7.2.4. Acciones legales por Sierra Pintada. Impactos a largo plazo, demanda de control independiente y falta de presupuesto

Hay diferentes expedientes iniciados por “Sierra Pintada”. Uno de ellos se encuentra, en este momento, esperando el fallo de la Suprema Corte de la Nación. Cuenta con fallo favorable en primera y segunda instancia.

Por otra parte, también hay un juicio que se está llevando adelante en el Juzgado Federal de San Rafael. En el marco de este juicio se llevó a cabo una audiencia de conciliación entre las partes, a la que concurrieron la Multisectorial del Sur, la CNEA, y representantes de la provincia y del municipio. Los miembros de la Multisectorial explican su posicionamiento respecto al tema: “…Ellos (la CNEA) quieren empezar con remediaciones parciales pero nosotros queríamos que se hiciera de acuerdo a lo previsto para la remediación total, y que sean una parte de la remediación total, no que se haga una parte con la intención de reabrir la mina...”.

Varios aspectos de la problemática de la minería de uranio son puestos en cuestión por quiénes se oponen a ella. En San Rafael, uno de los aspectos más preocupantes ha sido el riesgo de contaminación de las aguas.

Por otra parte, la falta de independencia entre quién realiza las acciones y quien la controla, es otro de los cuestionamientos. En palabras de un miembro de la Multisectorial: “…el problema con el uranio, y con todo lo que es radiactividad, es que los estudios se basan en información que da la misma mina, no hay un ente de contralor, porque la ARN es parte de la misma gente que integra la CNEA, entonces tenemos que extrapolar resultados de lo ocurrido en otras partes del mundo con explotaciones de minas de uranio a cielo abierto…”.

La desconfianza en los datos y la falta de presupuesto para realizar estudios independientes es otro foco de conflicto. Un integrante de la Multisectorial explica: “…Los monitoreos son hechos por gente que trabaja en la mina. Hace 2 o 3 años el gobierno de la provincia informó la existencia de agua contaminada con acido sulfúrico y resulta que era cantidad de agua ha mermado, la CNEA dice que se ha evaporado, pero no coincide con los índices de evaporación de la provincia...”, y detalla la postura de la Multisectorial al respecto: “…Para nosotros por mala impermeabilización de los diques de contención ha ido a las napas, pero no tenemos manera de probarlo, no tenemos fondos, cuando planteamos al gobierno de la provincia la remediación, planteamos que el control lo hiciera una entidad externa a la CNEA, tampoco el gobierno porque no tiene los fondos, propusimos alguna entidad nuclear de Francia o Alemania…”

Según el “Principio de Responsabilidad”, la CNEA debería hacerse cargo de los costos de remediación. En relación a ello, desde la Multisectorial expresan: “…Tenemos que suponer cosas que no estamos en condiciones de aportar, por eso es tan difícil la pelea. Pero como la ley de medio ambiente dice que los que tienen que probar son ellos y no nosotros…”. Por otra parte, la duración y aparición a largo plazo de los efectos de la minería del uranio, también preocupa a los sanrafaelinos. Respecto a este tema, un miembro de la multisectorial manifiesta: “…como la durabilidad de los productos de la radiactividad, de la escala de deterioro del radio, del radón, del uranio, dura muchos años, hay consecuencias que se van a presentar dentro de 50, 100 o 200 años y después va a ser tarde, hay que plantearlo ahora…”.

En relación a ello, la falta de solución al tema de los residuos nucleares en un gran tema que no encuentra respuestas. Desde la Multisectorial enfatizan esta cuestión: “…estos elementos tienen una vida muy superior a los elementos en los cuales se los quiere contener, se van a deteriorar antes de que se deterioren esos componentes. Lo único que hacemos es transmitirle a las generaciones futuras los problemas que generamos hoy...”.

Miembros de La Multisectorial del Sur nos comentaron que tampoco les ha sido fácil el ingreso al predio donde se encuentra “Sierra Pintada”, por lo que cuando han ingresado lo han hecho previa autorización de un juez. En general, las empresas argumentan que se debe a las medidas de seguridad apropiadas para la actividad. Vemos en este como en muchos casos como se hace necesario compatibilizar las medidas de seguridad con la necesidad de contar con un “poder de policía” efectivo.