7.2. SAN RAFAEL: MINERÍA DE URANIO, PASIVOS AMBIENTALES Y LA NEGATIVA A LA REAPERTURA

En el departamento de San Rafael existe una problemática diferente a la del resto de la provincia: la posible reapertura de la mina de uranio “Sierra Pintada”, impulsada por el gobierno, a través de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), organismo autárquico del Estado nacional creado en 1950.

Diversas características le confieren a este conflicto notables diferencias con los acontecidos en otros departamentos mendocinos: una mina de uranio que ya estuvo en operación -pasivos que no fueron remediados-, la explotación de la mina por parte de un ente estatal –la CNEA-, una población que no se expresa mediante movilizaciones, y la apuesta a otra estrategia de acción: la vía legal.

7.2.1. Sierra Pintada: reapertura bajo la sombra de los pasivos ambientales

La mina de uranio “Sierra Pintada”, en la provincia de Mendoza, está ubicado a 1.200 Km al oeste de la ciudad de Buenos Aires en las primeras estribaciones de la cordillera de Los Andes. La explotación fue detenida en la década de los ´90, pero desde hace algunos años la CNEA está evaluando la posibilidad de reactivar su funcionamiento de la mina, debido al aumento del precio internacional del uranio y de la demanda de uranio al reactivarse el proyecto “Atucha II”.

Desde fines del año 2002, el tema de la reapertura de “Sierra Pintada”, la mina de uranio que había sido explotada a cielo abierto desde 1976 a 1997, año en que se cerró por motivos económicos, comenzó a tomar estado público a través de los medios de prensa locales. “El Gobierno frena la actividad de la CNEA por el daño ecológico”, se titulaba una nota del diario “Los Andes” del 17 de diciembre de 2002, que detallaba: “…El gobierno de Iglesias no permitirá la reactivación del Complejo Sierra Pintada, en San Rafael, hasta que la Comisión Nacional de Energía Atómica no solucione los pasivos ambientales que tiene en ese departamento y en Malargüe. La intención de la Comisión Nacional de Energía Atómica es trasladar desde Córdoba al complejo minero fabril San Rafael una planta de purificación y permitir de esta forma su reactivación, teniendo en cuenta el actual valor del uranio. La resistencia del gobierno mendocino se debe, fundamentalmente, a la falta de respuesta que desde 1999 tiene la CNEA con el tratamiento de las colas de uranio de Malargüe. Pero hoy también surge claramente a la luz que hay pasivos ambientales de riesgo en la zona de San Rafael…”.

La intención por parte de la CNEA de reabrir “Sierra Pintada”, trajo a la discusión un tema que durante años se había mantenido en letargo: la CNEA no había remediado los pasivos ambientales de la explotación previa. En este sentido, Alejandro Moyano, en su libro “Residuos radiactivos en el departamento de Malargüe”, inicia la introducción con una reflexión que resulta importante traer a este trabajo ya que se aplica también al caso de “Sierra Pintada” en San Rafael: “…la energía nuclear o la minería del uranio no son ¨malas¨ en sí mismas, pero cuando se encuentran en relación simbiótica con variables como la falta de tratamiento de los residuos radiactivos generados, población con información insuficiente o nula, escasa participación de la comunidad en la toma de decisiones, daño a los recursos naturales, impactos a la comunidad o discordancias informativas, es cuando aquellas ¨cosas¨ se tornan sensiblemente negativas. El conjunto de factores antes enumerados confluyen en lo que se podría calificar como un único elemento generador de conflicto: la inadecuada gestión de clausura…” (Moyano, 2004:11).

“CNEA reactivará yacimiento de uranio Sierra Pintada” , “La CNEA quiere reactivar la mina Sierra Pintada”, eran titulares que se repetían en diferentes medios de prensa. Como ya fue mencionado, los motivos del intento de reapertura fueron: el aumento del precio del mineral –cuya importación ya no era rentable- y el aumento de la demanda.

Las noticias que mencionaron el tema también aludieron a la necesidad de estudios de impacto ambiental, remediación de pasivos y audiencias públicas. “…Ocurre que una explotación de estas características, teniendo en cuenta el conflictivo historial de los desechos de uranio en Malargüe, remite a la controversia suscitada recientemente en Chubut. Allí el tema ambiental generó un plebiscito, que terminó por detener la explotación de oro en el Cordón de Esquel, con gran repercusión nacional e internacional…” , podía leerse en el diario “Los Andes” en mayo de 2003.

El reciente “No a la mina de Esquel” era traído a colación en este tema, destacando la necesidad de contar con los estudios ambientales necesarios previos a la reapertura. Recordemos también que el conflicto de San Carlos recién alcanzó visibilidad en el año 2005, por lo que en aquel momento no había antecedentes de conflictos en torno a la minería a nivel provincial.