REFLEXIONES DE LA SEGUNDA PARTE

En esta Segunda Parte observamos cómo los recursos minerales pasaron, de ser un bien estatal estratégico, a ser un foco de inversiones, principalmente de empresas extranjeras. Este cambio se produjo en la década de los ´90, en la que el modelo neoliberal en la Argentina alcanzó su mayor expresión.

Paralelamente a la legislación que favoreció las inversiones en el sector minero, también se fueron sancionando, en la década de los ´90 y durante la del 2000, toda una serie de leyes ambientales, que incorporaron la evaluación ambiental de las actividades humanas -entre ellas las extractivas-, y la información y participación social en la gestión del ambiente, entre otras cuestiones. Esta legislación ambiental fue uno de los resultados del debate internacional sobre la problemática ambiental que se inició en la década de los ´70, en cuyo transcurso posterior fue repensándose incluso la noción de desarrollo, al hacerse escuchar, cada vez con mayor fuerza, la voz de los países “menos desarrollados” en el debate.

En este sentido, intentamos describir a lo largo de esta Segunda Parte el marco regulatorio de la actividad en cuestión. Observamos cómo la legislación en materia ambiental fue ampliando las posibilidades de intervención social en los procesos de toma de decisiones. La megaminería no tardó en desatar conflictos socioambientales, siendo Esquel el que marcó el precedente argentino. Como un reguero de resistencias, fueron surgiendo diversas movilizaciones sociales, muchas de las cuales dieron origen a legislación que restringió las posibilidades de llevar a cabo proyectos megamineros. Como ejemplo de ello, se detalló la Ley provincial (Nº 7.722) y las Ordenanzas departamentales sancionadas en Mendoza con esa finalidad, las que se sumaron a las existentes en otras provincias argentinas, también productos de una importante movilización social.

En relación a esta última, se desarrolló en esta Segunda parte, la crisis profundizada en la década de los ´90, su visibilización en la década siguiente, y su impronta en el movimiento socioambiental, a fin de contextualizar regional y nacionalmente a nuestro estudio de caso.

“…El esfuerzo que debimos realizar no fue considerado en nuestros cálculos iniciales…”, destaca Javier Rodríguez Pardo en su libro sobre las movilizaciones en oposición al repositorio nuclear de Gastre (Rodríguez Pardo, 2006:9). Esta afirmación puede trasladarse actualmente a cada una de las organizaciones que conforman la UAC. Muchas de ellas, surgieron de un problema puntual –la instalación de una empresa minera, el avance de los monocultivos, la contaminación de un río, entre muchos otros. Sin embargo, con el paso del tiempo, la búsqueda de información y la interacción con otras organizaciones, han avanzado en la toma de conciencia sobre la complejidad de los problemas ambientales, y de su inherente relación con los aspectos sociales, políticos y culturales, entre otros.

No es fácil determinar el número de organizaciones ni de integrantes de cada una de ellas pero, como ya fue destacado por Almeyra (2004), la importancia no reside en su número sino en la existencia de esta experiencia, que refleja la impronta de las características locales, que politiza o discute la falta de politización, y que cambia radicalmente la subjetividad de sus integrantes y de su entorno.

En este sentido, este movimiento, que articula luchas antiguas y recientes, ha adoptado el formato asambleario, horizontal, donde la democracia directa es puesta en práctica, con sus ventajas y sus limitaciones. Es en estos espacios en donde muchos argentinos han descubierto su capacidad de participar en la toma de decisiones. Asimismo, estos encuentros han tenido la capacidad de reunir a sectores sociales que hasta el momento no se habían vinculado entre sí. Con una predominante composición de clase media, estas organizaciones se articulan con movimientos campesinos e indígenas, movimientos piqueteros y de derechos humanos, entre otros. Parafraseando a Guillermo Almeyra (2004), se reflejaron en las calles los cambios subjetivos de vastas capas de las clases medias, que buscaron aparecer en primera persona como sujetos de cambio.

Las características antes mencionadas demuestran las similitudes existentes entre las asambleas post-2001 y las socioambientales, e incluso, cómo la crisis de representatividad y la desconfianza en el sector político-gubernamental, corre en paralelo a la creación de instancias participativas de base, que debaten, entre otras cuestiones, el derecho a elegir el modelo de desarrollo –y la forma de vida- que cada comunidad desea. La soberanía popular sobre el territorio se plantea así como una de las principales reivindicaciones de los movimientos socioambientales, en rechazo a un modelo impuesto por empresas y gobierno.

En conclusión, en la Primera Parte de esta tesis destacamos cómo estos procesos sociales son acompañados académicamente -con nuevas concepciones sobre la gestión ambiental y la participación-, y desde la realidad misma de los países -con el resurgimiento de diversos movimientos y grupos que reclaman una toma de decisiones más horizontal y un desarrollo acorde a sus necesidades-. Sumado a ello, vemos en esta Segunda Parte cómo la sanción de determinada legislación también forma parte de la puja de intereses y relaciones de poder que se establecen entre los grupos en conflicto.

A la luz de esta realidad, se hace necesario el cumplimiento de la legislación existente, y la modificación de aquella que no se adecúe a la cultura de cada comunidad. Por ejemplo, la Ley provincial de Ambiente de Mendoza –Nº 5.961- contiene los elementos que proveen que todos los procedimientos ambientales sean de carácter público, instalando así un sistema de control cruzado -administrativo y judicial- al que se incorpora el control social mediante la participación. Se trata de un ejemplo que permite que el cumplimiento de la ley sea garantizado por un sistema, y que no quede supeditado a las decisiones de los funcionarios públicos.

Sin embargo, la puesta en práctica de estos procesos no se lleva a cabo sin dificultades. Sumado a ello, estamos en un país donde la desconfianza en el gobierno y sus posibilidades de control sobre los proyectos megamineros también juegan un papel fundamental en estos conflictos. Durante años, las grandes empresas mineras desconfiaron de la seguridad de sus inversiones en el país, y la legislación sancionada en los años ´90 se la garantizó. Posteriormente, muchas comunidades rechazaron la actividad y reclamaron su prohibición, su control, y/o su poder de decidir sobre el tipo de desarrollo que desean. Estos aspectos son mucho más complejos y su garantía depende de la horizontalidad y participación en la toma de decisiones. Esta participación, permitió ir más allá de las leyes establecidas: se cuestionó la actividad y se impulsó la sanción de nuevas leyes. Puede decirse entonces que el conflicto fue la explicitación de la voluntad popular, y que las leyes sancionadas fueron la respuesta institucional al reclamo.

Otro aspecto que es importante considerar, es que la aplicación de las leyes en la gestión ambiental requiere una interpretación razonable de las normas, así como también una interpretación integral del ordenamiento jurídico, a fin de despejar la incertidumbre cuando es posible, y de incorporar el principio precautorio cuando no lo sea.

Ante estos proyectos, el gobernante y los legisladores deben evaluar el mérito, oportunidad o conveniencia de los mismos, considerando el contexto social en el que esta actividad planea insertarse. En el caso de Mendoza, la cultura “de oasis” del mendocino, vinculada al agua y a la montaña, ha constituido un gran obstáculo para la instalación de la megaminería. Y este aspecto no puede ser dejado de lado a la hora de evaluar su conveniencia. Incluso la nueva Ley de Ordenamiento Territorial de la provincia de Mendoza –Nº 8.051- plantea la construcción participativa del modelo de Mendoza deseado. En estos ámbitos también deben ser considerados los conflictos socioambientales, que reflejan la percepción de incompatibilidad entre determinadas actividades productivas y/o extractivas.

Paralelamente, para garantizar que los procesos de evaluación ambiental de cualquier proyecto se lleven adelante con las garantías necesarias, se necesita además un sector de ciencia y técnica confiable. Como veremos especialmente en el Capítulo 9, para el caso analizado, la baja calidad científica de los IIA presentados por estas empresas también ha potenciado el conflicto.

Por otra parte, la multiplicación de organizaciones de carácter asambleario, que reivindican la horizontalidad, la construcción colectiva y la recuperación de los espacios públicos, entra en disputa con los espacios de participación representativa, deslegitimados por la desconfianza en los “representantes del pueblo”. Las asambleas vienen desde hace décadas propiciando un cambio del concepto de política, alejado de la política partidaria, y más relacionado a la noción de ser político en el sentido de ser partícipe en la toma de decisiones. Igualmente, la participación o no en el espacio político-partidario, como fue comentado en esta Segunda Parte, es otro de los temas que se discuten en algunas asambleas socioambientales.

Considerando lo dicho hasta aquí, puede afirmarse que quienes clasifican a estas movilizaciones como “movimientos NIMBY” , lo hacen desde un reduccionismo que desconoce el camino recorrido entre su origen y la actualidad, la diversidad de temas que abordan en sus luchas y la solidaridad inter-asamblearia que las une.

Estos movimientos están ganando legitimidad, y actualmente organizaciones de derechos humanos y redes de asistencia jurídica están prestando sus servicios a estas comunidades, algunas de las cuales, como en el caso de La Rioja, están sufriendo, como consecuencia de su resistencia, acciones de criminalización y violencia.

¿Hacia donde va este movimiento? Es difícil arriesgar una proyección a futuro sobre este fenómeno reciente que reivindica luchas históricas, y que aun tiene mucho por construir y debatir a su interior. En palabras de Eduardo Galeano: “La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá. ¿Entonces para que sirve la utopía? Para eso, sirve para caminar.”