REFLEXIONES DE LA TERCERA PARTE

El caso del conflicto en torno a la megaminería en la provincia de Mendoza refleja los acontecimientos que en esta década se sucedieron en todo el país en torno al surgimiento de conflictos socioambientales. En primer lugar, Mendoza fue parte del “efecto Esquel”, donde una denuncia y/o rechazo puntual –en el caso de Mendoza, las actividades mineras cercanas a la “Laguna del Diamante”- adquirieron, con el correr del tiempo, otras dimensiones y se abordaron otros aspectos de la problemática. Por su parte, el sector minero y el gobierno –local, provincial y nacional- no sólo reaccionó de forma “inconveniente”, sino que lo hizo tarde.

A su vez, Mendoza proveyó características propias que contribuyeron al rechazo de la megaminería: la percepción del agua como recurso escaso y la existencia de una fuerte tradición agrícola en los departamentos donde la megaminería pretendió instalarse, generaron el rechazo de la población mendocina. El inicio del conflicto en comunidades pequeñas, favoreció que los lazos sociales ya existentes y las actividades productivas tradicionales –agrícolas- jugaran un papel fundamental en la legitimación de las reivindicaciones y en la adhesión de la población en su conjunto. Las actividades en escuelas, la participación de los niños y de las familias enteras, la presencia de argumentos religiosos en defensa del agua y la vida, las modalidades de acción pacíficas y la perseverancia de estas poblaciones en sus reclamos, transformaron sus denuncias en un conflicto provincial.

Como acabamos de mencionar previamente, las acciones llevadas adelante por los “representantes del pueblo” –leáse intendentes, concejales y gobernadores- no hicieron más hacer sentir a las comunidades que, no solamente no se las estaba representando, sino que se les negaba la capacidad de auto-decisión. Así, el descrédito hacia el sector político se sumó al cuestionamiento al avance de la megaminería en la provincia. En un contexto post-2001, la población generó sus propios espacios de toma de decisiones. Asambleas, Multisectoriales, y grupos de Autoconvocados, se extendieron por toda la provincia, y ante la necesidad de fortalecerse, se articularon.

Puede observarse a partir de los relatos aquí descritos, que el reclamo era en inicio puntual: “no al riesgo de las fuentes de agua”. También se desprende de los testimonios recabados, que al comienzo del conflicto, siempre se recurrió en primera instancia a los gobiernos locales para pedir información. Ante un poder gubernamental que les dio la espalda, los vecinos de comunidades tradicionales de Mendoza –que no poseían una cultura militante ni reaccionaria- decidieron buscar otras vías de acción. Marchas, movilizaciones, cortes informativos, en un periodo pre-elecciones, generaron que, incluso funcionarios del propio gobierno provincial, tuvieran que prestar atención a los reclamos provenientes, en aquel entonces, del Valle de Uco y, posteriormente, de General Alvear. En ese momento, cometieron otro error: no informarse. Los pobladores fueron tomando conocimiento de la falta de fundamentos sólidos que los funcionarios argumentaban al proponerles controles y seguridad ambiental para los proyectos mineros. Por otra parte, ya era tarde. No sólo las respuestas en materia ambiental no los conformaron, sino que la necesidad de informarse los había llevado hacia otros aspectos vinculados con la actividad: los beneficios impositivos, los impactos ocasionados en otros lugares del mundo, las violaciones de derechos humanos, entre otros.

El sector minero también salió a dar respuestas, pero no logró ser convincente. En cuanto al beneficio impositivo, argumentaron que se trataba de “una actividad de riesgo”. La comparación entre las ganancias y las inversiones realizadas, y los montos a los que eran vendidos los proyectos de una empresa a otra, tiraron por tierra este argumento.

“La minería actual es sustentable”, argumentó el sector minero, en relación a la minería del pasado que había dejado pasivos ambientales por el mundo entero. Sin embargo, la prohibición de la actividad minera, incluso en algunos estados de países “desarrollados”, la rotura periódica del mineraloducto de la Alumbrera, la contaminación de Abra Pampa, la presión sobre el gobierno ejercida por el sector minero para el veto a la Ley de Glaciares, desdibujaron la visión de una minería “ambientalmente responsable”. Recientemente, se sumaron las denuncias de la ex -Secretaria de Ambiente de la Nación, Romina Picolotti, de amenazas por parte de las empresas mineras durante su gestión en el gobierno.

A nivel provincial, la falta de presupuesto y personal para las tareas de “policía ambiental minera”, potenciaron el descreimiento de la “minería con controles.”

Por su parte, Potasio Río Colorado, el primer proyecto megaminero que tuvo el permiso ambiental para iniciar su explotación, lo hizo con más de 100 condicionamientos, y sin haber presentado un estudio serio de alternativas al depósito de sal en superficie. Las organizaciones mendocinas objeto de este estudio, no lo olvidan. Las generaciones futuras, serán testigos de nuestra “permisividad”.

En cuanto al proyecto “San Jorge” –actualmente en evaluación ambiental-, la baja calidad técnica del informe ambiental presentado, hace imprescindible traer a colación un aspecto que en la gestión ambiental es fundamental: la ética profesional.

A nivel local, la división social generada por estas empresas –ver casos de Punta del Agua y Uspallata, esencialmente- ha despertado la indignación de ciertos sectores de la población. Pero cuando hicimos mención a la violación de derechos humanos, nos referimos a las situaciones sufridas por comunidades que se oponen a esta actividad, acontecidas en otras provincias, y denunciadas por el propio premio Nobel de la Paz, Adolfo Perez Esquivel.

Asimismo, a la cuestión ética recién mencionada, se suma el aspecto moral, rescatado en numerosas oportunidades por las organizaciones que se oponen a esta actividad. Las mismas empresas que se presentan en Mendoza como “ambientalmente responsables” y procurando “licencia social” son las mismas que, en otros países, son denunciadas por violaciones de derechos humanos en las comunidades cercanas a sus proyectos en operación, entre ellas: “Angloamerican”, en África; “Río Tinto”, en Papua Nueva Guinea y “Vale”, en el noroeste de Brasil. Las redes de organizaciones socioambientales han permitido acceder a estas informaciones, que también influyen en la percepción social de las empresas mineras, a lo que se suma la complicidad de los sectores del gobierno ante estos hechos.

Volviendo al caso de las organizaciones surgidas en Mendoza en torno al conflicto minero, como ya ha sido mencionado, se caracterizan por su heterogeneidad. Vecinos Autoconvocados, Multisectoriales y Asambleas, diversas asimismo en su interior, se dieron un espacio de diálogo a nivel provincial. El conflicto llegó a la ciudad de Mendoza y adquirió nuevos reclamos, entre los que se destacan la justa distribución del agua y su adecuada gestión, en un momento en el que además, una entidad vital en Mendoza vinculada al recurso hídrico, como es “Obras Sanitarias”, se encuentra intervenida, y ante ello, se plantea la re-estatización.

Por otra parte, estas organizaciones también han sabido ocupar espacios institucionales –como el CPA y la CEIAM- obteniendo una fuerte legitimidad por parte de quienes también participan en los mismos. Y mediante sus acciones no institucionales, presionaron para modificar la realidad institucional provincial, situación de la cual las leyes Nº 7.422 y 7.722 representan importantes ejemplos.

Ambas leyes, acusadas por el sector minero de inconstitucionales, ponen de relieve aspectos fundamentales ya esbozados en este trabajo: la legislación ambiental permite la decisión local del modelo de desarrollo que desea una comunidad, al permitir legislar más allá de los presupuestos mínimos establecidos a nivel nacional y, en este sentido, limitar o prohibir actividades que no son compatibles con su cultura y sus formas de vida. Por otra parte, pone también de relieve la incapacidad de los sectores mineros de desarrollar discursos convincentes para evitar o solucionar los conflictos.

Consideramos que gran parte de este error, ha estado en intentar focalizar la discusión en torno a la megaminería en el plano técnico, cuando es de público conocimiento que esta actividad conlleva intereses que exceden considerablemente este aspecto.

Asimismo, la definición de “desarrollo sustentable” que estas empresas respaldan, están muy lejos de coincidir con las nociones de desarrollo sustentable que defienden las comunidades que, incluso, en algunos casos, ponen en cuestión la legitimidad del término “desarrollo sustentable” -ya que ha sido tan “sub-utilizado” que hoy se encuentra vaciado de contenido-.

Lo cierto, es que la lucha contra la instalación de proyectos megamineros en Mendoza ha generado una unión nunca antes vista, alinéandose bajo este rechazo sectores sociales que hasta el momento no habían coincidido. Esto da cuenta de que, más allá de los diversos intereses y reivindicaciones que manifiestan las organizaciones surgidas de este conflicto, la defensa del agua y del modo de vida deseado para la provincia, ante una actividad de la que se tiene una percepción de incompatibilidad con esta “cultura del agua”, ha primado sobre las diferencias.