4.2 El proyecto económico social-cristiano del neo-panismo

Nuestro objetivo es promover, a la luz de la Doctrina Social de la Iglesia y las Encíclicas papales, una visión humanista de desarrollo sustentable para servir al Bien Común

Declaración de Principios de la

Unión Social de Empresarios Mexicanos

Esta sección analiza los planteamientos del grupo de empresarios que ingresó a Acción Nacional en los años 80 a la luz, tanto de los documentos de las organizaciones patronales a las que pertenecen, como de sus escritos y declaraciones. Posteriormente mostraré cómo y en qué medida esos principios y valores fueron trasladados al PAN.

Es muy recurrente encontrar en la literatura especializada sobre Acción Nacional la idea de que los empresarios que ingresaron al partido en las décadas de los 80, conocidos como neo-panistas era un grupo con un declarado desprecio hacia la doctrina panista, por lo que el objetivo de adherirse al PAN era solamente para utilizar su estructura al luchar contra el régimen priísta y el modelo estatista de desarrollo que guió al México posrevolucionario. Lo anterior es sólo parcialmente correcto, pues es necesario hacer una serie de matices y precisiones al respecto para poder entender y explicar la nueva doctrina panista con orientación Demócrata Cristiana.

Los empresarios que ingresaron al PAN con la idea de instaurar en México la alternancia de partidos tenían un desprecio por la doctrina abstencionista e intransigente, así como por el Solidarismo de González Morfin por su ethos anti-capitalista. Pero eso no significó que fueran un grupo sin ideología, por el contrario, cuando en la década de los 70 se inició la histórica ruptura entre los empresarios y el régimen priísta, quienes nutrieron las filas del neo-panismo no fueron ni todos los empresarios ni de todo el amplio espectro de organizaciones pertenecientes al Consejo Coordinador Empresarial (CCE). Aquellos que ingresaron al partido en los años 80 provenían en su mayoría del norte del país y pertenecían, sin excepción, a organizaciones empresariales con una explícita orientación doctrinal social-cristina: la Confederación de Patrones de México (COPARMEX) y la Unión Social de Empresarios de México (USEM).

Dentro de lo que se conoce como “el empresariado mexicano” confluye una amplia gama de posturas. Cuando se dio el enfrentamiento entre el capital privado y el Estado posrevolucionario, hubo grupos del CCE cuya alternativa al modelo de desarrollo estatista era un modelo de laissez faire, tal fue el caso de la Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN) y la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio (CONCANACO) . Sin embargo, como señalé anteriormente, los neo-panistas no prevenían de esas organizaciones empresariales, sino de aquellas con orientación social-cristiana.

Es obvio que los empresarios social-cristianos están a favor de un sistema económico de libre mercado, pero ello no quiere decir que sostengan que las fuerzas del mercado se ejerzan sin limitación alguna. Sino que reconocen que existen normas morales que deben encauzarlas, con lo que se admite que el Estado debe de ser el actor rector del Bien Común, al orientar, coordinar, promover y regular las actividades económicas .

Para que lo anterior fuera coherente con la eficiencia económica que caracteriza al espíritu empresarial, el Estado tenía que ser democrático, definido no solamente como aquel que fuera electo por la vía del sufragio, sino sobre todo que respetara de manera irrestricta a la propiedad privada, rindiera cuentas, fuera transparente en su desempeño ante la “sociedad civil” y que no invadiera innecesariamente la esfera económica, ya que los empresarios la consideran su espacio natural.

Los documentos de “misión y valores” y “declaración de principios” tanto de la COPARMEX como de la USEM , son extremadamente similares, y en algunos párrafos exactamente iguales a los documentos de la organización empresarial internacional a la que se encuentran afiliadas: la Unión Internacional de Empresarios Cristianos (UNIAPAC, por sus siglas en francés).

A pesar de que la UNIAPAC no hace referencia explícita a la religión católica en su nombre en español, si lo hace su nombre en francés (que es la lengua principal de esa organización): Union Internationales des Associations Patronales Catholiques. En sus estatutos y principios doctrinales señala que su objetivo es, “a la luz de las Encíclicas papales”, entender, asimilar, estudiar y profundizar en la problemática social, ambiental y los problemas del trabajo .

La USEM y la UNIAPAC declaran ser organizaciones “cristianas y ecuménicas”, mientras que la COPARMEX se limita a mostrarse como una organización “humanista”. Sin embargo, el vocabulario, el objetivo y el proyecto económico que defienden es exactamente el mismo: la Economía Social de Mercado (ESM). Pero ¿en qué consiste para ellos la ESM?, y sobre todo ¿cuál fue el impacto del proyecto de las mencionadas organizaciones empresariales en el ideario del PAN?

La doctrina del libre mercado con sentido social:

Los documentos de las organizaciones patronales social-cristianas de donde salieron los nuevos militantes de Acción Nacional en los años 80, tienen como base de su estructura discursiva, además de todos los documentos pontificios que hemos mencionado, a la Encíclica Laborem Exercens -el trabajo humano- (1981) de Juan Pablo II. Incluso los documentos doctrinales de la UNIAPAC que se encuentran actualmente vigentes fueron reelaborados inmediatamente después de que se publicó esa Encíclica. En este documento pontificio se retoma la severa crítica que el pensamiento católico hace tanto al liberalismo como al socialismo. El título hace referencia al carácter humanista y espiritual del trabajo, en contraste con los regímenes comunistas y capitalistas que tratan a las Personas como mercancías o simples instrumentos de la producción.

Aunque en Laborem Exercens el trabajo debe de tener “primacía moral” sobre el capital, también se niega rotundamente que en la práctica sean dos elementos que podamos separar, mucho menos contraponer como si fueran dos fuerzas impersonales cuando uno sin el otro serían improductivos . Consecuencia de lo anterior, se ve con buenos ojos la participación de los trabajadores en los beneficios de la empresa e incluso la copropiedad a través de “accionariado” del trabajo y el reparto de utilidades, tratando de fomentarle a los empleados la conciencia de que el fruto de su trabajo no es algo ajeno a ellos .

Aunque solamente los documentos de la USEM hacen en referencia directa a Laborem Exercens, coincide con la COPARMEX en la visión católica de la empresa :

a) La empresa está integrada por Personas, que deciden asociarse y dividirse el trabajo de manera libre, consciente y autónoma;

b) El principal objetivo de la empresa no es el simple lucro, sino mantenerse funcionando para que todas las Personas que la integran conserven su fuente de ingresos;

c) La mejor forma de lograr lo anterior es aumentando la calidad y cantidad de los productos o servicios que tienen como función la satisfacción de las necesidades de los clientes;

d) La remuneración de los trabajadores jamás será producto del libre mercado, sino que tendrá como base tres principales criterios para su asignación: sus necesidades y responsabilidades como jefe de familia, el tipo de aportación que proporcione a la empresa y, la situación financiera de la empresa donde labora;

e) El trabajador debe de obedecer a sus superiores, pero estos últimos nunca deberán de atentar contra la dignidad de su Persona, por lo que las condiciones laborales nunca harán que peligre su salud física, moral o religiosa;

f) El trabajador tendrá la oportunidad de ser copropietario de la empresa, participando con su propia iniciativa en las decisiones de la empresa así como en las ganancias;

g) En el destino de las ganancias debe de haber una proporción suficiente para la reinversión en actividades que generen más empleos;

h) Los sindicatos, tanto de empresarios como de trabajadores son indispensables, no para la lucha de clases, sino para la colaboración y el diálogo, aunque esto no excluye el derecho de huelga, pero con la limitante que imponga “el respeto absoluto a la propiedad privada”.

La concepción de la COPARMEX sobre el libre mercado y el papel del Estado en la economía es la misma que la de USEM y UNIAPAC, incluso en muchos párrafos es una copia textual. Por lo que analizaré directamente los postulados de la UNIAPAC en lo referente a los mencionados temas .

El concepto del Libre Mercado con Sentido Social, más que directrices técnicas específicas, propias de los economistas, son lineamientos de doctrina y filosofía económica sobre las funciones y relaciones deseables entre tres elementos clave: 1)el mercado, 2)la autoridad pública y, 3)la moralidad referente al Bien Común.

El empresariado social-cristiano define al mercado como el ámbito donde concurren los productores y consumidores para vender y comprar productos y/o servicios de acuerdo con los precios que ahí mismo se fijen; es necesario aclarar que con el advenimiento de la revolución en la informática y las telecomunicaciones, el mercado no necesariamente es un lugar físico o está confinado a un recinto en particular. Pero, ¿qué tipo de mercado desean?, ¿qué papel debe de tener la autoridad pública frente al mercado según su concepción social-cristiana?

Según sus documentos doctrinales el modelo económico más deseable, eficiente y justo es el libre mercado pero éste tiene que recibir una orientación moral hacia el Bien Común.

La imposición de precios artificialmente bajos, por parte del gobierno conduce normalmente a un aumento de la cantidad de la demanda y a una retracción por parte de los oferentes: ante un precio menor los demandantes tienden a consumir más, al mismo tiempo que los productores menos eficientes se retiran del mercado y los que pueden obtener utilidades con los nuevos precios buscan desviar su actividad hacia giros no controlados, donde la rentabilidad sea mayor. Producto de esto es la escasez, el desabasto y el mercado negro con precios más altos de las mercancías que los que prevalecerían si no hubiera controles, las cuales quedan al alcance solamente de las personas más ricas.

Ellos consideran que entre menos intervenga el gobierno en la economía es mejor porque cuando un mercado funciona adecuadamente, los consumidores, por medio del sistema de precios, envían constantemente señales a los productores de cuáles son sus preferencias. Gracias a esta información éstos ajustan sus patrones de producción, realizan innovaciones e invierten en la ampliación y modernización de sus plantas. Según su doctrina, este mecanismo de información se detiene o da señales contradictorias cuando el gobierno establece controles de precios, o interviene directamente en la producción o cuando intenta planificar la economía.

Hasta este punto la ESM es bastante parecida a la escuela económica neo-clásica, pero la doctrina del mercado social se distingue porque contiene elementos que implican la limitada pero imprescindible intervención del Estado en la economía:

a) Control de salarios;

b) Combate de prácticas por parte de los agentes económicos que atenten contra la libre competencia;

c) Ataque a la inflación producto del exceso de circulante y desequilibrios en la balanza de pagos;

d) Políticas públicas que tengan por objeto contrarrestar o mitigar los efectos negativos del libre mercado en los sectores sociales más vulnerables y desprotegidos.

Por cuestiones estrictamente morales, la doctrina del mercado social considera que existe una excepción a la regla de que el precio debe de ser fijado por la oferta y la demanda: se trata del salario del trabajador. Lo anterior es justificado con el argumento de que habiendo normalmente un numeroso sector de trabajadores desempleados, si se deja libremente la fijación de este salario a la interacción de la oferta y la demanda, se podría llegar a salarios de hambre y jornadas inhumanas de catorce o quince horas, y en general a condiciones inaceptables para la dignidad de la Persona que no puede recibir el mismo trato que el de una mercancía. En este caso es una obligación moral que el gobierno deba de intervenir.

Para que el mercado funcione eficazmente, no basta con que las autoridades se abstengan de fijar precios artificiales, también es preciso que haya un número suficiente de oferentes y demandantes, de tal modo que ninguno o ningún grupo de ellos pueda imponer los precios y condiciones comerciales que deseen. Por lo tanto, otra circunstancia en que la doctrina del mercado social considera que es legítima y necesaria la intervención del gobierno, es para evitar a los monopolios.

La existencia de un único oferente o un grupo reducido de oferentes (oligopolios) impone precios artificialmente altos que interfieren con la recta operación del mercado, perturban al sistema de señales del resto de los productores y maximiza las utilidades de los monopolistas en perjuicio de los consumidores.

Se arguye que la competencia de los productos de consumo nacionales y extranjeros y las de éstos entre sí es positiva porque hace bajar los precios en beneficio de los consumidores, y la de insumos y bienes de capital abate los costos y da oportunidad a los productores domésticos de poder competir no sólo en el mercado local sino también en los de exportación, sobre todo porque la competencia obliga a los empresarios domésticos a reducir sus costos, mejorar la calidad de sus productos e incrementar su productividad.

Además de la regulación de los precios y los monopolios, la doctrina del mercado social considera que existe otro elemento nocivo para la sana operación del mercado: la inflación. Es ahí donde también se considera debe de intervenir la autoridad pública, pero por medio de un órgano financiero autónomo y descentralizado de los vaivenes electorales, procurando básicamente la estabilidad de precios.

Lo anterior no quiere decir que los precios deban de quedar inmovilizados o retenidos por el gobierno; pues se considera que es natural que dentro del mercado haya variaciones entre la oferta y la demanda. Basta con que se presente una buena o mala cosecha, un cambio tecnológico, un evento político importante, un fenómeno natural benéfico o perjudicial, para que cambie la estructura de los precios relativos y el mercado envíe avisos a los oferentes para que realicen ajustes a sus patrones de producción y ventas, y los adecuen a las nuevas circunstancias.

Para los empresarios socialcristianos, la inflación es un fenómeno esencialmente monetario causado principalmente por un exceso del dinero en circulación respecto al crecimiento de la producción de bienes y servicios, aunque hay que tomar en cuenta que el resultado de esta resta también está influido por el espíritu optimista de la población.

Por lo anterior, para promover el ahorro en un ambiente inflacionario, no queda más recurso que elevar las tasas de interés por encima del incremento de los precios, porque de lo contrario se estaría castigando a los ahorradores; pero él alza de interés no sólo distorsiona los mercados financieros sino también lesiona a las finanzas públicas, ya que el gobierno tendrá que cubrir los intereses de la deuda pública a un costo mayor. De la misma manera, si se trata de controlar al tipo de cambio, la experiencia histórica ha demostrado que las devaluaciones alientan a las exportaciones sólo de manera efímera y en cambio se conduce a una pérdida real del poder adquisitivo de los salarios.

Es por eso que su doctrina del mercado social considera que los únicos medios que debe de tener la autoridad pública para controlar el alza de las tasas de interés y el tipo de cambio, es eliminando la inflación o bajarla a los niveles de los principales socios comerciales mediante el retiro de circulante, o redimiendo bonos de la deuda pública interna, y comprando o vendiendo divisas. Es importante resaltar que estas intervenciones estatales se realizan utilizando los instrumentos del propio mercado.

El mercado social implica también una serie de acciones gubernamentales que hagan posible cumplir con el imperativo moral de combatir la pobreza y la falta de oportunidades. Es decir, se contemplan una serie de políticas públicas que tienen como objetivo integrar a todos aquellos que no han logrado insertarse con éxito en el libre mercado. Pero para combatir a la pobreza se necesita una inyección de recursos gubernamentales fuerte y constante, por lo que esta doctrina piensa que la lucha por disminuir las desigualdades sociales debe de basarse en una política fiscal sustentable, pues nada es considerado más contraproducente para la Economía Social de Mercado que la deuda pública.

Esas políticas fiscales consisten en un Impuesto Sobre la Renta con tasas progresivas e impuestos especiales con tasas altas para gravar a los artículos considerados como superfluos, todo ello para hacer que los sectores con mayores ingresos paguen más, mientras que los impuestos al consumo tengan tasas bajas y diferenciadas con el supuesto objetivo de favorecer a los actores económicamente más débiles.

Sin embargo, se hace un especial énfasis en evitar las exenciones, los casos especiales y en multiplicar las tasas de recaudación, pues conduciría a una evasión masiva de impuestos y falta de seguridad jurídica por la aplicación arbitraria de diferentes criterios de cobro por parte de la autoridad pública. Por lo que se debe de simplificar el sistema impositivo acompañado de un fuerte gasto público en políticas sociales que no van contra la lógica del libre mercado: educación, salud e infraestructura de transporte y telecomunicaciones.

En síntesis, el proyecto económico de los neo-panistas no es el neoliberalismo. Reducir conceptualmente su defensa del libre mercado y sus ataques al Estado obeso como neoliberalismo no solo es soslayar la profunda base social-cristiana de su doctrina, sino también es confundir a dos diferentes escuelas económicas e ideológicas.

La introducción de la doctrina del libre mercado con sentido social en Acción Nacional:

La democratización y apertura del sistema político mexicano fue un tema compartido por el PAN en su conjunto, pero la principal bandera del neo-panismo en los años 80 fue la Economía Social de Mercado, proyecto tomado directamente de las organizaciones empresariales ligadas a la UNIAPAC. Para ilustrar lo anterior analizaremos el caso del neo-panista más influyente de los años 80: Manuel Jesús Clouthier del Rincón.

Dentro de la historia oficial del panismo, Clouthier marcó un antes y un después porque le infundió al partido un hambre y expectativas de poder que nunca habían tenido. Maquio, como también se le conoció en la prensa de finales de los años 80, al igual que el resto de “los bárbaros del norte”, no tenía un discurso estructurado. Para exponer sus planteamientos recurría a las anécdotas populares o analogías bíblicas. El ex-presidente del Consejo Coordinador Empresarial se encontraba bastante lejos de los anteriores panistas de gran calibre intelectual y que contaban con un bagaje doctrinal sólido y profundo, como lo fueron González Luna, González Morfín e incluso Adolfo Christlieb.

Sin embargo, para muchos panistas y simpatizantes, su escasa formación intelectual podría ser considerada como una ventaja, pues en lugar de las elaboradas disertaciones doctrinales o teóricas de los líderes blanquiazules de antaño, Maquio contaba con un pragmatismo y unas propuestas muy concretas, tomadas directamente de los planteamientos de la UNIAPAC.

El programa económico que proponía Clouthier, se resume en los siguientes puntos :

a) El Banco de México deberá ser independiente de la administración pública. Lo cual se logrará otorgándole autonomía patrimonial y jurídica. Su función será la de contener la inflación y controlar la emisión y cantidad de circulante, por lo que se termina con la práctica gubernamental de cubrir sus necesidades presupuestales imprimiendo más dinero;

b) Libertad sindical. Con la idea de desmantelar al corporativismo priísta, no será obligatorio pertenecer a una organización sindical determinada, así como la posibilidad de cambiar o salir de un sindicato voluntariamente por parte del trabajador sin que ello le impute una sanción laboral;

c) Se busca “despetrolizar” la recaudación. Se plantea acabar con la multitud de impuestos indirectos y derechos que se cobran por bienes y servicios gubernamentales. Se planteaba reducir el I.V.A. al 6%, siendo la principal fuente de ingresos del gobierno el Impuesto Sobre la Renta. La única exención tributaria sería para aquellas utilidades que se reinviertan, siendo gravadas aquellas de que se disponga;

d) Se diagnostica que PEMEX es improductivo, y que la culpa de ello se debe a que el Estado monopoliza todo el sector petrolero. La propuesta consiste en que el Estado siga teniendo a su cargo la administración de la extracción, pero debe de permitirse a los particulares explotar la petroquímica secundaria. Además, promover la venta de productos resultado de la refinación, no tanto del crudo;

e) El Estado será subsidiario, no agente creador. Además de la participación de particulares en la petroquímica secundaria, los particulares podrán participar en la generación de energía eléctrica, el sistema de banca y crédito regionalizado. Además se contempla la venta y liquidación de empresas paraestatales que invadan los espacios de acción de la sociedad civil;

f) La propiedad privada sobre la concesión estatal. Consulta a los campesinos sobre el régimen de propiedad que deseen trabajar. Si los ejidatarios quisieran la propiedad individual de sus parcelas o la copropiedad cooperativa, se les reconocerá su inalienable derecho de propiedad. A los que quieran seguir bajo el régimen ejidal, así se les dejará.

El neo-panismo se mantenía con sus propios recursos financieros, pero sus apoyos y vínculos políticos provenían directamente de “organizaciones civiles” como ANCIFEM, Pro-vida y DHIAC. Esta última organización resalta por el hecho de que uno de sus principales patrocinadores, Lorenzo Servitje, que recientemente se había afiliado al PAN, tenía un especial interés para que en México hubiera un partido Demócrata Cristiano. Según los reportes del servicio de inteligencia del Estado, desde los años 70, cuando se fundó DHIAC, Servitje otorgaba fuertes sumas de dinero y hacía difusión entre la clase empresarial de la doctrina Demócrata Cristiana . Los espías de la Secretaría de Gobernación acudían con frecuencia a la sede de la USEM, reportando que Servitje, Clouthier y Claudio X. González procuraban seguir el modelo de partido Demócrata Cristiano de sus contrapartes europeas .

Sobresale el hecho de que el principal asesor de Clouthier, entonces líder de DHIAC, era Federico Mügemburg, que en su juventud había sido uno de los líderes que en los años 60 intentaron afiliar al PAN a la Internacional Demócrata Cristiana. Ello explica las orientaciones y cercanías doctrinales del neo-panismo, y por qué estos nuevos militantes apoyaron a los viejos panistas -Fernández de Cevallos, Felipe Calderón y Castillo Peraza- para que Acción Nacional adoptara de manera plena una orientación Demócrata Cristiana. Sin embargo, eso ocurrió hasta el sexenio de Carlos Salinas de Gortari.

En 1988, Salinas ocupó la presidencia de la República, dando como resultado de ese proceso electoral que el PAN fuera relegado a la tercera posición . A pesar de ello, Acción Nacional empezó a tener un mayor peso pues muchas de las propuestas económicas del panismo de los años 80 anteriormente expuestas coincidían con el programa de modernización del nuevo gobierno priísta, mismas que fueron apoyadas por los diputados panistas en las legislaturas LIV y LV. Lo anterior fue interpretado por la coalición de partidos que apoyaron a Cárdenas, junto con algunos académicos e intelectuales, de manera reduccionista y errónea, como que el PAN y el PRI contaban con el mismo proyecto económico: el neoliberalismo.

A pesar de coincidir en varios elementos (como la autonomía del Banco de México, las privatización de las paraestatales y la Banca; así como la concesión a particulares de la petroquímica secundaria, la reforma al ejido, etc.), al revisar las intervenciones en tribuna de los legisladores panistas defendiendo las reformas constitucionales citadas, son evidentes las diferencias doctrinales entre sus planteamientos y las de los priístas.

Un buen ejemplo de lo anterior es el debate del dictamen para reformar el artículo 27, que versaba sobre la tenencia de la tierra, en diciembre de 1991 . A pesar de que los diputados panistas apoyaron la propuesta de modificación constitucional enviada por el Ejecutivo, hicieron con bastante énfasis precisiones y modificaciones. Argumentaban que sus deseos de terminar con el ejido, no obedecía al proyecto de modernización del campo, o que se hubiera agotado o cumplido el programa agrario de la Revolución mexicana como lo planteaba la iniciativa presidencial. Para el panismo se trataba de la rectificación de una serie de errores históricos que habían traído como consecuencia la explotación y la miseria del campesinado mexicano. La bancada de Acción Nacional sostuvo que las modificaciones en materia agraria no se debían a una continuación en el proceso de desarrollo del modelo liberal mexicano, sino por el contrario, eran el resultado del fracaso del modelo de desarrollo que había tenido México desde el cardenismo. En pleno debate legislativo, el entonces diputado federal Diego Fernández de Cevallos dijo ante la Cámara:

Acción Nacional no se une, no se adhiere, no se pretende ni se cuelga de la iniciativa presidencial. Tenemos muchos años de reclamar para México los postulados fundamentales a los que ahora se les da lectura en la propuesta del presidente (…) La iniciativa del Ejecutivo federal rectifica rumbos; cambia radicalmente la posición del gobierno; recoge planteamientos (panistas) que todos ustedes han oído a través de décadas .

Es ilustrativo el hecho de que Fernández de Cevallos, miembro de la vieja guardia, no tuvo problema en defender elementos de la propuesta económica de Clouthier, pues se basaba en el principio de la Subsidiariedad, que era un concepto que ya se encontraba en la doctrina panista. El que los neo-panistas hayan introducido políticas económicas concretas en el programa de Acción Nacional se logró con éxito en gran medida porque, tanto la doctrina del panismo tradicional como la de los empresarios que nutrieron al partido, bebían de la misma fuente: la doctrina social-cristiana.

Por eso desde finales de los años 80 ya no es adecuado decir que la Economía Social de Mercado es un proyecto de los empresarios, sino que ha sido asimilado plenamente por todo el partido, al grado de que actualmente es, según sus documentos oficiales, el proyecto económico del PAN:

El mercado es condición necesaria para el desarrollo económico; pero no suficiente para garantizar el sentido humano de la economía (…) el mercado no es un fin en sí mismo (…) por eso el humanismo económico asume la responsabilidad social y busca abatir la pobreza extrema (…) el Estado debe regular los mercados para que los agentes económicos concurran a ellos y compitan en condiciones de equidad, y para evitar que el más fuerte imponga condiciones que terminen por destruir la competencia misma. La Economía Social de Mercado supone una política fiscal responsable, con finanzas públicas sanas e impulsa el espíritu emprendedor y promueve la participación responsable de quienes en la empresa aportan su trabajo, talento administrativo o capital (…) en una Economía Social de Mercado el Estado debe de ser vigilante atento de que los excesos de los mercados mundiales no conviertan en prescindibles a las personas .