I. INTRODUCCIÓN

Las comunidades y las familias mayas del norte de Campeche han experimentado profundas transformaciones en su estructura socioeconómica en los últimos 30 años. Las políticas públicas locales y nacionales, el mercado, y los intereses internacionales han marcado la pauta de este cambio. Algunas veces bajo el nombre de modernización, otras de promoción del desarrollo y, recientemente, de combate a la pobreza.

En los años 70´s del siglo XX, la economía de la región se basaba en el sistema de policultivo (maíz, frijol y calabaza) tradicional de Roza-Tumba-Quema (RTQ). El sistema se complementaba con la producción en pequeña escala de frutas y hortalizas, la ganadería de solar, el aprovechamiento de los recursos forestales, la cacería, la apicultura y la elaboración de artesanías (Hernández et al., 1995; Terán y Rasmussen, 1994). El conjunto de estas actividades proporcionaba la mayor parte de los elementos de la dieta, la vivienda y el combustible de las familias.

En 1977, se inició en la región el proyecto modernizador de la agricultura impulsada por el Estado a través del Programa Integral de Desarrollo Rural (PIDER) (Schuren, 2002). Bajo los auspicios del PIDER se amplió la frontera agrícola en tierras mecanizables y se involucró a las familias hacia la producción de maíz con el uso de semillas mejoradas, agroquímicos y maquinaria (Ku, 1990). Sin embargo, este sistema agrícola industrial sólo benefició a las comunidades con acceso a tierras mecanizables que representaban una minoría. El resto continuó practicando la agricultura de RTQ con escasos o nulos apoyos gubernamentales.

La crisis de inicios de los años ochentas manifiesta en elevados déficit financieros del sector público el deterioro de los términos de intercambio y el aumento del costo del servicio de la deuda externa, cuestionó la viabilidad del modelo económico de sustitución de importaciones dirigida por el Estado. Es así como a mediados de los ochentas, México emprendió un nuevo modelo de política económica al adoptar la estrategia de disminuir la intervención del Estado en la economía, bajo el supuesto de que con ello se lograría un mayor bienestar y mejor asignación de recursos a través del mercado (Appendini, 2001; Téllez, 1991). El modelo neoliberal, como se conoce a esta estrategia, consistió en un conjunto de reformas estructurales que incluyeron —entre otras medidas— la privatización de empresas estatales, la eliminación de subsidios vía precios y la apertura comercial. Este modelo económico fue promovido en América Latina por organismos financieros internacionales en el contexto del programa conocido como Consenso de Washington (Stigliz, 2004).  

En México, y en la región de estudio en particular, estas medidas se tradujeron en un cambio en la orientación de los subsidios. Los subsidios productivos, antes otorgados vía precios de productos e insumos, ahora se otorgan vía ingreso a los productores a través del Programa de Apoyos Directos al Campo (Procampo). Ello, con el propósito de hacerlos compatibles con el proceso de apertura comercial. Otra modalidad de los subsidios productivos son los apoyos del Programa Alianza para el Campo (Alianza), orientados a mejorar las habilidades de los agricultores y promover el desarrollo tecnológico, con el objetivo de incrementar la productividad y la competitividad en un contexto de economía abierta (Bonnis y Patrón, 1997). Los subsidios no productivos o sociales se canalizan a través del Programa de Desarrollo Humano con Oportunidades (Oportunidades). Este es un programa focalizado para reducir la pobreza extrema en áreas rurales y urbanas. Sus orígenes se remontan al Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol, 1988) y al Programa de Educación, Salud y Alimentación (Progresa, 1998) instrumentados para contrarrestar el deterioro de las condiciones de vida de la población durante los años de ajuste estructural, con aval de las instituciones financieras internacionales.

La apertura comercial a través del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que tuvo como argumento central la mejoría del bienestar mediante la especialización productiva de acuerdo al modelo de ventajas comparativas, ha tenido dos efectos importantes en la región: por una parte, favoreció la generación de empleos no agrícolas mediante el establecimiento de la industria maquiladora textil a finales de los 90´s; por el otro, al exponer a los productores maiceros a la competencia externa en condiciones asimétricas de producción y subsidios (Fritscher, 2001), los está empobreciendo y obligando a autoemplearse en los servicios y el comercio (Figueroa, 2005b; Appendini, 2001). 

Con todas estas transformaciones en la economía regional, la diversidad de las fuentes de ingresos accesibles a las familias ha crecido sustancialmente, en especial las no-agrícolas. No obstante, no queda claro cuáles fuentes de ingresos y cuáles de las políticas instrumentadas están mejorando las condiciones de alimentación y de vida de la población y por qué.

En este contexto, los objetivos de esta tesis son:  (1) Analizar los recursos y las capacidades con que cuentan los grupos domésticos y las comunidades para producir, comprar o recibir como donación los alimentos; (2) Identificar los factores externos que condicionan la seguridad alimentaria de los grupos domésticos; (3) Analizar las limitantes y las potencialidades de las estrategias de vida desplegadas por los grupos domésticos para lograr la seguridad alimentaria bajo el contexto externo (sistema ecológico, macroeconómico y social) actual; (4) Estimar la magnitud, la gravedad y la distribución de los grupos domésticos alimentariamente inseguros; (5) Caracterizar el tipo de inseguridad alimentaria de los grupos domésticos en el tiempo.