Reflexiones finales.

Con lo dicho hasta ahora se ha demostrado la existencia de una población excedente en el polo subdesarrollado, que como población relativa guarda una relación subsidiaria para efectos de la valorización de capital, mientras que como población absoluta es absolutamente redundante para ello. Su existencia está determinada por la transferencia que hace el polo subdesarrollado de su capacidad de acumulación hacia los países desarrollados. Esta población se erige en todo un desafío para el funcionamiento de la democracia liberal, ya que es una población que está marginada estructuralmente del proceso productivo y que no cuenta con las condiciones materiales  necesarias para el pleno ejercicio de su ciudadanía.
De igual forma, se ha demostrado suficientemente la tendencia estructural de nuestro país a generar excedentes de población. Esto lo hemos comprobado al analizar el crecimiento del empleo informal, la crisis productiva y de empleo en el campo, así como el incremento del fenómeno migratorio. Todos ellos son indicadores contundentes de la incapacidad de nuestro país para absorber fuerza de trabajo, lo que ha generado históricamente una masa de población que no es útil para la acumulación capitalista en su forma subdesarrollada, y que funciona además como un elemento fundamental en el control de los salarios a la baja y en la precarización del trabajo. Esta característica intrínseca a la formación social mexicana se presenta de manera importante durante el periodo de vigencia del patrón de crecimiento relativo, para desbordarse en los años que siguieron a su agotamiento y que se caracterizaron por orientar el patrón de crecimiento hacia el mercado externo.
Así lo demuestra el hecho que el peso de las personas no aseguradas respecto a la PEA durante el impulso a la industrialización con sustitución importaciones fuese abrumadora, y en relación al sector informal de la economía se observa que México reporta en promedio cerca del 30% de su PEA empleada en este sector, colocándose entre los países de la región que con mayor intensidad reportan esta problemática, sólo por debajo de Perú y Guatemala. Este mismo fenómeno subsiste en el patrón de crecimiento absoluto y se consolida, junto con un proceso caracterizado por la precarización del empleo, la caída generalizada de los salarios y el crecimiento de la informalidad en la economía.
Por otra parte, la vigencia de la reforma agraria da cuenta de importantes contingentes de sobrepoblación en el campo, que exigieron del Estado su intervención para frenarlos como un potencial foco de descontento e integrarlos al proyecto nacional. Por ello el ejido echó raíces como una forma de tenencia de la tierra, de organización social y de representación gremial del campesinado. Pero también nació caracterizado por una relación patronal entre el Estado y los campesinos, mediada por la dotación de tierras a través de trámites y procedimientos burocráticos excesivos, que le permitieron a éste ganar obediencia y apoyo de aquéllos, así como el control sobre la iniciativa popular. Este control político no se destensaba con el reparto de tierra sino que se reforzaba una vez procedido éste, ya que constitucionalmente el campesino no tenía la posesión sobre la tierra, sólo era su usufructuario. El campesinado o pequeño productor parcelario se destacó con la reforma agraria como una de las formas más persistentes de la población excedente en el sector agrario de la economía, se incrustó sólo parcialmente en la lógica de la acumulación capitalista y como consecuencia de sus vínculos estructurales con el Estado, supeditó su futuro a las decisiones políticas de los gobiernos desarrollistas postrevolucionarios.
Con las transformaciones que trajo consigo el cambio en el patrón de crecimiento económico, la estrategia de la nueva política económica para el campo  fue la contrarreforma agraria y el TLCAN, orientándose a revertir las estrategias proteccionistas hacia el agro, particularmente las dirigidas a los pequeños productores que habían estado vigentes en el periodo anterior, poner fin al reparto agrario, restituir las tierras a los campesinos para convertirlos en dueños de las mismas e incrementar con ello la inversión privada. Se busca además la apertura comercial, el fin de los precios de garantía, la reestructuración del sistema crediticio, el desmantelamiento de las instituciones de aseguramiento, la privatización de empresas estatales, la introducción de programas de atención a la pobreza extrema, la instauración de subsidios directos sin un claro objetivo productivo, así como la introducción de nuevas formas organizativas. Con ello se conforma un reducido polo integrado por la agricultura comercial con cuantiosas inversiones, capital altamente tecnificado y una producción intensiva y dinámica, articulada principalmente a la exportación; y por otro lado, se generaliza un polo caracterizado por un sector de la agricultura destinada básicamente al autoconsumo, en proceso acelerado de deterioro y precarización de sus condiciones de vida, que utiliza tecnología tradicional para la producción de alimentos básicos y en consecuencia tiene una baja rentabilidad comercial. Con ello, se desarticula el ejido y se deja en la total indefensión al pequeño productor parcelario, por lo que la sobrepoblación en el campo se consolidado en este periodo en condiciones de alta precariedad.
La migración es otra característica determinante de la sobrepoblación en nuestra formación social, que informa de su incapacidad para absorber fuerza de trabajo. Su presencia y magnitud bajo el patrón de crecimiento relativo se demuestra con el Programa Bracero, que posibilitó por primera vez a los gobiernos de México y Estados Unidos la negociación de acuerdos sobre el proceso migratorio, con lo que éste se institucionalizará durante cerca de 22 años favoreciendo el fortalecimiento de las redes sociales migratorias, cuya principal característica fue la no residencia permanente. Se calcula que en promedio 4.5 millones de personas se beneficiaron de este acuerdo y que a la par de este proceso la migración ilegal tuvo una afluencia similar de personas.
En la medida en que el patrón de crecimiento relativo se acerca a su agotamiento, la migración se incrementa y se caracteriza por su condición estructural e ilegal. Con la reorientación del patrón de crecimiento económico, este fenómeno adquiere magnitudes nunca antes vistas, calculándose que más del 10% de la población de origen nacional se encuentra residiendo en el vecino país del norte y todo parece indicar que estas cifras se van a seguir incrementando. De igual forma, su importancia económica a través de las remesas ha incrementado en importancia, convirtiéndose en la segunda fuente de divisas del país, aunque dichos recursos son utilizados en su gran mayoría para la subsistencia de las familias y no para proyectos productivos.
Una vez que nos hemos aproximado a dimensionar la presencia y desenvolvimiento de la población excedente bajo el subdesarrollo en nuestro país, a continuación nos abocaremos a explicar los efectos que una estructura socioeconómica de este tipo ha tenido en la organización política del país, así como sus transformaciones recientes.

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