2.3.2. Gestión Ambiental y procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental

La gestión ambiental es la denominación que se le ha dado a la tarea de realizar estudios ambientales, vinculados al diseño y/o análisis de las acciones que el Estado y/o los particulares realicen, centrándose en el impacto que estas acciones provocan en el ambiente. Podría decirse que se trata de diagnosticar y/o evaluar las formas de organización y administración del ambiente y de los recursos naturales, desde una perspectiva interdisciplinaria.

Esta “gestión del ambiente” surge como propuesta de mejora en la relación entre el hombre y su ambiente, llevando adelante el tema tanto a nivel público como privado, dentro de organizaciones del Estado o desde el ámbito empresarial. Por otra parte, se plantea como una forma de resolución de problemas ambientales, que apuesta a la participación comunitaria.

En este sentido, Leff anuncia la relación que intentaremos demostrar en este trabajo, entre la acción de estos movimientos socioambientales y la mejora en la gestión ambiental a partir de la apertura de la participación social. Las estrategias de lucha de estos NMS plantean una ruptura con las formas tradicionales de organización y con los canales de intermediación política. Estos procesos están dinamizando y transformando las formas de sustentación, de ejercicio y de lucha por el poder al abrir nuevos espacios de confrontación, negociación y concertación relacionados con la toma de decisiones relativa a la apropiación de la naturaleza y a la participación social en la gestión ambiental (Leff, 1994).

Los profesionales formados en éste área, deben ser capaces de interpretar la complejidad e interdependencia de la problemática ambiental, planificar, proyectar, ejecutar y controlar acciones de protección y mejoramiento ambiental, y realizar el seguimiento y control de actividades susceptibles de afectar el equilibrio ecológico.

Una de las herramientas claves de la gestión ambiental, para la evaluación de proyectos, es la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA). La EIA es un instrumento de gestión pública, con base en las políticas medioambientales preventivas que adoptan los gobiernos nacionales, provinciales y locales. Es decir, es un procedimiento administrativo, con la capacidad de proponer exigencias y responsabilidades en los distintos niveles del propio Estado, y sobre todo, de los privados en su accionar respecto al ambiente (Echechuri, Ferraro y Bengoa, 2002). Tiene por objetivo la identificación, predicción e interpretación de los impactos ambientales de un proyecto, así como también la prevención, corrección y valoración de los mismos, con el fin de ser aceptado, modificado o rechazado por las administraciones públicas competentes (Conesa Fernández Vítora, 1997). Por su parte, el impacto ambiental “…indica la alteración que la ejecución de un proyecto introduce en el medio, expresada por la diferencia entre la evolución de éste ¨sin¨ y ¨con¨ proyecto...” (Gómez Orea, 1994:19).

Tanto los aspectos tecnológicos como los sociales deben ser tenidos en cuenta en una EIA. En palabras de Héctor Hechechuri, Rosana Ferraro y Guillermo Bengoa, la EIA debe basarse en el conocimiento de los procesos tecnológicos que se producen en las diferentes actividades económicas, sin desconocer los comportamientos o conductas sociales de cada sociedad en un momento determinado (Echechuri, Ferraro y Bengoa, 2002). En el mismo sentido, Domingo Gomez Orea enfatiza la importancia de adaptar los proyectos a su entorno: “…La racionalidad ambiental no se queda en la simple reacción ante efectos negativos, sino que propicia aquellos proyectos más afines con las características físiconaturales, culturales, sociales, estéticas y económicas del medio en el que se ubica; un desarrollo, en suma, desde adentro. En este sentido, que puede denominarse amplio, tan rechazable es un proyecto porque produzca un impacto ambiental negativo demasiado alto, como porque se plantee desvinculado de las aptitudes y actitudes, sociales y naturales, de su entorno…” (Gómez Orea, 1994:27).

En cuanto a la gestión ambiental, en palabras de Vicente Conesa Fernández Vítora, “…la gestión ambiental es un conjunto de acciones encaminadas a lograr la máxima racionalidad en el proceso de decisión relativo a la conservación, defensa, protección y mejora del Medio Ambiente, basándose en una coordinada información multidisciplinar y en la participación ciudadana…” (Conesa Fernández Vítora, 1997:25). Nosotros profundizaremos en esta investigación en tres interrogantes que se plantean ante esta afirmación: ¿Qué sucede cuando coexisten en un procedimiento de EIA racionalidades contrapuestas entre sí? ¿Quién tiene el poder de supeditar una racionalidad a otra? ¿Cómo avanzar en la toma de decisiones cuando los propios mecanismos de participación ciudadana son cuestionados?

La gestión ambiental y sobre todo las evaluaciones de impacto ambiental, podrían entenderse como parte del ambientalismo “ecoeficiente”, si tomamos las líneas del ambientalismo identificadas por Martínez Alier (2004). En respuesta a la crisis –de los años `70, materializada en la crisis del petróleo y en el Informe Meadows “Los límites del crecimiento”- se propusieron y difundieron estrategias de ecodesarrollo. Este discurso emergió en un momento en el que las teorías de la dependencia, del intercambio desigual y de la acumulación interna de capital orientaban la planificación del desarrollo. Su potencial crítico se fue disolviendo en sus propias estrategias teóricas y prácticas, sus propuestas se desdibujaron ante la dificultad de flexibilizar a las instituciones y a los instrumentos de planificación para romper la lógica economicista e internalizar una “dimensión ambiental” al proceso de desarrollo (Leff, 2004).

Leff afirma que en los años `80 las estrategias de ecodesarrollo fueron desplazadas por el discurso del Desarrollo Sostenible, que se plasmó oficialmente en el Informe Brundtland.

Además de las discusiones ya mencionadas en relación al concepto desarrollo sostenible o sustentable, en la actualidad, los científicos se enfrentan a problemas introducidos a través de políticas, en los cuales es común que los hechos sean inciertos, los valores estén en conflicto, los intereses sean altos, y las decisiones urgentes. Los ya mencionados Silvio Funtowicz y Jerome Ravetz (1993), desarrollaron un nuevo marco epistemológico llamado “Ciencia Post-Normal”, donde es posible usar dos aspectos cruciales de la ciencia en el campo de la política: incertidumbre y conflicto de valores. El nombre post-normal señala que las operaciones de la ciencia normal (que se extendían del laboratorio de ciencia pura a la conquista de la naturaleza, por medio de la ciencia aplicada), ya no son más adecuadas para resolver los problemas sociales. La Ciencia Post-Normal debe ser entendida como una nueva práctica científica, que acepta y desarrolla explícitamente un proceso argumentativo multidimensional, a partir de un proceso de debate y diálogo que opera continuamente sobre todas las fases de los procesos políticos. Cuando los hechos científicos no determinan completamente las conclusiones, las deducciones estarán condicionadas por los valores del agente, por lo cual cobra importancia involucrar a círculos más grandes de personas en los procesos de toma de decisiones. Para mejorar la calidad de un proceso de decisión, es esencial la extensión de la comunidad de participantes y perspectivas. Esta extensión de la comunidad de pares es esencial para mantener la calidad del proceso de resolución de conflictos en sistemas reflexivos complejos. Los criterios de calidad en este nuevo contexto presupondrán principios éticos que serán explícitos, en algunos casos ellos mismos disputados, y se transformarán en parte del diálogo.

En el mismo sentido, Leff se refiere a “los procesos de destrucción ecológica y degradación socioambiental”, y destaca, para la resolución de problemas ambientales y para la construcción de una racionalidad ambiental y un estilo alternativo de desarrollo, la necesaria activación de un conjunto de procesos sociales, a saber: la incorporación de los valores del ambiente en la ética individual, en los derechos humanos y en las normas jurídicas que orientan y sancionan el comportamiento de los actores económicos y sociales, la socialización del acceso y la apropiación de la naturaleza, la democratización de los procesos productivos y del poder político, las reformas del Estado que le permitan mediar la resolución de conflictos de intereses en torno a la propiedad y aprovechamiento de los recursos y que favorezcan la gestión participativa y descentralizada de los recursos naturales, las transformaciones institucionales que permitan una administración trans-sectorial del desarrollo, la integración interdisciplinaria del conocimiento y de la formación profesional y la apertura de un diálogo entre ciencias y saberes no científicos (Leff, 2004).

Por otra parte, el principio precautorio es una de las formas en que la comunidad reglamentadora ambiental ha comenzado a tratar con el problema de la incertidumbre verdadera. El principio estipula que en vez de esperar la certidumbre, los reglamentadores deberían actuar en previsión de cualquier daño ambiental potencial con el fin de impedirlo (Costanza et al, 1999).

Actualmente, quiénes nos desempeñamos en éste área, nos debemos una reflexión en torno a la eficacia y eficiencia de las herramientas de evaluación ambiental, y sobre todo, a la necesidad de garantizar la calidad del procedimiento.

En este sentido, y vinculado a nuestro tema de investigación, los Informes de Impacto Ambiental presentados por las empresas mineras son, en general, de baja calidad, y las autoridades ambientales no han sido capaces de revertir esta situación o de actuar en consecuencia. Esto nos obliga, como profesionales de diferentes disciplinas, a tomar parte en la evaluación, siendo nosotros mismos los controladores de la calidad de los trabajos presentados por otros profesionales. Desde algunos sectores científicos, ya se están generando estas discusiones.

Como ejemplo de ello, en el último número de la Revista “Ecología Austral” –publicación de la “Asociación Argentina de Ecología”- en la sección “Debate”, se abordó el papel de los ecólogos frente a los problemas ambientales. Fueron desarrollados diferentes aspectos del problema, como la divulgación del conocimiento a la sociedad y sus gobernantes, la participación activa en la gestión de los recur¬sos naturales (Gurvich, Renison y Barri, 2009), y la falta de utilización del conocimiento científico como insumo para la toma de decisiones por parte de los funcionarios que administran los recursos naturales (Paruelo, 2009). Otros temas abordados fueron: la posible restricción a la investigación por parte del agente financiador y la aparente imagen de compromiso –no siempre real- que podría brindarle a éste su vín¬culo con el sistema científico (Núñez, Núñez y Morales, 2009), las limitaciones que suelen presentar las evaluaciones de impacto ambiental que hacen las empresas y organismos involucrados, y el necesario involucramiento de asociaciones científicas y técnicas en este problema –a partir de la participación en las evalua¬ciones de informes y su difusión, el apoyo a los técnicos estatales, y el inicio de acciones legales contra aquellos profesionales y funcionarios que avalen informes de baja calidad- (Donadio, 2009).

Desde otras disciplinas, vinculadas a las ciencias sociales, se ha generado un diálogo y trabajo conjunto entre diferentes centros de investigaciones, respecto a la minería transnacional y los movimientos socioambientales, que se ha visto materializado en el libro “Minería Transnacional, narrativas del desarrollo y resistencias sociales” (Svampa y Antonelli, 2009). Se trata de una propuesta desde las ciencias sociales críticas, que cuestiona la transformación de las universidades en verdaderas unidades de negocios, y que apuesta a retomar y afirmar el rol crítico que debe jugar la universidad pública en la producción social del saber y en la discusión de los temas que recorren nuestra sociedad, como los modelos de desarrollo vigentes. “…Cualquier propuesta que se plantee como alternativa o modelo de desarrollo en una sociedad debe ser informado y sometido a discusión pública. Éste no parece ser, sin embargo, el caso de nuestro país, donde tanto la ciudadanía como los intelectuales y la comunidad universitaria solemos llegar tarde a los debates, cuando la implementación de los modelos de desarrollo se presentan como hechos consumados…” (Svampa y Antonelli, 2009:26-27).

Como se plantea anteriormente, es necesario también denunciar la falta de transparencia de las políticas ambientales llevadas adelante por nuestros gobiernos, decisiones que por otra parte nos afectan a todos como ciudadanos. “…La visión sistémica y pragmática del desarrollo careció de una base teórica sólida para construir un nuevo paradigma productivo y veló el potencial de los saberes culturales y de los movimientos sociales por la apropiación de la naturaleza en la transparencia de las prácticas de la planificación ambiental…” (Leff, 2004:102).

También en el cierre de las Jornadas de Economía Ecológica, organizadas por la Asociación Argentina-Uruguaya de Economía Ecológica (ASAUEE), en noviembre de 2009, se mencionó la necesidad de comenzar a generar discusiones y tomar posicionamientos en relación a temas controvertidos, tales como, por ejemplo, el conflicto por las pasteras en la costa del Río Uruguay, conflicto que justamente implicó a los dos países que forman parte de dicha asociación.