RESUMEN

La tesis que sometemos a su consideración es un compendio de los resultados investigativos de la autora sobre el tema de Las Contravenciones y Los Delitos Paralelos.

Contiene una breve pero precisa reseña histórica de la evolución del tratamiento a las contravenciones en Cuba desde la época colonial hasta su inserción dentro del subsistema jurídico administrativo en la actualidad.

A partir del estudio doctrinal y de Derecho comparado, se analiza la evolución, denominación y naturaleza jurídica de la materia que da tratamiento al sistema contravencional en diferentes contextos y también en nuestro país.

Se hace una clasificación normativa de los ilícitos administrativos recogidos en el Derecho positivo, con la finalidad de identificar las características de cada grupo y demostrar la necesidad de una tutela jurídica diferente para cada uno.

Los delitos paralelos se abordan como una institución novedosa incorporada por nuestro Legislador, en la búsqueda de alternativas a un Derecho Penal basado en el principio de “mínima intervención penal”, que otorga a las normas marcadas con esta doble tutela la posibilidad de constituir ilícitos penales o administrativos, en dependencia de las características del hecho y la conducta del autor.

Finalmente, a partir de los principios de “legalidad, oportunidad, tipicidad y non bis in ídem”se hace referencia a las virtudes y falencias de estos grupos normativos y la necesidad de perfeccionamiento jurídico de esta parte del Derecho positivo y adjetivo dentro de nuestro Ordenamiento Jurídico.

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo incursiona en dos Sistemas de nuestro Ordenamiento Jurídico (El Derecho Administrativo y El Derecho Penal) esto se explica a partir del contenido normativo de nuestro objeto de estudio (Las Contravenciones y Los Delitos Paralelos)

El estudio del Sistema Contravencional en Cuba constituye un ámbito de nuestro Ordenamiento Jurídico que investigo desde hace casi una década, lo que me ha permitido conocer sus principales virtudes y falencias.

El hecho de que el Legislador extrajera del campo del Derecho Penal los ilícitos contravencionales e instituyera su sistemática a partir de regulaciones muy elementales, creó un marco propicio para la dispersión normativa y la distorsión de la naturaleza jurídica de muchas de las figuras típicas que hoy integran este conjunto de normas.

En nuestro país, el Derecho Contravencional se ha incorporado al ámbito del Derecho Administrativo, pero dada la escasa tutela jurídica e institucional otorgada a la Legislación que lo conforma, intenté realizar una construcción que delimite el campo jurídico al que se insertan sus normas dentro de esta rama.

El estudio del Derecho contravencional es una materia virgen, pues (exceptuando las investigaciones precedentes que sobre este tema realicé) sólo conozco dos artículos de autores cubanos que lo abordan. .

Es un hecho cierto que la esfera administrativa de los Ordenamientos Jurídicos de la mayoría de los países en este siglo XXI, aparece invadida por normas de carácter represivo (algunas de naturaleza penal y otras contravencionales) fenómeno al cual se le ha denominado “administrativización del Derecho Penal” que obedece a una política de descodificación, impulsada por el pujante desarrollo tecnológico y societal que hacen cada vez más complejas y disímiles las áreas de regulación entre el Estado y las personas; pero también influenciada por la tendencia “Minimalista del Derecho Penal” que trata de encontrar alternativas represivas en otras áreas del Ordenamiento Jurídico, lo cual en nuestro caso ha repercutido en la hipertrofia del sistema contravencional por una parte y en la inclusión de variantes de desjudicialización sin la debida maduración legislativa por otra, que pueden conducir a disfunciones de los sistemas jurídico-penal y jurídico-administrativo como se aprecia en nuestro trabajo.

Los factores antes mencionados han generado un cruce legislativo en el que con frecuencia se confunden Poder Punitivo y Potestad Sancionadora de la Administración; Derecho Penal y Derecho Administrativo Sancionador, con un saldo negativo en materia de seguridad jurídica.

Una de las fórmulas ideadas por nuestro Legislador para desjudicializar determinados tipos penales la constituyen los denominados “Delitos Paralelos”, pero la carente e incorrecta instrumentación legal para su aplicación, amén de la precariedad institucional y jurídica que se aprecia en nuestro Derecho Administrativo Sancionador han contribuido a su cuestionamiento y validez.

Para realizar una valoración objetiva de la tutela jurídica a estas instituciones, tanto en el ámbito sustantivo como en el adjetivo, tomamos como punto de partida el principio de Legalidad; pero la Ciencia del Derecho ha hecho evolucionar su contenido hacia dos vertientes: (formal y material) desde la vertiente formal, analizamos su aplicación durante el proceso de elaboración de estas normas; y desde su vertiente material, (debido a que aparece conectado con otros principios como el de tipicidad, proporcionalidad y non bis in ídem) valoramos su posible repercusión en el funcionamiento de estos sistemas.

La conjugación del principio de Legalidad con el poder discrecional de la Administración durante el ejercicio de la Potestad Sancionadora, es uno de los aspectos más debatidos hoy por los tratadistas que incursionan en la materia, los cuales aparecen vinculados a la problemática que abordo y que desde nuestro punto de vista, conduce a la necesidad de establecer sus límites.

Las garantías recogidas en el artículo 59 de la Constitución, reproducen el contenido del principio de Legalidad en materia de Derecho Penal, por lo que también nuestro análisis jurídico institucional sobre los Delitos Paralelos tienen como punto de partida estos presupuestos.