2.3 Mujer y participación

La participación social es uno de los fundamentos teóricos en los que se basa la investigación, por tanto es importante indagar el rol que las mujeres han desempeñado históricamente como rectoras de los patrones de conducta de sus familias y de sus comunidades ya sean rurales, urbanas o periurbanas; y cómo este rol se ha constituido y relacionado con el ambiente.

Para Siles, Soares y Alemán (2003), la participación es un proceso a través del cual las comunidades van alcanzando mayores niveles de poder de decisión y se involucran más activamente en los proyectos de desarrollo. La variable fundamental en un proceso participativo que se incrementa según el grado de decisión que los involucrados, van adquiriendo, sea al interior de las organizaciones comunitarias o entre los sujetos sociales de las comunidades y los agentes externos. Se dice entonces que la participación empodera a las personas.

La ley de Equilibrio Ecológico contempla la participación de los ciudadanos y enfatiza la importancia de la mujer como precursora de acciones tendientes a lograr el equilibrio y la sustentabilidad de los ecosistemas. Sin embargo, a la fecha se desconoce la promoción o aplicación de programas que apoyen de manera puntual la intervención de la mujer de manera activa en acciones encaminadas al desarrollo y la sustentabilidad del recurso hídrico.

La participación es un proceso a través del cual los involucrados influyen y toman control sobre las iniciativas de desarrollo y en las decisiones y recursos que los afectan, es una precondición para generar y legitimar el desarrollo. Para Millaleo (2004), la participación es entendida como acción colectiva dirigida a lograr cierto objetivo común en términos de tomar parte del proceso e involucrarse; es promover la participación de todos los miembros de la familia en el cuidado de los recursos, de hecho esta es una de las premisas en las que se basa la investigación.

La Ley de Aguas Nacionales (LAN) considera promover y apoyar la organización de los usuarios para mejorar el aprovechamiento del agua, la preservación y control de su calidad, para impulsar la participación de éstos a nivel estatal, regional o de cuenca; obligando a los usuarios a participar de manera activa en el uso aprovechamiento y control del recurso. Al respecto González y Macías (2005), comentan que la participación de la sociedad civil en la instrumentación de los mandatos hace que los programas y los gastos de recursos se democraticen, esto a fin de cambiar los esquemas acostumbrados diseñados desde el ámbito federal.

Castelán (2001) explica que tal vez el obstáculo más importante dentro de la formación de las organizaciones de usuarios sea la representatividad de las mismas, es decir la imposibilidad de verse representadas por alguna de las que integran la misma comunidad, en ese tenor dice que el Gobierno Federal ha reconocido que la problemática del sector hidráulico ha rebasado su capacidad de gestión, por tanto, ha iniciado una serie reformas en los esquemas de manejo del agua.

Para Subirats (1998), la participación de las mujeres es una situación que está directamente asociada a la educación, dice que si se garantiza a la población en general, y en especial a las niñas y a las mujeres, el acceso a una educación ya sea formal e informal, que las prepare para el ejercicio de sus derechos y de la ciudadanía plena, el grado de participación equitativa en los niveles de decisión y el reparto igualitario de las responsabilidades familiares y domésticas serán mayores, de tal forma que las mujeres puedan ser partícipes del diseño de nuevas formas de integración a la sociedad con algo tan sencillo como ser las transmisoras de conocimiento y de patrones de conducta en algo que es vital: conservar y preservar los recursos para que el grueso de la población alcance estándares de calidad de vida aceptables.