III. Marco Legal del Agua

3.1 La Política Pública Hídrica

Desde su fundación académica en los años Cincuenta, el objetivo disciplinario de la política pública (Las Policy Sciences, Policy Analysis) consistió en “estudiar y racionalizar la policy–decisión making, y el proceso de diseño-decisión de las políticas para fines públicos”, pero en México en los años Ochenta, su propósito fue reformar el proceso decisoria tradicional de los gobiernos mediante el análisis innovador para hacerlo económicamente riguroso, legalmente consistente y políticamente equilibrado (Aguilar, 2004).

La política pública en materia de agua en nuestro país se sustenta en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de ella se derivan todos los ordenamientos que en esta materia se tienen, pero sobre todo se basa en la “reforma al Artículo 115 Constitucional que entró en vigor en el año de 1983 sus alcances y la efectuada en 1999. Se subraya la necesidad de elaborar una política con una visión estratégica de cuando menos 25 años que contemple programas para su implementación, argumentos jurídicos y elementos que posibiliten la gestión del recurso” (Viesca, 2008:123).

Para Guzmán (2005), las agendas públicas están integradas por todos los asuntos que los miembros de una comunidad política perciben como asuntos de legítima preocupación, y merecedores de la atención pública.

Siles et.al. (1998:266) explica que las principales limitaciones de las Políticas Públicas sobre el recurso hídrico en el ámbito mundial se encuentran: la regulación del agua que es fragmentada entre sectores e instituciones los gobiernos dependen demasiado de la administración centralizada y sobrecargada para crear, operar y mantener los sistemas de regulación de agua: se subestima el agua dulce como recurso finito y no se considera su valor económico, y las políticas de regulación no vinculan la calidad del agua de manera integral a la salud humana y ambiental.

Sobre el rol del Estado en la promoción de experiencias de gestión hídrica y en particular, en aquellos casos donde se promueven plataformas de negociación hídrica de múltiples usuarios (Ingo, 2007) señala la necesidad de que el involucramiento estatal a través de la política pública sea pertinente a las necesidades locales y fortalezca los controles sobre usos sostenibles, concertación equitativa de actores y adopte medidas de preservación y conservación ambiental.

González y Macías (2005) comentan que toda política pública parte en un primer momento de una estrategia para su instrumentación y para el logro de sus objetivos, señalan que la cuestión es que no siempre se escoge la estrategia adecuada para lograr el mejor fin; o en ocasiones el problema está en el tipo de política pública diseñada; la que incluso pasa por encima de los intereses sociales, sugieren que lo ideal es buscar el mejor mecanismo para llegar a la sociedad, beneficiando el mayor número de personas.