite a una crisis más general de lo social y lo político.63 Esta crisis ha dado lugar a un debate sobre la necesidad de una nueva ética, una nueva epistemología, una nueva forma de gobernar y de gestionar el ambiente, una reinvención de las relaciones de poder –entre los seres humanos, y entre ellos y el medio en que habitan-, e incluso nuevos valores y nuevas maneras de pensar, actuar y sentir en todos los niveles de nuestra vida. Los planteos y cuestionamientos que realizan estos movimientos van más allá del pedido de solución del problema que los reunió. En el caso de la minería de oro, por ejemplo, hay una crítica de fondo, a lo que este metal significa y ha significado a lo largo de la historia –como símbolo de poder, de riqueza-. Cuando se aborda la crítica a los proyectos megamineros, siempre se menciona la existencia de una nueva fiebre del oro, donde Esquel fue visto como el inicio, como la puerta de entrada a la patagonia argentina. Se habla también de una segunda conquista –la primera es la conquista del continente americano, de su gente y sus recursos naturales-, y de un segundo saqueo. Y es allí donde se plantea la dificultad de diferenciar entre las reivindicaciones de tipo social y ambiental, donde las manifestaciones contra la contaminación se mezclan con el derecho a la vida y la necesidad de igualdad y justicia inter e intra-generacional.

En cuanto a la relación con los organismos del Estado, como puede desprenderse de los hechos comentados, muchos son los desafíos que se abren para ambos sectores –el gobierno, y su dependencia relevante en el tema, la Secretaría de Medio Ambiente, y las organizaciones de base, como la Asamblea del Gran Mendoza- al coexistir en un espacio común –como el Consejo Provincial del Ambiente-. También es importante destacar que el Consejo no es un espacio neutral, sino que, como ya fue mencionado, forma parte de la Secretaría, como órgano asesor de la misma.

La apertura de la Secretaría de Medio Ambiente a la participación de estas organizaciones en el Consejo, puede verse como superadora de instancias previas donde este Consejo ha sido manipulado en base a los intereses de los representantes del gobierno de turno. Por otra parte, aun no se han generado instancias concretas de participación de estas organizaciones en políticas a llevarse a cabo por la Secretaría –de ahí las críticas a la falta de participación en el Plan de Gestión Ambiental-.

Más allá de esto, la Asamblea Popular por el Agua del Gran Mendoza ha decidido darse la experiencia de participar del CPA, a pesar de la desconfianza y poca expectativa que tienen sobre estos espacios la mayoría de las organizaciones de base. Desconfianza que, por otra parte, no es infundada, sino que responde al conocimiento y a la experiencia histórica de diversos intentos y hechos concretos de cooptación de asambleas por parte del gobierno y de partidos políticos -que no sólo se apropian de ciertos sectores de base sino que para cooptarlos se apropian de sus discursos y modalidades de acción-. Por este motivo, al ingresar a estos espacios de aparente participación, las organizaciones de base saben que corren el riesgo de que sean instancias contenedoras de acciones más contundentes y terminen desmovilizándose. Por otra parte, el gobierno no desconoce que tener a estos grupos formando parte de su estructura, también significa legitimarse en algunos espacios o contar con el aval de ciertos sectores de la sociedad. Hay antecedentes del poder de movilización y de presión sobre la toma de decisiones del gobierno que han tenido estas organizaciones –y los miembros de la AMPAP han sido claro ejemplo de ello en la provincia-.

Lo que se trata de discutir aquí es hasta qué punto instancias como el CPA, constituyen espacios democráticos y participativos, en el sentido en el que entienden participación y democracia las organizaciones de base -como la Asamblea Popular por el Agua del Gran Mendoza-.

Los objetivos, la organización y las metodologías -tanto de la Asamblea, como del resto de los miembros de AMPAP, así como de otras organizaciones con quienes éstas comparten criterios de lucha-, no se encuentran representados en espacios como el CPA. Estas organizaciones no están interesadas en tener cierto tipo de estructuras. De hecho, AMPAP no cuenta con líderes que hayan sido electos por sus miembros, ni tampoco los tiene ninguna de las organizaciones que forma parte de ella. Asimismo, ninguno de estos grupos tiene –ni quiere- personería jurídica. En general, comparten la perspectiva de que los cambios más importantes no se han dado a partir de instituciones estructuradas, sino de la gente en la calle, movilizada.

En este sentido, son otros los valores que sustancian a estas organizaciones: la horizontalidad, la educación popular y la formación de sus miembros, la construcción grupal y la auto-reflexión –y de allí la importancia de registrar su propia historia, y de realizar análisis críticos y fundamentados de documentos y acciones-.

A raíz de ello, y como ya fue mencionado, la democracia participativa que estas organizaciones reclaman no se encuentra actualmente materializada en los espacios de participación que generan las estructuras oficiales. Espacios como estos Consejos, Audiencias Públicas, foros de debate, entre otros, permiten a las personas expresarse públicamente pero no son vinculantes. Esto quiere decir que son instancias donde la población puede opinar y discutir, pero nadie sabe con certeza si estas opiniones tendrán alguna posibilidad de traducirse en prácticas concretas. “…Se ha extendido por toda la región una profunda insatisfacción con los resultados de esa democracia en términos de justicia social, eficacia gubernamental e inclusión política…” (Dagnino, Olvera y Panfichi, 2006:15). Esta realidad, por un lado, ha desgastado a gran parte de la población, que ha abandonado su participación en la vida política –y no se está hablando aquí de una política partidaria, sino de ejercer el derecho a la participación en la toma de decisiones que cada uno de nosotros tiene como miembro de la sociedad en la que vive-.

Por otra parte, esta pérdida de confianza y de expectativas en la democracia representativa actual, ha dejado abierto el espacio para la formación de asambleas, colectivos, grupos de vecinos y otro tipo de organizaciones que comparten el objetivo de una democracia real, participativa. Más allá de sus dificultades, crisis y desafíos, gran parte de estas agrupaciones ha logrado mantenerse en el tiempo, crecer y articularse con otras experiencias, lo que ha fortalecido la lucha en común.

Si tomamos el caso específico de las organizaciones que nacen a partir de un conflicto ambiental, éstas tienen la potencialidad de atraer a personas y colectivos con diferentes intereses, que confluyen en un espacio de construcción en común. Este es el caso de la Asamblea Popular por el Agua del Gran Mendoza y la propia AMPAP. Así es como estos espacios asamblearios terminan auto-transformándose a partir de su propia dinámica –la lucha en común que surge por un conflicto ambiental concreto, termina trascendiendo el problema puntual que la hizo nacer, pasando hacia objetivos más amplios y más profundos-. Por ejemplo, muchas organizaciones nacidas en rechazo a los monocultivos y a los desmontes, pasan a tener como objetivo de lucha la soberanía alimentaria y la autodeterminación de los pueblos.

Esta característica potencia también que se produzcan cambios en la perspectiva que cada grupo y/o persona tenía sobre el tema cuando comenzó a participar de estas organizaciones. La posibilidad de tomar conocimiento de otros puntos de vista sobre el problema, y de otras experiencias de lucha, influye en los procesos de auto-reflexión. Por un lado, esto puede ser positivo en cuanto a su potencial de descubrimiento, de socialización de información, de formación y de unión de luchas. Por otra parte, también puede ser negativo, ya que esta heterogeneidad puede ser potencial de conflicto hacia el interior de estas organizaciones.

Aparece así la necesidad de sus integrantes de registrar la historia de cada asamblea, y de realizar actividades de formación de base, planteada principalmente por aquellas organizaciones con más tiempo de lucha que han aprendido la importancia de este aspecto para el fortalecimiento de la organización.

Este proceso se ve favorecido por la horizontalidad de estos espacios, donde todos pueden participar y discutir, generándose un proceso de autoconocimiento, reflexión y construcción en conjunto, que propicia la toma de decisiones respaldada en una construcción colectiva. Sin embargo, el proceso asambleario es visto por otros como potenciador del desgaste y la lentitud de los procesos. Es real que la diversidad de movimientos y de momentos de lucha de cada asamblea también puede dificultar la operacionalidad y la construcción de los lineamientos básicos de esta unión. Por ello, es importante que la construcción conjunta sea prioritaria ante los puntos de divergencia.

En este sentido, se debe rescatar la visión a largo plazo de estos movimientos, cuya actividad no termina con la prohibición de la actividad minera, con la no instalación de una empresa de pasta de celulosa, entre otras. En espacios como la UAC se plantean discusiones sobre la continuidad o no en caso de que se solucione el problema por el cual una determinada organización ha surgido. La mayoría coincide en su continuidad, ya que la participación en estos encuentros les ha permitido descubrir otras problemáticas existentes en otros lugares pero de las cuales ahora se sienten parte.

Todas las reivindicaciones presentes en la UAC llevan impresa la historia de Latinoamérica. Como ya se mencionó, Esquel fue considerado el inicio de una segunda conquista, que tiene otras modalidades: empresas transnacionales en complicidad con los gobiernos nacionales, utilizando estrategias como las denominadas responsabilidad social empresaria y licencia social. Y es allí donde se plantea la dificultad de diferenciar entre las reivindicaciones de tipo social y ambiental, donde las manifestaciones contra la contaminación se mezclan con el derecho a la vida y la necesidad de igualdad y justicia inter e intra-generacional.

Si bien en los discursos presentes en las reuniones de la UAC hay una postura antiimperialista y un planteo de cambios radicales, muchos de sus miembros ven necesario acelerar el proceso que ya se está dando, de consolidar a la UAC como un espacio de construcción de poder popular, y ya están trabajando en este sentido. Así es como, por un lado, puede pensarse que la lentitud de los procesos y la diversidad de intereses y de momentos de lucha podrían llevar a un fracaso. Por otro lado, estos espacios también pueden considerarse como una cuna de militantes, ya que se trata de un movimiento nuevo, un espacio donde su politización es un aspecto a profundizar, que posee la destacable capacidad de unir a tanta diversidad de personas y organizaciones en una lucha en común. Como destaca Omar Acha (2007), lo popular es un campo heterogéneo y contradictorio, habitado por las predisposiciones que contribuyen con la reproducción del sistema de dominación como también por aquellas que lo cuestionan.

LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN REALIZADA Y RECOMENDACIONES SOBRE ASPECTOS A PROFUNDIZAR EN FUTURAS INVESTIGACIONES SOBRE EL TEMA

Durante la investigación, las limitaciones estuvieron dadas por dos cuestiones. Por un lado, por la falta de antecedentes en estudios sobre conflictos y movimientos socioambientales en Argentina, dada la novedad de la temática.

Por otro, por el cuidadoso tratamiento que requiere el abordaje de las organizaciones sociales, en el contexto actual de criminalización de la protesta e intentos de cooptación/neutralización de sus acciones. Estos motivos llevaron a la decisión de no profundizar en algunas estrategias, características y situaciones de los movimientos objeto de estudio, a fin de preservar información confidencial en torno a los mismos.

Diversos aspectos fueron detectados durante la investigación como posibles líneas de avance de futuras investigaciones, a saber:

 Análisis de las diferentes percepciones en torno a la contaminación generada por la agricultura, la actividad petrolera y la megaminería.

Si bien se reconoce la contaminación producida por las dos primeras actividades mencionadas, éstas no han generado la movilización en oposición a la actividad que generó esta última. Consideramos que esto se debe en parte a que tanto la agricultura como la actividad petrolera, a diferencia de la megaminería, son actividades con las que la población mendocina ha convivido históricamente, pero sería interesante indagar sí estas movilizaciones en torno a la megaminería podrían potenciar la organización de movimientos que cuestionen otras actividades contaminantes, como las mencionadas.

 Causas de la falta de movilización social en departamentos con problemas socioambientales existentes –no potenciales-.

Dos casos de los analizados despertaron este interrogante. Por un lado, San Rafael, departamento en el que, aun con la presencia de pasivos ambientales del funcionamiento del Complejo Fabril de Sierra Pintada, no se ha generado una movilización social capaz de impulsar su remediación –y oponerse a la reapertura- por lo que las organizaciones preocupadas por esta situación recurrieron a la vía legal.

Por otro lado, el departamento de Lavalle, con una problemática real en cuanto a la calidad y acceso al agua potable, donde la población también se presenta reticente a participar de movilizaciones para generar cambios en ese sentido.

Se trata de dos casos donde se combina la presencia real del problema con la falta de reacción social, a diferencia del resto de los casos, donde la movilización se produjo ante la posible instalación de los proyectos mineros.

 Estudios sobre el “efecto derrame” en las poblaciones cercanas a proyectos megamineros en funcionamiento en el país.

El cuestionamiento a la falta de distribución de los beneficios económicos que obtienen las empresas mineras, y la afirmación por parte del sector minero de su contribución al “desarrollo local” torna necesario la realización de estudios serios acerca de los beneficios reales que estas empresas generan en las poblaciones locales, en comparación con los costos sociales y ambientales.

Otro aspecto que resulta esencial investigar, en relación a los beneficios generados por las empresas mineras, es el empleo generado, tanto de manera directa como indirecta, en los casos ya existentes de proyectos en funcionamiento.

 Develar la existencia –o no- de reivindicaciones socioambientales en protestas y movimientos históricos y actuales de nuestro país.

Este tema cobra importancia por dos cuestiones. Por un lado, porque actualmente pueden analizarse movimientos sociales previos, parafraseando a Martínez Alier, con “lentes ecológicas”. Por otro lado, para desmitificar la clasificación de todo conflicto social como socioambiental, diferenciando claramente cuáles fueron las reivindicaciones que dieron origen a los movimientos, y cuales las que fueron incorporándose con el paso del tiempo.

 Análisis de la incompatibilidad de contenidos otorgados al concepto de “desarrollo sustentable” por las empresas mineras, con los otorgados al mismo por las organizaciones socioambientales.

Consideramos que es necesario un análisis más profundo de esta incompatibilidad, a fin de describir y analizar cómo los diferentes grupos en conflicto construyen y dotan de sentido a la noción de “sustentabilidad”.

También resulta pertinente un análisis de cómo éste y otros conceptos y reivindicaciones “socioambientales” son apropiados/as por los sectores empresarios y por funcionarios de gobierno, reutilizándolos en función de sus propios intereses.

 Análisis, para el caso de los movimientos socioambientales, de las estrategias de criminalización y neutralización de la protesta

En una “democracia” como en la que vivimos, la criminalización de los movimientos sociales toma otras formas: amenazas, acciones de intimidación, denuncias penales, entre otras. Dilucidar las estrategias utilizadas para el caso de los movimientos socioambientales, contribuirá a la defensa de la libertad de expresión y manifestación que consideramos esencial para la participación social en una verdadera democracia.