4.6 La ruptura del pacto social, la constitución del Estado Neoliberal y la truncada transición a la democracia.

El presidencialismo mexicano autoritario que hemos definido surgió como una forma particular del Estado populista, y se consolidó dentro del Estado desarrollista. Por lo que la crisis de la deuda, el ajuste estructural y la reestructuración productiva fueron la evidencia de que el desarrollismo había llegado a su fin, y en este proceso el Estado entró en un proceso acelerado de transformación, particularmente en lo referente a sus funciones económicas y sociales. Pero el régimen político distó mucho de transformarse con semejante celeridad, y de hecho fue el instrumento para llevar a cabo dichas transformaciones con ciertos márgenes de paz social.
Los orígenes de este proceso se encuentran en el agotamiento del patrón de crecimiento orientado al mercado interno, que significó un reacomodo de fuerzas dentro del bloque dominante en la estructura estatal. El capital nacional y extranjero ligado al mercado externo serán las facciones dentro del bloque dominante que comenzarán a tomar el control económico de la nación y a disputar a la burocracia estatal la conducción del desarrollo nacional. El diagnóstico que en este sentido hacía Punto Crítico al referirse al fin del desarrollismo, clarifica bastante la nueva situación:
 […] ha surgido un nuevo bloque dominante formado por: el capital financiero, la gran burguesía agro-exportadora y los monopolios trasnacionales asociados con grupos nativos. Ellos son los verdaderos amos de la economía nacional. Esto ha llevado, lógicamente, a que en nuestro país no se manifieste una verdadera burguesía nacional, interesada en luchar en contra del imperialismo sino que, por el contrario, los intereses de la gran burguesía nativos están ligados a los del imperialismo que podría decirse que son casi idénticos […].

Con esto se inicia en los ochentas un proceso de pertenencia obligada a la economía mundial globalizada, teniendo como sustento la plena vigencia de libre mercado. El ideario neoliberal impulsa una reorganización del aparato estatal  orientada a acotar su papel como agente del desarrollo y garante de la redistribución de su producto entre la sociedad, para abrir paso a la sociedad de mercado. La respuesta a la crisis de la deuda fue el llamado “cambio estructural” iniciado por Miguel de la Madrid.
En este contexto, existe una respuesta social a las transformaciones implementadas por el Estado, al recorte del presupuesto, a la reconversión industrial, al desempleo generalizado, a la inflación y la caída de los salarios, en fin, a los problemas que las transformaciones implementadas trajeron consigo. Pero estas luchas estaban destinadas al fracaso por que no supieron capturar la magnitud del cambio en proceso, puesto que la estrategia estatal fue dirigida a transformar radicalmente las relaciones entre el Estado y la sociedad desde el centro mismo del aparato productivo.
En realidad lo que se inició desde entonces fue un ataque a las organizaciones de trabajadores, derivado de las consecuencias sociales de la implementación del modelo de crecimiento neoliberal, lo que significó la ruptura del pacto social gestado en los años treinta.
Por otra parte, la posición privilegiada que tenían las organizaciones corporativas frente al Estado y las atribuciones de éste sobre el mundo del trabajo, se constituyeron en poderosos componentes disuasivos para las organizaciones independientes y autónomas, aunado esto a la situación de desventaja de los trabajadores frente a las transformaciones que estaban sucediendo en la arena económica.
Estos cambios se ejecutaron en el sexenio de Miguel de la Madrid, gracias a las amplias facultades con que la presidencia de la República contaba entonces, bajo los esquemas tradicionales de control corporativo de los trabajadores y la falta de una oposición que hiciera frente al Partido de Estado, debido al control que el poder ejecutivo tenía sobre el proceso electoral.  
En este contexto, no es casualidad que la oposición más organizada haya surgido dentro del propio partido de Estado, en el Movimiento de Renovación Democrática encabezado por Cuauhtémoc Cárdenas, que reivindicaba el carácter nacionalista revolucionario de este partido y criticaba la política económica implementada por el gobierno de Miguel de la Madrid. Dicha corriente fue expulsada del partido por sus posiciones críticas y se convirtió en oposición partidista para la contienda electoral de 1988, constituyendo una alianza amplia con partidos y organizaciones de izquierda, así como con partidos otrora afines al régimen como el PARM, el PPS, y el PFCRN antes PST.
Las elecciones presidenciales resultaron ser el receptáculo del descontento social por la impopular política económica implementada entonces y los estragos sociales causados por ésta. La copiosa votación recibida por la oposición, particularmente por el Frente Democrático Nacional, no fue reconocida por la autoridad electoral controlada por la Secretaría de Gobernación. El candidato oficial, Carlos Salinas de Gortari, fue ungido como Presidente una vez concluido el cómputo de la votación. Sin embargo, la sospecha del fraude electoral ha trascendido el tiempo y ahora hay un enorme consenso al respecto, no sólo por lo que se dio en llamar la “caída del sistema” la noche del día de la votación, sino porque durante toda la elección fueron públicas las evidencias de manipulación, cooptación, represión, control político y corrupción implementadas desde el corazón del régimen para hacer ganar al candidato oficial. Para ello, las organizaciones corporativas aglutinadas en el PRI utilizaron sus mercados electorales cautivos y la presidencia los mecanismos legales y extralegales a su alcance para ganar la elección. Con todo, las evidencias sobre las manipulación de las preferencias electorales y el cómputo de la votación fueron suficientes para que el nuevo titular del ejecutivo llegara al poder ilegítimo.
Las posibilidades de defensa del voto por parte de la oposición estuvieron limitadas en gran medida: a) en el caso del FDN, por la desmovilización de los trabajadores, dentro de un contexto en el que las organizaciones independientes estaban más preocupadas por mantener el empleo y el salario que por la lucha política en el ámbito electoral; b) por que las organizaciones corporativas, siendo por mucho las más numerosas apoyaron incondicionalmente la decisión de las autoridades electorales; c) porque el PAN inició un proceso de concertación con el nuevo gobierno, para que se “legitimara desde el poder”; y d) el FDN una vez concluido el proceso electoral entró en un proceso de rupturas y reacomodos, que culminarían con la fundación del Partido de la Revolución Democrática en  1989. A final de cuentas la Cámara de Diputados con una mayoría priísta y erigida en Colegio Electoral, dio sanción legal al triunfo de Carlos Salinas.
Para entonces el proyecto neoliberal avanzaba, los pactos tripartitas entre gobierno, empresarios y los sectores corporativos de las organizaciones de trabajadores se convertirían en un instrumento eficaz para mantener bajo control las variables importantes de la macroeconomía a costa de los salarios de los trabajadores. El desempleo, el incremento de la informalidad y el aumento del empleo precario provocaron una enorme desmovilización social ante los estragos que había generado el llamado camino a la modernidad.
Pero el nuevo gobierno asumió como un cometido profundizar las transformaciones iniciadas en sexenio anterior, pero legitimando su gestión en condiciones de paz social. A partir de entonces el cambio económico trataría de hacerse refuncionalizado los componentes estructurales del régimen político. Para ello, todos aquellos apoyos que no fueron encontrados al interior del sistema fueron buscados fuera de éste, como fue el caso concreto del estrechamiento de las relaciones entre Iglesia y Estado y las conocidas concertaciones con el Partido Acción Nacional, al que se le reconocieron distintos triunfos electorales locales a cambio de su apoyo a la reformas constitucionales a los artículos 3, 5, 24, 27, 28, 123 y 130 necesarias para impulsar la reforma del Estado en concordancia con la modernización económica. Además, esos apoyos se buscaron en las relaciones con los organismos financieros internacionales y el gobierno de Estados Unidos con el que se concretó en 1993 la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
Por otra parte, a la par de este proceso de alianzas el gobierno de Carlos Salinas trataría de “cambiar el sistema desde adentro”, y para ello establecería una nueva estrategia que tenía por objeto reformular el pacto social roto por la vía de los hechos a partir de la instrumentación del proyecto neoliberal, y encontrar también así los apoyos necesarios para profundizar las transformaciones que requería el nuevo modelo económico. ¿Cómo operaría el régimen para alcanzar tales objetivos?
Esta modalidad del tránsito hacia la economía de mercado fue bautizada con el nombre de “liberalismo social”. El aspecto liberal hacía referencia al rasgo esencial que desde entonces había adquirido el Estado en relación a sus funciones económicas y a su apego a las disposiciones dictadas por los organismos financieros internacionales en este rubro, mientras el aspecto social en los hechos representaba la permanencia bajo nuevos esquemas de las tradicionales relaciones establecidas entre el régimen y la sociedad, que seguían siendo subyacentes al proceso de transformación.
Se apostaba a mantener la intensidad de los cambios con un equilibrio social inducido por una política social focalizada a los grupos más marginados, pero refuncionalizando los viejos esquemas corporativos sin dejar de apoyarse en el corporativismo más arcaico. De esta forma se crea y consolida el Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol) que sirvió para tres conjuntos de objetivos:
1) Para adaptar los roles sociales del Estado a las nuevas necesidades y redefinir los límites de su intervención en el contexto de reforma neoliberal; 2) Para disolver el potencial de descontento social  a través de subsidios selectivos, mediatizando la movilización social, a través de la “co-participación”, y minar la fuerza de la izquierda de las fuerzas opositoras, estableciendo y afianzando amarres con los movimientos populares; 3) Para reestructurar local y regionalmente a las élites priístas bajo un creciente grado de control centralizado.

En el mundo del trabajo esta transformación implicaba la transición en el entramado de relaciones entre los sindicatos corporativos y el Estado, así como entre los trabajadores comunes y los sindicatos-Estado-empresa, con una estrategia que buscaba en un proyecto híbrido un mínimo de legitimidad para emprender las transformaciones que la acumulación demandaba entonces, y que el neoliberalismo “dogmático” no hubiera permitido en condiciones de relativa paz social. Enrique de la Garza señalaba:
El “liberalismo social” mexicano no es, ni puede ser, un neoliberalismo puro. A través del Programa de Solidaridad compensa limitadamente las “imperfecciones” o “rezagos” del mercado para los grupos de extrema pobreza; es un Estado menos propietario pero que no renuncia a regular económicamente a través de pactos; limita el poder de corporaciones pero no las anula ni las excluye totalmente de las decisiones. Es decir, se trata de un neoliberalismo con un Estado fuerte en lo político y lo laboral. Un Estado que libera la economía pero sujeta más que antes las relaciones laborales a su concepción de desarrollo económico.

Es por eso que se buscó una renovación de los cuadros corporativos, estableciendo alianzas con organizaciones de trabajadores como la Federación de Empresas de Bienes y Servicios (Fesebes) que apostaban a la productividad y a la aceptación de esquemas de flexibilidad laboral, a cambio del respeto al trabajo y a un trato preferente con la empresa y con el gobierno. Estas organizaciones fueron el prototipo perfecto para renovar el aparato corporativo, aunque dicho proyecto no prosperó porque antes se precipitaron acontecimientos que hicieron abortar los proyectos refundacionales del régimen y se requirieron los apoyos “seguros” del corporativismo tradicional.
El PRI en este periodo trata de ser modernizado y adecuado a los impulsos “transformadores” del gobierno salinista, e incluso había la intención de renovar sus estatutos y adecuarlos al funcionamiento del Pronasol. Sin embargo, las resistencias de los sectores tradicionales del partido no resultaron favorables para que una estrategia de tal tipo fructificara. Tanto en las elecciones de 1991 como en las de 1994 los triunfos electorales del partido fueron adjudicados al presidente, ya que la estrategia seguida entonces descansó principalmente en la labor del ejecutivo y su capacidad para encontrar nuevos apoyos y rescatar los ya existentes, alcanzar acuerdos y sobre todo asignar premios y recompensas de manera selectiva a los actores políticos involucrados en el proyecto salinista. El partido en buena medida se convirtió en un espectador más en las elecciones y su acción política estuvo supeditada, como nunca antes en su historia, a la acción política del presidente de la República.
Por otra parte, el sistema electoral en este periodo tuvo tres reformas:  a) en 1990, entre otras cosas, se crea el IFE pero se mantiene el control de la Secretaría de Gobernación sobre su máximo órgano de dirección, se crea el Tribunal Federal Electoral reforzado con jueces y salas regionales pero con poderes jurisdiccionales limitados, se introduce el registro condicionado a los partidos pero se les prohíbe coligarse o fusionarse con otros a quienes los obtuvieran, se prohibieron las candidaturas comunes, se crea un nuevo padrón de electores, se refuerza el candado de gobernabilidad y se amplía el tiempo en radio y televisión para los partidos; b) 1993, se introducen modificaciones importantes al Cofipe como la regulación del financiamiento de los partidos tanto por parte del Estado como de otras fuentes de ingresos de los partidos, se reglamenta la forma de la distribución de los tiempos adjudicados por el gobierno a los partidos en radio y televisión, se establecieron lineamientos generales para la cobertura de las campañas en materia de información, se tipificaron en el Código Penal los delitos electorales, y se le reconoció un papel prioritario a la participación ciudadana en el proceso electoral en la observación de casillas, levantamiento de encuestas de salida y conteos rápidos; y c) 1994, se introducen cambios para la auditaría del padrón electoral realizada bajo la supervisión de un Consejo Técnico, se introduce la invitación a visitantes extranjeros a la observación de los comicios, y se ciudadaniza el Consejo General del IFE integrándose por seis ciudadanos no partidistas, en quienes recaerían las decisiones fundamentales, ya que serían la mayoría de votos en dicho órgano.
En este proceso de reformas se observa la estratégica utilización del ejecutivo del control que ejercía sobre el sistema electoral. En un primer momento las reformas son un recurso reactivo para frenar el avance de la oposición, prohibiendo las candidaturas comunes y limitando las alianzas electorales. En un segundo momento, como respuesta a los señalamientos que recibió el gobierno sobre la inequidad en el proceso electoral de 1991, se introducen mecanismos compensatorios entre los partidos para lograr una mayor equidad. Hasta aquí el ejecutivo sigue manteniendo el control en última instancia del proceso electoral, y no va a ser hasta que se presenta la crisis política de 1994 que decide dejar en un órgano ciudadano la conducción de los procesos electorales. Este fue el principio de la institucionalización de un sistema electoral más competitivo en el país.
De esta forma, el último año de este sexenio estuvo marcado por la aparición del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), integrado por grupos indígenas de la selva lacandona que declaran la guerra al gobierno y exigen que se le deponga por ilegítimo, y se nombre un gobierno de transición. Las causas de su surgimiento son muchas y complejas, pero en mucho tuvo que ver la formulación en 1992 de la nueva Ley Agraria, reglamentaria del artículo 27 constitucional, y de las reformas a la leyes de aguas y bosques que estaban orientadas a fortalecer la inversión privada en el campo. Esta medida en los hechos representó un agravio para miles de comunidades indígenas y campesinos que vieron perder la esperanza de poseer la tierra que trabajaban. Si una respuesta de este tipo no fue generalizada fue porque el corporativismo en el campo actuó como un eficaz mecanismo de control sobre la población rural. De ahí que haya sido en el polo más atrasado de la agricultura de donde viniera la respuesta a estas medidas impulsadas años atrás. Su lucha desde entonces se ha centrado en impulsar una democracia que abarque todos los espacios de la vida social; una justicia social no corporativa; un federalismo real y una autonomía municipal reales; así como un sistema de impartición de justicia que acabe con la impunidad y los privilegios.
Otro factor que cimbró en sus estructuras al régimen político en ese año fue el asesinato de Luis Donaldo Colosio, candidato del PRI a la presidencia de la República en las elecciones de 1994, que evidenciaba serias rupturas al interior del propio partido y entre los agentes impulsores del llamado cambio estructural.
Tales coyunturas eran indicadores de un desafío al régimen político por un grupo armado, el cuestionamiento de uno de los sectores mas oprimidos del país al proyecto neoliberal y a su modalidad como “liberalismo social”, y una crítica a las estructuras y procedimientos a las estructuras y procedimientos que determinaban la representación política en el país.
Sin embargo, tales cuestionamientos no se tradujeron en un triunfo de la oposición en el proceso electoral de 1994, ya que el PRI ganó la presidencia y mantuvo el control sobre el Congreso. Dichas elecciones fueron calificadas de inequitativas por la oposición aunque nunca se habló de fraude. Lo cierto es que en medio de ese clima de incertidumbre, se impuso el temor al cambio.
La debacle financiera de fin de año terminó por exacerbar las contradicciones que se habían venido gestando a lo largo de todo ese tiempo. Pero el saldo mayor de esta crisis lo fue el caso Fobaproa, donde se convirtió un fidecomiso privado en una nueva empresa paraestatal y el pasivo contingente del sistema bancario en deuda pública. El resultado fue que una deuda privada terminó siendo una enorme deuda pública interna cargada a los contribuyentes, que desde entonces afecta al erario público.
En estas condiciones, con conflictos sociales de tal magnitud atravesando la vida nacional, en el sexenio de Ernesto Zedillo el proyecto neoliberal ya no podrá seguir siendo impulsado bajo los esquemas tradicionales del régimen político, y de aquí en adelante éste entrará en un proceso de transformación hacia su democratización, proceso que tiempo después sería abortado.
 El primer paso en este sentido se observa en la concreción de la reforma electoral aprobada en 1996. Nunca como antes se dieron tantas garantías a la oposición para que la preparación, organización y calificación de los procesos electorales se dieran en condiciones de equidad, transparencia y legalidad.
En este sentido, la reforma: a) inicia la plena judicialización de las controversias electorales, lo cual suprime la intervención del legislativo en la calificación de las elecciones, otorgándosele al Poder Judicial el control de la constitucionalidad de las leyes, con lo que el Tribunal Federal Electoral se convirtió en un órgano especializado del Poder Judicial; b) asegura la autonomía e imparcialidad plena de la autoridad electoral, al profundizar el proceso de ciudadanización del Instituto Federal Electoral, que a partir de entonces quedaría integrado por ocho consejeros electorales y un consejero presidente quienes serán los únicos integrantes del Consejo General con derecho a voto; c) establece el predominio del financiamiento público para los partidos políticos y su distribución mediante una fórmula que fija condiciones equitativas de competencia política, al combinar criterios de proporcionalidad e igualdad; d) permite el acceso de los partidos políticos a los medios masivos de comunicación, de manera permanente y un poco  más equilibrada; e) refuerza la fiscalización sobre los orígenes y destino de todos los recursos de los partidos como entidades de interés público; f) establece los derechos políticos de los ciudadanos del Distrito Federal, permitiendo por primera vez la elección del Jefe del Distrito Federal a través del voto universal y directo, y a la Asamblea de Representantes se le dan facultades legislativas, constituyéndose así la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; g) el tope de curules por partido en la Cámara de Diputados se fija en 300 y la sobre representación en un 8%, y a la integración tradicional del Senado se agregaron 32 senadores elegidos por el principio de de representación proporcional; y h) el umbral para el registro de los partidos pasa de 1.5% a 2% de la votación total.
Con estos cambios, se establecieron las condiciones para que durante los tres procesos electorales federales que cubren el periodo 1997-2003 los resultados electorales no fueran cuestionados por ninguna de las fuerzas políticas, y que los conflictos resultantes se dirimieran por los causes institucionales contemplados en la propia legislación. Se había llegado a un consenso en relación a que los resultados de los comicios desde entonces reflejarían las verdaderas intenciones de la ciudadanía.
Otro cambio que se había venido gestando desde el inicio del cambio en el patrón de crecimiento económico era el papel del corporativismo dentro del régimen político, menguado por su incapacidad para seguir manteniendo los mismos mercados electorales cautivos y como mecanismo de control político sobre los trabajadores. De acuerdo a Enrique de la Garza, dos han sido los factores que fueron determinantes en esta crisis del corporativismo. Por un lado, la transformación del Estado hacia el neoliberalismo, que a diferencia del Estado desarrollista deja de inducir la demanda agregada a través de los incrementos salariales y el gasto social, sino que su determinación la deja al mercado. Esto impactó desfavorablemente  las formas de intercambios que favorecían el corporativismo:
[…] El Estado deja de ser el medio para conseguir, como parte de la gran negociación política, los aumentos salariales y las prestaciones a la alza y se maneja el salario como variable de ajuste para controlar la inflación; la decadencia de la seguridad social y su privatización subterránea de los servicios de salud, de pensiones, así como la focalización del gasto social hacia la extrema pobreza que poco toca a los trabajadores asalariados, especialmente de los gremios importantes políticamente; las privatizaciones directas que, excepto en el caso de Telmex se ha traducido  en recortes de personal disminución de prestaciones y prerrogativas para los sindicatos y flexibilizaciones unilaterales de los contratos colectivos de trabajo.

La gran pregunta sería por qué el corporativismo siguió operando bajo los mismos esquemas de antaño, y por qué ello no representó una ruptura radical con sus bases y un auge de los movimientos sindicales autónomos por la defensa del salario, el empleo y el bienestar de los trabajadores. La respuesta se encuentra en que los cambios que se habían gestado desde el Estado, la economía y en los procesos productivos atentaban precisamente contra esas variables. En las nuevas condiciones el trabajador no era un elemento trascendente en el funcionamiento del modelo económico –particularmente en el tema de la demanda agregada- como ocurría antaño, ahora era una variable prescindible subordinada totalmente a los dictados del mercado prácticamente sin márgenes de maniobra para hacer frente a las nuevas condiciones en las que se ubicaba dentro del proceso productivo. El creciente desempleo, el empleo precario y la caída de los salarios han consolidado una población excedente que permite la reproducción de este esquema en beneficio de la ganancia capitalista.
El corporativismo se sostiene desde entonces más como un mecanismo de control de la clase trabajadora, gracias a las prerrogativas de las cuales siguió gozando en relación al monopolio de la representación frente a la autoridad laboral, que como un mecanismo para la intermediación de intereses. Con ello, la separación entre bases y dirigencia se trastoca pero no se rompe.
Por otra parte, la dirección del gasto social hacia los sectores marginados ha menguado los alcances de las políticas universalistas en educación, salud, vivienda y servicios (entre otros), y los programas asistenciales se han convertido en una auténtica estructura clientelar que mueve votantes en los comicios electorales. El clientelismo político como un intercambio de favores, bienes y servicios entre un patrón y un cliente a través de un intermediario a cambio de apoyo político y electoral, refleja un particular modo de relación entre los agentes que encumbran el aparato de gobierno y las masas, en el que el intercambio se basa precisamente en la mediación que fija los términos del acuerdo respaldado por alguna instancia del poder público.
A diferencia del corporativismo el clientelismo no es una relación institucionalizada entre el aparato del Estado y las organizaciones de la sociedad, sino que es producto de acuerdos coyunturales de mayor o menor plazo, pero que tienen como eje los comicios electorales. Los programas sociales en este sentido han jugado un papel de primer orden en la construcción de tales acuerdos desde que se impulsó el Pronasol y el Procampo. Sin embargo, la relativa clandestinidad con se desarrolla este fenómeno al ser considerado un delito por la legislación penal en nuestro país, ha hecho que los esfuerzos por capturar sus dimensiones hayan fracasado. Por lo que en este trabajo no abordaremos este tema, aunque no por ello demeritamos el peso de su existencia.
Ahora bien, en relación al control que el Presidente había tenido dentro del régimen político sobre el PRI, también hubo cambios significativos durante este periodo. Dejó de ser un partido de Estado y en consecuencia dejó de ser el partido hegemónico que ganaba todas las elecciones. Desde entonces, unido con el Partido Acción Nacional en torno al proyecto común de seguir impulsando el proyecto neoliberal, el sistema de partidos se caracterizará por la hegemonía de estos dos institutos políticos. Por ello el PRI seguirá siendo funcional a la legitimidad del régimen dentro de la transición política.
Son varios los elementos que influyeron en el curso que siguió la transformación del PRI: a) la propia reforma democratizadora impulsada por Ernesto Zedillo, que en sí misma fue un parteaguas en relación a la forma como había funcionado la histórica subordinación del PRI a la institución presidencial; b) los costos sociales de la crisis económica de 1995, de la cual se culpaba al gobierno y su partido; c) la descomposición de las facciones al interior del partido, que derivaron en una crisis política; d) la reforma electoral de 1996, que impulsó como nunca antes la competencia electoral entre los partidos políticos en condiciones más equitativas y que obligó al PRI a entrar a la arena electoral sin el tradicional apoyo de la presidencia; y e) consecuencia de lo anterior, el avance de la oposición en un ambiente de descrédito del partido oficial y condiciones óptimas en materia electoral para capitalizarlo en la apropiación de espacios de gobierno.
Con la llegada a la presidencia de un candidato de la oposición el régimen dio pasos más decisivos hacia su transformación. El 2 de julio de 2000, Vicente Fox logró vencer al PRI y en el ánimo de la gente y de muchos investigadores se llegó a la conclusión de que con la alternancia la transición había concluido. En el Cuadro 9 se observa que la Alianza por el Cambio recibió un total de 42.52% de la votación total, seguido por el PRI con el 36.10 de lo votos, y el PRD en tercer lugar con apenas el 16.64% de los sufragios.
En este contexto, se hablaba de que la principal misión de Vicente Fox era consolidar la democracia electoral para alcanzar una democracia liberal, que hiciera plenamente vigente el Estado de Derecho y pusiera fin al corporativismo y al clientelismo político como vínculo de relación entre la sociedad y el Estado. Para algunos investigadores se requería de una reforma integral del Estado y ello pasaba por la promulgación de una nueva constitución que plasmara las nuevas condiciones en las que se impulsaría el desarrollo nacional. Para otros, se trataba de consolidar la democracia, en el sentido de introducir cambios importantes en las organizaciones de la sociedad civil y en los diferentes espacios de la vida comunitaria, perfeccionar el marco electoral pero apuntando hacia su plena coincidencia con las libertades y garantías individuales consagradas en el Estado de Derecho. Lo cierto es que el régimen político no era lo mismo de antes, pero tampoco terminaba de ser una democracia liberal plena.
Desde 1992 las facultades legales del presidente se fueron acotando sistemáticamente. Alonso Lujambio reseña tales cambios y su sustento constitucional, de la siguiente forma:
De manera progresiva –a través de las reformas de 1990, 1993, 1994 y 1996 el ejecutivo ha ido abandonando el control sobre la organización de las elecciones federales […] (varios artículos constitucionales, pero en particular el 41).
A partir de 1992, el presidente deja de ser “suprema autoridad” en asuntos agrarios a favor de los tribunales agrarios autónomos (artículo 27).
En 1993 se ampliaron las atribuciones del órgano legislativo del Distrito Federal, y en 1996 se estableció que el presidente dejaría de nombrar directamente al regente de la ciudad de México para dar paso a la elección popular de un jefe de gobierno […]
Desde 1993 adquirió autonomía el Banco Central, el Banco de México, cambio que impide al presidente conducir la política monetaria del país (artículo 28).
A partir de 1993 los períodos de sesiones ordinarias del Congreso aumentaron de cuatro a cinco meses (artículo 65 y 66), con lo que el poder legislativo amplía sus márgenes de estudio y deliberación […]
A partir de 1996 el Procurador General de la República deja de ser nombrado libremente por el presidente de la República, y la candidatura presidencial para el cargo pasa a ser ratificada por dos tercios del Senado.
Desde 1995, las candidaturas presidenciales de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación deben ser ratificados por dos tercios del Senado, en lugar del 50% + 1 que antes se requería.

Por otra parte, la presidencia ya no gozaba de las facultades “metaconstitucionales” que antaño le permitieron gobernar con amplios márgenes de estabilidad y paz social. El presidente de la República ya no era el presidente del partido de Estado, y éste ya no contaba con la figura presidencial de la cual dependían en última instancia las decisiones. El sistema electoral ya no estaba en manos del Poder Ejecutivo y contaba con amplios márgenes de credibilidad entre la población y los agentes sociales aglutinados en torno a los partidos políticos de oposición. Ésta última había mostrado además un importante avance electoral y la conformación del sistema de partidos era plenamente plural, lo que a su vez se reflejaba en la conformación de ambas Cámaras en el Congreso de la Unión. El presidente de la República desde la elección de 1997 había dejado de tener el control absoluto sobre la Cámara de Diputados, mientras el presidente panista sólo pudo tener una mínima mayoría relativa al inicio de su sexenio, misma que perdió a mitad del mismo (véase Cuadro 10). En el caso de la Cámara de Senadores, el PRI nunca perdió la mayoría absoluta hasta el 2000, sin embargo como oposición mantuvo la mayoría relativa (véase Cuadro 11).
Estos datos nos hablan del fin del control absoluto del Presidente en turno sobre ambas cámaras legislativas, y con ello de una importante prerrogativa que en el presidencialismo “tradicional”, era fundamental como instrumento de control sobre los cuadros al interior del partido y como poderosa palanca para reformar el marco jurídico del país de acuerdo a las circunstancias. El hecho de que la presidencia tuviera que pactar con la oposición cualquier proceso legislativo, habla precisamente de la magnitud de los cambios registrados entonces.
De igual forma, el corporativismo había sido un pilar inquebrantable del régimen político hasta entonces. Sin embargo, al perder la presidencia las organizaciones corporativas se enfrentaron al reto de tener que subsistir fuera del poder o pactar con éste. La primera hubiera implicado un suicidio, ya que el actuar fuera de la protección estatal para mantener el monopolio de la representación sindical, le hubiera mermado el control político que mantenía sobre sus bases de trabajadores y posiblemente le hubiera enfrentado a un auge de movimientos disidentes de democratización. La segunda opción resultaba más conveniente.
Pero la tradición anticorporativa del nuevo partido en el gobierno hacía suponer que las relaciones entre el Estado y el corporativismo de cualquier forma estaban destinadas a transformarse hacia esquemas más liberales y democráticos. Además,  la campaña de Vicente Fox había prometido acabar con el corporativismo, apostar por la democracia sindical, mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, mejorar la capacitación para el trabajo, etc.
Sin embargo, las relaciones sindicales, la mayoría en manos de sindicatos corporativos, en los hechos habían resultado en la restauración de las relaciones corporativas con el Estado. De acuerdo a Enrique de la Garza el corporativismo demostró que eran posibles alianzas entre sindicatos priístas y gobiernos panistas, y que el nuevo régimen en construcción no era un obstáculo para ello. Las redes de complicidad en todos los niveles del corporativismo mantuvieron como eje de la intermediación de intereses el orden y la paz laborales a cambio del monopolio de la representación. Esta red corporativa  ha demostrado una gran vitalidad y vigencia, en gran medida porque le sigue siendo útil al capital dentro de los actuales esquemas de acumulación capitalista en el país.
Dicho acuerdo no estuvo exento de desencuentros, como el originado con el Sindicato Minero a raíz del incidente en la mina “Pasta de Conchos” que costó la vida a varios trabajadores, y que terminó con la destitución de su líder y el inicio de una persecución por el delito de enriquecimiento ilícito. Sin embargo el corporativismo mantiene su vigencia en un contexto de adversidad para el mundo laboral.
Encontramos en este elemento el hilo de continuidad del autoritarismo mexicano y las inercias que no permitieron la consolidación del régimen democrático. Sin embargo, es difícil pensar que el Estado dejara de echar mano de éste en condiciones económicas tan adversas en el mundo laboral. Una “liberalización” del sindicalismo corporativo entrañaría la posibilidad de rupturas y reacomodos que podrían consolidar organizaciones más comprometidas con el bienestar de los trabajadores, más comprometidas con el empleo y el salario, e incluso con proyectos políticos menos excluyentes, y ese es precisamente el punto de inflexión por el que el Estado y el corporativismo han mantenido su mutua interdependencia, en beneficio del capital.
El fin del gobierno foxista entregaba un país con graves problemas que reflejaban altas tasas de desempleo, pobreza, desigualdad, migración, informalidad, incremento de la inseguridad pública, además de un enrarecimiento de la vida pública en el país a raíz de la confrontación que entabló con el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para entonces principal crítico de la administración federal, y que llegó al borde de la violencia social. En este contexto se desarrollaron los comicios presidenciales del año 2006, que descarrilaron el proceso de democratización en el país.
Dos años antes de las elecciones, Andrés Manuel López Obrador era el candidato mejor posicionado en las preferencias ciudadanas y con las mayores posibilidades de ocupar la presidencia de la República. Había logrado posicionarse gracias a una eficaz estrategia de medios, que tuvo en los yerros de la administración federal su principal punto de apoyo.
El proceso sucesorio distó mucho de ser terso y prueba de ello fueron los constantes desencuentros del PRD con el partido en el gobierno y el PRI mucho antes de que el proceso electoral iniciara formalmente. En 2003 se presentó la primera discordancia entre estos partidos, a raíz de la elección de los integrantes del Consejo General del IFE por la Cámara de Diputados, ya que gracias a un acuerdo entre los grupos parlamentarios del PRI y del PAN, la fracción perredista no tuvo oportunidad de incidir en la designación de los nuevos consejeros. El PRD denunció entonces que su presidente, Luis Carlos Ugalde, era un instrumento de la líder de los profesores Elba Esther Gordillo, y que había sido impuesto en ese cargo a partir de un acuerdo con el presidente Vicente Fox.
Desde entonces, las estrategias del partido en el gobierno y del PRI tuvieron como objetivo obstaculizar la posible candidatura de López Obrador. La primera acción de este tipo la representó el fallido intento de desafuero en su contra, con motivo de un supuesto desacato a una orden judicial sobre el predio “El Encino”. Un proceso legal de escasa importancia en otro contexto, se transformó en una consigna que pretendía llevar ante los tribunales al entonces Jefe de Gobierno. Esta estrategia impulsada desde las oficinas de la Presidencia y la Secretaría de Gobernación, resultó en un revés para el gobierno panista, ya que a pesar de haber logrado el desafuero de AMLO, una impresionante movilización social en su defensa obligó al gobierno federal a abortar el proceso judicial en su contra. El presidente ordenó retirar los cargos y destituyó al entonces Procurador de Justicia, lo que consolidó la candidatura a la Presidencia de López Obrador.
Para entonces ya había madurado una propuesta desde la socialdemocracia mexicana aglutinada en torno a la figura de López Obrador, que planteaba llevar a cabo transformaciones que permitieran al país superar los largos años de bajo crecimiento, desempleo y bajos salarios. En el discurso se apostaba a la construcción de un nuevo pacto social y a la superación de los grandes problemas nacionales. Destacaba la denuncia a los excesos del gobierno y de los empresarios, que habían llevado al país a una situación insostenible, y se pretendía hacer para ello un compromiso con la austeridad republicana. Se trataba de un proyecto que si bien no planteaba un cambio radical, sí ponía en peligro algunos de los privilegios acuñados durante varios años por un selecto grupo de personas, que a la sombra del gobierno se habían enriquecido concentrando el ingreso y polarizando la desigualdad social en el país, y por ello se empezaron a aglutinar en un frente común en contra de lo que empezaron a considerar una amenaza a sus intereses.
En febrero-marzo de 2006 los medios de comunicación registraron una estrategia de los partidos que encabezaban la disidencia al proyecto de López Obrador, caracterizada por un tono fuertemente crítico que rayó en muchos casos en la diatriba y la calumnia. Se habló sobre los malos manejos de las finanzas durante su gobierno en la capital, se le comparó con su principal enemigo, Carlos Salinas de Gortari, e incluso con el presidente de Venezuela Hugo Chávez. En términos generales se difundió la idea de que era un peligro para México y se llegó a decir que si ganaba la elección la clase media vería mermado su nivel de vida. Esta estrategia en medios se llevó al terreno de las encuestas, que de un mes a otro registraron una caída abrupta en las preferencias electorales hacia López Obrador a mitad de la contienda.
La Coalición de partidos que postulaba la candidatura de AMLO en todo momento denunció la intervención de la Presidencia y de todo el aparato gubernamental a favor de la Felipe Calderón, entre las que destacaba las persistentes declaraciones del Presidente sobre los peligros que representaba la candidatura de López Obrador, los apoyos en especie y monetarios para la compra cautiva del voto ciudadano,  e incluso las “concertacesiones” con los gobernadores de los estados el día de la jornada electoral para que apoyaran a su candidato.
El día de la jornada electoral, los resultados arrojados por el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) tuvieron un comportamiento totalmente atípico dentro de una elección tan cerrada, ya que desde un principio se empezaron a contabilizar las actas de las casillas electorales que favorecían a Felipe Calderón -quien registraba al arranque del PREP una ventaja de hasta diez puntos porcentuales, situación que también fue denunciada por la Coalición por el Bien de Todos como un intento de generar en la opinión pública la percepción del  triunfo panista.
Para ello argumentaron, que en ningún momento durante la captura de las actas, López Obrador registró una delantera, aunque sea mínima. En una elección tan cerrada como la que se registró, era de esperarse, se decía, que en la captura de las actas se observaran alternancias entre los punteros a medida que se iban recabando los datos, por la simple y sencilla razón de que con una ventaja tan estrecha, la aleatoriedad con la que se suponía que se empezaron a capturar las actas provocaría ese comportamiento en los datos.
Ante la presunción de dichas irregularidades el candidato del PAN rechazó la demanda hecha por la Coalición para aceptar un segundo conteo de los sufragios, lo que le hubiera dado legitimidad a su supuesto triunfo, porque además no implicaba más que un pronunciamiento, toda vez que la autoridad encargada de tomar una decisión al respecto era el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
El Tribunal por su parte aprobó la apertura de sólo 11,839 casillas, que representa el 9.07% del total de las casillas instaladas el día de la elección, en 149 de los 300 distritos electorales del país. Con lo cual se descartaba la principal demanda de la Coalición, en sus pretensiones de esclarecer la elección. Aunque sí sirvió para que evidenciara algunas irregularidades del Instituto Federal Electoral durante el cómputo distrital de la votación, ya que éste no permitió la apertura de los paquetes electorales en la inmensa mayoría de las casillas, lo que dejó en entre dicho, por lo menos, su imparcialidad, autonomía e independencia.
Por otra parte, el dictamen por el que Tribunal hizo el cómputo final de la elección, se declaró la validez de la misma y se declaró presidente electo, dejó más dudas que certidumbre sobre la legalidad de los comicios:

1. Se criticó el tono en el que se desarrollaron  las propagandas electorales.
2. Se hizo mención a los llamados del IFE a Vicente Fox para mantenerse al margen del proceso electoral.
3. Se advirtió sobre el uso de programas sociales en el proceso electoral.
4. El cómputo final de la elección registró una votación para Felipe Calderón de 14 millones 916 mil 927 votos; seguido por Andrés Manuel López Obrador, 14 millones 683 mil 96 votos; y Roberto Madrazo, de la Alianza por México, 9 millones 237 mil. La ventaja entre el primero y segundo lugar se redujo porcentualmente sólo dos décimas (de 0.58% a 0.56%).
5. Se reconoció que el Consejo Coordinador Empresarial cometió una violación a lo dispuesto en normas de orden público, con los spots de radio y televisión que difundió entre marzo y mayo del 2006:  “el CCE violó los principios de igualdad en las contiendas electorales”. El Tribunal reprende que en su promoción del voto, el Consejo haya exhibido una tendencia a favor de la continuidad del gobierno panista, transgrediendo la prohibición legal de que terceras personas contraten publicidad en favor o en contra de algún partido político.
6. Se manifestó que las declaraciones de Vicente Fox “se constituyeron en un riesgo para la validez de la elección” que hubieran sido un elemento de más peso si se hubieran presentado más irregularidades en el proceso electoral, por lo que se precisó que en el actual contexto, las declaraciones del titular del Ejecutivo no son suficientes para declarar la invalidez de la elección.
7. También se reconoció que “en un número importante de casillas” hubo deficiencias, pero que tampoco fueron suficientes como para invalidar la elección.

Por estos argumentos vertidos en su dictamen, López Obrador denunció a la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral del país de no haber sido imparcial en la calificación de la elección, pese a reconocer todo este conjunto de irregularidades. La Coalición acusó al TEPJF de haberse guiado por criterios meramente subjetivos, de haber renunciado a su facultad para hacerse de las pruebas objetivas necesarias para normar su criterio, y de emitir un dictamen en el que a pesar de reconocer todo un conjunto de irregularidades, arbitrariamente nos las consideró suficientes como para anular la elección. Lo cierto es que en esta elección se abandonó el criterio garantista con el que se habían repuesto procesos locales como los de Tabasco (16 de octubre de 2000) y Colima (8 de agosto de 2001), en los cuales, ante la intervención del ejecutivo en los mismos a favor del candidato de su partido se optó por proteger los principios constitucionales de equidad y certeza electoral.
Después de un largo plantón a lo largo de reforma y de movilizaciones multitudinarias para defender el voto, el movimiento encabezado por Andrés Manuel López Obrador decidió no reconocer a Felipe Calderón como presidente de México y convocó a una Convención Nacional Democrática en la que se le ungió como “presidente legítimo de México”. Desde entonces el movimiento perdió fuerza pero ganó en cohesión y ha encabezado varias luchas que han tenido por objeto frenar el avance del neoliberalismo en el país, así como denunciar sus estragos. Su estrategia ha contemplado la arena formal de la política, así como la movilización social, y a pesar de estar vetado de los principales medios de comunicación en el país mantiene una importante presencia en la opinión pública.
Este debatido proceso electoral causó una gran polémica en el ámbito de la investigación. Así encontramos diferentes enfoques y puntos de vista contrapuestos sobre la legalidad del proceso, la legitimidad del presidente electo y la vigencia de la democracia en nuestro país. De un lado están quienes han defendido el supuesto triunfo de Calderón en la elección presidencial. Su principal argumento es que la Coalición por el Bien de Todos no logró comprobar el fraude electoral. Del otro, están quienes argumentan que el fraude existió, o quienes sostienen que la acumulación de inconsistencias fue tal que mereció tomarse en cuenta la anulación de los comicios presidenciales.
No es el objeto de este trabajo abundar en esta discusión. Más aún cuando recientemente el Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, partido que reconoció públicamente la legitimidad del presidente Calderón, expuso en tribuna que éste “se había robado la presidencia”, en medio de un largo debate originado a raíz de que se hicieron públicos los acuerdos entre éste partido y el PAN para apoyar el paquete fiscal del 2010 presentado por el Ejecutivo Federal, a cambio de que el PAN no hiciera alianzas con el PRD en los comicios locales de este año. Esto originó que de uno y otro lado surgieran revelaciones y confesiones de acuerdos pasados, y en medio de ello, se reconoció que el PRI había legitimado por acuerdo a Calderón, permitiéndole tomar posesión bajo la promesa de que “gobernaría para todos los mexicanos”. Antes de fijar la posición de su partido, el diputado priísta Rubén Moreira Valdez afirmó que “el presidente Calderón también es ilegítimo”, y prosiguió diciendo que “Somos la generación del no. Los que le decimos a Calderón, ‘no vendas la patria’; los que le decimos a Calderón ‘tú no eres legítimo’; los que le decimos a Calderón ‘te robaste la presidencia del República’. Finalmente, remató afirmando que las elecciones debieron haberse repetido.
 El hecho de que estas declaraciones se hayan dado desde la máxima tribuna del pueblo de México, confirman muchas de las sospechas que en amplios sectores de la sociedad mexicana plantó el proceso electoral de 2006. Pero más allá de ello, lo cierto es que con esos comicios se aborta la democratización iniciada en el país hace ya varios años, ya que sus inconsistencias llevaron a una ruptura entre las fuerzas políticas en torno al consenso sobre la legitimidad del régimen político.
Lo cierto es que viejas prácticas pero con nuevos moldes se hicieron presentes ese 2 de julio de 2006. Destaca el papel activo del corporativismo de viejo cuño representado por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y su líder Elba Esther Gordillo para promover el voto diferenciado de su partido (el Partido Nueva Alianza) a favor del partido en el gobierno para la elección de presidente; destacan también las graves omisiones de las autoridades electorales durante el proceso y su subordinación a los intereses del partido en el gobierno, que dejan un gran signo de interrogación sobre su imparcialidad; y destaca de igual forma el gran poder presidencial para conducir este proceso de principio a fin en la ilegalidad con un enorme margen impunidad.
El régimen que resulta de la transición dista mucho de ser democrático, su carácter autoritario se evidenció cuando por la vía electoral surgió un proyecto que prendió signos de alerta en los beneficiarios del patrón de crecimiento vigente. La democracia cavó su tumba cuando amenazó con trastocar los intereses de la oligarquía que controla el país. Con ello, se apostó a gobernar sin legitimidad y el autoritarismo en el ejercicio del poder político ha sido desnudado.

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