2.2. La política fiscal en México y la globalización

Los objetivos de la política fiscal son:

• Funciones de promoción económica y social

• Seguridad nacional

• Paz pública y bienestar colectivo

Por lo tanto la política fiscal es una función derivada del conjunto de obligaciones impuestas al sector público por la sociedad. Su eficiencia se juzga, atendiendo a la medida en que el sector público haya sido capaz de movilizar y aplicar el volumen de recursos necesarios para alcanzar los objetivos planteados, teniendo en cuenta si los recursos se han asignado de acuerdo con la jerarquía de prioridades concertada con la comunidad, cualquiera que sea el mecanismo político por el cual se llegue a los acuerdos (Alejo citado por Méndez, 1994).

Fitzgerald (2002) considera que los actuales sistemas internacionales de tributación presentan problemas especiales vinculados con las dificultades para adquirir los posibles recursos fiscales generados por las empresas transfronterizas extranjeras y nacionales, los costos económicos de la competencia tributaria entre países en desarrollo tendiente a atraer IED, las consecuencias en términos de fuga de capitales y la equidad social por la incapacidad de gravar los activos en el extranjero de los residentes.

En su texto, Méndez (1994) efectúa un análisis crítico y descriptivo de México; por sexenio y de las acciones que se tomaron en materia de política fiscal, de los cuales solo se toma el de Carlos Salinas de Gortari por considerarlo detonante y, punto de partida para la presente investigación. Al firmar el acuerdo de libre comercio en 1994, el incremento de la Inversión Extranjera Directa (IED) y la incorporación del país en el mismo año a la OCDE, buscando la regulación de los precios de transferencia por esta apertura comercial, y el énfasis que en forma posterior (1997) se dio al tema de los precios de transferencia en las disposiciones fiscales.

Algunos puntos de su análisis son: 21

• Reducción del ISR de 42% en 1988 a 35% en 1991 y 34% en 1994 (29%, 2006).

• Pretensión de seguir una política de ingresos públicos que permita financiar las actividades del sector público sin que exista déficit.

• Ampliación de la base tributaria de los diversos impuestos y el número de contribuyentes, aunque se disminuyen las tasas impositivas.

• Creación del impuesto al activo de las empresas que se grava con el 2% (ahora 1.8%).

• En los dos primeros años del sexenio (1988-1994), los impuestos representaron en promedio el 30.6% de todos los ingresos públicos; los financiamientos, 22.8% y los otros ingresos 46.3%.

• Como porcentaje del PIB, los ingresos públicos totales representan alrededor del 46.6%; los financiamientos 20% y los impuestos 12.5%.

Cerca de 8 millones de personas productivas, tanto de la economía formal e informal están fuera del padrón de contribuyentes.

Una de las características que afirma se tiene en el periodo de 1970 a 1994 es:

Evasión fiscal muy alta, sobre todo entre los grandes capitalistas y las empresas transnacionales2.

La crítica a la política fiscal que tiene o aplica el país y que aún ahora tiene vigencia y es a su vez base de esta investigación es la expresada por (Ramírez, 1981) “... . la política fiscal mexicana ha olvidado su papel de instrumento de justicia y de equidad y se ha convertido exactamente en lo contrario: el mecanismo para alentar la concentración de la riqueza y el ingreso.

Bajo el criterio de que lo importantes es recaudar y no equilibrar, el fisco asume las características de un justo sin justicia... ..Justo sin justicia, porque grava el trabajo y la renta y, no se atreve a tocar la riqueza acumulada... .” Este comentario coincide con el de Hallivis (2003) en su texto sobre fisco, federalismo y globalización en México, en él considera que la competencia que se da nivel mundial por tener un sistema fiscal favorable que permita atraer las mejores inversiones, se ha reflejado en una baja general de la carga fiscal a las ganancias de las grandes corporaciones, iniciando su descenso desde 1986, siguiendo la pauta marcada por el Gobierno norteamericano que redujo su tasa del 46% al 34%.

Más importante y contundente es la percepción de la población en ese mismo sentido y su desaliento para cumplir con la obligación más importante que se tiene con la sociedad, que es, el pago de las contribuciones. Igual obligación es para las empresas y más importante aún, es el daño a la sociedad en general, al no cumplir con esta obligación.

La referencia al comentario anterior es con base en lo vertido por Hallivis que cita a José Luis Calva 2002 en su obra “México, alternativas dentro del cambio global”, considera que a 16 años de haber iniciado el proyecto económico neoliberal, en 1998, el producto interno bruto por habitante fue 1.2% menor que el de 1992, la inversión bruta per cápita fue 7.4% menor, el salario mínimo perdió un 68.8% de su poder Adquisitivo y, más de 20 millones de mexicanos cayeron bajo la línea de pobreza.

Habiendo establecido que la relación del contribuyente y el Estado es fundamental para el desarrollo económico de los países y, que es en el presupuesto de ingresos en el ámbito de la Administración Pública de México, en donde se refleja el resultado esperado de esa relación, el contribuyente tiene la obligación de contribuir al gasto público y el gobierno de llevar a cabo las funciones de recaudación para ejercer ese gasto público según lo indica la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM). Congruente con lo que aquí se expresa es el comentario de (Gutiérrez, 2003) “ el valor del crecimiento económico lo determina su impacto sobre la calidad de vida de la población”, o bien la consideración de (Mostajo, 2002) “... .el presupuesto público es la herramienta principal que tiene el gobierno para obtener buenos resultados de sus intervenciones en términos de calidad, costo, eficiencia, efectividad, equidad y oportunidad; el sistema presupuestario necesita una estructura fiscal coherente que sea viable”3

Esta relación de contribuyente y Estado como lo indican Hurtado y Bustelo (2002), trae como consecuencia que el contribuyente, persona física o moral, busque ser eficiente o más eficiente en el esquema de los negocios y el Estado defina y establezca un sistema de recaudación que sea igualmente eficiente para obtener la recaudación de las operaciones que se realicen. En un marco de viabilidad, de equidad y de certidumbre.

En el mismo documento se menciona, que el incremento en la recaudación podría estimular el crecimiento económico y la creación de empleos a través de la obra pública, ambos de importancia en la actualidad económica del país como resultado de una: • Infraestructura provista por el sector público que incrementa la productividad de la inversión privada • Formación de capital humano que también estimula la productividad laborar, aumentando así los salarios reales.

Al ser los tributos un factor primordial para el funcionamiento de toda sociedad o Estado, se considera conveniente que se analice la forma de contribuir de las empresas transnacionales Hallivis (2003), las considera como actores principales de la globalización. Un bosquejo del accionar de éstas agrupaciones es; que producen en un país, consideran el monto fuerte de sus gastos en otro país y, pagan impuestos en otro, considerando que su principal fuente será la mano de obra directa en el país que más ventaja le represente.

En un estudio del Banco de México, Díaz (2003) uno de sus autores, hace referencia a la ineficiencia administrativa en materia tributaria que se da, por la falta de generalidad de la estructura tributaria. La OCDE establece que la experiencia internacional muestra; que el incremento en la recaudación debe provenir de una estrategia complementaria, en la que se fortalezca la estructura legal de los impuestos y, se eleve la eficiencia administrativa. México mantiene una baja recaudación en el ISR comparada con los países de la región y con los países miembros de la OCDE, el contraste radica en lo elevado del gasto público, y considera que cualquier que sea la estructura tributaria, la elevada carga tributaria (proporción de impuestos/PIB) crea distorsiones significativas. Se considera que en México la proporción de impuestos/PIB es muy baja y volátil, al estar financiado en gran parte por los ingresos relacionados con el petróleo; debido también a las deficiencias en el diseño tributario y, a las distorsiones económicas que son innecesariamente grandes, limitando el gasto público.

Coincide en este punto el presidente del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) Claudio X. González en una entrevista para el periódico El Financiero de distribución nacional en marzo de 2006, y añade que el excesivo aparato burocrático, la escasez en seguridad pública, educación y seguridad social han limitado al gobierno para proveer a la población de bienes y servicios públicos de calidad.

Enfatizando lo anterior, en la Primera Convención Nacional Hacendaria (2004) en el Foro Regional de la mesa II: Ingresos Propuestas y Diagnóstico, que se llevó a cabo en Marzo de 2004, en el punto de diagnóstico se establecieron diferentes aspectos, entre otros:

1. Insuficiencia de los ingresos fiscales del país.

2. Dependencia excesiva de los derechos de hidrocarburos y sobrecarga fiscal a PEMEX.

3. Evasión y elusión importantes.

4. Sistema fiscal con elementos innecesariamente complejos y costosos.

La CEPAL (2003) en su estudio sobre economía coincide con la OCDE, al establecer que los ingresos tributarios no petroleros arrojaron una recaudación menor a la esperada, pero fueron compensados por precios del crudo mayores que los considerados en el presupuesto, contribuyendo así positivamente al balance fiscal, este punto es vigente en 2005, al rebasarse el precio estimado del barril de 27.00 Dólares en más de un 75%.

Al ser México una economía que basa el mayor porcentaje de la recaudación en los ingresos petroleros y, que la recaudación que no proviene de esta fuente es menor a lo presupuestado, implica un menor gasto ejercido por parte del gobierno lo que se traduce en una menor formación del capital físico y humano, repercutiendo negativamente en el crecimiento económico del país e impidiendo abatir los niveles de pobreza y desigualdad.