9.1.3. Consulta y audiencia pública

El proyecto empezó a tomar visibilidad pública en Mendoza a partir de noviembre de 2007, mes en que se realizó en Malargüe la audiencia pública del proyecto. A esta audiencia concurrieron miembros de las asambleas y grupos de vecinos de otros departamentos -San Carlos, General Alvear, Las Heras, Capital y Guaymallén-. Asistieron también miembros del Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (COIRCO) y de organizaciones ambientales de La Pampa. Como está determinado por la legislación, y como afirmó uno de los coordinadores de la audiencia: “…Las opiniones vertidas durante la audiencia son tenidas en cuenta para la posterior emisión de la DIA…”.

Previamente, el expediente había estado disponible durante 60 días hábiles para ser consultado, tanto en la ciudad de Mendoza como en Malargüe. También la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Regional Mendoza, había realizado el dictamen técnico del proyecto, en el que efectuó numerosas observaciones, y habían sido emitidos los dictámenes sectoriales de los organismos que componen la CEIAM. Algunos de estos organismos, como la DOADU y el COIRCO, exigieron en sus dictámenes el estudio de alternativas a la disposición en superficie de la pila de cloruro de sodio (en adelante “pila de sal”) –como la utilización de dicha sal o su reinyección- y se opusieron a dicha disposición, argumentando que la empresa debía hacerse cargo de sus pasivos.

En la audiencia, realizada el 10 de noviembre de 2007, la empresa describió el proyecto PRC y la representante de URS, consultora encargada de realizar el IIA, hizo una breve descripción del mismo y de sus impactos ambientales. A continuación, dieron sus opiniones los participantes de la audiencia. Las preocupaciones giraron en torno a la contaminación del Río Colorado –especialmente por el riesgo de salinización a partir de la pila de sal, localizada a unos 5 Km del mismo-, a las dudas sobre la capacidad de control por parte del Estado, y también se criticó la metodología de información y participación ciudadana. En este sentido, se mencionó la dificultad de comprender una metodología tan técnica como la del IIA, la excesiva cantidad de páginas y los insuficientes 60 días para consultar el expediente, para lo que cualquier persona debía restar tiempo al trabajo, al descanso o a cualquier otra actividad.

La legislación, la democracia representativa y el desconocimiento de los funcionarios fueron también puntos en cuestión. En palabras de una vecina del departamento de San Carlos: “…pensé que en la audiencia pública iba a encontrar un dictamen también oral, tomando todos los dictámenes que habían tenido las comisiones o los distintos entes que me representan como ciudadana (…), porque fue un resumen muy escueto y nombrando páginas (…), si es una audiencia pública para sintetizar un informe técnico de 5.000 fojas y después nosotros tenemos cinco minutos para preguntar, es una cosa para mí ridícula, y nos están dejando a los ciudadanos de nuevo sin poder elegir, sin poder participar, sin saber en realidad qué de bueno y de malo nos va a traer esto. Yo responsabilizo a los funcionarios electos y a los que están pagos por nuestro gobierno, de tener que estar informados, y ser los principales en informar al pueblo, para que realmente la democracia participativa sea de un pueblo que pueda elegir , y no estas pseudo-cosas legales, porque la ley las permite, pero no es una ley justa, porque es una ley que permite el saqueo de nuestros recursos y poniendo en riesgo el agua que en este momento a nivel mundial es la que tendría que estar cuidada por todos, seguimos poniendo en riesgo el agua, seguimos dejando otros modelos o un modelo alternativo de desarrollo sustentable para nuestros hijos. (…) También hay un decreto reglamentario 820 con el que nosotros no estamos de acuerdo porque vuelve a ser la misma copia, todos pueden opinar pero pocos deciden y deciden por todos, cuando hay un interés económico que puede comprar y pagar a cualquiera…”.

Se criticaron las leyes, desde el Código de Minería hasta la aprobación por parte de la legislatura mendocina del m3 de agua del Río Colorado para el proyecto, y aspectos técnicos que según las opiniones vertidas necesitaban ser completados, aclarados o rectificados.

Entre ellos, se criticó desde la falta de traducción de páginas del IIA en inglés, hasta el desconocimiento del viento zonda –característico de la provincia- y la mención de ciclones, huracanes y tifones, fenómenos que no ocurren en la provincia de Mendoza. También se cuestionó la calificación de las emisiones de calor como insignificantes, para un proyecto que consumirá 1 millón de m3/día, similar al consumo residencial + oficial + comercial de la provincia de Mendoza. Temas como la consideración de vientos, movimientos sísmicos y la estabilidad de la pila de sal también fueron abordados. En cuanto a la geomembrana que se colocaría debajo del depósito de sal, la empresa reconoció que “…no obstante la mejor práctica que utilicemos, siempre va a haber una pequeña pérdida mínima de los sistemas de membrana…”.

Desde la empresa se respondió que siempre habían puesto a disposición especialistas para responder consultas específicas, y algunos participantes de la audiencia manifestaron desconocer esto. Los representantes de PRC también destacaron la realización de consultas a todas las comunidades involucradas en el proyecto. Por su parte, los encargados de llevar adelante la audiencia mencionaron que la provincia de Mendoza ha sido pionera en instrumentos jurídicos de participación, como el caso de la audiencia pública.

La preocupación por el control fue un tema que se reiteró en numerosas exposiciones. La lejanía del sitio del proyecto, la escasez de personal y presupuesto de los organismos de control, el real poder de aplicación y voluntad política de aplicar todas las recomendaciones exigidas por los dictámenes a la empresa, fueron puestos en cuestión. El control a través del tiempo fue otro de los temas, siendo la pila de sal un pasivo ambiental que quedará a perpetuidad, y en este sentido se sumaron los cuestionamientos al posible fondo de garantía constituido voluntariamente por la empresa. También se criticaron ciertas irregularidades en el procedimiento, como el conocimiento de que algunos dictámenes fueron enviados a “reformular”, y otros entraron el día previo a la audiencia pública, quedando la población sin posibilidad de consultar estos informes.

Como fue mencionado en el Capítulo 4, si bien el Decreto 820 no establece la obligatoriedad de que todos los dictámenes sectoriales estén disponibles durante la consulta pública, sí se fomenta es la participación informada, por lo que es imprescindible que la población pueda tener acceso a lo que diferentes profesionales opinaron sobre el proyecto.

Por otra parte, si bien los encargados de la audiencia mencionaron la participación del Consejo Provincial del Ambiente (CPA), como ya fue mencionado en el apartado anterior, este Consejo no había sido informado de que debía formar parte de la CEIAM.

También en la audiencia, algunas personas de Malargüe mencionaron su percepción de que muchas intervenciones tenían un común denominador, que era la oposición no sólo a este proyecto, sino al proyecto minero nacional, usándose términos como “saqueo” y mezclándose con cuestiones ideológicas, mencionando incluso temas como el capitalismo. Manifestaron la impresión de que se estaba intentando detener el proyecto, y enunciaron que no estaban dispuestos a permitirlo. Afirmaron que Malargüe estaba haciendo una apuesta fuerte al control y preservación ambiental del departamento, sin decir por eso no a la minería.

Estas afirmaciones fueron respondidas por pobladores llegados de otros departamentos, entre ellos, una persona de General Alvear, la que manifestó: “…nosotros no hacemos distinción de empresas, si fueran empresas nacionales que van a causar daños irremediables, también estamos en contra, y no estamos en contra del desarrollo, entendemos que nuestros representantes pareciera que no tienen la imaginación y la inteligencia suficiente para proponer otras formas de desarrollo (…) o sea, estamos regalando nuestros bienes comunes, o nuestros recursos naturales, como les guste, y esto no tiene que ver ni con el capitalismo ni con el comunismo, porque ambos hicieron lo mismo, considerar que este planeta es infinito y no lo es (…), se trata de lograr vivir de otra manera…”.

Hubo posturas aun más duras hacia las personas que realizaron críticas al proyecto, especialmente, a las provenientes de otros departamentos y provincias: “…es mucho más difícil seguramente sentarse a leer que salir a cortar rutas, porque tenemos tiempo muchas veces para algunas cosas pero no para lo más importante y aquí me parece que es interesante también preocuparnos por todo lo que hace a la información, para no solamente venir a una audiencia pública a plantear un punto de vista sino también a escuchar a todos…”.

Desde las intervenciones que provenían de personas que no eran de Malargüe, la falta de precisión científica fue otro de los cuestionamientos. Se remarcó la falta de conocimiento del ecosistema, previo al inicio del proyecto, y la necesidad de avales técnicos precisos. Una persona de la provincia de San Juan, en relación a ello y en respuesta al planteo de ir a la audiencia con un punto de vista tomado, afirmó: “…ahora se imaginan ustedes que conociéramos medianamente como funcionan los ecosistemas, y entonces sí señores vamos a saber cómo cargar ese ecosistema, y entonces si voy a creer en la planificación, porque sino no es así y se lo venimos a decir simplemente, no venimos a discutir ni a pelear con usted, ustedes quieren la minería, es un problema de ustedes muchachos, no es nuestro, si yo no voy a decidir por lo que ustedes están haciendo, lo único que les estamos diciendo y nosotros les recomendamos a todos, escúchennos pero también escuchen la otra parte y tomen una decisión, pero háganse responsables de la decisión, y tomen una decisión en serio, y nosotros lo que planteamos es que no tiene entidad ni técnica ni científica este tipo de estudio que la ley exige…”.

En cuanto a la crítica a la modalidad del corte de ruta, también se escucharon respuestas: “…desde Alvear, lo que no queremos para nosotros no lo queremos para nadie y cuando tuvimos que salir a cortar rutas fue porque ningún funcionario, ni ningún representante, nos dio ninguna información (…), entonces, cuando uno termina cortando rutas es porque ya no le queda ninguna salida, no es nada cómodo, leímos mucho, estudiamos mucho, nos informamos mucho, tratamos de hablar con todos los funcionarios, con los legisladores, con el gobernador, no hubo caso, no hubo notas ni nada que surtiera efecto, lo único que parece haber surtido efecto ha sido este corte de ruta, en realidad, nos molestó bastante…”.

Como se puede resumir de las participaciones mencionadas, además de la incredulidad de la ciudadanía hacia los estamentos del Estado y los controles, temas como las alternativas de desarrollo, la información y la toma de decisiones, las ganancias de la empresa comparadas con las que le quedan al país, y la posibilidad de dejar el cloruro de potasio para el abastecimiento nacional, también aparecieron en el debate.

Un miembro de la Asamblea Popular por el Agua del Gran Mendoza, presente en la audiencia, que se identificó como docente de la Universidad Nacional de Cuyo, fue invitado por los encargados de coordinar la misma, a presentar su planteo por escrito. Fue presentado así un documento elaborado por miembros de esta asamblea, que pasó a formar parte del expediente del proyecto. Por otra parte, esta asamblea también realizó acciones para manifestar su rechazo al proyecto. Entre ellas, se realizó un escrache, en febrero de 2008, en las inmediaciones de las oficinas de la empresa “Río Tinto”.

En este escrache se colocaron banderas en una de las esquinas más transitadas de Godoy Cruz –departamento del Gran Mendoza donde “Río Tinto” tenía parte de sus oficinas- sobre una avenida también muy transitada. Se juntaron firmas, se repartieron panfletos y se armó en la calle un modelo a escala de lo que sería el mayor pasivo ambiental del proyecto: la pila de sal. Sobre un nylon negro se colocaron 100 Kg de sal, representando la pila en escala 1:1.000 (1 cm = 10 m). Sobre sus bordes se aclaraban las medidas reales: 1.400 m x 1.500 m, es decir, 210 ha. Encima de la pila de sal, una pequeña cajita representaba un edificio de 50 metros de altura (unos 15 pisos) que sería la altura de la pila. De esta manera, la gente que transitaba podía ver en una pequeña escala la pila de sal que quedaría en el sur de la provincia. Detrás del modelo, un cartel explicaba: “100 Kg de sal que nos llevaremos, Potasio Río Colorado quiere dejar 100.000 millones de Kg para siempre” (ver Imagen 15). En otras banderas podía leerse: “Contra el saqueo y la contaminación, SI al uso racional del gas según nuestras necesidades, al agua pura de nuestros ríos, NO al saqueo transnacional de nuestros bienes comunes, a Potasio Río Colorado”, “El agua es un derecho, no una mercancía”, “Tocan a uno, tocan a todos” . Aprovechando el corte intermitente del semáforo, algunos militantes se paraban frente a los vehículos detenidos con un cartel que explicaba: “Potasio Río Colorado quiere quemar 1 millón de m3 de gas por día = consumo residencial + oficial + comercial de toda Mendoza”. En algunas remeras podía leerse: “Río Tinto nos $ale $alada” y “las mineras ponen en Jaque la vida”.

La noticia del escrache tuvo repercusión internacional, y a través del representante argentino de “Mines and Communities”, la organización “People Against Rio Tinto and Subsidiaries” (PARTIZANS, Pueblos en contra de Río Tinto y subsidiarias ) contactó a la Asamblea del Gran Mendoza, invitándola a enviar un representante a la reunión anual de accionistas de “Río Tinto”. Fue así como uno de sus miembros viajó en abril de 2008 a Londres, como parte de un grupo de representantes de comunidades afectadas por las actividades de la empresa y activistas que intervendrían en la reunión. Además del integrante de la Asamblea del Gran Mendoza, viajó también desde Argentina un miembro de la Asamblea Patagónica Contra el Saqueo y la Contaminación; juntos plantearon los argumentos en contra del proyecto PRC. Entre ellos, que cuatro organismos estatales dictaminaron en su contra (COIRCO, DOADU, DRNR y Dirección de Hidráulica) y que, a instancias de una presentación realizada por la Asamblea del Gran Mendoza, la Defensoría del Pueblo de la Nación investiga el tema; que en Argentina hay reservas gasíferas probadas para sólo 8 años, pero PRC requeriría 1 millón de m3 de gas por día, un tercio de lo que Argentina importa desde Bolivia; que para crear 386 empleos en Mendoza, la mina gastaría la misma cantidad de energía que la industria mendocina utiliza para 16.100 empleos; y que los ingresos para el Estado provincial y los trabajadores serían ínfimos comparados con multimillonarias ganancias que la empresa enviaría a Inglaterra y Australia.

Desde otros países, viajaron a la reunión representantes de Bougainville, que se oponen a la reapertura de la mina de cobre “Panguna” (“Río Tinto” debió retirarse de la isla luego de una protesta contra la mina que derivó en una guerra civil, en 1989). También participaron del encuentro un representante de los afectados por la mina de oro y cobre “Grasberg” (la de mayor producción de oro en el mundo, y en cuya ampliación intervino “Río Tinto” con un 40%) en Papua Occidental; una mujer indígena de la comunidad Keenaway Bay, y un miembro del grupo de activistas “Yellow Dog Summer”, ambos de Michigan, Estados Unidos, quienes comentaron sus argumentos contra el proyecto de níquel “Eagle” (a cargo de “Kennecott Eagle Minerals”, subsidiaria de “Río Tinto”). Asimismo, la “Renewable Resources Coalition” de Alaska participó con la denuncia del proyecto de cobre “Pebble” a cargo de la minera “Northern Dynasty”, en la que “Río Tinto” posee un 10% paquete accionario. Participaron también organizaciones como el “Mineral Policy Institute” (Australia) y “Friends of the Earth” de Reino Unido.

El mismo día de la reunión, se ofreció una charla pública en el Centro para los Derechos Humanos de “Amnesty International”, coordinada por un miembro de la “London Mining Network” (red de organizaciones y personas que apoyan a comunidades afectadas por la minería desde Londres), y contó con la presencia del periodista e investigador Roger Moody, quien dio un introducción sobre las empresas mineras de Reino Unido que operan a nivel global.

La experiencia de conocer estas otras luchas contra “Río Tinto” en el mundo, con realidades mucho más dramáticas que la del proyecto PRC, reforzó en la Asamblea Popular por el Agua del Gran Mendoza el espíritu de resistencia a esa transnacional.

Apenas cinco días después de la reunión de accionistas, dicha asamblea fue contactada por el Gerente de Relaciones Externas de “Río Tinto” en Argentina, a fin de conversar sobre los aspectos cuestionados del proyecto. Esta reunión se concretó en mayo de 2008, en las oficinas de “Río Tinto” en Mendoza. Para esta reunión, “Río Tinto” convocó, además de la representante de URS en Argentina, a un representante de “Klohn Crippen Berger”, la empresa que realizó el estudio de factibilidad del depósito de sal. Los miembros de la asamblea y los representantes de “Río Tinto” discutieron sobre la corrección y omisión de datos e información en el IIA presentado por la empresa, y sobre los estudios no presentados al momento de presentar el IIA –como el estudio de alternativas al depósito de sal, o mayor especificación de la ingeniería de detalle y los planes de contingencias-.

Durante la reunión, se generó un diálogo cordial, y la empresa se comprometió a corregir errores puntuales de su IIA detectados por los miembros de la asamblea. Se pudo percibir que la mayor parte de los representantes de la empresa había leído el Informe presentado a la entonces Dirección de Saneamiento y Control Ambiental por la asamblea. En este sentido, el representante de la empresa “Klohn Crippen Berger”, expuso un power point que había preparado con las respuestas a los planteos desarrollados en dicho informe. Los representantes de “Río Tinto” manifestaron una vez más su seguridad en cuanto a que no existirá impacto sobre el Río Colorado. Este fue el argumento que justificó en muchos casos la no profundización de datos y estudios. Finalmente, la empresa agradeció los comentarios de la asamblea, manifestando que los ayudó a mejorar su IIA.

Uno de los aspectos más interesantes de la reunión, y donde se plantearon las mayores divergencias, fue en torno a los conceptos de crecimiento, sustentabilidad, recursos no renovables, entre otros, pero no se profundizaron por “…exceder los temas tratados en la reunión…”, en palabras del Gerente de Relaciones Externas de “Río Tinto”. Los miembros de la asamblea preguntaron qué entendía PRC por sustentabilidad. La empresa definió la sustentabilidad del proyecto en base a sus relaciones con la comunidad, al trabajo con ésta y su preparación para cuando el proyecto termine. También destacó su contribución al estudio de ciertos temas, como estudios de revegetación y de poblaciones de guanacos.

La concepción sobre estos términos que argumentaron los representantes de la empresa, es muy diferente a la de las asambleas socioambientales, para las cuales una actividad que va a dejar un pasivo ambiental a perpetuidad, del que no fueron realizados estudios profundos sobre alternativas, y que consumirá una gran cantidad de energía -para una actividad que consideran, no beneficia directamente a la comunidad, además de extraer sus bienes naturales-, está muy lejos de poder ser considerada sustentable.

Paralelamente a los acontecimientos en la provincia de Mendoza, en primer lugar algunas organizaciones pampeanas -como “Alihuen” y “Fundación Chadileuvú”-, y posteriormente legisladores y el propio gobernador de la provincia de La Pampa, así como el Comité Interjurisdiccional del Rio Colorado (COIRCO), manifestaron a las autoridades mendocinas su preocupación por los riesgos de salinización del Río Colorado que implicaba el proyecto. Asimismo, diputados y senadores nacionales presentaron pedidos de informes al Poder Ejecutivo Nacional, y la Legislatura de La Pampa solicitó una investigación independiente a la Auditoría General de la Nación. En Santa Rosa de la Pampa, localidades cercanas al Río Colorado (Hilario Ascasubi y Villalonga, en la provincia de Buenos Aires, y Río Colorado, en la provincia de Río Negro) y Mendoza se organizaron numerosos foros para discutir el proyecto, a la mayoría de los cuales fue invitado un miembro de la Asamblea del Gran Mendoza. Mientras tanto, el tema se difundió también en medios de diferentes provincias, y en sitios de Internet de Argentina, América Latina y España.

Como ya fue mencionado, el representante de la Asamblea Popular por el Agua del Gran Mendoza en el CPA, fue designado representante del CPA en la CEIAM, y suplente el representante de la Multisectorial de General Alvear. Este hecho simbolizó una muestra de confianza de las principales organizaciones ambientales de la provincia hacia la asamblea.

En octubre de 2008, ante las presiones de las organizaciones de Mendoza y del resto de las provincias afectadas por el proyecto, la empresa “Río Tinto” presentó una Manifestación Específica de Impacto Ambiental (MEIA) para relocalizar la pila de sal, que ya no estaría a 5 Km del Río Colorado sino a 17 Km. Los miembros de la CEIAM (incluido el representante del CPA) realizaron una visita al sitio. Para visualizar los intereses en juego en torno al proyecto, es interesante destacar las palabras del propio Secretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral, durante esta visita al sitio del proyecto: “…La presidenta nos ha encomendado la tarea de ir adelante con el proyecto en una visión que trasciende claramente el perfil de decisión política de nuestro propio gobierno. Hay un compromiso con el presidente Lula de Brasil amarrado en la relación binacional argentina-brasilera, de poner en marcha este proyecto minero lo más antes posible, y en este aspecto nosotros vamos a ser celosos custodios para que la dinámica del proyecto sea la mayor posible. Te vamos a exigir Kevin (dirigiéndose al Gerente General del proyecto PRC), inmediatamente que tengas la DIA, el cumplimiento del desarrollo e inversión para que el proyecto se pueda poner en marcha, estamos absolutamente convencidos que podemos cortar la cinta al fin de 2011, cuando nos estemos yendo, y queremos dejar este proyecto como parte de la mejor herencia del desarrollo minero de Argentina, en pocos días vamos a presentar este proyecto, con los caballeros, en sociedad, en Buenos Aires, en la casa de gobierno, estoy seguro que muchos de ustedes nos van a estar acompañando, en este sentido, entonces también vaya nuestro compromiso para tratar de ir quitando piedras en el camino de aquellas cosas que aun estando encaminadas todavía no han estado resueltas…”. También puede establecerse en este sentido una relación entre este compromiso y la compra del proyecto por la minera “Vale”, entre cuyos accionistas se encuentra el gobierno federal de Brasil.

Posteriormente, en noviembre, el CPA recibió el pedido de emitir su dictamen sectorial de la MEIA, el cual fue presentado en diciembre, junto con el dictamen sectorial del IIA, que no había sido presentado por las irregularidades ya comentadas. Este dictamen manifestó la oposición a que se otorgara la DIA a PRC sin que la empresa presentara los estudios faltantes, y la oposición a aceptar un proyecto que implicaba un excesivo consumo de gas y dejaba un pasivo ambiental a perpetuidad en la provincia, sin haber profundizado el estudio de alternativas. Los miembros del CPA se reunieron en ese entonces con el Secretario de Ambiente y le manifestaron su desacuerdo con que la MGEIA no tuviera audiencia pública, ya que, si bien el decreto 820 no lo especifica, se dejaba a la población sin poder opinar sobre un cambio importante en el proyecto.

En enero de 2009, la empresa brasilera “Vale” compró el proyecto PRC a “Río Tinto”, y es en agosto de 2009, cuando se reúne la CEIAM para su dictamen final único –con el miembro de la asamblea como representante titular del CPA- y en septiembre de 2009, el gobierno otorgó la DIA del proyecto, con más de 100 condicionantes. El CPA fue el único organismo que rechazó el otorgamiento de la DIA dadas las condiciones en que se encontraba el proyecto. “…El CPA si bien comparte en general el texto sugerido, considera que debe rechazarse el proyecto por el elevado consumo energético que la actividad demanda y por la falta de alternativas a la disposición del cloruro de sodio, siendo ésta una opinión única dentro de la Comisión. Sin embargo, reconoce que con la relocalización de la pila de sal el posible riesgo de contaminación hídrica del Río Colorado ha quedado disminuido…”. El resto de los integrantes de la CEIAM, si bien algunos de ellos compartían los planteos del CPA, se vieron limitados a dictaminar sobre aspectos puntuales del proyecto, y no desde una visión integral como se intentó abordar desde el CPA. Por otra parte, se conformó con todos los integrantes de la CEIAM la Unidad de Gestión Ambiental (UGA)-PRC, que será la encargada de controlar y verificar todos los estudios que la empresa aun debe presentar, y las acciones que esta lleve a cabo en el proyecto. Al cierre de este trabajo esta UGA aun no había sido convocada.

En la última reunión de la CEIAM por el proyecto PRC, ante el planteo de la falta de alternativas, la abogada de la Dirección de Protección Ambiental argumentó que este estudio era solicitado por el Decreto 2109 (1994), y que este ya no era aplicable ante la existencia de un Decreto específico para la actividad minera (el 820/2006). Sin embargo, en palabras de Aldo Rodríguez Salas, el estudio de alternativas en un proyecto de esta envergadura forma parte del sentido común y, como ya fue mencionado en el Capítulo 4, las normas deben ser interpretadas razonable e integralmente.

La negativa del CPA al otorgamiento de la DIA no quedó manifestada en el texto final de la misma. Algunas de las organizaciones ambientales de Mendoza, salieron a expresar su rechazo a la DIA en los medios de comunicación, sin demasiados resultados. Paralelamente, miembros del gobierno de Mendoza, expresaban mediáticamente y en algunas jornadas su logro de que la provincia tendría, no sólo el 3% de las regalías del proyecto, sino un 1% adicional otorgado por la empresa, que conformaría un “fondo socioambiental”. Este acuerdo entre la empresa y el gobierno quedó plasmado en un Decreto del gobernador mendocino.

Por otra parte, respecto al gas, aún no hay pedido oficial de la empresa ante la Secretaría de Energía, por lo cual lo más probable es que, mediante el plan “Gas Plus”, la empresa PRC negocie directamente el suministro del gas con las empresas concesionarias de este servicio.