2.3. La factibilidad: La participación ciudadana en la toma de decisiones, clave para garantizar el impulso del desarrollo sustentable

Los problemas económicos y ambientales a los que nos enfrentamos, son complejos y colectivos, razón por la que se requieren acciones conjuntas, en las que la ciudadanía participe en la toma de decisiones y en la puesta en práctica de las medidas pertinentes. Sin embargo, invariablemente dicha participación, se enfrenta al obstáculo de la exclusión, esto debido a que predomina en la sociedad una estructura organizacional vertical caracterizada por polos opuestos como: “el que manda” y “el que obedece”, “el superior y el inferior”, “el dominante y el dominado,” “el que sabe y el ignorante”, “la base y la cúspide de la pirámide” y “el gobernante y el gobernado”, entre otros. Estos polos opuestos se ven reflejados fielmente en nuestra forma de gobierno, la que teóricamente es una Democracia Representativa, en la que el pueblo delega la soberanía en autoridades elegidas de forma periódica mediante el voto universal y secreto.

Decimos que teóricamente es una Democracia Representativa, porque se ha alejado de la democracia directa, en la cual el pueblo toma directamente las decisiones políticas básicas, siendo un ejemplo contemporáneo de ello: el plebiscito y el referéndum. En la actualidad, todos los representantes populares y funcionarios gubernamentales, con algunas excepciones, se olvidaron de los intereses de la mayoría de los ciudadanos a quienes representan y abogan por su propio beneficio y el de los grupos de poder a quien verdaderamente respaldan. En este contexto se deciden las acciones de desarrollo a seguir, las que en la mayoría de los casos, fracasan porque no se toma en cuenta a la población.

Ante esta situación, es necesario un cambio de paradigma, donde los protagonistas deben estar involucrados y comprometidos en la búsqueda de soluciones, para mejorar sus condiciones de vida, es decir, hay que considerar al hombre como sujeto y objeto del desarrollo.

En la Cumbre para la Tierra, realizada en Río de Janeiro, Brasil en 1992, durante la cual, la comunidad internacional adoptó la Agenda 21, se emitió un documento conocido como la Declaración de Río, en cuyo principio 10 se estableció que: "El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda". Por su parte, en la Agenda 21, aunada a la adopción, los gobiernos firmantes se comprometieron a "ampliar la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones y en la formulación de políticas sobre desarrollo sustentable".

La argumentación anterior, nos permite sostener que, solo mediante políticas participativas, es factible impulsar y garantizar un mayor margen de éxito de diversas acciones, en pro del desarrollo sustentable y de cualquier medida que pretenda algún beneficio para la colectividad. Algunas políticas participativas que se podrían aplicar, son las que se explican en los siguientes apartados.