2.4.2 La gestión estatal del subdesarrollo en la globalización neoliberal.

Con base en lo expuesto hasta ahora, no resulta extraño advertir que existe una estrecha relación entre la política económica vigente -así como la ideología que la promueve- y la visión que sobre el desarrollo se ha impuesto en nuestro país a partir de sus postulados, particularmente en el tema de la ciencia y la tecnología aplicada a los procesos productivos endógenos, y el papel de Estado en ello.
El auge del comercio mundial y de la circulación de capitales, así como la firma del TLCAN entre los gobiernos de Estados Unidos, Canadá y México, forman parte de lo que en la actualidad se ha denominado globalización, término que sigue siendo debatido desde diferentes perspectivas teóricas y escuelas de pensamiento en las ciencias sociales. No es el objeto de este trabajo retomar dicho debate, sin embargo es importante señalar que desde entonces la globalización fue definida desde los circuitos del poder económico y político mundiales, a partir de una serie de premisas que ponían el acento en los aspectos positivos de las importantes transformaciones que se estaban desarrollando en la sociedad capitalista contemporánea.
Entre otras cosas, se ha venido sosteniendo que es un fenómeno nuevo que comenzó a cobrar forma a mediados de la década de los setenta; que es un proceso homogéneo en términos de la intensidad y penetración de su desarrollo, en sus niveles históricos, en sus dimensiones comercial, productiva y financiera, y para los sujetos y actores involucrados en ella; que conduce a la homogenización de la economía mundial, superando a la larga las diferencias entre desarrollo y subdesarrollo, y entre países y regiones ricos y pobres; que es una llave del progreso y del bienestar, ya que del mismo modo que conduciría a cerrar brechas internacionales, promovería el ascenso de los grupos menos favorecidos a crecientes niveles de bienestar y calidad de vida; que favorecería la globalización de la democracia, en relación directa con la de la economía; y que llevaría a la desaparición progresiva del Estado, o al menos a una pérdida de importancia del mismo.
Desde el pensamiento crítico hubo una respuesta a estos pronunciamientos y se pusieron en evidencia muchos aspectos que esta concepción del desarrollo y la democracia desde el concepto de globalización ocultaba. Ya en el capítulo anterior de este trabajo reseñamos la crítica de Carlos Vilas a este concepto, donde se establece que estas premisas falsas de la globalización no son más que una ideología que busca ocultar la verdad de la realidad social.
En realidad, la globalización no es otra cosa que un proceso consustancial al neoliberalismo, que en la actual fase del desarrollo capitalista, busca romper las últimas fronteras al libre juego de las fuerzas del mercado. Aunque este rompimiento, en todo caso, esté ocurriendo sólo en las fronteras de los países subdesarrollados y fortaleciéndose en las de los países más desarrollados del mundo.
Por tal motivo, lo que nos interesa destacar es que el desarrollo desde la versión dominante sobre la globalización fue relacionado desde un inicio con la integración económica, que en el caso de nuestro país no pudo ser otra que con los Estados Unidos, al menos como proyecto inmediato. Es decir, la idea dominante en los círculos de decisión política en materia económica en nuestro país, es que en la medida que los países logren involucrarse en los circuitos comerciales mundiales y logren romper los obstáculos que en el interior de sus territorios se pudieran generar para ello, estarán en condiciones de incrementar su riqueza y el bienestar social de sus poblaciones. Y en todo ello juega un papel central el tema de la ciencia y la tecnología.
Germán Sánchez Daza destaca en un trabajo reciente, que en esta perspectiva que pone en el centro del debate sobre el funcionamiento de la economía capitalista contemporánea el vínculo e integración de los países que la conforman con el mercado internacional, han surgido diversas teorías para explicar dichos vínculos. Tal es el caso de las teorías de la competitividad de M. Porter, P. Kraugman, D. Messner; las de la especialización flexible de M. Piore y Sabel; los encadenamientos productivos globales de G. Gereffi; y las teorías evolutivas del cambio técnico  de Ch. Freeman y G. Dosi; entre otras.
Este autor señala que desde mediados de la década de los noventa, todas estas teorías habían abordado el tema de la tecnología como elemento central del funcionamiento económico y de las relaciones comerciales internacionales, convirtiéndolo en el aspecto toral de las explicaciones sobre el funcionamiento de la economía mundial contemporánea. Al respecto, destaca los aportes de la teoría de la competitividad para introducir en la explicación del funcionamiento de la economía global, la existencia de una intensa división del trabajo con segmentos productivos globalizados, de los cuales se pueden generar estrategias de inserción de un país en el mercado mundial a partir de la explotación de sus ventajas competitivas, introduciendo los factores del mercado, institucionales y de contexto, entre los que destacan los sistemas de innovación nacionales. De igual forma destaca las formulaciones de las teorías del desarrollo regional, de la geografía económica, del comercio internacional y las del cambio científico, en la comprensión de la existencia de diferencias en la productividad de la mano de obra en función de su nivel de calificación, incorporando a la tecnología como otro de los determinantes del crecimiento. Por otra parte, retoma la aportación de las teorías evolutivas para una explicación del comercio internacional que reconoce asimetrías entre los países en términos de la tecnología, de los resultados económicos y de las instituciones que regulan la producción y la distribución, mostrando que todas las innovaciones, sean productos o procesos, representan mecanismos de creación de asimetrías que incrementan la brecha tecnológica entre firmas y países, y en contraparte, los procesos de difusión pueden ser entendidos como mecanismos de convergencia.
Estas perspectivas teóricas tuvieron un impacto importante en el pensamiento latinoamericano y en la instrumentación de las políticas encaminadas al desarrollo regional desde la década de los ochenta. Enrique de la Garza Toledo señala que en la implementación de la reestructuración productiva influyeron de manera diferenciada, en cuanto a su nivel de interiorización y aplicación en México, algunas de las teorías dominantes que hemos referido.
Al respecto, el autor identifica cinco momentos en este proceso: 1) En los ochenta, la explicación de la crisis como crisis de la base tecnológica dura en que se basaron los procesos productivos en el periodo de postguerra, y que da origen a la tercera revolución tecnológica en el campo de la computación y la informática, y la aplicación de sus desarrollos al proceso de acumulación capitalista. Esta perspectiva inicial tuvo poco impacto en los países de la región latinoamericana, quedando su influencia reservada a las grandes empresas con capacidades tecnológicas especiales; 2) Las interpretaciones que ponían énfasis en el agotamiento del taylorismo-fordismo como forma de organización del trabajo, que abrió paso a la introducción del toyotismo como doctrina gerencial en los países latinoamericanos; 3) Al principio de los noventa, los cambios en el mercado de trabajo y en las formas de organización del trabajo llevaron al planteamiento de la flexibilidad laboral en el proceso de trabajo; en las relaciones laborales (en el propio proceso de trabajo, en las relaciones industriales, en las leyes laborales y sociales) y en el mercado de trabajo (se apuesta al libre encuentro de la oferta y la demanda de trabajo en el mercado); 4) En la misma década de los noventa se extiende una estrategia reestructuradora que propone la generación de distritos industriales a través de la introducción de encadenamientos productivos entre los diversos actores que los integraban (proveedores, clientes, productores, prestadores de servicios productivos, y clusters subordinados a grandes corporaciones); 5) Por último, la más reciente propuesta teórica para la reestructuración productiva es la de la sociedad y la economía del conocimiento y el aprendizaje tecnológico, cuya oferta principal es llevar a cabo una transformación hacia empresas intensivas en conocimiento.
En este sentido, una evaluación del nivel de impacto de estas teorías en las políticas de desarrollo del país puede hacerse teniendo como referente al sector más dinámico de la economía dentro de la reestructuración productiva, cuyo principal exponente –aunque cada vez con menos importancia- son las manufacturas, primordialmente la maquila:
[…] la manufactura mexicana durante la década de los noventa, excepto el gran bache de al crisis de 1995, fue el sector estrella de la Economía, y el objeto principal de la reestructuración productiva hasta el año 2000, con tasas de crecimiento elevadas, a diferencia del 2001 a la fecha en que fueron negativas o bajas. Asimismo, el personal ocupado en la manufactura tuvo su máximo en porcentaje del total ocupado en el 2000, para luego diminuir. Pero, sobre todo la manufactura ha sido importante en la exportación total, llegando a su máximo en el 2001 con 88.6% del total exportado, para luego diminuir en este siglo, más del 50% de esta exportación manufacturera se puede atribuir a la maquila.

Este sector de la economía, por tanto, resulta clave para comprender la magnitud e importancia de los cambios impulsados al nivel de la política económica y el papel de la gestión estatal en este proceso. Al respecto, de la Garza afirma que al margen de las tendencias teóricas prevalecientes en distintos momentos en la academia y su influencia en las políticas de desarrollo, el eje que ha conducido hasta nuestros días la reestructuración productiva es el toyotismo y la flexibilidad:
Podemos concluir que la reestructuración productiva avanzó en México, especialmente durante la década pasada, pero el camino principal seguido no fue el cambio tecnológico en su nivel más alto, sino el cambio en la organización del trabajo, sin flexibilidad numérica ni salarial importantes, no obstante la implantación de bonos de productividad estos no representaron mucho en el total de remuneraciones, la flexibilidad avanzó más al nivel de los contratos colectivos de trabajo en lo funcional permitiendo la movilidad interna, la polivalencia, el ascenso por capacidad […] En cuanto a la forma principal que en casi todos ha adquirido la reestructuración productiva esta ha seguido la vía del toyotismo, pero un toyotismo a la mexicana: con bajos salarios en general, baja calificación, flexibilidad funcional, alta rotación externa de personal.

La adopción de esta estrategia de desarrollo ha tenido consecuencias muy negativas para la economía, como son la desarticulación de cadenas productivas existentes y la falta de sustitución por otras nuevas; déficit en la balanza de pagos; falta de investigación y desarrollo tanto en el sector privado como en el público, que ha impactado en el incremento de la importación creciente de maquinaria y equipo; fracaso de las empresas productivas por el encarecimiento y la escasez de crédito; y la falta de una política de fomento industrial, para mejorar las condiciones de inserción en el mercado internacional de aquéllas empresas sujetas a la competencia exterior.
El toyotismo, hay que subrayarlo, es un régimen laboral basado en la intensificación del trabajo, no en la automatización de los procesos productivos, y es ahí donde de la Garza encuentra los indicios de su agotamiento en México, que se manifiestan en los límites físicos, sociales e incluso identitarios de los trabajadores en relación a la productividad y la eficacia pretendidas por las empresas que lo implementan. Pero además esta condición de la reestructuración productiva evidencia la ausencia de un proyecto serio para crear las condiciones endógenas de desarrollo.
Como hemos venido afirmando la organización del trabajo general es la tarea fundamental para el desarrollo de la relación capital-trabajo, y en esta tarea el Estado tiene una función central en la subvención de la ciencia básica y el fomento a la ciencia aplicada, en la socialización del conocimiento para ponerlo a disposición del capital, en la formación de investigadores, en la coordinación y colaboración de distintas áreas de la ciencia, etc. Pero de igual relevancia resulta la acción estatal en la vinculación de estos desarrollos a los procesos productivos, a través de una política económica que impulse, incentive y proteja el empleo de las capacidades tecnológicas locales, que a su vez estimule la generación de nuevos desarrollos científicos y tecnológicos aplicados a la producción. Pero como hemos visto, ni una cosa ni otra han ocurrido en nuestro país, porque el capitalista nacional no ha necesitado de una intervención estatal en tal sentido para seguir obteniendo ganancias extraordinarias. 
Por eso resulta bastante significativo que lejos de impulsarse un proceso orientado a generar y explotar localmente el trabajo general en este periodo, se hayan limitado los esfuerzos más importantes a la aplicación de innovaciones dentro de la organización del trabajo, proceso que en sí mismo dista mucho de ser un detonante para la generación de progreso.
Un aspecto a destacar es que la transformación de las funciones del Estado bajo el nuevo patrón de crecimiento, de regulador y propietario en la economía a instrumento para el desarrollo eficiente del mercado –y con ello del sector privado sin mediación alguna-, no ha hecho otra cosa que consolidar una visión sobre la ciencia y la tecnología funcional a las necesidades del patrón de crecimiento económico vigente, de tal forma que la apertura al comercio exterior y el privilegio del sector exportador de la economía como eje vector del crecimiento han fomentado la importación de más tecnología y consolidado el subdesarrollo en nuestro país.
En este periodo se desarrolla una nueva concepción sobre la ciencia y la tecnología, que de acuerdo a Germán Sánchez Daza, implica:

• la competencia hará que las empresas mejoren sus niveles tecnológicos;
• será a  través de la generación de capacidades de aprendizaje endógenas como dichas empresas podrán fortalecer su competitividad;
• el Estado deberá desregular (simplificar) el mercado de tecnología y dedicarse a las actividades de fomento;
• la generación de tecnología en el país deberá de ser financiada por las empresas y se tratará de fomentar la vinculación con las universidades;
• la investigación en los centros públicos deberá de buscar mayor financiamiento a través de la venta de sus resultados;
• el Estado procurará elevar su gasto, al mismo tiempo que se implementarán políticas de descentralización y eficiencia.

Rosalba Casas Guerrero señala que a diferencia de los años setenta y ochenta en donde los esfuerzos se centraron en la creación y conservación de la infraestructura y la formación de recursos humanos; a partir de los años noventa los objetivos en la materia se encaminarán a alcanzar la modernización industrial, la apertura comercial y la inserción en el proceso de globalización. En este sentido, las políticas en la materia tuvieron como características principales:
1) Una clara distinción y separación entre las políticas orientadas a la ciencia y aquellas relacionadas con la tecnología, estableciéndose una ruptura entre estas actividades; 2) el predominio de criterios de calidad, con base en normas internacionales que fueron impuestos como modelo para la evaluación de estas actividades; 3) la búsqueda de la excelencia en la formación recursos humanos de alto nivel; 4) la asignación de fondos mediante mecanismos de concurso y competencia; 5) una vinculación más estrecha de la investigación básica y el desarrollo tecnológico con el sector productivo y, 6) la reorientación de la demanda de educación superior hacia disciplinas que requiere el desarrollo del país, particularmente, las ciencias exactas y las ingenierías.

Pero esta política en ciencia y tecnología más allá de sus objetivos formales distó mucho de tener el éxito y los alcances que se planteaba, porque para ello dependía a su vez de una política sólida de fomento y vinculación con el aparato productivo, que el modelo de crecimiento económico vigente simplemente no contemplaba.
Por eso, actualmente hay una tendencia a la aplicación de políticas científico tecnológicas en América Latina, que tienen como prioridad la integración y la consolidación de la innovación como un proceso desprovisto de cualquier iniciativa nacional, y en consecuencia, de toda conducción estatal que no sirva a los intereses de las grandes trasnacionales. Esto ha generando una tensión en los sistemas de ciencia y tecnología y en sus agentes participantes. De acuerdo a Germán Sánchez Daza, ello se debe a que la innovación es “resultado de un proceso de inversión en capacidades tecnológicas y de aprendizaje, y está sujeta a las presiones del mercado y sus leyes de competencia”.
La innovación en esta versión tiene por objeto entonces poner masivamente a disposición de las grandes transnacionales los desarrollos en ciencia y tecnología, porque quien controla el mercado controla los desarrollos de punta. Algo que no es nuevo, sólo que ahora la globalización neoliberal ha derrumbado las barreras de las soberanías nacionales para que el gran capital invierta estratégicamente sus recursos donde existan las condiciones necesarias para obtener ganancias extraordinarias. Esto es así porque el capitalismo contemporáneo se caracteriza por la promoción del consumo intensivo, con una demanda diferenciada y segmentada, con una distribución del ingreso muy concentrada y polarizada.
Esto lleva al gran capital a “diversificar” sus fuentes de inversión en ciencia y tecnología en diversos estados nacionales, pero ello no puede llevarnos a concluir, como se ha generalizado desde algunos círculos académicos, que el capital se ha “desterritorializado”. El hecho de que las inversiones se diversifiquen, no implica que las ganancias resultantes de ello se queden en el país de origen. Más aún, esos desarrollos científicos y tecnológicos en nada contribuyen al desarrollo nacional si no son vinculados a los procesos productivos endógenos.
En realidad el objetivo es que las fuerzas del mercado (mercado controlado por el gran capital) orienten y determinen la eficiente utilización de los recursos. La ciencia y la tecnología como mercancías tienen que ser adquiridas y producidas con criterios de calidad y competitividad, por lo que el desarrollo industrial del país quedará restringido a las ramas de la economía vinculadas de manera más estrecha con el mercado de exportación y las grandes trasnacionales (vía adquisición de nuevos desarrollos o producción de los mismos). El resultado lógico de ello sería que estas ramas contagien su desempeño al resto de la economía nacional a través de encadenamientos productivos.
Pero ello no ha ocurrido así en nuestro país porque el mercado no ha sido la tabla raza que determina la eficiente utilización de los recursos. El estado mexicano ha jugado un papel muy importante como impulsor del patrón de crecimiento económico, generando las condiciones para que las facciones de capital locales y extranjeras vinculadas al mercado externo se beneficien de éste. Pero no se ha preocupado por generar las condiciones generales para la explotación endógena de la ciencia y la tecnología, porque ello implicaría un proyecto nacional que tuviera como objeto fortalecer el mercado interno e impulsar el desarrollo de las relaciones sociales de producción en el país, y en consecuencia, una burguesía local preocupada por hacerlo. Pero esto, no ocurre así.
Este ha sido el principal escollo para que en nuestro país no se genere una gestión originaria del desarrollo. Históricamente el capitalista nacional no ha tenido la preocupación de impulsar proyectos que tengan por objeto la generación de progreso endógeno, porque la satisfacción de las demandas inherentes a la acumulación capitalista que están condicionadas por la obtención de ganancias extraordinarias y el incremento de la productividad, han sido satisfechas con el progreso generado en el polo de los países subdesarrollados. No ha existido un desenvolvimiento propio de la burguesía nacional, por ello concuerda con la inserción subordinada de nuestras economías, y el Estado, en tanto organización del poder político de esta clase social, no ha hecho sino crear la condiciones para la reproducción de la acumulación capitalista en su forma subdesarrolla.
Sólo basta echar un vistazo a algunas de las percepciones que los empresarios tienen sobre la tecnología, para confirmar este punto. Enzo Faletto reflexiona al respecto, retomando los resultados de un estudio de la CEPAL sobre las imágenes sociales de la modernización y la transformación tecnológica, en el que se recogen las opiniones sobre esto tópicos de empresarios, gerentes, técnicos y dirigentes estatales de empresas privadas y públicas de seis países latinoamericanos dedicadas a una variedad importante de actividades económicas. En este sentido, nos interesa retomar de este análisis las opiniones y actitudes empresariales:

• Del proceso de innovación tecnológica del cual se sienten agentes importantes, destacan su capacidad de ruptura con el presente y una capacidad de adaptación a lo que se está produciendo en el mundo externo, por lo que perciben que el modelo de desarrollo ya ha sido generado en los países considerados modernos.
• Perciben la tecnología de punta como un ingrediente esencial para poder ingresar en condiciones de competitividad al mercado externo, lo cual resulta su máxima aspiración.
• Señalan que en el mercado externo las pautas de producción e innovación tecnológicas ya está impuestas por un sistema de producción internacional que ha homogenizado procesos, por ello ven muy limitadas las posibilidades de desarrollos tecnológicos propios.
• Su mayor preocupación es lograr una buena transferencia tecnológica del exterior y hacer un buen uso de la existente, por ello dan una gran importancia a la asociación con firmas o empresas extranjeras al considerar que el aporte de éstas es precisamente la capacidad tecnológica
• Consideran que las investigaciones que se desarrollan en las universidades nacionales tienen un carácter altamente abstracto, están alejadas de sus necesidades productivas inmediatas y por lo tanto son de escasa utilidad.
• Asignan al Estado tareas relativas a la asignación de incentivos al desarrollo, definición de estrategias de desarrollo y definición de prioridades.
• Consideran que la política tecnológica debe estar a cargo del Estado y su papel no pasa de ser simples coadyuvantes, ya que su verdadera función social es el éxito de la empresa.

Se puede concluir entonces, que el empresario latinoamericano -y el mexicano no es la excepción- no tiene un interés inmediato en generar las condiciones para un desarrollo científico y tecnológico propio, porque no le representa un problema inmediato para la acumulación de capital ya que este proceso se desarrolla importando progreso generado en el exterior. Si bien le asigna un papel central al Estado en la generación y explotación local de la ciencia y la tecnología, no considera ésta una función vital de la organización política para alcanzar el desarrollo económico propio. Más aún, no consideran relevante su intervención en la formulación y aplicación de una política global de desarrollo científico y tecnológico. 
En el actual patrón de crecimiento económico, ante la ausencia de un proyecto nacional con la suficiente fuerza como para cambiar el actual estado de cosas, las políticas en ciencia y tecnología no han hecho otra cosa que evidenciar la ausencia de una gestión estatal del desarrollo en nuestro país. De hecho demuestran una activa participación del Estado en un sentido inverso, es decir, en la creación de condiciones generales para subsumir la generación de progreso endógeno a los intereses de las grandes trasnacionales.
Los resultados de las políticas en ciencia y tecnología del país en los últimos años, nos confirman la idea anterior. En el Plan Especial de Ciencia y Tecnología (PECyT) se partió de una estrategia de largo plazo denominada “México: visión 2025”, conformada por cuatro etapas en la que la primera comprendía los años de vigencia del gobierno de Vicente Fox (2001-2006). La meta que se contemplaba alcanzar una vez concluido este plazo era la estructuración institucional del sistema de ciencia y tecnología, con el incremento de la inversión del país en investigación y desarrollo a 1.5 % del PIB; así como la consolidación de la plataforma inicial del Sistema Nacional de Centros de Investigación para cubrir las áreas estratégicas del conocimiento de mayor dinamismo mundial, y contar con el número suficiente de investigadores y de personal de posgrado con capacidad para generar y asimilar los avances del conocimiento y las tecnologías provenientes del exterior, con un impacto positivo en la producción científica. Con ello se esperaba que México abandonara el grupo de países con baja competitividad en ciencia y tecnología y se incorporara al grupo de países competitivos, de acuerdo a las clasificaciones del International Institute for Management Develpment.  
En un estudio publicado por el Foro Consultivo Científico y Tecnológico en el 2006 se evaluaron, entre otras cosas, los objetivos y metas planteados en el PECyT a partir de tres dimensiones con sus respectivos indicadores: a) el financiamiento a las actividades de ciencia y tecnología (inversión nacional en ciencia y tecnología (C y T) y gasto en investigación y desarrollo (I y D) como % del PIB, el porcentaje del gasto total del gobierno federal destinado a C y T, así como la participación del sector productivo en el gasto en I y D); y b) la formación de recursos humanos (número de personas dedicadas a I y D, número de personal dedicado a I y D por cada 1000 de la PEA, % de investigadores en el sector productivo, y formación de doctores por año); y c) competitividad (posición mundial en infraestructura científica y posición mundial en infraestructura tecnológica). A continuación sintetizamos algunos de sus resultados.

• El gasto nacional en ciencia y tecnología entre 2000 y 2005 se incrementó de 0.59% a 0.79% como porcentaje del PIB, cifra muy inferior a la contemplada en el PECyT que se esperaba fuera del 1.5% del PIB, 1% para investigación y desarrollo, 0.20% para posgrado y 0.30% para servicios científicos y tecnológicos. En ninguno de los tres renglones se alcanzó la meta trazada originalmente, ya para 2005 la inversión fue de 0.49% en I y D, 0.12 en posgrado  y 0.18% en servicios.
• El gasto federal en ciencia y tecnología representó apenas el 0.37% del PIB en 2005, cuando en el PECyT se esperaba que fuera de 1% del PIB para entonces. Además, para 2005 el gasto total del Gobierno Federal destinado a C y T era de apenas 2.12%, cuando en el PECyT se esperaba que fuera de 4% para entonces. El CONACYT que es el máximo órgano público regulador de las actividades de C y T en México ejerció menos de 15% del gasto gubernamental destinado para ello.
• México es uno de los países integrantes de la OCDE con el porcentaje de gasto en I y D respecto al PIB más bajos, apenas del 0.41% cuando el promedio es de 2.26%.
• El número de recursos humanos dedicados a las actividades de investigación y desarrollo ascendía en 2005 a 61,921 personas, de los cuales sólo 55.7 % eran investigadores, cifra inferior a la proyectada en el PECyT calculada en 80,000.
• En 2002 había sólo .6 investigadores por cada mil integrantes de la fuerza de trabajo, cuando en países como Japón, Francia o España este indicador alcanzó en ese orden  10, 7 y 4.7 investigadores por cada 10 mil integrantes de la fuerza de trabajo.
• El porcentaje de personal dedicado a la I y D ocupado en el sector productivo ascendía al final del periodo a 31.7%.
• La formación de doctores por año en 2006 fue de 1,874 graduados, cifra inferior a los 2,300 proyectados en el PECyT para ese año.
• La producción científica nacional se ha incrementado en los últimos años, así lo demuestran las cifras de la participación de la producción científica mexicana en el total mundial que en el 2000 era de 0.64% y en el 2005 de 0.77%. Sin embargo, este crecimiento no es comparable al que registra Brasil, que se coloca por encima de nuestro país contribuyendo con 1.42% de la producción científica mundial, y si se compara con la participación mundial del conjunto de los países de la OCDE en producción de artículos, México pasa a ocupar los últimos lugares por debajo de países como Turquía, Polonia, Finlandia y Grecia.
• La capacidad tecnológica decreció, pues la balanza de pagos tecnológica ha incrementado su balance negativo y pasó de -238.2 millones de dólares en 1996 a -511.7 millones en el 2004, el incremento entonces en este déficit se calcula en 115%.
• Las patentes solicitadas en el país ascendían a 14,436 en 2005, de las cuales sólo 584 fueron tramitadas por nacionales y el resto por extranjeros. Además, el 90.1% de las patentes fueron solicitadas por empresas grandes, 7.6% por inventores independientes, 1.7% por algún Instituto de Investigación y 0.4% por pequeñas empresas.

Se concluye entonces que las políticas en ciencia y tecnología en nuestro país distan mucho de contar con el apoyo del Estado para alcanzar una explotación del trabajo general y vincularlo a los procesos productivos locales. Con el simple ejercicio de evaluar los rasgos más generales de la política estatal en este rubro, podemos encontrar un desfase total entre los objetivos anunciados y los resultados palpables, lo que demuestra la falta de compromiso por parte del Estado y la burguesía nacionales para emprender un desarrollo desde dentro de nuestra formación social.
Una vez agotado este punto, debemos pasar ahora a analizar los rasgos más generales de la fisonomía de la estructura socioeconómica que ha resultado del desenvolvimiento de la acumulación capitalista en su forma subdesarrollada en nuestro país, bajo las dos modalidades de crecimiento tratadas hasta aquí. Esto con el objetivo de encontrar rasgos comunes que nos expliquen el tipo de relaciones de dominación establecidas entre el Estado y la sociedad y entre ésta y aquél, así como sus especificidades bajo patrones de crecimiento distintos.

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