A fines de la década de los setenta las limitaciones de la ISI llevaron a una crisis económica que hacía patentes por lo menos tres grandes problemas: a) la crisis fiscal, que evidenciaba la incapacidad del Estado de hacerse de recursos propios y, en consecuencia, el incremento de la deuda pública interna y externa; b) la profundización del desequilibrio en la balanza de pagos; y c) la pérdida de legitimidad del Estado para encabezar el desarrollo nacional.
El gobierno buscó en todo momento evitar el estancamiento económico y la inflación, con el objetivo de darle un nuevo aliento a la industrialización con sustitución de importaciones, por lo que para salir de la crisis:
[…] incrementó el gasto público y aumentó la cantidad de dinero, al mismo tiempo que mantuvo el tipo de cambio fijo. En 1972 los gastos se incrementaron 20% y la cantidad de dinero en circulación 19.2%. El resultado en términos macroeconómicos fue un aumento del déficit fiscal y de la balanza comercial […] La inflación, orgullo de México en los dos decenios anteriores, alcanzó en forma crónica niveles de dos dígitos, pasando de 3.4% en 1969 a un promedio de 10% anual durante el periodo 1970-1975.
En este contexto, el tema de la dependencia científica y tecnológica de nuestro país ya estaba sobre la mesa, y con la influencia del pensamiento latinoamericano (léase teoría de la dependencia) se generaliza una postura crítica en el país en relación a las empresas multinacionales, se cuestiona el rumbo de la industrialización caracterizada por su dependencia tecnológica hacia los países desarrollados, y se proponen esquemas nacionalistas que recomiendan una ruptura con las metrópolis para salir del atraso tecnológico.
El papel de la tecnología extranjera en el desarrollo industrial de México en los setenta era caracterizado por Wionczack, Bueno y Navarrete de la siguiente forma:
a) La parte decisiva de los conocimientos técnicos y de los procesos tecnológicos que actualmente se usan en la planta industrial de México provienen directamente del exterior, especialmente de Estados Unidos. Esta situación es particularmente notoria en las actividades industriales dinámicas y modernas, tanto productoras de bienes de consumo duradero, como de bienes intermedios y bienes de capital. En cambio, en la industria tradicional productora de satisfactores primarios y de otros bienes de consumo sencillos, que también en general trabaja con una tecnología extranjera, su participación es mínima;
b) Son escasas las instancias en las que la tecnología importada está sujeta a procesos de adaptación interna, como no sean los de la instalación de plantas de tamaño subóptimo, dada la capacidad de absorción del mercado;
c) Del acervo general de tecnología extranjera que utiliza el país, no es posible definir qué parte corresponde a la tecnología libremente disponible en el ámbito mundial y que llega al país a través del personal adiestrado en el exterior, los libros y otra literatura técnica; qué parte viene incorporada en los equipos, maquinaria y otros bienes de capital importados, y qué parte se obtiene a través de la inversión extranjera directa;
d) Sin embargo, parece que la forma más importante de transferencia de tecnología extranjera a México son los acuerdos contractuales al nivel de empresa.
De acuerdo con Germán Sánchez Daza el problema de la escasa generación de ciencia y tecnología aplicada a los procesos productivos, se relacionó entonces con los costos que la dependencia tecnológica generaba para el país en términos del pago de regalías y patentes, así como con la pertinencia de la adquisición de dichas tecnologías para la acumulación, por sus efectos en la subutilización de mano de obra y en la deformación de los patrones de consumo. Por ello, el discurso que dominará entonces tendrá como objetivos: a) generar tecnologías apropiadas al país y abundantes en mano de obra, ya que es inviable utilizar tecnologías ahorradoras de ella; b) disminuir la transferencia de recursos hacia los países desarrollados estableciendo diversos ordenamientos legales sobre tecnología, con la finalidad de controlar la transferencia vía patentes, regalías, etc.; y c) realizar políticas específicas de ciencia y tecnología para fortalecer la investigación y el desarrollo científico y tecnológico.
En el marco de estas ideas, en el sexenio de Luis Echeverría se desarrollan diferentes acciones con el objetivo de llevarlas a la práctica. Así se crea el CONACYT y la Ley Sobre el Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas, que convergen en la elaboración del Plan Nacional Indicativo de Ciencia y Tecnología. El objetivo general de este plan era construir un sistema científico y tecnológico con relaciones armónicas con los sistemas económico, educativo, político y cultural, integrado a la política general del desarrollo, para que a través del desenvolvimiento de la ciencia y tecnología nacionales se pudiera alcanzar la autonomía y autodeterminación científica y tecnológica.
Estos importantes esfuerzos fueron en buena medida abortados en el sexenio de José López Portillo. Primero, como resultado de las dificultades por las que atravesaba la economía nacional al inicio del sexenio, que llevaron al gobierno mexicano a firmar un convenio de facilidad ampliada con el Fondo Monetario Internacional vigente entre 1977-1979; después, como resultado del auge petrolero y del crédito externo que permitió al Estado impulsar una política de desarrollo a través de un abundante gasto público. De acuerdo a José Romero:
En 1977 México produjo 534 trillones y tres años después 968.3 trillones […] En tan sólo cuatro años la exportación pasó de 202 millones de barriles diarios en 1977 a 828 millones en 1980 (de 987 millones de dólares a 9,450 millones de dólares) y todo el crecimiento se financió con crédito externo. Se pensaba que el petróleo proporcionaría divisas suficientes para pagar los préstamos. El endeudamiento creció a la par que la producción de crudo. La mayor parte de los préstamos se destinaba a PEMEX, que en 1979 debía 20% de la deuda externa nacional. La economía se petrolizaba a pasos agigantados, pues las exportaciones de crudo que en 1979 representaban 45% llegaron en 1982 a 78%.
Esta estrategia demostró en el corto plazo ser sumamente débil, porque depositaba en las manos del mercado petrolero, es decir, en factores externos, el funcionamiento de toda la política de desarrollo. Por lo que a principios de los ochenta se presentó una severa crisis, que evidenció las contradicciones del último intento por sostener el modelo económico orientado al mercado interno: “El financiamiento complementario del exterior al proyecto petrolero e industrial que el gobierno había emprendido tropezó con la propia caída de los precios petroleros y del mercado internacional de hidrocarburos, con la elevación súbita de las tasas de interés y la escasez del crédito, que entramparon al proyecto en una crisis de deudas, sin haber conseguido los cambios necesarios en la planta industrial”.
En medio de una crisis económica caracterizada por fuga masiva de capitales, especulación financiera y una espiral inflacionaria traducida en devaluación; la visión mucho más fragmentaria y empirista en materia de ciencia y tecnología impulsada en este sexenio, plasmada en un plan científico tecnológico que no era más que “un recuento de proyectos y demandas” , había mostrado su rotundo fracaso.
Con esta coyuntura se cerraba un ciclo de la acumulación capitalista en el país, caracterizado por una nula gestión estatal del desarrollo, que si bien había impulsado un proceso importante de industrialización, no llevó la sustitución de importaciones a los bienes de capital, por lo que podemos caracterizarla como una industrialización truncada. Así mismo, la planta industrial mexicana, que había pasado a ser el motor de la economía al final del ciclo, se había vuelto totalmente dependiente del progreso generado en los Estados Unidos. Así llegaba a su fin el patrón de crecimiento económico orientado al mercado interno en nuestro país.
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