CAPÍTULO 8: LA PARTICIPACIÓN EN ESPACIOS INSTITUCIONALES: EL CONSEJO PROVINCIAL DEL AMBIENTE (CPA)

“…La institucionalización de los conflictos sociales ha sido la principal estrategia de la sociedad política para responder a los movimientos sociales. A cada onda de movimientos surgen una serie de leyes y nuevos órganos públicos para cuidar de la problemática. Pero la institucionalización jurídica –por sus características de rigidez, normatizaciones y tratamiento supuestamente igualitario-, no captando las especificidades de los problemas según los grupos sociales involucrados, no han resuelto los problemas y apenas contribuyó al aumento de la descreencia popular en el poder del Estado como instancia supuestamente promotora del bien común. Lo que la cultura política latinoamericana institucionalizó a lo largo de los siglos fue la creencia en el poder de los canales y estructuras informales, y una descreencia en las estructuras formales…”

(Gohn, 1997:234)

Además del apoyo a la sanción de algunas leyes, y el diálogo con algunos funcionarios de gobierno, con el cambio de gestión, a fines de 2007, las organizaciones que rechazan la megaminería en Mendoza fueron invitadas a formar parte del Consejo Provincial del Ambiente (CPA). La posible participación en un espacio institucional –el consejo que asesora a la Secretaría de Medio Ambiente de la provincia de Mendoza-, generó un gran debate al interior de las organizaciones, a partir del cual algunas prefirieron no participar y otras decidieron apostar a su participación en este espacio.

El CPA -órgano asesor de la Secretaría de Medio Ambiente de Mendoza-, fue creado por la Ley provincial Nº 5.961 (1993) de Preservación del Medio Ambiente, que en su artículo 9º establece la creación de este Consejo como órgano asesor del Poder Ejecutivo, el cual funcionaría en el ámbito del Ministerio de Medio Ambiente, Urbanismo y Vivienda.

Según esta ley, las funciones del CPA son: dictar su reglamento interno; emitir opinión sobre los problemas del ambiente; asesorar al Poder Ejecutivo, al Ministerio de Medio Ambiente, Urbanismo y Vivienda o a cualquier otro organismo público o privado, estatal o no, cuando así se lo requiera; conformar comisiones para la elaboración de propuestas o tratamiento de temas específicos; incentivar y desarrollar la investigación y la difusión de los conocimientos sobre el medio ambiente.

En cuanto a su composición, el CPA estaría constituido por un representante del Ministerio –actualmente se trata de un representante de la Secretaría de Medio Ambiente-, y representantes de las organizaciones constituidas legalmente, públicas o privadas, estatales o no, que tengan entre sus objetivos el estudio, la investigación y/o la preservación del ambiente y los recursos naturales. Asimismo, por invitación del Consejo o del Poder Ejecutivo pueden integrarlo aquellas entidades que por su accionar demuestren preocupación por la problemática ambiental.

En cumplimiento de este último punto, es que, a fines de la gestión de gobierno de Julio Cobos, la Asamblea Popular por el Agua del Gran Mendoza fue invitada por la ONG Cullunche –que forma parte del CPA- a participar de una reunión de este Consejo. El motivo de esta invitación fue que en dicha reunión se discutiría la problemática en torno a la actividad minera en la provincia.

La Asamblea Popular por el Agua del Gran Mendoza (a partir de aquí, la Asamblea o la Asamblea del Gran Mendoza) decidió participar en esta reunión del CPA. Al momento de realizarse esta invitación, en octubre de 2007, el Consejo aun estaba presidido por Gustavo Morgani, Subsecretario de Medio Ambiente del gobernador Julio Cobos.

En dicha reunión, realizada la Casa de Gobierno de la provincia, en noviembre de 2007, la Asamblea comentó en el CPA su preocupación de que la Ley Nº 7.722 se mantuviera en vigencia y fuera respetada. Entre las respuestas del gobierno, se aseguró el fortalecimiento de la Policía Ambiental Minera, que sería la encargada de controlar y monitorear la actividad minera en la provincia.

Una vez más, el control fue la respuesta a nivel gubernamental. En relación a ello, y en palabras del propio Morgani, en referencia a la nueva gestión del gobernador Celso Jaque: “…por los medios se ve que la postura es minería controlada…”. En esta reunión, el saliente Subsecretario invitó nuevamente a la Asamblea a la reunión de diciembre y extendió su invitación a toda la AMPAP.

Por otra parte, Morgani recalcó que el tema minero debía tomar un rumbo a nivel nacional, porque si no era así, la población seguiría pidiendo a las autoridades provinciales decisiones que no están a su alcance. También remarcó que el tema central del CPA debía ser el manejo integrado del agua, un recurso estratégico de la provincia.

Posteriormente, a fines de noviembre, se realizó la reunión de la AMPAP, esta vez en el Gran Mendoza, y se trató el tema de la participación en el CPA. Se plantearon muchas dudas e incertidumbres sobre el espacio, pero se coincidió en que era estratégico ocuparlo. En aquel momento, quedó acordado participar como AMPAP. Sin embargo, a partir de que Celso Jaque asumió como gobernador, sólo la Asamblea del Gran Mendoza ha participado efectivamente del CPA, pero no en representación de AMPAP. El resto de las organizaciones aceptó esta participación de la Asamblea del Gran Mendoza, pero decidieron no formar parte de este Consejo, sino estar al tanto del funcionamiento del mismo a través de ella. Otra de las organizaciones que decidió participar del CPA fue la Multisectorial de General Alvear, invitada por el personal de la Secretaría de Medio Ambiente.

Como ya fue mencionado, en enero de 2008, ante un proyecto de exploración minera en el Valle de Uco, los Autoconvocados de Tunuyán cortaron la ruta y realizaron manifestaciones de rechazo al proyecto, acompañados también por otras organizaciones de la provincia. Ante estos hechos, se organizó una reunión en Tunuyán con el Secretario de Medio Ambiente y, posteriormente, una reunión del Secretario con los miembros de la AMPAP en la ciudad de Mendoza. En esta reunión, los representantes de la Secretaría de Medio Ambiente –el Secretario Guillermo Carmona y el Jefe de Gabinete Alberto Gurruchaga- invitaron a los miembros de la AMPAP a formar parte del CPA. En palabras de los representantes de la Secretaría: “…El Estado, por lo menos como lo concebimos nosotros, no puede funcionar de esa manera, ustedes no tendrán personería jurídica pero nosotros tenemos que encontrar la forma para que ustedes participen en este proceso que nosotros estamos haciendo hoy en esta nueva gestión, entonces, encontremos la forma de que ustedes participen en el Consejo del Ambiente, busquemos la forma de discutir una agenda que integre la cuestión de la minería pero que ponga foco en los problemas inmediatos que tenemos, y podemos hacer una puntualización, si quieren más adelante, de lo que nosotros estamos viendo con mayor preocupación en lo inmediato y con mayor incapacidad del Estado para resolverlo…”.

La nueva gestión de Celso Jaque, en lo que respecta a la Secretaría de Medio Ambiente, ha mantenido una política de apertura a la participación y de integración de diversas organizaciones sociales al CPA. Ante ello, el CPA cobró mayor diversidad en cuanto a sus integrantes y las discusiones sobre diferentes temas se complejizaron.

Entre los temas que se han tratado en el CPA, se encuentran, además de la problemática en torno a la megaminería y al procedimiento de EIA de proyectos megamineros, temas tales como: arbolado público, gestión del agua, ordenamiento territorial de la provincia, educación ambiental, entre otros.

El Secretario de Medio Ambiente planteó, desde el inicio de su gestión, que la misma sería abierta a la participación, a la búsqueda de consenso y a la manifestación del disenso, porque consideraba que “…esto enriquece el debate, permite captar la diversidad…”. Asimismo, ha manifestado que el equipo de la Secretaría de Medio Ambiente tiene una “…visión muy social de lo ambiental…”.

Por otra parte, garantizó que se cumpliría la legislación vigente, especialmente la Ley Nº 5961 (Ley Provincial de Preservación del Ambiente). En cuanto a sus acciones, llevó adelante la elaboración del Plan Ambiental, exigido por esta Ley, que se venía posponiendo desde la sanción de la misma, en el año 1993. Según Carmona, este hecho –la inexistencia del Plan Ambiental- expresó una falta de direccionalidad clara de la política ambiental provincial. Por otra parte, impulsó la sanción de la Ley provincial de Ordenamiento Territorial y Usos del Suelo –Nº 8.051-.

En cuanto al tema minero, el Secretario de Medio Ambiente consideró que no debían generarse “falsas alarmas” y que era necesario aumentar los controles. También manifestó que se llevaría a cabo la remediación de los pasivos ambientales –especialmente, en la mina de uranio “Sierra Pintada” en San Rafael-. Carmona reconoció que la minería actual no tiene un perfil amigable con la población, por las preocupaciones y críticas que genera en cuanto a contaminación, y las dudas en cuanto a las regalías y otros beneficios económicos. En este sentido, aseguró que las restricciones actuales -como las que fija la ley Nº 7.722- serían respetadas por el gobierno.

En relación a lo anterior, y en base a las entrevistas realizadas a los funcionarios de gobierno y a representantes del sector minero, hay, por un lado, un reconocimiento de las falencias en la legislación que regula el aspecto económico de la actividad minera, pero, por otro, una falta de búsqueda de soluciones a ello. A nivel provincial, podría haberse presentando algún proyecto de ley que regule el tema para la provincia, o derogar la ley provincial que adhiere a la Ley Nacional de Inversiones Mineras (Nº 24.196).

Por otra parte, en la presentación del Inicio del Plan Ambiental, el 14 de abril de 2008, el gobernador de la provincia, Celso Jaque, enfatizó la relación entre la degradación social y la degradación ambiental, remarcando el problema de la inequidad social en la provincia. Habló también de garantizar los controles y de que la participación era lo único que podría garantizar el buen control, siendo la expresión de toda la comunidad. Para ello, planteó la necesidad de una adecuada coordinación política, con los municipios y el gobierno nacional. En cuanto al agua, el gobernador declaró que debía haber claridad en su uso, y que no se trataba sólo de agua para riego sino como derecho humano de cada ciudadano del mundo, que debía contar con la garantía de acceso a agua de calidad. Sobre el CPA, manifestó que el Secretario de Medio Ambiente había vuelto a colocarlo en su lugar, aceptando disensos pero fomentando consensos.

En este sentido, en la reunión del CPA de julio de 2008, los representantes de la Secretaría de Medio Ambiente señalaron que la impronta de su gestión debería trascender a sus años de gobierno, porque esta participación propuesta debía ser la manera de funcionar del Estado a largo plazo, “…con flexibilidad para que todos puedan participar…”.

Por su parte, la Asamblea Popular por el Agua del Gran Mendoza, consideró que este espacio abriría la posibilidad de tener acceso a información estratégica, a partir del contacto directo con la Secretaría y, tal vez, poder contar con el aval de la Secretaría de Medio Ambiente para realizar acciones de difusión sobre la problemática del agua y la megaminería en escuelas, bibliotecas y otros espacios.

Asimismo, a partir de la política de la Secretaría de Medio Ambiente de apertura al ingreso de organizaciones al CPA, han ingresado también agrupaciones muy cercanas –en cuanto a reivindicaciones y objetivos de lucha- a la Asamblea, como, por ejemplo, la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra de Mendoza (UST).

Es así como la Asamblea Popular por el Agua del Gran Mendoza inició su participación en el CPA. Los temas propuestos por esta Asamblea en dicho espacio han generado diversas reacciones en sus miembros más antiguos.

En este sentido, un hecho que deseamos destacar por su trascendencia respecto al tema tratado en este trabajo, fue la puesta en conocimiento de los miembros del CPA de información que no había sido difundida por la gestión anterior. Como ejemplo de ello, es relevante explicar el engaño sufrido por el CPA en cuanto a su representante en la Comisión Evaluadora Interdisciplinaria Ambiental Minera (CEIAM). Tal como fue explicado en el Capítulo 4, el Decreto Nº 820 (2006) -que regula el proceso de EIA para la actividad minera-, establece la creación de esta Comisión a fin de emitir dictamen técnico de cada Informe de Impacto Ambiental (IIA) presentado para la etapa de explotación minera. Esta Comisión está formada por diversas organizaciones detalladas en el Decreto 820, entre las que se encuentra el CPA. El primer proyecto minero que presentó IIA para la etapa de explotación fue el Proyecto Potasio Río Colorado (PRC), en aquel entonces de la empresa transnacional “Río Tinto”, y desde enero de 2009 de la empresa minera “Vale”.

A partir de esta presentación de proyecto, se conformó la CEIAM correspondiente, pero el CPA nunca fue citado a las reuniones de la misma, ni se les informó a sus miembros que debían designar a un representante. Cuando, a partir de comentarios sobre la CEIAM realizados por la Asamblea en el Consejo, sus miembros tomaron conocimiento de este hecho, realizaron las averiguaciones pertinentes sobre el porqué de esta omisión. Así es como pudieron certificar que el entonces Subsecretario de Ambiente Gustavo Morgani, se había auto-elegido representante del CPA ante la CEIAM, sin informar a los miembros del mismo. Esto consta en la copia de la invitación a las reuniones de la CEIAM convocadas por el propio Morgani, en las que se auto-invita a dichas reuniones como representante del CPA.

De más está decir que este hecho generó la indignación de los miembros del CPA, y se sumó a otro hecho precedente, que también había generado malestar entre los miembros del Consejo, y que fue justamente la no participación en la elaboración del Decreto 820 (2006). Quienes formaban parte en aquel entonces del CPA recordaron que no fueron invitados a realizar aportes ni estaban informados de la elaboración de dicho decreto, sino que el mismo fue presentado al CPA cuando ya había sido decretado por el gobernador.

Más allá del caso del representante en la CEIAM, algunos temas llevados al Consejo por la Asamblea fueron: la crítica al actual Superintendente del DGI , cuya elección fue muy cuestionada por diversos sectores de la sociedad –especialmente por su falta de mérito para ocupar ese cargo y sus actividades laborales previas incompatibles con ese puesto-, cuestiones relativas al ordenamiento territorial, y al procedimiento de EIA del proyecto minero “San Jorge”, en la localidad de Uspallata, entre otros. La Asamblea también participó activamente del diseño del reglamento interno del CPA, que desde su creación no había sido redactado. En este sentido, podemos afirmar que la participación de los miembros de la Asamblea y de otras organizaciones presentes en el Consejo le confirió al reglamento un carácter más horizontal y participativo.

Paralelamente, la Multisectorial de General Alvear ha pedido explicaciones a la Secretaría, en las reuniones del CPA, sobre proyectos mineros desarrollados en el sur de la provincia. Ante estos pedidos, la Secretaría ha vuelto a manifestar en diversas ocasiones, la acción a desarrollar durante su gestión, de capacitar a todo el personal de la Secretaría de Medio Ambiente para cumplir el rol de policía ambiental, preventiva y sancionatoria.

Los hechos permiten manifestar que estas organizaciones han logrado, a pesar de su reciente participación en el CPA, la simpatía y credibilidad de varios de sus miembros más antiguos. Esto se materializa en la elección del representante de la Asamblea como representante titular del CPA en la CEIAM, y del representante de la Multisectorial de General Alvear como suplente.

Este hecho, por un lado, ha sido visto como positivo por algunos miembros de la Asamblea, en el sentido que ya fue mencionado, de contar con información sobre los proyectos mineros desde el momento en que éstos presentan sus IIA. Pero, por otro lado, también ha generado la preocupación de concentrar las actividades de la Asamblea en su participación en estos espacios, quitándole tiempo y esfuerzos al trabajo de base que, justamente, es el que consideran que posibilita la movilización social. Por este motivo, se ha aceptado la participación en estos espacios siempre y cuando sea paralela al desarrollo de otras acciones. También ha sido cuestionada la pérdida de tiempo para otras actividades que han ocasionado las largas discusiones sobre cómo participar en el CPA, planteando siempre que la discusión sobre la participación en este espacio no debía desgastar ni dividir a los miembros de la Asamblea. Es decir, la mayoría de sus integrantes acepta la participación en el CPA, siempre y cuanto esto no implique un costo político, sino que “…lo político lo fije la asamblea en el territorio, en la calle...”. En este sentido, los representantes de la Asamblea en el CPA, manifestaron que, si en algún caso, la postura de la Asamblea no coincide con la adoptada por el CPA, ellos abandonarían su participación en este espacio y en la CEIAM.

Es de esta manera como los miembros de la Asamblea Popular por el Agua del Gran Mendoza, manifestaron una vez más que el eje de la lucha seguirá estando “en la calle”, pero, a su vez, decidieron dar lugar a la experiencia de participar del Consejo, y a partir de él en la CEIAM.

Esta participación no se ha dado sin roces. La Asamblea adoptó una postura sumamente crítica hacia la Secretaría de Medio Ambiente ante la presentación del Plan de Gestión Ambiental 2008-2012. Criticó la falta de participación en la elaboración del Plan de Gestión Ambiental presentado, argumentando que, más allá que no fuera el plan exigido por Ley, igualmente debería haber contado con la participación del CPA. Esta Asamblea consideró que, ante este hecho, quedaba demostrado que desde el gobierno no había voluntad política para propiciar y efectivizar la participación real, y que por lo tanto se hacía necesario ir con una postura más firme al CPA y con mayor información para cuestionar este tipo de acontecimientos, que tienden a desgastar la dinámica asamblearia. Además, la Asamblea del Gran Mendoza hizo públicas sus críticas en diversos medios provinciales, lo que molestó considerablemente a los representantes de la Secretaría de Medio Ambiente.

Otros temas también han generado rispideces entre la Secretaría y algunos miembros del CPA. Entre ellos, el procedimiento de EIA del proyecto minero PRC, y el otorgamiento de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para este proyecto, con más de 100 condicionamientos. El CPA fue el único organismo miembro de la CEIAM que se opuso al otorgamiento de la DIA, posicionamiento que no fue reflejado en el texto de la DIA correspondiente. Al cierre de este trabajo, la mayor parte de los miembros del CPA sigue manifestando su disconformidad con este hecho, temiendo que se repita con el proyecto minero que se evalúa actualmente, “San Jorge”, de minería metalífera de cobre, oro y plata. Volveremos a este tema en el próximo apartado, en el que se detallará el procedimiento de EIA de PRC.

En conclusión, los hechos acontecidos han confirmado la percepción de que incluir a organizaciones de base en espacios como el CPA es una manera de neutralizar el conflicto, permitiendo la participación en el debate, pero sin demasiadas posibilidades de participación real, en cuanto al carácter vinculante de las opiniones del CPA respecto a las decisiones tomadas por el gobierno.