2.2 Enfoques del Desarrollo Sustentable

El discurso del desarrollo sustentable tiene su base histórica en nuestro “Futuro Común” o Informe Brundtland, en el se reconocían las disparidades entre las naciones y la forma en que estas acentuaban las crisis de la deuda de los países del tercer mundo; así fue que empezó a configurarse una estrategia política para la sustentabilidad ecológica del proceso de globalización como condición para la sobrevivencia del género humano con la colaboración de todas las naciones.

Enkerlin, Del Amo y Cano (1997:1) discuten los términos a partir de los cuales se fundamenta el concepto de: “sostenido, sostenible, sustentable” y sustentabilidad; aluden lo equiparable del término sostenible con el desarrollo que no compromete la habilidad de las generaciones futuras de cumplir con sus necesidades, mientras cumple con las nuestras, con el de “sustentable”, como una traducción literal del término en ingles sustainable, palabra equivalente con aceptación en el ámbito político.

Leff (1998) menciona que la ambivalencia del discurso de la sustentabilidad surge de la polisemia del término sustainability, que integra dos significados: uno traducible como sustentable, que implica la internalización de las condiciones ecológicas de soporte del proceso económico; y otro, que aduce a la durabilidad del proceso económico mismo; de aquí que la sustentabilidad ecológica se constituye en una condición de la sostenibilidad económica del proceso de desarrollo.

Enkerlin Del Amo y Cano (1997), dicen que el desarrollo sostenible tiene tres enfoques básicos: el económico, el ecológico y el social. El primero basado en el concepto de sostenibilidad a largo plazo y en la medición de la economía, el segundo en el cuidado del entorno y la regeneración de los seres vivos, y el tercero en lo relacionado con los cambios que la sociedad va a demandar para llegar a un estado de desarrollo sostenible.

2.2.1 La sustentabilidad y el enfoque Económico

El antecedente del desarrollo sustentable y la economía surge de la inquietud por la escasez de los recursos naturales y sus consecuencias sobre el crecimiento económico, una de las primeras referencias al tema del impacto de la actividad económica en el ambiente fue la de Pigou (1960, en Carrillo, 2001) quien compartía con Malthus (Carrillo, 2001) , su preocupación por las limitaciones que la naturaleza les imponía a los humanos (finitud de los recursos), pero sugería que existían costos no pagados en algunos procesos de producción, a él le preocupaba el bienestar de los demás, por lo que proponía el cobro de impuestos como mecanismo compensatorio ante la devastación de los recursos. (Carrillo, 2001) .

Para la teoría económica las actividades humanas no han podido desarrollarse sin que se produzcan cambios dañinos al ambiente en mayor o menor medida (Saldivar, 2007). De hecho en la actualidad es ampliamente aceptado que los problemas de sustentabilidad provienen de incongruencias espaciales, funcionales y temporales entre la responsabilidad humana y las interacciones naturales; espaciales como la contaminación, funcionales como el desperdicio de recursos agua y temporales como la explotación de recursos renovables a tasas superiores a la capacidad regeneradora de la naturaleza. (Lee 1993; citado en Carrillo, 2001), los estados a través de sus organismos e instituciones encargadas de procurar que el ambiente se conserve, se han encargado de conformar instituciones y ordenamientos legales a favor del sostenimiento ambiental.

Para Martínez A. y Roca J. (2000), el crecimiento económico no puede ser el objetivo de la política económica, es necesario que se valoren diversas posibilidades, indican que no todo crecimiento es perjudicial para el ambiente, por lo que dependerá de la estructura de consumo y de las técnicas utilizadas para el desarrollo sostenible.

Leff (1998). Comenta que la sustentabilidad ecológica aparece como un criterio normativo para la reconstrucción económica, en ella, se reconoce la función que cumple la naturaleza como soporte, condición y potencial de producción y si bien se constituye en una condición de sostenibilidad del proceso económico.

Saldivar (2007:89), explica que la sustentabilidad del agua y su relación con los mercados, los derechos y las tarifas tiene “aristas políticas muy delicadas”, sobre todo si toma en cuenta que este recurso es considerado un bien público, de acceso universal y suministrado por el estado. Situación que se complica por la creciente demanda del agua debido principalmente al crecimiento demográfico y a su mayor utilización en la agricultura, lo que ha traído como consecuencia una aguda escasez y mayores dificultades para cubrir los requerimientos de la población. Al respecto, Quadri (2008) comenta que el agua fluye al interior de un cauce institucional entre lo público y lo privado regulado por las instituciones y sometido a los incentivos (precios) del propio mercado con la finalidad de asegurar la eficiencia económica y de satisfacer necesidades y demandas sociales de manera sostenible.