2.4.1 El neoliberalismo en México.

Dentro de este escenario mundial, la crisis del capitalismo en México repercutirá en el agotamiento del patrón de crecimiento relativo y se manifestará en una serie de contradicciones de la economía a principios de la década de los ochenta. Entre las que destaca una creciente vinculación con la economía mundial como resultado del avance del proceso de industrialización sustentando en una nula gestión estatal del desarrollo, que obligó a depender cada vez de mayores importaciones para continuar con la producción local, ante la incapacidad de generar progreso endógeno; menor inversión privada que impactó en gran medida la contracción de los créditos; mayor déficit fiscal ocasionado por la escasa recaudación tributaria del Estado, a partir de los subsidios otorgados a los empresarios para que invirtieran en la industrialización y los difíciles márgenes de maniobra de la empresas estatales para operar en números blancos; inflación originada por el incremento del gasto público destinado a estimular la demanda a través de aumentos salariales, aumento en la ocupación y gastos corrientes, descuidándose el gasto en inversión; mayor endeudamiento generado por la disminución de la productividad en las principales fuentes de ingresos del Estado, el turismo y la agricultura, así como por el incremento del gasto público y las importaciones de tecnología; la especulación de divisas y la fuga de capitales producidas por las devaluaciones a las que tuvo que recurrir el gobierno; y la restricción internacional de crédito a consecuencia de la fuga de capitales y la baja en las reservas internacionales del país.
Este escenario hará necesario el replanteamiento de la política económica que hasta entonces se venía implementando en el país, teniendo como objetivo central transformar el patrón de crecimiento económico vigente, bajo cuatro ejes fundamentales: a) la desregulación estatal de la economía y la privatización de empresas paraestatales; b) control estricto y reducción de los niveles salariales; c) apertura al comercio exterior y liberalización de los flujos de mercancías y capitales externos; y d) protección a los intereses del capital financiero fusionado con los monopolios locales.
La política económica quedará subordinada a partir de entonces a los dictados de los organismos financieros internacionales controlados por los Estados Unidos. En este sentido, aunque la primera experiencia de las relaciones del gobierno mexicano con el FMI se remonta a 1976  -cuando se tuvo que enfrentar la primera crisis financiera desde 1940 y la primera devaluación del peso respecto al dólar en 22 años-, es en noviembre de 1982, cuando el gobierno de José López Portillo redactó la primera Carta de Intención para exponerla a consideración y firma del FMI, con el objetivo de obtener otra línea de crédito y de ajustar la política económica a unos lineamientos previamente aprobados por dicha institución, que apostaban a instrumentar la política neoliberal. Unos años después, en medio de la llamada crisis de la deuda, el 22 de julio de 1986 el gobierno mexicano firmó otra Carta de Intención por un crédito de mil 700 millones de dólares, a cambio del cumplimiento de varios compromisos conducentes a un programa de reestructuración de la economía denominado Programa de Aliento y Crecimiento, que consolidaba la interiorización de la ideología neoliberal en la política económica nacional.
En el sexenio de Carlos Salinas de Gortari se apuesta a la renegociación de la deuda, una vez que el recetario neoliberal había sido adoptado. Después de ese sexenio de espejismos en los que la entrada de México en la OCDE y la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá -con todos los compromisos de índole económica y política que ello implicaba para el país- hacía pensar en el éxito de la modernización económica, el cambio estructural y la reestructuración industrial; se presentó la crisis económica y política de 1994 que obligó al gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León a negociar en enero de 1995 otra Carta de Intención con el FMI, a cambio de un paquete de apoyo crediticio por 17 mil 750 millones de dólares, recursos que serían destinados esta vez a la reserva internacional de divisas después de la fuga de capitales provocada por la devaluación de diciembre de 1994. Incluso el gobierno norteamericano en aquella ocasión entró a financiar directamente a su similar mexicano, y todavía el 15 de junio de 1999 se firmó otro acuerdo con el FMI, con la firma de un contrato "stand by", cuya cantidad financiada esta vez fue por 4 mil 200 millones de dólares fue pactada a un plazo de 17 meses.  Todavía en este año, el Presidente Felipe Calderón ha solicitado un préstamo más al organismo financiero internacional por 47 mil millones de dólares, para hacer frente a la grave crisis económica que enfrenta de nueva cuenta el país como consecuencia del impacto recesivo de la crisis financiera internacional.
Sin embargo, esta influencia de los organismos financieros internacionales en la política económica nacional no se explica por sí sola, si no se advierte que su instrumentación fue el resultado de las medidas que los gobiernos en turno tuvieron que tomar ante los problemas de acumulación que el patrón de crecimiento económico en el país registraba entonces. La estrategia dio origen a lo que se dio en llamar la modernización económica o cambio estructural y la reestructuración industrial. La modernización se entendía como la recuperación de la tasa de ganancia por medio del incremento de la productividad y la eficacia dentro de los procesos productivos, la racionalización de los gastos estatales, y la apertura de la economía mexicana a la economía mundial. Por otra parte, la reestructuración industrial buscaba la modernización de las empresas a través de la incorporación de las nuevas tecnologías, la transformación en la organización de los procesos de trabajo, apuntando hacia la flexibilización laboral, y la transformación en los sistemas de gestión empresarial.
Una simple revisión a los programas y pactos de estabilización y ajuste estructural implementados en México desde 1982, como resultado de los convenios signados por el gobierno del país con el FMI, nos permiten confirmar la gran influencia que el neoliberalismo ha tenido en la política económica mexicana en las últimas décadas.  El Programa Inmediato de Reordenación Económica (PIRE, 1982), el Programa de Aliento y Crecimiento (PAC, 1986), el Pacto de Solidaridad Económica (PSE, 1987), el Pacto de Estabilidad y Crecimiento Económico (PECE, 1988) y el Pacto para el Bienestar, la Estabilidad y el Crecimiento (PABEC, 1994); pueden ser definidos como auténticas cartas de navegación del gobierno mexicano para llevar a cabo la reestructuración económica y el cambio en el patrón de crecimiento en el país en apego estricto a los postulados neoliberales. Destacan las transformaciones en las políticas fiscal, monetaria, cambiaria, salarial y las estrategias implementadas para llevar a cabo la apertura comercial, la privatización y la desregulación de la actividad económica, impulsadas desde estos instrumentos.
El PECE fue un programa de emergencia ideado para crear las condiciones mínimas para el fortalecimiento de la economía, que buscaba corregir en lo inmediato las finanzas públicas y crear las condiciones para una recuperación a mediano plazo de la economía. En los hechos fue un programa recesivo que buscaba atacar las presiones inflacionarias “enfriando” la economía, a través de distintas acciones: a) austeridad en el gasto público para reducir el déficit presupuestario del gobierno; b) protección del empleo y la planta productiva; c) protección de los productos básicos; d) incremento de los ingresos públicos; e) política de crédito destinada a estimular la actividad productiva en los sectores prioritarios de tipo social; f) apertura de la economía hacia el exterior; y g) aliento a la inversión extranjera y renegociación de la deuda externa.
El PAC fue un programa muy ambicioso, pero su éxito dependía de la obtención de recursos adicionales del extranjero obtenidos por la renegociación de la deuda, ya que con éstos se esperaba reiniciar el crecimiento económico y el desarrollo de la economía. Además se buscaba corregir las finanzas del gobierno a través del control y el recorte del gasto, así como el fortalecimiento de los ingresos.
En su interesante ensayo sobre la modernización financiera del país, Irma Manrique evalúa los resultados del PIRE y del PAC y concluye que las medidas tomadas tuvieron un efecto positivo en el saneamiento de las finanzas públicas, el superávit comercial y de cuenta corriente de la balanza de pagos, pero en el combate a la inflación y en el crecimiento del PIB resultaron un total fracaso. Por otra parte, la apertura comercial se consolida y las privatizaciones se generalizan, mientras en contraste el salario cae un 26%.
Los pactos (PSE, PECE y PABEC) permitieron dar pasos más decididos para poner en manos del capital privado la iniciativa del crecimiento económico que durante décadas había estado en manos del Estado. Los objetivos de estos programas eran prácticamente los mismos que los programas PIRE y PAC, pero lo novedoso fue que su creación e implementación fue resultado de un proceso de concertación entre los factores de la producción: el gobierno, las organizaciones de trabajadores y el capital privado. En tal sentido, los pactos fueron un intento de los gobiernos neoliberales para consolidar la reestructuración capitalista en el país en condiciones de acuerdo social.
Los compromisos básicos de las partes adherentes a estos instrumentos se resumían a lo siguiente: el gobierno se obligaba a controlar el gasto público, a mantener la restricción monetaria y del crédito a través de la tasa de interés y la aceleración de las privatizaciones de las empresas públicas; los empresarios por su parte, asumían el compromiso de apoyar la apertura comercial regulada y controlar los incrementos en sus precios, aunque poco después contaron con la liberalización de los precios; y los trabajadores, a través de los sindicatos corporativos, se comprometían a no solicitar aumentos salariales que impactaran la inflación.
El balance general del impacto de estos instrumentos en la economía nacional no es nada alentador. De acuerdo a Irma Manrique:
1) El crecimiento económico fue modesto; su principal generador fue el aumento de las exportaciones no petroleras, especialmente las manufacturas (maquiladoras).
2) Se logró controlar la inflación gracias a una política cambiaria de sobrevaluación, cuyo objetivo era además igualar la tasa de inflación de México con los socios comerciales del TLCAN, lo cual sin embargo no se logró.
3) La política cambiaria como ancla de la inflación tuvo impacto negativo sobre la balanza de pagos, pues se incrementó el déficit comercial y se profundizó la dependencia del exterior. […]
4) El crecimiento económico moderado entre 1989 y 1991 empezó a decrecer a partir de 1992, sin llegar a obtener el 6% de incremento en 1993 y 1994 como se había proyectado.
5) Las tasas de interés fueron muy altas, sobre todo a partir de 1988, para estimular y mantener los flujos de capital externo.
6) El nivel salarial mantuvo un bajo poder adquisitivo, y aunado a la baja tasa de empleo denotó una política de ajuste estructural de carácter excluyente.
7) Todo lo anterior llevó a más privatizaciones y a la profundización del proceso de desregulación de la economía, así como a una mayor apertura comercial y financiera del país.

La entrada de México al Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GATT, hoy Organización Mundial de Comercio) y la posterior firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, terminaron por consumar la estrategia de apertura de la economía mexicana y la subordinación de la misma a los intereses del capital monopólico norteamericano. La estrategia no creció en la nada, estuvo férreamente respaldada internamente por lo sectores de la burguesía nacional que estaban enganchados al nuevo patrón de acumulación: la oligarquía agroexportadora vinculada a las producciones de estación (frutas, hortalizas, etc.), y otros productos agrarios destinados al mercado de EE.UU., los grandes importadores, los banqueros, los dueños de almacenes, supermercados y otros negocios comerciales que son abastecidos desde EE.UU., los empresarios de la maquila, etc.
Desde la vigencia del último pacto, la política económica ha mantenido su carácter neoliberal y las medidas económicas adoptadas por el gobierno han tenido una extraordinaria similitud con cualquier carta de intención con el FMI. La reestructuración capitalista, una vez que cumplió con su función de cambiar el patrón de crecimiento económico, quedó interiorizada como una práctica cotidiana en la política económica del país. En este sentido, se puede hablar de una interiorización del neoliberalismo en la estructura socioeconómica de nuestra sociedad.
Desde entonces la política económica se ha empeñado en lograr los equilibrios macroeconómicos, hacer funcionar libremente al mercado, abrir la economía a los flujos de capital y mercancías sin restricción alguna y elevar las exportaciones no petroleras. Sin embargo, los resultados en los últimos años han sido desastrosos.
Jaime Ornelas en un estudio reciente sobre la economía mexicana en el sexenio de Vicente Fox, llega a las siguientes conclusiones: a) la apertura elevó las importaciones y las exportaciones, sin embargo la expansión del comercio exterior no impactó positivamente en el crecimiento de la economía por la falta de cadenas productivas integradas a los polos exportadores, a lo que hay que agregar la falta de programas estratégicos para alentar el crecimiento económico, fortalecer el mercado interno, mejorar la distribución del ingreso, incrementar el empleo y mejorar las condiciones de vida de la población; b) nuestra economía no ha logrado reducir su dependencia de los recursos externos provenientes del petróleo, el turismo y las remesas, provocando una mayor vulnerabilidad de ésta a la inestabilidad de los flujos de recursos externos; c) la política de combate a la pobreza implementada por los gobiernos neoliberales ha terminado por focalizar los recursos destinados para ello en los sectores más pobres del país, segregando a otros sectores igualmente pobres del acceso a estos apoyos, constituyéndose además en un caldo de cultivo para la formación de esquemas de clientelismo electoral entre los beneficiarios y el gobierno; y d) el gasto público y los programas destinados al bienestar social se encuentran supeditados a la disciplina fiscal y a criterios que destinan demasiados recursos al pago de rescates financieros para el sector privado (IPAB, carreteras, ingenios azucareros, etc. ), ahogando las posibilidades de destinar mayores recursos a la inversión productiva.
Si el diagnóstico después de casi tres décadas de impulsar el neoliberalismo en nuestro país y de consolidar un patrón de crecimiento que ha privilegiado la liberalización comercial y de capitales, la reformulación de la participación del Estado en la economía y la reformulación de los derechos del capital sobre el trabajo, resulta tan negativo, cabe preguntarse ¿qué ha dejado de hacer el Estado mexicano en los últimos años para impulsar el desarrollo? Más aún, ¿qué tanto ha influido el impulso al patrón de crecimiento vigente en los problemas de desarrollo que registra nuestro país?

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