Ulises Castro Álvarez
Después de la Gran Depresión de 1929 quedó de manifiesto que en el capitalismo el laissez-faire como estrategia para el desarrollo tenía grandes debilidades, surgiendo entonces el Keynesianismo como alternativa teórica para explicar las razones de la crisis y proponer alternativas que pudieran restablecer el equilibrio y superar el problema de empleo masivo que existía.
En los países desarrollados se tomó como alternativa la intervención del Estado en la promoción del desarrollo, para corregir los desequilibrios generados por la fuerzas del mercado diseñando políticas macroeconómicas activas tanto en el ámbito monetario como fiscal con el propósito de regular el ciclo económico y alcanzar los niveles de ocupación requeridos. En América Latina y concretamente en México surge la corriente estructuralista que propuso la relevancia del Estado en el ámbito macroeconómico, tratando de encontrar el mejor camino para transitar hacia el desarrollo tomando en cuenta las características muy particulares de la región latinoamericana, (Calva, 2002).
Se propone el modelo de sustitución de importaciones como la vía para lograr el desarrollo industrial del país, creando una plataforma industrial (que en gran medida sigue siendo vigente hasta nuestros días), utilizando como instrumentos una política proteccionista con respecto de la competencia exterior y una política fiscal expansiva y de apoyo a la industria, durante casi medio siglo; estas medidas de política económica generaron un crecimiento sostenido que le permitió a México registrar incrementos en el PIB per cápita de 353.1% durante el periodo 1935-1981, con una tasa media de crecimiento anual de 3.2%, la inversión fija bruta per cápita creció de manera espectacular 1 741.4% a una tasa media anual de 5.7% y el poder adquisitivo de los salarios mínimos se incrementaron en 127.2%, sin embargo, fue en este mismo periodo a principios de los años setenta que el modelo sustitutivo de importaciones comienza a dar visos de desgaste y agotamiento, al mostrarse desequilibrios externos por los niveles de importaciones de bienes de capital y bienes intermedios necesarios para realizar la consolidación de la industria, una política cambiaria de sobrevaluación de la moneda que redujo la competitividad de los productos nacionales, incrementando el déficit en cuenta corriente, lo que aunado a un fuerte déficit fiscal, obligó a hacer uso del endeudamiento externo para financiarlos llegando a un situación crítica que se reflejó en la crisis de 1982.(Calva, 2002).
En los 70’s con los problemas ya sentidos del desgaste del modelo de sustitución de importaciones, el gobierno federal define una estrategia de desarrollo que tenía como propósito general aumentar la capacidad del sistema económico para absorber mano de obra, distribuir mejor el producto nacional, acelerar el crecimiento y afianzar la independencia técnica y económica del exterior. Los problemas de desempleo eran evidentes por lo que la política económica tenía como aspecto primordial la generación de empleo.
Para ello se estableció como meta de crecimiento un incremento del Producto Interno Bruto del 8% anual para el periodo de 1974 a 1980 considerando con ello un aumento en la capacidad global de la economía para crear ocupación. Los instrumentos clave en la estrategia para alcanzar el crecimiento acelerado de la economía se definieron a través de una política fiscal expansiva, la promoción de exportaciones, el turismo y un sector agropecuario más activo, elementos considerados como los factores dinámicos capaces de impulsar al resto de los sectores productivos al crecimiento, (SPP, 1985).
El aumento constante del gasto público se definió como eje para incrementar la demanda efectiva y el mercado mediante estímulo al empleo mientras que por el lado de la oferta, se planteó extender la capacidad productiva del Estado en áreas como los energéticos y la infraestructura de transporte estimulando a los productores privados, principalmente en el sector agropecuario y en el turismo, con preocupación especial en la capacidad adquisitiva de la población rural. (SPP, 1985).
Como puede observarse, la estrategia de desarrollo económico se sustentaba principalmente en el gasto público como eje para dinamizar la economía buscando que éste estimulara la inversión privada en los sectores considerados como prioritarios, combinando el uso de medidas directas e indirectas a través de las cuales se pretendía coordinar la actividad empresarial con programas específicos del sector público.
A nivel sectorial dentro de la estrategia general el sector agropecuario cobra relevancia, estableciéndolo como prioritario para aumentar el nivel de ocupación productiva, ampliando la capacidad del sector para absorber mano de obra, elevar el nivel general de ingresos y mejorar su distribución, incrementar la oferta de alimentos para lograr el autoabastecimiento interno y aumentar la exportación, los aspectos productivos se complementan con la atención con programas de educación y seguridad social en el campo.
La agricultura de subsistencia, característica de las áreas de temporal, se determina como el centro de la política agropecuaria, orientado con mayor énfasis el gasto público a ésas áreas, la formación de capital humano a través del extensionismo y la organización de productores también fue considerada como prioritario junto con una política preferencial de crédito diferenciado entre la agricultura de subsistencia y la agricultura moderna.
Para la ganadería se consideró incrementar la inversión pública en infraestructura e investigación al igual que para la silvicultura. En el caso de la pesca los esfuerzos se orientaron a la solución de los problemas de organización de las sociedades cooperativas y al mejoramiento de las instalaciones portuarias.
Para el sector industrial y energético, se estableció como estrategia la redefinición de la estructura industrial, orientado la producción hacia la generación de bienes de consumo popular, la consolidación de la industria de bienes de capital, el aprovechamiento eficiente de los energéticos y el incremento de las exportaciones.(SPP, 1985).
La prioridad del sector industrial en la estrategia de desarrollo se debe a que ocupaba el 20% de la población económicamente activa que equivalían aproximadamente a alrededor de dos millones y medio de personas que aunque menor a la ocupación generada por la agricultura, se tomaba en cuenta que el sector industrial podría mantener su propia dinámica y además era el sector que mejores remuneraciones producía.
Para el sector externo la prioridad era garantizar la independencia respecto del exterior, reducir el déficit en cuenta corriente y no sobrepasar el límite de endeudamiento externo correspondiente al 0.5% del PIB, realizar un gran esfuerzo en materia de exportaciones, se consideraba aumentar las ventas totales al exterior a una tasa no menor del 15% anual a precios corrientes, sustentadas en un crecimiento del 14 al 14.5% de la exportación de mercancías y en un expansión del turismo a una tasa anual promedio de 18 a 20%.
Para alentar al turismo, al considerarla una actividad fuente importante de divisas netas, con gran capacidad de absorber mano de obra y de descentralizar la actividad económica, se pusieron en marcha distintos programas tendientes a crear una atmósfera adecuada y eliminar obstáculos. En este periodo, se comprometieron recursos públicos para incrementar la infraestructura para desarrollar nuevos centros turísticos, como la Península de Baja California, Cancún y Zihuatanejo. Además el Estado buscó facilitar la asociación con particulares mexicanos y promover directamente la construcción de hoteles, con el fin de proporcionar respaldo y seguridad a los inversionistas locales, para que canalizaran sus propios recursos hacia esta actividad de la que están siendo desplazados por las grandes cadenas hoteleras internacionales. La promoción del turismo en todas sus formas, se incluyó como parte sustantiva de la política del sector externo. El objetivo en este renglón fue incrementar la afluencia de extranjeros en 600 000 personas por año, hasta alcanzar en 1976, 5.5 millones de visitantes aproximadamente apoyándose en la operación de las líneas aéreas nacionales. (SPP, 1985).
Como es observable, la política de desarrollo nacional durante la década de los setenta se sustentó fundamentalmente en un impulso agresivo del gasto y la inversión pública que como lo señala Enrique Cárdenas (1996), estos se financian generalmente a través de emisión monetaria o por endeudamiento externo.
Sin embargo, las metas de crecimiento establecidas en la estrategia de desarrollo tuvieron respuesta positiva, entre 1971 y 1981 la economía mexicana creció a una tasa anual de 6.7% en términos reales y 3.7% por habitante. El motor del desarrollo además del gasto público fue el auge petrolero, apalancados por el endeudamiento externo, parte de estos capitales salieron después en una fuga relampagueante en los periodos previos a la devaluación de 1982. El déficit público pasó de 2.5% del PIB en 1971 a 14.1% en 1981, la inflación promedió en el periodo 17.9% para luego acelerarse y llegar a finales de 1982 a 92.6%, el déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos pasó también de 0.2% con respecto del PIB en 1971 a 6% en 1981, la economía se encontraba en una situación muy crítica.
La estructura de la economía tuvo como característica una disminución del peso relativo de la agricultura, notándose un crecimiento de la industria extractiva por la actividad petrolera, la industria manufacturera creció muy poco en la contribución general al producto al pasar de 23.6% en 1971 a 24.7% en 1981. El segundo sector en importancia en la contribución al PIB fue el comercio, restaurantes y hoteles que su contribución al producto interno bruto fue de 25.9% en 1971 y en 1981 decreció en una décima al registrar 25.8%. (Cárdenas, 1996:93).
Posteriormente, después de la devaluación de 1976 en la que el tipo de cambio pasó de 12.50 a 19.70 pesos por dólar, y se estableció un régimen de flotación, el déficit en cuenta corriente se disminuyó en 56.6% para quedar en 1 596 millones de dólares. El descubrimiento de enormes yacimientos de petróleo a principios de 1978 en el sureste del país, modificó la política económica de México, la economía creció a una tasa promedio anual de 7.8% durante el periodo de 1977 a 1981 gracias a la nueva expansión de la inversión pública principalmente en actividades relacionadas con la explotación del petróleo, las propias exportaciones petroleras se manifestaron positivamente y la mayor disponibilidad de fondos internacionales.
A fines de mayo de 1981 se produce una caída en los precios internacionales del petróleo pero el gobierno mexicano continuó con la expansión del gasto público, financiado a través del endeudamiento bajo la expectativa de la recuperación petrolera, el déficit fiscal aumentó en términos reales en un 25.7% igual que el déficit en la balanza de pagos, los créditos obtenidos se contrataron a corto plazo lo que presionó aún más las finanzas públicas, para fines de julio las reservas del Banco de México prácticamente se agotaron lo que dio como resultado la expropiación de la banca y el control generalizado de cambios lo que generó una ambiente crítico en la sociedad, la economía se contrajo registrando un crecimiento de -0.5%. (Cárdenas, 1996).
En resumen se puede concluir que a pesar del diseño de una política de desarrollo con grandes expectativas para la década de 1970 a 1980, la instrumentación de la misma originó serios problemas económicos, sociales, políticos y ambientales de los que aún se sufren efectos. A pesar de haber tenido un crecimiento global del producto interno bruto de más del 6%, los resultados en la estructura económica fue de desarticulación de la industria a través de una mecanismo de desustitución de importaciones, pérdida de importancia del sector primario que no pudo alcanza los niveles de productividad necesarios para continuar transfiriendo valor y recursos al sector secundario ni para corregir los desequilibrios del sector externo producidos por el problema estructural de la sustitución de importaciones discriminada y el mantenimiento de una política cambiaria de sobrevaluación, una terciarización de la economía con escasos mecanismos de redistribución de ingreso entre las áreas urbanas y rurales originando un acentuado proceso de emigración del campo a las ciudades, una estructura social deteriorada por la insuficiencia de empleo, ingreso, servicios públicos de salud, educación, alimentación, vivienda, agua potable y saneamiento, una estructura ambiental mayormente afectada por las nuevas explotaciones petroleras y la presión del crecimiento urbano de los lugares de explotación y un ambiente político igualmente deteriorado por el descontento social por sufrir la devaluación y crisis de 1976 y los procesos recesivos que llevaron a la devaluación y crisis de 1982.
Esto perfiló la necesidad de buscar sectores alternativos que dinamizaran la economía creando condiciones para la promoción del turismo como eje sustantivo en la política de desarrollo.