3.2. LOS AÑOS ´90: PRIVATIZACIONES E IMPULSO A LA INVERSIÓN EXTRANJERA

En correlación a lo mencionado previamente, en los años ´90 se sancionaron leyes que tuvieron por finalidad atraer inversiones hacia la actividad minera. Entre las más importantes, se encuentra la “Ley de Inversiones Mineras” (Nº 24.196), la que por sus beneficios (estabilidad fiscal; deducciones en el impuesto a las ganancias; amortización acelerada de inversiones al efecto del impuesto a las ganancias; avalúo y capitalización de reservas, sin efectos impositivos; exención de derechos, gravámenes y tasas aduaneras para importación de bienes de capital, equipos e insumos para desarrollar proyectos mineros; fijación de un tope de 3% del valor boca mina para el cobro de regalías, entre otros) fomentó la participación de empresas privadas en la inversión de riesgo que antes asumió el Estado.

Este marco legal propició el advenimiento de la inversión privada no sólo nacional sino también extranjera, aumentando la prospección y exploración minera en el país. La República Argentina se transformó, en un lapso menor a una década, en el primer país en captación de inversiones mineras, y no hay en el mundo compañía minera de importancia que no se haya radicado en la Argentina a partir de entonces (Mendez, 1999).

Andrea Mastrangelo considera que, a diferencia de otros países del área andina, como Bolivia, Chile y Perú, la Argentina, hasta la instalación de la mina “La Alumbrera” en la provincia de Catamarca, no tenía antecedentes históricos de grandes emprendimientos mineros. Hasta la reforma del Estado en 1990, el Código Nacional de Minería representaba a los recursos naturales no renovables como el reaseguro de la soberanía nacional. Como ya fue explicado, entre 1930 y 1980 la minería y metalurgia fueron, casi exclusivamente, un tema de militares. Fue recién en 1994 cuando el gobierno nacional promovió, a partir de un conjunto de leyes, la desregulación de la minería, permitiendo la elaboración de importantes proyectos de inversión al sector privado externo (Mastrangelo, 2004).

Respecto a Mendoza, durante la última década del Siglo XX, se produjo un rápido y acentuado incremento –seguido por un fuerte descenso- en los niveles anuales de tramitación de expedientes semejando, el conjunto de ambas tendencias, un movimiento típicamente cíclico. Este hecho da cuenta de una correlación positiva entre el comportamiento de algunos indicadores generales muy afectados por la nueva política minera desplegada por el Estado Nacional desde el año 1991 con el nivel de actividad minera de la provincia, medida en términos de volumen de expedientes tramitados ante la autoridad minera. La política nacional se vio reflejada en un aumento del nivel de inversión sectorial, del número de empresas mineras internacionales operando en Argentina, del número de proyectos de prospección y exploración en ejecución, del valor de las exportaciones mineras y la adhesión de la provincia de Mendoza a tales políticas, entre otros aspectos ligados a un nuevo contexto económico general dentro del cual se desenvuelve un nuevo modelo de crecimiento sectorial y de valorización de los recursos minerales (Bombal, 2005).

Más allá de los beneficios económicos, el proceso de reforma y desregulación del régimen de concesión de áreas mineras formó parte central de la nueva política minera desplegada a escala nacional por la administración menemista, reflejando una “coyuntura de transición” en la instauración de un nuevo modelo de valorización y apropiación de los recursos minerales a escala nacional. La explotación de estos recursos, que hasta fines de los años ´80 fueron considerados estratégicos, se transfiere a las grandes corporaciones mineras transnacionales, “…que los consideran commodities destinados a satisfacer las demandas provenientes del mercado internacional...” (Bombal, 2005:262).

En contraposición a este impulso a la inversión en el sector minero, los movimientos socioambientales –que se oponen a este “nuevo modelo de valorización y apropiación” de los recursos minerales y de sus territorios- mantienen una postura crítica hacia la política neoliberal implementada en esta década, y en especial hacia la legislación que favoreció a las grandes compañías.

Por otra parte, desde el sector minero, las posturas no son homogéneas. Hay quienes piensan que esta legislación debe ser revisada, y que fue parte de una ola general de privatizaciones y apertura a la inversión extranjera. Asimismo, hay quienes consideran que esta legislación es justa, ya que recompensa a aquel que realiza una inversión de riesgo, y que, además, la actividad minera posee la característica de tener una ley específica que incorpora la protección del ambiente, sancionada también durante esta década (Ley Nº Ley 24.585, de 1995).