4.4 El Estado populista y la constitución del presidencialismo mexicano.

Desde ahora apuntamos que las organizaciones estatales en el subdesarrollo tienen características originales que les son propias, precisamente como resultado de la especificidad del tipo de relaciones sociales de las que son producto. Por ello, dentro de las dos formas básicas de las formaciones estatales bajo el capitalismo desarrollado –la democracia liberal o el totalitarismo-, podemos encontrar en el subdesarrollo un sin fin de experiencias históricas nacionales que pueden resultar puntos intermedios entre éstos; u otros, con características tan específicas que desafían la rigidez de tales caracterizaciones. Este último parece ser el caso del Estado populista vigente en algunos países de América Latina durante determinados contextos históricos en la primera mitad del siglo XX. Punto de referencia necesario para iniciar nuestra caracterización del Estado en nuestro país.
Tal vez ha sido Octavio Ianni quien con mayor rigor y claridad ha estudiado este tipo de formación estatal en el subcontinente. De acuerdo a este autor, el Estado populista es la respuesta de los dueños de los medios de producción en América Latina a la situación de postración en la que se encontraban las economías nacionales como resultado de la recesión en el mundo desarrollado durante la década de los treinta. El papel de la crisis capitalista en el desarrollo se proyectó en el subdesarrollo latinoamericano como una crisis del patrón de crecimiento vigente, en el sentido de que el sector exportador tipo enclave que había tenido un importante desarrollo en décadas anteriores, se vio imposibilitado de seguir siendo el motor de la economía ante la caída en la demanda y los precios internacionales de las materias primas que producía. La oligarquía ligada a este mercado de exportación se ve entonces postrada.
El crecimiento de un mercado externo en el subdesarrollo crea un mercado interno sin proponérselo, y para entonces los agentes sociales ligados a este otro polo de la economía toman en sus manos el desafío que representaba emprender un nuevo proyecto nacional, y para ello buscan el control del Estado. Dichos agentes serán las nacientes burguesías industriales, amplios sectores de la clase media (burocracia civil y militar), el proletariado naciente, campesinos y grupos que componen las profesiones liberales, que se enfrentarán a algunos sectores de la burguesía agroexportadora, comercial y financiera, tradicionalmente ligados a la economía exportadora primaria.
En este sentido, el objetivo principal del Estado populista es dirigir la transición del patrón de acumulación orientado al mercado externo hacia el mercado interno, y esto lo harásin la influencia directa del imperialismo, por lo que es una creación propia de la realidad social latinoamericana. Por lo tanto, es el protagonista de la única transición en la forma de crecimiento que no es penetrada directamente por los intereses de los países desarrollados.
Este tipo de formación estatal desempeña entonces varias tareas en relación directa con su función histórica: a) es interventor y director en el desarrollo de la política económica; b) El Estado aparece como centro de poder de un sistema de fuerzas heterogéneas y de una alianza de clases contra las instituciones del Estado oligárquico; c) existe una combinación sui generis de los sistemas de movilización y control de las masas, a través de una singular articulación entre el Estado, el partido gubernamental y el sistema sindical: el corporativismo; d) se pone en práctica o se establece por parte del Estado las condiciones institucionales mínimas al ejercicio de la ciudadanía (el derecho a la organización, las fiestas remuneradas, la asistencia médica, la protección a la mujer embarazada y a la maternidad, la educación, la protección de los códigos en las disputas con los patrones, los locatarios y los particulares, la libertad de tránsito, etc.), aunque éste se hará de manera desigual e incompleta; e) el Estado es presentado por las fuerzas que se hallan en el poder como si representase, al mismo tiempo, a todas las clases y grupos sociales, pero vistos como pueblo, como una colectividad para la cual el nacionalismo desarrollista pacifica y armoniza los intereses y los ideales; y f) se crean las condiciones institucionales para que las fuerzas “no populistas” sean sistemáticamente marginadas de la “protección del Estado”.
El Estado populista en México es el resultado de un proceso que combinó varios factores para una transformación radical de la estructura del Estado oligárquico vigente en nuestro país hasta los años veinte. Dentro de estos factores destaca la crisis capitalista mundial en el polo desarrollado, que en nuestro país impactó como crisis del patrón de crecimiento económico basado a las exportaciones primarias; la consolidación de un mercado interno a la sombra del modelo exportador primario y de agentes sociales locales interesados en fomentarlo; y la existencia de un proletariado escasamente organizado en torno a sus intereses de clase pero en franca expansión.
La caída de la economía en la primera mitad de la década de los treinta, el repliegue del intervencionismo norteamericano en el contexto de la recesión de su economía, así como el peligro en la segunda mitad de los treinta en Europa de una nueva conflagración armada mundial, distendieron los tradicionales lazos de control económico, político y cultural Estados Unidos sobre nuestro país, y obligaron a la burguesía local a emprender proyectos propios.
Estos proyectos no se hubieran podido consolidar sin la existencia de agentes sociales interesados en desmantelar la estructura económica heredada del porfiriato, y su presencia entonces no puede ser explicada más que como resultado de la expansión económica vivida en el país en las décadas previas a la revolución. Los sectores de la economía protagonistas de tal expansión ligados al mercado externo como la minería, el petróleo, la industria textil, la siderurgia y la industria manufacturera, generaron un proletariado incipiente aunque en proceso de organización, en los enclaves mineros o agro-industriales. Además, la economía de enclave generó el crecimiento del sector ferroviario conectado a las fronteras de abasto en los centro de Consumo en Estados Unidos y Europa.
Estos enclaves mineros fueron generando asentamientos de obreros y campesinos y un mercado interno en crecimiento, al cobijo del cual se generó una burguesía local vinculada al mismo. A la par de este proceso, en el campo, la concentración de la tierra y el desarrollo de los grandes enclaves agroindustriales fue despojando a comuneros y pequeños propietarios de sus tierras, y proletarizando a amplios contingentes campesinos en los cultivos.
De esta forma, obreros y campesinos en condiciones laborales deplorables y formas extremas de control como las tiendas de raya y remuneraciones en especie, fueron un importante caldo de cultivo para el conflicto armado de 1910. Sin embargo, una vez concluida la revolución y pacificado el país, durante toda la década de los veinte e inicios de la década de los treinta, el país mantuvo el mismo patrón de creamiento primario exportador heredado del porfirismo, aunque ya para entonces, existía un mercado interno con una burguesía y un proletariado locales incipientes interesados en modificar la situación prevaleciente.  
La coyuntura de la crisis capitalista mundial permitió a Cárdenas sentar las bases de un nuevo modelo económico que se preocuparía de implementar, entre otras cosas: una agresiva política económica tendiente impulsar la industrialización acelerada del país a través de una importante política de fomento; implementar esquemas proteccionistas en el comercio internacional, promover la participación abierta del Estado en la economía a través del gasto social, la inversión productiva y la propiedad estatal sobre empresas ubicadas en los sectores estratégicos; ejecutar la reforma agraria en el país consolidando la figura del ejido, e incrementando la producción para surtir de insumos a la industria y dotar de bienes salarios a la creciente población urbana; y consolidar las instituciones para el ejercicio de los derechos sociales de los trabajadores.  
Una estrategia de este tipo no hubiera sido factible si no se hubiera instrumentado una alianza de clases lo suficientemente sólida como para enfrentar las resistencias de la oligarquía agroexportadora, el capital monopólico internacional y la burguesía comercial, principales beneficiarios del patrón primario exportador. Dicha estrategia tuvo un carácter nacional-popular, y adoptó un proyecto de desarrollo económico y social basado en una alianza entre el Estado impulsor de este proyecto integrador y los sectores populares organizados que tenía por objeto fundamental integrar a la población que había sido excluida bajo el modelo de desarrollo anterior.
La conformación de esta alianza populista sólo pudo ser posible con la consolidación de un proceso que implicó la organización de obreros y campesinos, sumándolas al nuevo proyecto nacional; acrecentar y echar mano de las facultades que la Constitución de 1917 otorgaba al presidente para emprender las transformaciones requeridas; y emprender una estrategia para que el PNR, entonces una confederación de cacicazgos regionales de líderes revolucionarios, quedara en manos de la presidencia, y fuera un instrumento para controlar los espacios de poder dentro de la nueva estructura de poder. Este proceso instituyó una nueva configuración del régimen político mexicano, que desde entonces se caracterizaría por un ejecutivo lo suficientemente poderoso como para ser el eje vertebrador de la vida política nacional.
La organización del movimiento obrero por el Estado tiene sus antecedentes en los “batallones rojos” formados a partir del acuerdo entre los generales constitucionalistas y la Casa del Obrero Mundial en el contexto de la guerra contra la dictadura huertista (1913-1914), donde los trabajadores se comprometieron a pelear en la lucha armada a cambio de beneficios  económicos y sociales.
Desde entonces se establecería un vínculo entre el Estado e importantes sectores sindicales que no sería disuelto. Como resultado de este vínculo se incluyó en la Constitución de 1917 el artículo 123 y se creó la primera gran central obrera que subsumió el interés de clase del proletariado al “interés superior” del Estado, la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM).
Entre otras cosas, el artículo 123 institucionalizó las relaciones entre el Estado y los sindicatos, con la inclusión del derecho de organización y de huelga, la regulación del trabajo de niños y mujeres, los horarios de trabajo, la seguridad en el centro laboral, remuneraciones mínimas, entre otras cosas. Por otra parte, la creación de la CROM representó un importante apoyo social a los gobiernos de Álvaro Obregón y Calles, y ello a su vez permitió la vigencia efectiva de un conjunto de derechos laborales con la promulgación de la Ley Federal del Trabajo en 1931.
Es en estos antecedentes donde podemos rastrear el impulso que tomó la Confederación de Trabajadores de México (CTM) a partir de 1936 bajo la dirección de Vicente Lombardo Toledo, y la explicación al importante apoyo que recibió del gobierno cardenista en su conformación. Para entonces, la CROM había sido la central privilegiada en la interlocución con el Estado y sus líderes habían ocupado puestos de primer orden en el aparato estatal, pero sus vínculos con el maximato llevaron a Cárdenas a impulsar un nuevo polo obrero organizado que respaldara el nuevo proyecto nacional y sirviera además de dique de contención contra los opositores al mismo, entre ellos Calles y sus seguidores. El control del Estado sobre las bases sindicales llegó a penetrar incluso en aquellas organizaciones que mantenían entonces cierta independencia, como los sindicatos minero, petrolero y ferrocarrilero, una vez que estos sectores fueron nacionalizados.
Pero la estrategia de organización y control estatal sobre los trabajadores trascendió la esfera de la industria urbana y echó raíces igualmente sólidas en el campo, particularmente en las organizaciones de pequeños propietarios agrícolas que a partir de ese periodo se beneficiaron de manera importante de la reforma agraria. El artículo 27 constitucional dejó de ser letra muerta y fue utilizado para impulsar un reparto agrario, que por sus dimensiones no tuvo punto de comparación con ningún gobierno posrevolucionario ni antes ni después. Además se constituyó el ejido como una nueva figura productiva que hacía de los campesinos los usufructuarios de la tierra de la cual el Estado era propietario, y con una función dirigida a la producción de alimentos baratos para la fuerza de trabajo en los centros urbanos y la producción de insumos para la industrialización. En este contexto, con los auspicios del gobierno cardenista se funda en 1938 la Confederación Nacional Campesina, organismo cúpula de los campesinos beneficiados del reparto agrario, cuyo objetivo fue avanzar en la política de masas emprendida hasta entonces por el gobierno.
Por otra parte, en la estrategia implementada por el gobierno cardenista para conformar una alianza de clases populista se requirió que éste tomara el control del Partido Nacional Revolucionario (PNR), creado originalmente para dirimir por la vía institucional los conflictos entre las facciones revolucionarias después de la muerte de Obregón. Este partido nació para administrar el poder y no para competir por él, y una vez creado, entre 1929 y 1935 Plutarco Elías Calles lo utilizó para expropiar el poder a los presidentes que desfilaron durante ese periodo (Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio, Abelardo Rodríguez y el primer año del gobierno de Lázaro Cárdenas), constituyéndose en un poder de facto por encima de la institución presidencial.
El reto de transformar la estructura económica del país y encauzar los esfuerzos del Estado para ello, llevaron al Gral. Cárdenas a una disputa abierta con Calles por el control del partido, de la que éste salió airoso gracias al importante apoyo que tuvo de las bases trabajadoras y a la problemática enfrentada por el país a causa de la crisis económica. En esta coyuntura, Calles fue expulsado del país y los cuadros no comprometidos con el proyecto cardenista en el PNR, el gobierno, el ejército, en el Congreso, en los gobiernos estatales y en todo el aparato estatal, también siguieron el mismo destino.
El presidente se convirtió entonces en el líder indiscutible del partido e incorporó al mismo a las organizaciones obreras y campesinas organizadas en torno suyo, dando origen al Partido de la Revolución Mexicana (PRM), conformado por una amplia base social aglutinada en torno a tres sectores: obrero, campesino y militar.
Cárdenas designó e impuso a su sucesor pero como líder indiscutible del partido de Estado, no como caudillo. A partir de entonces la sucesión presidencial se convertiría en el punto máximo del poder del presidente saliente y el inicio del recién ungido, instituyendo además a la no reelección como norma de oro no escrita del régimen político recién gestado.
La alianza populista tuvo vigencia en tanto la política de masas del cardenismo no puso en peligro la viabilidad del sistema económico, cuando hubo síntomas de que un proceso socialista podría poner en peligro la acumulación capitalista se puso un freno a la participación de las masas en el proceso transformador del país. Pero la alianza se mantuvo en tanto la participación de México en la segunda guerra mundial propició el refrendo del pacto entre clases, ahora en nombre de la unidad  nacional contra el fascismo.  
De todo este proceso nos interesa destacar que es en la alianza populista conformada entonces, donde se encuentra la génesis del régimen presidencialista mexicano y el carácter eminentemente corporativo que adquiriría una vez concluida dicha alianza. Por otra parte, el partido de Estado institucionalizaría el control de la presidencia sobre las organizaciones de trabajadores y el apoyo de éstas a aquélla, haciendo del jefe del Poder Ejecutivo el jefe del partido, y en consecuencia, el gran elector y pieza clave del régimen político. Todo ello sumado a las amplias facultades que la constitución de 1917 le otorgaba al presidente, concretaron los rasgos esenciales que adquiriría la fisonomía de la organización del poder político en el país a partir de entonces.

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