3.3. LA MINERÍA COMO POLÍTICA DE ESTADO Y LA ALARMA ANTE LOS CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES EN LOS INICIOS DEL NUEVO SIGLO

Los gobiernos que siguieron a la década menemista, mantuvieron el impulso a la actividad minera como política de Estado. En el año 2004, en la presentación del “Plan Nacional Minero”, el presidente argentino Néstor Kirchner afirmó:

“…El sector minero argentino es uno de los pocos que durante la década del '90, con cambios importantes en la legislación, empezó a tener un principio y un punto de inflexión que le permitió avizorar un destino estratégico diferente (…). Más allá de una legislación que nosotros estimamos que fue positiva, que ayudó, evidentemente hoy estamos ante una posibilidad concreta de consolidar el proceso de inversión y de desarrollo minero en la Argentina con todas las calidades que marcaba con toda exactitud recién el responsable del área minera –Ing. Jorge Mayoral-. También es cierto que creemos que en un proceso donde se consolide el desarrollo productivo, que ha comenzado como ser en la provincia de San Juan en estos días, más procesos de investigación y de producción que se están poniendo en marcha en el resto de la Argentina, estamos absolutamente confiados en que este proceso se va a afirmar, que va a crecer la producción minera, la exportación, las fuentes de trabajo, que van a crecer fuertemente los ingresos (…). Es muy importante también que el desarrollo minero vaya acompañado del crecimiento sustentable donde se hacen las inversiones (…), que la gente perciba que la minería trae progreso, trabajo, mejoramiento en la calidad de vida y que tiene que ver con el desarrollo económico y el crecimiento de la región donde se están desarrollando este tipo de inversiones (…). Así que nosotros desde el Gobierno Nacional vamos a jugar fuertemente a apoyar al sector…”.

Asimismo, se le otorgó al sector minero status de Secretaría de Estado, dependiente del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación.

Posteriormente, durante el año 2006 se lanzó el “Plan de Reactivación de la Actividad Nuclear Argentina”, con el objetivo de reactivar la construcción de la Central Nuclear “Atucha II” y retomar la producción de uranio enriquecido que se había interrumpido en los años ´80. Este plan estratégico para el sector nuclear establece como ejes: la generación masiva de energía nucleoeléctrica y las aplicaciones de la tecnología nuclear a la salud pública y la industria. En el discurso de su lanzamiento, el Ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, hizo hincapié en la necesidad de impulsar la minería del uranio en el país, y en la constitución de una reserva estratégica nacional de este mineral para consumo de las centrales nucleares nacionales e incluso para la exportación.

En correlación a ello, el “Informe de Gestión 2003-2007”, calificaba este período como “el mejor momento de la actividad”: “…Niveles récord de inversiones, exploración, exportaciones y generación de empleo, sumado al incremento de proyectos, un mayor desarrollo de proveedores locales, los salarios más altos de la industria y la ejecución de tareas en un marco de sostenibilidad ambiental y social, son consecuencia de las acciones realizadas. Provenientes de 23 países de los cinco continentes, en 2007 llegaron inversiones destinadas a actividades de exploración, desarrollo de proyectos y producción de minerales por más de $5.600 millones, un crecimiento acumulado de 748% con respecto al 2003. Esto derivó en que el país hoy cuente con más de 336 emprendimientos mineros en todo concepto, un crecimiento del 740% en relación a 2003...”. En el Informe “Minería en Números 2009”, la cantidad de proyectos asciende a 403.

En los últimos años, yacimientos de clase mundial entraron en operación: Bajo de la Alumbrera (cobre y oro), Cerro Vanguardia (oro y plata), Mina Martha (plata) y Salar del Hombre Muerto (litio) se unieron a las minas existentes; Farallón Negro (oro y plata), Andacollo (oro), múltiples yacimientos de boratos (como Tincalayu) y Mina Aguilar (plata, zinc y plomo), esta última habiendo entrado en operación en 1936. En 2005, la mina Veladero (oro) también comenzó su producción en la prolífera provincia de San Juan y en 2007 lo hizo la mina San José (oro, plata y cobre) en Santa Cruz. Más recientemente, durante 2008 y 2009, las minas Pirquitas (plata, estaño), Manantial Espejo (plata, oro), Gualcamayo (oro, plata) y Sierra Grande (hierro) entraron en operación. Otros proyectos avanzados son: Pascua Lama (oro), Agua Rica (oro, cobre, molibdeno), Pachón (cobre), Potasio Rio Colorado (sales de potasio), Casposo (oro y plata), Navidad (plata), San Jorge (cobre); Diablillos (oro y plata), Río Grande y Lindero. Al mismo tiempo, la actividad exploratoria continua en diversas partes del país, desde Jujuy hasta Santa Cruz, con depósitos tales como El Altar, Los Azules, Pingüino y Tendal, como así también varios proyectos de uranio. El nivel de exploración actual se demuestra con el record en perforaciones: durante 2008 se superaron los 660.000 metros a lo largo del país.

A continuación, se detallan las principales minas en operación del país:

A excepción de los minerales industriales entre los que destacan Salar del Hombre Muerto, Tincalayu y Loma Blanca, el carbón de Río Turbio y la rodocrosita en Capillitas, las 12 restantes corresponden a minería metalífera. En la Imagen 2 podemos ver los principales proyectos mineros de la zona centro del país.

Inversiones, empleo y responsabilidad social y ambiental han sido el estandarte de la minería a gran escala. Sin embargo, estos proyectos impulsados por el gobierno y las empresas han sido y siguen siendo rechazados por un número cada vez mayor de comunidades del país. Como destaca Luis Jiménez Herrero (1992), en los procesos de elaboración y extracción de minerales, existen altos costes energéticos y ambientales que reducen los efectos beneficiosos de esta actividad económica. Por este motivo, durante mucho tiempo seguirán subsistiendo conflictos entre los intereses nacionales e internacionales, especialmente con las compañías transnacionales que controlan ampliamente el sector de recursos minerales en todo el mundo.

También los aspectos sociales y económicos relacionados a la minería han generado el rechazo de grupos organizados en torno a esta problemática. Jiménez Herrero destaca lo que él denomina “ciclo de prosperidad y miseria”, que se produce en las comunidades cercanas a los proyectos mineros, relacionado con el carácter no renovable de los recursos minerales y el agotamiento en pocos años de los yacimientos. Según el autor, esto puede dar lugar a desequilibrios demo-económicos, potenciados por la naturaleza cíclica de las inversiones mineras. También deben considerarse los efectos ambientales producidos por el desarrollo de infraestructura de acceso y comunicación de los centros mineros (Jiménez Herrero, 1992).

Desde el sector minero, estos conflictos son explicados, generalmente, a partir de la desinformación de la gente: “…Apenas comenzado este nuevo siglo, se presentaron ciertos inconvenientes y algunos cuestionamientos a proyectos mineros que alcanzaron repercusión pública. Sin hacer juicios de valor, estos hechos han puesto de manifiesto, entre otras cosas, el déficit de conocimientos sobre la actividad minera a nivel general y la falta de comunicación por parte de los actores hacia la comunidad...” (Lavandaio, 2008:1). También, como ya fue mencionado, existe el convencimiento de que la actividad puede ser realizada sin generar impactos ambientales significativos, que cuenta con la legislación necesaria para garantizar la protección del ambiente y que puede ser controlada.

Alberto Rubio, Director de Minería de la provincia de Mendoza durante los años más conflictivos de esta actividad en la provincia, afirma: “…En el año 1992 hubo un acontecimiento, que fue la celebración de los 500 años del descubrimiento de América. Para algunos fueron festejos y para otros no, fue una fecha para entristecerse. Esto provocó que en toda América Latina aparecieran grupos, comunidades y hasta pueblos enteros que empezaron a hacer escuchar sus voces en contra de lo que fue la colonia, el descubrimiento, el exterminio. Muchos pueblos desde México incluido hacia el sur, generaron muchas series de movidas, donde muchas comunidades autóctonas empezaron a mirar con recelo a la actividad minera y petrolera, y otras aceptaban que vinieran pero con ciertas condiciones...” (Rubio, 2007). En este sentido, Rubio reconoce que, en Argentina, cuando se comenzaron a desarrollar proyectos de exploración, se ha producido tanto aceptación como rechazo por parte de las comunidades.

Por otra parte, en cuanto a las leyes sancionadas durante la década de los ´90, Rubio opina: “…se entiende que en los ´90 se la quiso beneficiar (a la minería). Se trata de un negocio de riesgo. La década del ´90 hay que revisarla por completo. En paralelo a las leyes mineras, hubo otros marcos legales: la privatización de líneas aéreas de bandera argentina, la privatización de SOMINSA , la privatización de los teléfonos, de la luz, del gas. El marco legal minero en el marco de la década de los ´90 era ¨un artista más dentro del mismo show¨. Nadie levantó la mano para decir: ¨las regalías son bajas¨, ¨¿por qué hay precios diferenciales?¨. Esto aparece ahora, cuando aparentemente hay plata, y hay sectores que empiezan a atentar contra la minería, en algunos casos justificadamente y en otros casos injustificadamente...” (Rubio, 2007).

Respecto a las regalías, Rubio afirma: “…el 3% de regalías fue aprobado por unanimidad en el congreso de la Nación, por la ley 24.196 de Inversiones Mineras, a la que adhirieron todas las provincias. Ahora se está revisando, porque en ese momento los precios estarían, aproximadamente, en 300 dólares la onza de oro, y el cobre en los 40 centavos la libra, y hoy debe estar en 700 dólares la onza y 3 dólares la libra de cobre (…) Motivo por el cual hay una deuda pendiente con la comunidad que es revisar la legislación en el tema regalías. Y el concepto de regalías hay que revisarlo porque no es un impuesto, los impuestos son otros, la regalía es un valor que hay que aumentarlo de hecho, hay que ver que piensan los legisladores en este contexto de la minería argentina donde en algunas provincias se prohibió, en otras hay una apertura total y en otras, como en Mendoza, se está analizando...” (Rubio, 2007). En cuanto a éste último comentario respecto a Mendoza, es importante destacar que la entrevista fue realizada previa sanción de la Ley Nº 7.722, que implicó la ida de la provincia de algunas empresas minera, como por ejemplo, de “Portal Resources”.

Por su parte, Cayetano Fusari, Director del SEGEMAR delegación Mendoza, opina: “…La parte ambiental ha sido usada como “caballito de batalla”, porque es un tema sensible para la población. El principal problema es ideológico. La pequeña minería no tiene conflictos ambientales, las grandes son de países del Norte, francesas, sudafricanas, españolas, australianas. El mayor porcentaje es canadiense y norteamericana. Mucha gente no quiere capitales de estos orígenes. Hay un grupo de gente que va rotando por el país y exponiendo su posición (…). La minería, igual que todo tipo de industria, impacta, pero la minería es la única reglamentada por leyes especiales: el Código de Minería y la Ley Ambiental Minera...” (Fusari, 2007).

Para Eddy Lavandaio, también del SEGEMAR Delegación Mendoza, “…en general se considera que la política minera implementada ha sido exitosa. En efecto, se produjeron grandes inversiones en exploración y en proyectos productivos, con una importante afluencia de capitales desde el exterior, se aumentó la producción y hubo un sustancial incremento de las exportaciones, y se crearon nuevas fuentes de producción y trabajo…” (Lavandaio, 2008:49). En cuanto a La ley Nº 24.196, de Inversiones Mineras, Lavandaio destaca que los beneficios fiscales se otorgan a cambio de inversiones, es decir, que las empresas primero deben hacer la inversión para poder acceder al beneficio. (Lavandaio, 2008)

Los conflictos generados han despertado la preocupación de los propios empresarios mineros y sectores vinculados a esta actividad. Durante el evento minero “Argentina Mining 2008”, realizado en las ciudades de Mendoza y San Juan, en la mesa “Comunidades, comunicación y responsabilidad social empresaria”, las movilizaciones y la sanción en algunas provincias argentinas de leyes que limitan la actividad minera a gran escala, fueron temas abordados en la mayor parte de las ponencias. Algunos panelistas manifestaron así su percepción de que “en Argentina no hay clima de negocios”, y de un país dividido en dos –provincias que permiten la minería y provincias que la limitan-. Críticas hacia los sectores que se oponen, hacia el rol del gobierno, autocríticas y metodologías de evitar y reducir estos conflictos, fueron otros aspectos desarrollados.