3.5 El fenómeno migratorio.

Otro de los fenómenos sociales que revela la magnitud y la problemática que encierra la acumulación bajo el subdesarrollo, es la migración. Dentro de la población excedente, el éxodo de fuerza de trabajo hacia las economías desarrolladas se presenta generalmente como una estrategia de las personas en edad de trabajar tendiente a vender su fuerza de trabajo en mercados que les permitan obtener un empleo u ocupación, ante la incapacidad de encontrarlos en su país de origen. En este sentido, los países subdesarrollados están destinados a mantener constantes los flujos migratorios, en tanto la organización de sus procesos productivos transfiera estructuralmente inversión al polo desarrollado, generando una tendencia crónica a la expulsión de fuerza de trabajo. De acuerdo a Víctor Figueroa:
[…] Mientras bajo el subdesarrollo la acumulación consume más de lo que produce, en los países desarrollados la acumulación produce más de lo que consume. La insuficiencia de producción en un polo se satisface con el exceso de producción en el otro. Por consiguiente, mientras en el subdesarrollo la acumulación genera una sobrepoblación desbordante, en el desarrollo despliega una insuficiencia en la creación de su ejército de reserva. La organización imperialista de la producción, que condena a unos países al trabajo inmediato, de operación, distribuye también de manera desigual la energía con la cual cada polo del sistema genera fuerza de trabajo disponible. Concentra en el polo subdesarrollado los fondos de fuerza laboral que requieren los países desarrollados para su expansión.

México durante el patrón de crecimiento relativo aportó una importante cantidad de fuerza de trabajo a Estados Unidos, cuya función principal fue generar ingresos  de subsistencia para la población del país. Este sector de la población excedente logró perder su carácter absolutamente redundante para el capital, y logró integrarse a la población asalariada o al ejército industrial de reserva de Estados Unidos, sin perder por ello su condición de origen en relación a la economía local.
Durante los años treinta, los flujos migratorios de México hacia Estados Unidos registraron niveles sumamente bajos, ya que la recesión en Estados Unidos y el reparto agrario en nuestro país produjeron una disminución sensible en el flujo de emigrantes, y  la deportación masiva de nacionales instrumentada por el gobierno norteamericano ocasionaron que el vuelco migratorio cesara temporalmente. De acuerdo a Gustavo Verduzco:
Entre 1921y 1930 habían migrado a ese país [Estados Unidos] 4.1 millones de personas de todas las nacionalidades, mientras que para la década siguiente el contingente bajó a sólo 0.52 millones, de los cuales 65 por ciento  fueron europeos. Lo inmigrantes mexicanos bajaron de 459 mil en la década de 1921-30, a sólo 22 mil entre 1931-40, o sea, tan sólo inmigró cuatro por ciento con respecto al contingente anterior. Sin embargo, más que la baja en la inmigración, la Gran Depresión empujó al gobierno estadounidense a la repatriación de 345 000 mexicanos entre 1929 y 1932 […].

Para la década de los cuarenta, a consecuencia del déficit de mano de obra registrado en Estados Unidos en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, la demanda de fuerza de trabajo mexicana se incrementa de manera notoria en aquel país. Esta situación posibilitó que por primera vez los gobiernos de México y Estados Unidos negociaran acuerdos sobre el proceso migratorio, con lo que éste se institucionalizará durante cerca de 22 años favoreciendo el fortalecimiento de las redes sociales migratorias, cuya principal característica fue la no residencia permanente. Sin embargo, a partir del primer tercio de la década de los sesenta se reducen las visas para braceros y se incrementa la migración indocumentada.
De acuerdo Francisco Alba: “Los Programas de Braceros se renovaron en más de una ocasión entre su inicio en 1942 y su terminación en 1964. Durante este largo periodo la migración fue, de manera importante, ordenada y documentada. Hubo 4.5 millones de registros de movimientos en el marco de los convenios bilaterales, aunque también las aprehensiones alcanzaron una cifra similar.” Sin embargo, las cifras sobre el número de personas que se beneficiaron de este programa varía entre autores; por ejemplo, Richard B. Craig calcula en 4,336,785 el número de braceros admitidos y  Julian Samora contabiliza 4.8 millones, mientras Verduzco suma un total de 4.6 millones. Por otra parte, Jorge Durand calcula que durante los 22 años que duró el Programa Bracero el número de indocumentados  ingresados a Estados Unidos ascendió a 5 millones.
Cualquiera que sea la cifra tomada como referente, lo cierto es que podemos hablar de un fenómeno estructural que masificó la migración de mexicanos hacia Estados Unidos, y lo más destacable es que haya sido el propio Estado mexicano quien organizara esta contratación de fuerza de trabajo nacional fuera de sus fronteras. Particularmente si tomamos en cuenta que en este mismo periodo inicia una fase de crecimiento económico bajo la modalidad de industrialización por sustitución de importaciones en nuestro país, que llevaría a nuestra economía a crecer a elevados ritmos. Sin embargo, a pesar de un contexto económico favorable lo que subsiste a lo largo de estos años es un excedente de fuerza laboral -particularmente de origen rural- que no encuentra acomodo en las ciudades y centros industriales, y que engrosará las filas de los migrantes documentados e indocumentados a partir de entonces. El hecho de que sea el Estado el protagonista en este proceso nos da una idea de la problemática que encierra la acumulación bajo el subdesarrollo, donde amplios contingentes de la población en edad productiva se convierten en absolutamente redundantes para la acumulación y son absorbidos por el polo desarrollado.
Esta explicación sin embargo no está presente en otros estudios. Verduzco destaca que la migración laboral al vecino país del norte tuvo un carácter complementario, no sólo en términos de ingresos sino también en relación al empleo. Sin embargo, esto lo lleva a concluir que los flujos migratorios durante ese periodo estuvieron determinados más por el lado de la demanda, que el de la oferta de fuerza de trabajo. Como si el hecho de querer ganar un ingreso extraordinario por lo trabajadores fuera razón suficiente para explicar la magnitud que adoptó el fenómeno. Más aún, las cifras aportadas por algunos autores demuestran que a la par de la migración legal hubo una similar ilegal o indocumentada. Si la demanda era tal, ¿por qué el gobierno norteamericano limitaría la absorción de esta fuerza de trabajo pactando con su homólogo mexicano un acuerdo como el Programa Bracero, que tenía como objetivo central la contratación temporal de los migrantes mexicanos y su inserción a procesos productivos -principalmente agrícolas- muy específicos?
En realidad, tanto la demanda como la oferta de mano de obra estuvieron mutuamente condicionadas por la estrecha y dispar vinculación que desde entonces sostienen las economías de ambos países, marcada por la transferencia unilateral de inversión productiva de México hacia Estados Unidos, que generaba sobre oferta laboral en un lado de la frontera y escasez de la misma en el otro.
Verduzco remite a algunos estudios empíricos sobre el tema, donde resalta datos sobre la focalización de la migración en algunos estados del norte y occidente del país, el perfil socieconómico medio y la procedencia campesina de los migrantes, así como el hecho de que para la mayoría de estas personas representó un evento único en sus vidas, y los ingresos que obtuvieron por emplearse en el país vecino generalmente representaron sólo gastos complementarios para el hogar.
Este argumento es atractivo, pero difícilmente nos alcanza para explicar en su totalidad la diáspora migratoria durante este periodo en nuestro país. El perfil migratorio que construye Verduzco, aun haciendo abstracción del posible sesgo espacio-temporal que contienen los estudios empíricos que cita para respaldar su argumento, difícilmente coincide con la realidad, ¿si eran en general “campesinos de los estratos medios” -y aquí habría que cuestionarse si una parcela con escaso potencial productivo es suficiente para incluir a los amplios contingentes migratorios que caracterizaron la migración entonces- cómo se explica que soportaran condiciones de trabajo tan precarias y se expusieran a todas las vicisitudes que encierra el migrar del lugar de origen, sólo para “complementar el gasto del hogar”? ¿no nos está dando cuenta todo esto de una incapacidad estructural del aparato productivo nacional para absorber fuerza de trabajo, que se manifiesta en el fenómeno migratorio?
Si simplemente nos conformamos con hacer un balance de los “positivos indicadores económicos” durante el modelo orientado hacia el mercado interno en nuestro país y lo contrastamos con los datos negativos que ofrecen las altas tasas de migración, es obvio que una respuesta como la que ofrece Verduzco nos parezca plausible. Pero cuando estos mismos datos los analizamos como resultado de la ausencia de una gestión estatal del desarrollo entonces el fenómeno adquiere una dimensión estructural.
Como quiera que sea, el Programa Bracero perdió su viabilidad, particularmente para el gobierno norteamericano, por una serie de problemáticas que encerraba la vigencia de un acuerdo de esta magnitud. Jorge Durand, encuentra un conjunto de factores que precipitaron su suspensión, que a continuación reseñamos:

1. Se generó un movimiento ascendente de trabajadores indocumentados, que empezó a crear desencuentros entre los gobiernos de Estados Unidos y México, y que sin embargo era motivado por la demanda norteamericana y el solapamiento de su gobierno.
2. Los desencuentros entre ambos gobiernos también tuvieron que ver con las distintas ópticas con la que trataban el problema de las condiciones laborales de los trabajadores braceros, ya que mientras México amenazaba con suspender el suministro de fuerza de trabajo, el gobierno norteamericano contrataba unilateralmente a trabajadores o legalizaba otros tantos.
3. Otro problema que se argumentaba en contra de la continuación del programa es que se requería de una burocracia excesiva en ambos lados de la frontera para su funcionamiento.
4. Las diferencias y problemas derivadas de los desencuentros en la definición del lugar donde debería realizarse el reclutamiento de braceros, del lado mexicano se argumentaba que éste debía de hacerse en las zonas de concentración de la población migrante dentro del territorio del país y no en la frontera como proponían los norteamericanos.
5. La contratación masiva de trabajadores temporales afectó el mercado de trabajo de ambos países.
6. La incorporación al Programa dejaba al trabajador a merced del empleador y sin prácticamente ninguna protección de las autoridades de ambos países.
7. El incumplimiento de las normas del contrato por parte de los empleadores incrementó los problemas en las negociaciones anuales entre ambos gobiernos.
8. En el fondo, el problema fue que el acuerdo logrado en tiempos de guerra resultaba demasiado oneroso en tiempos de paz, sobre todo si la opción de contratar indocumentados estaba a la mano.

Pero nuestro país siguió reportando un constante incremento del flujo migratorio a medida que el patrón de crecimiento relativo se consolidaba, lo que nos aporta un elemento más para caracterizar el carácter estructural de esta problemática. Desde mediados de la década de los sesenta hasta inicios de la década de los ochenta continuó creciendo la migración de nacionales hacia Estados Unidos.
En estos años la demanda de fuerza de trabajo en el vecino país del norte será asegurada por el incremento de la migración indocumentada, que en los hechos le permitiría a los empleadores norteamericanos abaratar los salarios y flexibilizar la contratación y ocupación de los trabajadores, además de consolidar una reserva importante de fuerza de trabajo.
En la década de los setenta la industrialización sustitutiva de importaciones en México entra en una fase de franco declive y agotamiento, mientras en Estados Unidos se genera una demanda creciente de fuerza de trabajo migrante barata. Sin embargo, los canales de ingreso al vecino país del norte se redujeron en este periodo a consecuencia de la instrumentación de medidas que buscaron establecer controles a la migración, como fue la enmienda en 1965 al Acta de Inmigración de Nacionalidad de 1952, que entre otras cosas dio prioridad a la reunificación familiar como base para permitir la inmigración legal.
Sin embargo, continuó el incremento significativo de la migración indocumentada que no tardó en ser estigmatizada bajo la forma de la criminalización del migrante. Sin embargo, la postura del gobierno mexicano durante estos años consistió en dar la vuelta al problema y no comprometerse con una política activa que buscara solucionar la problemática que envuelve este fenómeno para ambos países. Con lo que se instituye en esos años lo que García y Griego caracteriza como “la política de la no política”.
A partir de la década de los ochenta y hasta nuestros días, como resultado de los efectos negativos del patrón neoliberal sobre el crecimiento económico, el empleo y los salarios, la migración se desborda. El proceso de apertura económica indiscriminada que se consolida con el TLCAN, así como el ataque a las condiciones laborales y el bienestar de los trabajadores que representó la reestructuración productiva, se constituyeron en factores detonantes del fenómeno migratorio.
A mediados de la década de los ochenta el ascenso de la migración comenzó a repercutir ampliamente dentro de la opinión pública norteamericana, así como en las esferas del gobierno, por lo que en 1986 se impulsa la Inmigration Reforma and Control Act o IRCA por sus siglas en inglés. Esta reforma contemplaba la implementación de un programa de trabajadores invitados para solventar la demanda de fuerza de trabajado de los granjeros estadounidenses, sanciones a los empleadores ilegales, amnistía a los indocumentados ingresados antes de 1982 que no hubieran salido del país, un aumento en las visas para mexicanos y un incremento en el presupuesto para la Patrulla Fronteriza con el objetivo de alcanzar un mayor control sobre la frontera.
Esta medida tuvo como objetivo frenar la llegada creciente de migrantes mexicanos indocumentados, desarraigados por los efectos negativos de la crisis de la deuda externa en México, la crisis productiva en el campo y atraídos por la creciente integración económica entre ambos países.
A pesar de la legalizaron de 2.3 millones de mexicanos indocumentados que se beneficiaron de la nueva Ley, del buen desempeño del programa temporal de empleo a migrantes, y del reforzamiento de la frontera, no se logra contener la diáspora mexicana ni su elevado componente indocumentado. De hecho la migración registró de manera constante volúmenes muy superiores a los de décadas pasadas:
[…] durante los años setenta se calculaba que la población mexicana (nacida en México), residente en Estados Unidos, era de cerca de dos millones de personas, mientras que según datos del censo estadounidense [de] 1990, esta misma población aumentó a 4.3 millones,  es decir a más del doble. Además, es necesario consierar a la población mexicana no residente que trabaja temporalmente en Estados Unidos. Por otro lado, al menos en teoría, aquellos trabajadores legalizados bajo el Special Agricultural Worker Program, no son residentes, y en ese caso elevarían el número de mexicanos a 5.2 millones, aunque no tenemos forma de saber si se declararon residentes o no.

Este incremento migratorio transcurrió no como resultado de la IRCA pero si a pesar de ella, y de otras medidas legislativas implementadas mucho más radicales, como la Iniciativa de Ley núm. 187 en California que contemplaba la suspensión de servicios públicos a indocumentados y la obligación de los servidores públicos de denunciarlos; o la Ley de Reforma de Inmigración y responsabilidad del Inmigrante de 1996, una reforma altamente discriminatoria para los migrantes legales e ilegales, que también cancela el beneficio de algunos programas de asistencia social, prohíbe la educación postsecundaria a los indocumentados y a sus hijos, y cierra el ingreso a extranjeros susceptibles de convertirse en una carga al erario público por la demanda de ciertos servicios públicos. Incluso se han implementado desde entonces políticas radicales como la Operación Guardián, el reforzamiento de la seguridad en la frontera con el incremento de más oficiales a la Patrulla Fronteriza, e incluso el levantamiento del muro fronterizo y la militarización de amplios tramos del paso de fronterizo.
Como sea, las estrategias implementadas por el gobierno norteamericano no frenaron el flujo migratorio, profundamente determinado por la incapacidad estructural de la economía mexicana para generar empleo suficiente y bien remunerado para sus habitantes en edad de trabajar, y por otra parte parte, por la sobre demanda de fuerza de trabajo de la economía norteamericana, en condiciones de producir mucho más que lo que le demanda su mercado interno. De esta forma:
En la primera década del nuevo siglo, la migración mexicana se disparó alcanzando de 400 000 a 500 000 emigrantes al año, y sumando casi tres millones de personas durante el sexenio de Fox, y las remesas llegaron a 24 000 millones de dólares en 2007, situándose como la segunda fuente de divisas del país después del petróleo. Tal magnitud del flujo de la comunidad mexicana en Estados Unidos –en su mayor parte indocumentada: 6 a 7 millones de una colonia total de 12, 7- obligaba a los gobierno de México y de Estados Unidos a buscar una solución política concertada y de amplio espectro al problema.

Al iniciar el sexenio de Vicente Fox existen importantes esfuerzos por conciliar una agenda migratoria con el vecino país del norte, que es abortada como resultado de los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001 y lleva desde entonces a un endurecimiento de la política migratoria estadounidense. Por su parte, el gobierno mexicano ante la visibilidad y creciente importancia estratégica del fenómeno, implementó una política orientada a un cierto acercamiento con la población migrante. De ello resultó la reforma política orientada a darle el voto a los mexicanos en el extranjero.
Esta nueva posición del gobierno mexicano en relación al tema de la migración hacia Estados Unidos, en los hechos demuestra la total falta de expectativas para dar una solución al problema desde nuestro país. De hecho existe un reconocimiento implícito a los efectos detonadores que el modelo de crecimiento implementado en las últimas tres décadas ha tenido en la constitución de este enorme éxodo de connacionales, ante la falta empleos en el campo y la ciudad y la enorme precarización de los mismos, que no son sino una consecuencia de la exacerbación de las contradicciones inherentes a la acumulación bajo el subdesarrollo en su forma histórica exportadora.
La información contenida en el Cuadro 6 nos muestra la evolución del papel cada vez más preponderante de la población mexicana residente en Estados Unidos desde el año 1990. De representar el 1.8% de la población total en Estados Unidos en 1990, en 2005 pasó a representar el 3.9%, lo que ha convertido a México como el país con más población en aquél país.

La conformación de esta población mexicana residente en los Estados Unidos ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. De estar compuesta en 1940 por alrededor de un 80% por mexicanos de segunda y tercera generación -esto es, de población no nacida en México con alguno de sus padres residiendo en nuestro país o cuyos padres tampoco nacieron en México pero se declaran México-Americanos (chicanos)-; en el 2007 las personas  nacidas en nuestro país residentes en el vecino país del norte representaban ya el 39% del total de población nacional residente en aquél país, lo que nos habla de la intensidad del flujo migratorio en los últimos años (ver Cuadro 7). De acuerdo a esta cifras, el cálculo de mexicanos radicando en Estados Unidos representa el 11.4% de la población total de nuestro país, misma que de acuerdo al II Conteo de Población y Vivienda 2005 ascendió a 103 263 388 habitantes.

La importancia económica de la migración se refleja en el peso que han adquirido por las remesas (en tanto contribuciones enviadas por los mexicanos que trabajan en los Estados Unidos a sus familias en nuestro país) como una fuente de divisas de primer orden en los últimos años. El incremento de estos recursos ha sido exponencial en las últimas décadas, en 1990 se calculaban en alrededor de 2.5 mil millones de dólares y para el año 2008 superaron los 25 mil millones de dólares (ver Gráfica 2), lo que ha convertido a nuestro país  en  el  tercer país que más remesas percibe en el mundo, tan solo superado por India y China.
Elaboración propia con base a datos de la página electrónica del Consejo Nacional de
 Población  (CONAPO): <www.conapo.gob.mx>.

Desde mediados de los noventa las remesas ya se habían convertido en la segunda fuente de ingresos al país por exportaciones después del petróleo; desde finales de esa década superó  a los ingresos derivados del turismo; y desde 2004 su monto ha casi igualado el saldo de la balanza comercial de maquiladoras (ver Cuadro 8). Además, estos recursos representaron en 2006 el 2,7% del Producto Interno Bruto nacional.
Estos datos no deben de llevarnos a la conclusión de que las remesas podrían llegar a convertirse en una potencial fuente recursos para detonar el desarrollo del país. Al contrario, la condición de fuerza de trabajo migrante de las personas que aportan estos recursos las ubican en los excedentes de población nacional, no sólo por su origen sino por que las remesas que envían a sus familias sirve no para acumular capital, sino como recursos de subsistencia normalmente complementarios al ingreso familiar. Esto es así muy a pesar de que tanto el gobierno federal como los gobiernos estatales donde priva en mayor medida el fenómeno migratorio, han emprendido programas para canalizar los recursos de las remesas para programas de desarrollo comunitario (tal es el caso del Programa 3x1 en Zacatecas).
Sin embargo, varios estudios tanto a nivel nacional como internacional han concluido que la mayoría de las familias que reciben remesas usan éstas en orden de prioridad, para consumo corriente, mejoras de inmuebles y educación. El Banco de México con la finalidad de saber ciertas características de los emisores y receptores de remesas en el país, aplicó tres encuestas en los años 2003, 2004 y 2005, y entre sus resultados destacaba el uso que las familias hacen de las remesas: 84 % de las mismas se destinan para gastos de manutención, el 6% a educación y el 3% y mejoras a inmuebles.
La consolidación de nuestro país como exportador de fuerza de trabajo migrante durante el patrón de crecimiento orientado al mercado externo, es una muestra muy clara de los efectos negativos que puede tener la acumulación en el subdesarrollo, en amplios contingentes poblacionales de la estructura socioeconómica. La diáspora masiva de mexicanos no tendrá fin en tanto no se resuelvan los problemas estructurales de absorción de fuerza de trabajo que tiene nuestro aparato productivo, y ello no ocurrirá en tanto no se emprenda un proyecto que tenga por objeto emprender el desarrollo del país sobre bases sólidas. Es posible también que Estados Unidos empiece a tener problemas para seguir absorbiendo en tal magnitud la mano de obra excedente que expulsa nuestra país, desde hace ya varios años la política migratoria estadounidense pare estar confirmando esta tendencia, a lo que se ha sumado la recesión económica que está cancelando empleos y precarizando los ya existentes. Como quiera que sea, las perspectivas no son nada prometedoras para nuestros migrantes en ambos lados de la frontera.

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