CAPÍTULO 6

LOS ACTORES GUBERNAMENTALES COMO SUJETOS DE ESTUDIO DEL REPOSICIONAMIENTO EN SAN LUIS POTOSÍ

En este capítulo el autor abordará lo relativo a los AD como sujetos de estudio de esta investigación. Los sujetos de estudio del caso fueron los servidores públicos de la administración pública estatal de San Luis Potosí, quienes se desempeñaron en uno o más puestos de nivel directivo (correspondientes a los niveles 15, 17, 18, 19 o 20 del TPS) de cualquiera de las OP mencionadas en el capítulo 5, durante el período de la presente investigación.

Con objeto de aclarar más el tema de los sujetos de estudio investigados, el autor expone los siguientes comentarios obtenidos de una revisión de la normatividad de la administración pública del Estado de San Luis Potosí.

Con base en lo estipulado en el artículo 7° de la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado de San Luis Potosí (Legislación Administrativa y Fiscal del Estado de San Luis Potosí, 2006) se entiende por trabajador de las OP toda persona física que presta un servicio personal subordinado, en este caso al poder ejecutivo. Por lo tanto, los AD que aquí se mencionan están dentro de este supuesto, señalado por la norma.

El artículo 8° de esta ley clasifica a los trabajadores de las OP en tres tipos: a) De confianza. b) De base. c) Eventuales. Los AD analizados los comprende la fracción primera de dicho artículo, se trata de empleados de confianza, en ningún caso se refiere a trabajadores de base (nivel sindicalizable) o eventuales.

En este capítulo se insertó información referente a cada uno de los períodos gubernamentales que comprendió el período de 25 años del estudio. En todos los casos, se muestran datos de la composición de la mayor parte de los equipos de trabajo que cada gobernador tuvo en su período de gestión, independientemente de la duración del mismo.

Al hacer comparaciones de los equipos de trabajo de las diferentes administraciones públicas presentadas, se evidencía el reposicionamiento gubernamental de una serie de AD que se desempeñaron durante el período de este análisis.

6.1 Las etapas de gestión administrativa y el reposicionamiento de los actores gubernamentales

El período de análisis del reposicionamiento gubernamental de actores decisores en las organizaciones públicas del gobierno estatal de San Luis Potosí, México, se apertura con la llegada del priista Carlos Jonguitud Barrios a la gubernatura del Estado en 1979. Manifiesta Martínez (1985a:67) que en el acto en que se investía a Jonguitud Barrios como gobernador, el entonces presidente de México José López Portillo expresó: “En San Luis se inicia un nuevo buen gobierno”.

Los buenos motivos que el expresidente de la república expresó habrían sido posibles si por una parte, el nuevo gobernador no hubiera tenido que enfrentarse al resentimiento de los potosinos por tantos años de dominación caciquil, y por la otra, si dicho gobernante hubiera representado una opción real de democratización de los medios de ejercicio del poder en la Entidad (Martínez, 1985a).

Algunos autores como Vázquez (2007) afirman que los potosinos tuvieron en Jonguitud Barrios, al último cacique priista que gobernó la entidad de 1979 a 1985. Declara este autor que los cacicazgos arraigados en San Luis Potosí correspondieron a Saturnino Cedillo (1927-1931) a Gonzalo N. Santos (1943-1949) y finalmente a Carlos Jonguitud Barrios (1979-1985). El dominio de estos personajes se extendió más allá de su período de gobierno, que en los tres casos en lo formal se indica entre paréntesis.

Vázquez (2007) considera que el poder que ejerció Jonguitud Barrios fue aún mayor que el de sus antecesores, pues afirma que:

El suyo no se limitó a un poder autoritario. Con su influencia, logró imponer a presidentes municipales y diputados. Pisoteó las garantías individuales de la ciudadanía cuantas veces quiso.

Ejerció un liderazgo autoritario, déspota, homicida en variadas y condenables circunstancias, que desplegó en todo el territorio nacional. Se escudó en una organización que tiene 700 mil afiliados. La más grande de América Latina, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y su porril, delincuencial, vandálica, corriente denominada ”Vanguardia Revolucionaria”

Expone Martínez (1985a) que nuevamente con la llegada de Jonguitud, los potosinos consideraron que el gobernante era un hombre poderoso que se enviaba a la Entidad, de la que estaba muy alejado, a expiar los pecados cometidos como líder de la Vanguardia Revolucionaria, desde donde orientó la política del SNTE.

Afirma Martínez (1985a) que el sistema político colocó a Jonguitud Barrios en un ámbito que le era ajeno y hasta cierto punto hostil, aun los grupos más poderosos mostraron su recelo y no dejaron de ver en el nuevo gobernador a un personaje arribista, tanto en el sentido social como en el político.

Un mes después de asumir la gubernatura Carlos Jonguitud Barrios, se realizaron elecciones municipales y ahí se presentaron los primeros problemas para el nuevo gobernante. Los ciudadanos acusaron a varios candidatos del PRI de hacer trampa. Parecía como si este partido en el poder no encontrara la suya. El abstencionismo en las elecciones legislativas federales se incrementaba, pasando de 45.99 por ciento en 1973 a 46.78 por ciento en 1976 y a 54.41 en 1979 (Martínez, 1985a).

Según datos del autor tomados del Periódico el Heraldo de San Luis Potosí, publicado el 26 de septiembre de 1979, parte del gabinete político de Carlos Jonguitud Barrios se conformó con los AD señalados en la Tabla 40.

Cuando en esta tesis se utiliza el término “gabinete político”, el autor se refiere al grupo de AD que estuvieron al frente de las OP durante el período gubernamental de que se trata, independientemente de las funciones encomendadas a cada una de dichas OP.

Dentro de los AD que Jonguitud Barrios integró en su equipo de trabajo (Tabla 40) se destacó el de Roberto Leyva Torres (ex rector de la UASLP y diputado federal) a quien nombró Procurador General de Justicia, pero a decir de Fidel Briano y José Enrique González Ruiz (citados por Vázquez, 2007) dicho nombramiento fue estratégico, pues la “jugada” del gobernador era contar con el apoyo de un segmento del “Grupo Universitario”.

Con respecto del equipo de trabajo de Jonguitud Barrios, no fue del agrado de muchas personas en San Luis Potosí. Sobre este punto, Fidel Briano y José Enrique González Ruiz (Citados por Vázquez, 2007:52) exponen:

Su primer signo de desarraigo fue que consigo trajo lo que los potosinos calificaron como “la legión extranjera”: puñado de saqueadores, contratistas, vividores, defraudadores, que se apoderaron junto con la magisterocracia (componentes de las dirigencias charras sindicales de “Vanguardia Revolucionaria”, incondicionales del cacique) del manejo de la ciudad.

No obstante el párrafo inmediato anterior, uno de los AD del equipo de trabajo de Jonguitud Barrios logró reposicionarse en el mismo puesto durante el período posterior de Leopoldino Ortiz Santos (1987-1991) nos referimos a Gerardo Ramos Romo, quien en ambos momentos se desempeñó como Secretario de Servicios Administrativos (esta OP al cierre de la investigación cambió su nombre por el de Oficialía Mayor de Gobierno).

El autor de este trabajo expresa que la influencia de Carlos Jonguitud Barrios en el ámbito nacional era impresionante, ya que así lo demuestran las personalidades que asistieron a su toma de protesta como gobernador de San Luis Potosí.

Entre estos personajes estuvieron: el presidente de la República Mexicana, José López Portillo; el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Gustavo Carvajal Moreno; el Secretario General de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) Fidel Velásquez, el Presidente del Congreso de la Unión, Luis M. Farías; el Secretario General de la Confederación Nacional Campesina (CNC) Oscar Ramírez Mijares, el Secretario General de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP) Carlos Riva Palacio, además de 16 gobernadores y 30 senadores (Periódico El Heraldo de San Luis Potosí del 26 de septiembre de 1979).

No obstante la opinión contraria de muchos potosinos, por lo que respecta al período gubernamental de Jonguitud Barrios, el autor del trabajo concuerda con Dip (2005) cuando afirma que le dio renombre a San Luis Potosí con su gobierno progresista, además de que sus obras materiales fueron gigantes, si se comparan con lo realizado en las anteriores administraciones gubernamentales de la Entidad (y no se diga con las posteriores, señala el autor).

En relación con lo comentado en los renglones que anteceden, manifiestan Fidel Briano y José Enrique González Ruiz (Citados por Vázquez, 2007:52):

Que los contratos multimillonarios de obra pública se adjudicaron a una reducidísima nómina de cómplices, puso las finanzas del estado en las garras de su yerno Eibar Castilla Sosa (se refieren a Carlos Jonguitud Barrios), los costos fueron inflados como nunca, especuló desmedidamente con terrenos expropiados a ejidatarios (Garita de Jalisco, Fraccionamiento Tangamanga) que estaban destinados por decreto presidencial para habitaciones de interés social, y convirtió la zona en la más exclusiva de la entidad (aquí se refiere a una zona residencial ubicada hacia el poniente de la ciudad de San Luis Potosí).

Al término de la gestión de Carlos Jonguitud Barrios, se eligió gobernador a Florencio Salazar Martínez. Sin embargo, la administración pública que inició Salazar Martínez en 1985, tuvo que concluirla Leopoldino Ortiz Santos en 1991, como gobernador sustituto.

Florencio Salazar Martínez nombró a su gabinete político, del que se señala una parte en la Tabla 41.

Una buena parte del grupo de AD que Salazar Martínez integró en su equipo de trabajo, lograron reposicionarse posteriormente en otras administraciones públicas. Por ejemplo Horacio Sánchez Unzueta, nombrado Secretario de Programación y Presupuesto durante este período, se eligió posteriormente como gobernador de la Entidad, de 1993 a 1997.

En el caso del AD Antonio Esper Bujaidar, quien ocupó el cargo como Director de Obras y Servicios por Cooperación, logró reposicionarse posteriormente como Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, en la administración pública de Horacio Sánchez Unzueta. Por lo que hace a Martín Celso Zavala, nombrado Subprocurador General de Justicia, se desempeñó después como Secretario General de Gobierno durante el período gubernamental de Fernando Silva Nieto.

Jacobo Payán Latuff, Vocal Ejecutivo de la Feria Nacional Potosina (FENAPO) durante la administración de Salazar Martínez, se reposicionó como Director de Desarrollo Industrial en el período de Ortiz Santos.

Sobre Florencio Salazar Martínez, Dip (2005:366) expresa:

Un buen hombre que desgraciadamente carecía de habilidad política para conciliar elementos tan heterogéneos a su llegada: la gente Navista frustrada, con ganas de revancha, el perredismo que surgía con furia, y la falta de diálogo que precipitó el caos de San Luis, como en épocas pasadas no muy remotas.

En las elecciones gubernamentales para el período 1985-1991, en las que Florencio Salazar Martínez triunfó (se dice que de manera limpia) Dip (2005:367) expone:

Y lo que son las paradojas de la vida: el pueblo había elegido, sin violación de urnas, al Lic. Salazar como gobernador, voluntariamente, pero le hacia tremenda sombra el Dr. Nava, que al terminar su segundo período como Presidente Municipal (1983-1985), tenía toda la mira puesta en la Gubernatura.

Sobre este tema de la problemática a la que se enfrentó Salazar Martínez ya como gobernador de San Luis Potosí, Arcadio Castro (citado por Dip, 2005:366) expone:

El Lic. Salazar comenzó a gobernar con desaciertos y pronto se echó al pueblo encima.

No midió la popularidad de la oposición ni el arrastre inaudito que demostraba a cada paso con mayor fuerza, el nuevo ídolo de los potosinos el Dr. Salvador Nava Martínez (Dip, 2005:366).

Sobre la llegada de Salazar Martínez a la gubernatura de San Luis Potosí, Marín (2007:233-234) escribe:

Desde su llegada al poder, Florencio había cesado ya a una docena de colaboradores por supuestos o verdaderos actos de corrupción. Inflexible en su postura, fue victima de los más rudos e injustificados ataques de los medios, de los jonguitudistas y de los intereses afectados por medidas de austeridad. El contraataque del gobernador era directo y abierto.

A los periodistas los tildó de “pandilleros de papel”, a un grupo de importantes empresarios los bautizó como “los malandrines” y, a los adversarios políticos los acusaba de corruptos.

Un concurrido mitin navista que se celebraba en la plaza de armas contra la imposición del alcalde fue disuelta a garrotazos por elementos policíacos al mando de Julio Alfredo Ceballos, supuestamente pagado por jonguitudistas.

El grave incidente fue explotado sin misericordia por algunos medios y por la oposición, en contra del gobernante, quien a pesar de todo fue sostenido por “el centro” (aquí se hace referencia al control del poder que ejercía en ese tiempo el presidente del país y el PRI).

Florencio, divorciado del Congreso desde su arribo, se fue distanciando de otros sectores sociales y al cabo de un año y medio de distancia de su apoteósica llegada, estaba prácticamente solo y cometiendo errores políticos imperdonables, que fueron los que finalmente determinaron su caída a fines de mayo de 1987. La corrupción no derriba gobernadores en México y, a veces ni los abusos de autoridad. Su desobediencia a directrices del “centro” sí. Y Florencio ya ni siquiera tomaba las llamadas de la Secretaría de Gobernación.

El 25 de mayo de 1987, Florencio Salazar Martínez deja la gubernatura del Estado cuando solicita licencia por diez meses ante el Congreso del Estado de San Luis Potosí. En torno a esta situación, en el periódico El Sol de San Luis del 26 de mayo de 1987, se leía que la salida de Salazar Martínez se debió a distintos factores:

Su débil gobierno sufrió más de 40 renuncias; el pueblo nunca olvidó la paliza del 1º de enero (se refiere a un enfrentamiento entre policías y civiles, ocurrido en 1986); siempre se negó a dialogar con la iniciativa privada; y “Navistas” y “panistas” fueron una piedra en el zapato.

En cuanto a los acontecimientos del 1º de enero de 1986, Dip (2005:366-367) comenta:

Todo comenzó con las elecciones municipales para la capital del Estado. Florencio apoyó sin discreción al Lic. Guillermo Medina de los Santos, un científico y administrador universitario, totalmente ajeno a la sensibilidad popular, pues su opositor era nada menos que el Dr. Salvador Nava Martínez, que postulaba para la presidencia al Ingeniero Guillermo Pizzuto.

[…], el triunfo oficial, [...], fue para el candidato del Tricolor Medina de los Santos, pero era absurdo, porque todo mundo aplaudía a Pizzuto, y las mujeres potosinas enfurecidas son de cuidado. Así es que todas las “curritas” se olvidaron de su abolengo, y tomaron la puerta del Palacio de Gobierno, para impedir su acceso al Gobernador mismo, y por supuesto, que también bloquearon el Palacio Municipal para que no pudiera tomar posesión del triunfo fraudulento, tan común en el tricolor, Medina De los Santos.

Ycontinúa:

[…], se fijó para la toma de posesión de Medina de los Santos el 1º de enero de 1986; el pueblo se amotinó frente a palacio, y [...] a quemar las puertas, [...]. Y ahí vino la primera trifulca: la policía trataba de impedir el incendio, la gente lo impedía, y entraron los guaruras a macanazo limpio contra el pueblo. La guerra estaba declarada, y no pararía hasta expulsar al bueno pero imprudente gobernador Florencio Salazar.

Un año duraron los motines, inconformidades, y encuentros cotidianos, hasta que el Presidente de la República Miguel de la Madrid Hurtado, al estilo tricolor de siempre, le pidió que presentara su solicitud de licencia por tiempo indefinido en 1987, apenas a dos años del inicio de su gobierno.

Sobre el mismo tema, en el periódico El Sol de San Luis del 26 de mayo de 1987 apareció la siguiente nota:

La serie de conflictos a que el gobernador del Estado, licenciado Florencio Salazar Martínez, hubo de enfrentarse después de iniciar su mandato constitucional el 26 de septiembre de 1985, se inició en las postrimerías de ese mismo año, a raíz de la protesta que el Partido Acción Nacional, dirigido por Guadalupe Rodríguez Carrera y el Frente Cívico Potosino, encabezado por el doctor Salvador Nava Martínez, inconformes por lo que llamaron “fraude electoral”, mediante el cual el licenciado Guillermo Medina de los Santos era declarado por el Consejo Estatal Electoral, primero; y por el Congreso del Estado, después, presidente electo del municipio de la capital (San Luis Potosí), para el ejercicio constitucional 1986-1988).

Las protestas, tanto del Partido Acción Nacional, como del Frente Cívico Potosino, se intensificaron cuando el Congreso del Estado; constituido en Colegio Electoral, dio por válidas las elecciones de agosto de 1985, declarando presidente municipal electo al licenciado Guillermo Medina de los Santos, desconociendo; en consecuencia, el triunfo electoral del candidato llamado “de oposición”, ingeniero Guillermo Pizzuto Zamanillo.

De esta situación, los simpatizantes de Pizzuto Zamanillo culparon al gobernador Florencio Salazar Martínez, al Consejo Estatal Electoral y al propio congreso del Estado por “no haberse respetado la voluntad del pueblo; el voto de los ciudadanos potosinos […]”.

Comenta Marín (2007) que dos días después de la caída de Florencio Salazar Martínez, Carlos Jonguitud Barrios declaró a un reportero del periódico local El Heraldo, que Salazar Martínez se ahorcó él sólo. Y en esto, tanto Marín como el autor de la tesis están de acuerdo, quizá le faltó a Salazar Martínez paciencia y prudencia para concluir su gestión como gobernador.

En 1987, al dejar la gubernatura del Estado Florencio Salazar Martínez, llega como gobernador de San Luis Potosí Leopoldino Ortiz Santos, quien concluye lo que resta del sexenio 1985-1991.

Sobre la salida de Salazar Martínez como gobernador de San Luis Potosí, expone Marín (2007) que fue tan rápida que Florencio Salazar Martínez ya había convocado a la legislatura local para entregarle su solicitud y exigirle una aceptación inmediata, con lo que obligó al gobierno federal a mandar intempestivamente por el magistrado de la Suprema Corte Leopoldino Ortiz Santos, sobrino de Gonzalo N. Santos, a su despacho en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y ponerlo en un avión que lo condujo a San Luis Potosí sin darle oportunidad siquiera de avisar a su familia, para estar a tiempo de que el Congreso lo designara gobernador provisional a las nueve y media de la noche del lunes 25 de mayo de 1987.

Continúa Marín (2007) que los medios de difusión sorprendieron a Ortiz Santos, quien, falto de experiencia y sentido político, informó que el primer aviso que tuvo de que sería gobernador de San Luis Potosí vino de la Secretaría de Gobernación. Ya instalado como gobernador de San Luis Potosí, Ortiz Santos designó a su equipo de trabajo, parte del que se muestra en la Tabla 42.

En lo que toca a la gestión pública de Ortiz Santos, también hubo varios AD que lograron reposicionarse posteriormente, como en el caso de Rafael Turrubiartes quien en este período de gobierno se desempeñó como Director de Pensiones y siguió ocupando el mismo cargo en los períodos de Fausto Zapata Loredo y Gonzalo Martínez Corbalá. En cuanto al Secretario Particular de Ortiz Santos, posteriormente se reposicionó como Secretario Auxiliar de Gonzalo Martínez Corbalá y Secretario Particular Adjunto con Teófilo Torres Corzo.

Con la llegada de Leopoldino Ortiz Santos a la gubernatura del Estado de San Luis Potosí, se establece cierta tranquilidad y paz social tanto en el aspecto político como en el social dentro de la Entidad. A tan sólo cuatro meses de nombrado gobernador del Estado, en algunos medios locales de comunicación se publicaron notas como las siguientes:

El titular del Ejecutivo del Estado, ha logrado conformar un auténtico gobierno democrático [...]. El perfil de su administración se distingue, como él mismo lo ha manifestado en diversas ocasiones, porque su compromiso es sólo con el pueblo. Es así como se ha venido forjando un nuevo Estado, más fuerte, más unido y con mayor identificación entre gobierno y gobernados.

Se ha podido instrumentar en San Luis Potosí una auténtica renovación política que garantiza en todos los rincones del Estado las libertades y los derechos humanos y sociales de los ciudadanos. La renovación política emprendida por el gobierno a partir del mes de mayo (1987), busca garantizar tales derechos para conformar una auténtica democracia que ya se experimenta en todos los sectores (Esquivel, 1987:13).

En su primer informe de gobierno –segundo de la administración pública estatal 1985-1991– Leopoldino Ortiz Santos alude a su antecesor el ex gobernador Florencio Salazar Martínez:

El Lic. Florencio Salazar Martínez, fue electo gobernador del Estado para el período 1985-1991. El 25 de mayo del año en curso (1987), por motivos personales, solicitó licencia para separarse de su cargo por un término de diez meses, contados a partir de esa fecha. El Congreso del Estado, con apoyo en lo dispuesto por la fracción XII del artículo 34 de la Constitución Local, concedió la licencia solicitada.

Continúa Ortiz Santos:

En esa ocasión, el Congreso tuvo a bien designarme gobernador provisional de la entidad durante dicho plazo. Rendí la protesta de ley y tomé posesión del cargo el mismo día 25 de mayo, comprometiéndome a guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado y todas las leyes que de ellas emanen. Desde el momento en que asumí la honrosa responsabilidad de gobernar al pueblo de San Luis Potosí, ofrecí servir a todos mis conciudadanos, para que, juntos trabajáramos en la solución de los problemas que enfrente nuestro Estado. (Gobierno del Estado de San Luis Potosí, 1987:15).

Al término del gobierno de Leopoldino Ortiz Santos en 1991, asume la titularidad del Poder Ejecutivo Estatal Fausto Zapata Loredo, quien era un ejemplo del individuo de talento atraído por el PRI. De palabra fácil y buen aspecto pese a su baja estatura, era un diplomático nato. Desde la adolescencia había trabajado como periodista en su natal San Luis Potosí (Preston y Dillon, 2004).

Comentan Preston y Dillon (2004) que como diputado federal antes de cumplir los 30 años, Zapata llamó la atención de Luis Echeverría, quien lo escogió como vocero de la presidencia. Su función era informar ocasionalmente a la prensa y controlarla siempre, premiando las publicaciones favorables al presidente y marginando las que lo criticaban. Su buen desempeño le valió, hacia el final del sexenio, una senaduría, y más tarde las embajadas en Italia y China.

En relación con la cercanía ente Zapata Loredo y Echeverría, Smith (1981a:326) expone:

Para ampliar su base de apoyo político, Echeverría buscó el respaldo principalmente de dos grupos. Uno de ellos estaba formado por un elenco de hombre jóvenes, en su mayoría entre los treinta y los cuarenta años de edad, quienes fueron nombrados a puestos políticos de nivel superior y particularmente delicados: [...], Fausto Zapata (y otros actores de la política), se convirtieron en ejemplos representativos del grupo que al final del sexenio había recibido el mote de “efebocracia”.

El 18 de agosto de 1991 se realizaron las elecciones y el Colegio Electoral decretó el triunfo del candidato del PRI, Zapata Loredo. Según los resultados oficiales, Zapata venció a Nava por cerca de dos a uno: 329,292 votos para él, 170,646 para el doctor (Calvillo, 1999; citado por Preston y Dillon, 2004; Consejo Estatal Electoral de San Luis Potosí, 2006). Cuando declaró su triunfo en la casa de campaña del PRI, Zapata dijo que tales resultados constituían “un voto de confianza para el presidente Carlos Salinas de Gortari” (Mendoza, 1991; citado por Preston y Dillon, 2004).

En las elecciones para gobernador del Estado en 1991, Zapata Loredo se enfrentó a la Coalición Democrática Potosina, integrada por el Frente Cívico Potosino y los partidos PAN, PDM y PRD, la que había postulado a Salvador Nava Martínez como su candidato a la gubernatura del Estado (Ortiz, 1992; citada por Kaiser, 1997).

Cuando toma posesión como gobernador de San Luis Potosí, Fausto Zapata Loredo nombró a su gabinete político, que se integró con los AD que se indican en la Tabla 43.

De igual manera que en administraciones públicas anteriores, varios AD nombrados por Zapata Loredo también lograron reposicionarse posteriormente. Se tiene el caso de Amado Vega Robledo, a quien se designó Secretario General de Gobierno y durante la administración de Silva Nieto, fue Secretario de Desarrollo Social y Regional.

El Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, Leopoldo Stevens Amaro, continuó en este mismo cargo durante la administración de Martínez Corbalá. Alfonso Alavez, Procurador General de Justicia durante este período, conservó el cargo en la administración pública de Gonzalo Martínez Corbalá.

En el caso de Mario Silva Herzog, se le nombró Secretario de Comunicaciones y Transportes y volvió a ocupar este mismo cargo durante la administración de Horacio Sánchez Unzueta. El Secretario Particular de Fausto Zapata Loredo fungió posteriormente como Oficial Mayor durante la administración de Fernando Silva Nieto, aquí se alude a Juan Carlos Machinena Morales. En cuanto a Juan José Rodríguez, nombrado Coordinador de Asesores, posteriormente se reposicionó como Secretario General de Gobierno con Fernando Silva Nieto.

A partir de la fecha en que el Colegio Electoral decretó el triunfo de Fausto Zapata Loredo, el movimiento navista retomó diversas acciones de resistencia civil para protestar contra el resultado de las elecciones, que incluyeron plantones frente a Palacio de Gobierno, bloqueo de carreteras y una marcha a la ciudad de México que Salvador Nava encabezó.

El 28 de septiembre de 1991, el doctor Nava, de chamarra y tenis, salió de la ciudad de San Luis Potosí a la cabeza de la Marcha de la Dignidad, una procesión de miles de inconformes para recorrer los 400 kilómetros a la ciudad de México. Lucía pálido y era obvio que sufría los efectos del cáncer. En algunos tramos se le sumaron Cuauhtémoc Cárdenas y su hijo Lázaro, Luis H. Álvarez, presidente del PAN y Vicente Fox, reciente candidato panista a la gubernatura de Guanajuato, donde acababa de librar, a su vez, una intensa batalla contra el fraude. Nava calculaba llegar a la capital del país el 15 de octubre de 1991 (Preston y Dillon, 2004).

La marcha se interrumpió, pues ante la presión popular el 10 de octubre de 1991, 14 días después de que tomó posesión como gobernador del Estado, Zapata Loredo renunció ante el Congreso del Estado (Ortiz, 1992; citada por Kaiser, 1997). Sobre el mismo tema, Preston y Dillon (2004:129) comentan:

En los días posteriores los navistas bloquearon las cinco carreteras que desembocan en la ciudad de San Luis Potosí. Un grupo de mujeres inició un plantón de oraciones y ayuno en las escaleras del palacio de gobierno, y otras marcharon por las calles golpeando ollas en afán de comparar a Zapata con el dictador chileno Augusto Pinochet. Pese a su coraje, sin embargo, los simpatizantes de Nava no olvidaron las buenas maneras. Un cartel en un mitin decía: “Fausto: por favor renuncia. Familia Martínez”.

Se dice que en realidad, a Fausto Zapata Loredo se le obligó a renunciar el 9 de octubre de 1991, después de una visita que realizó a Los Pinos, cuando todavía era Presidente de México Carlos Salinas de Gortari (Unidad de Análisis Prospectivo El Financiero, 1993). Sobre el punto, Preston y Dillon (2004:124) comentan:

Sin saber cómo, Zapata se convirtió en una mancha en el cuadro del México moderno que el presidente (se refieren a Carlos Salinas de Gortari) se empeñaba en pintar, lo que, con todo, le permitió comprobar (a Zapata) que el interés del presidente en el cambio democrático se reducía a las apariencias.

Tiempo después, en una entrevista que Zapata Loredo concedió a Preston y Dillon, al reflexionar sobre la debacle en San Luis Potosí, Zapata la calificó como:

Un acto autoritario con disfraz democrático [...] Salinas buscó estratagemas que hicieran creer a la gente que, como por arte de magia, en México se hallaban en marcha reformas para hacer del país un régimen democrático con el apoyo del presidente, dijo. Pero no creo que en ningún momento haya tenido la intención de realizar una verdadera reforma política (Preston y Dillon, 2004:130).

Incluso se comenta que Salinas de Gortari entabló negociaciones con Nava a espaldas de Zapata, ofreciendo prescindir de Zapata e instalarlo a él como gobernador. Pero Salinas, insistía en nombrar a los principales miembros del gabinete. Nava se negó (Cantú, 2001; citado por Preston y Dillon, 2004).

Como consecuencia de los supuestos resultados fraudulentos de las elecciones para gobernador del estado de San Luis Potosí, celebradas el 18 de agosto de 1991 y en las que se decretó la victoria del priista Fausto Zapata Loredo, el 5 y 6 de septiembre del mismo año, se celebró en la ciudad de San Luis Potosí un Foro denominado Análisis y Balance de las Elecciones. San Luis Potosí, 1991, cuyo desarrollo y resultados se condensaron en un documento titulado con el mismo nombre y editado por el Frente Cívico Potosino en 1991.

El Foro inició con la presentación de evidencias que indicaban el fraude cometido en el proceso electoral. Participaron como ponentes: Patricia Palacios, Miguel Cabrera, Xavier Boelsterly y Eduardo Gómez, todos miembros del Comité de Análisis Electoral de la Coalición. También participó Cuauhtémoc Rivera, Investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM (Frente Cívico Potosino, A.C., 1991).

A continuación se transcriben partes de las ponencias presentadas, relevantes en este caso:

Patricia Martínez expuso:

Nosotros miembros del Comité [...] presentamos un documento que si bien no tiene un carácter jurídico y legal, está moralmente sustentado por denuncias, actas de escrutinio, narraciones, fotografías, relatos, videos, en fin por un sinnúmero de testimonios emitidos por personas dispuestas a hacer declaraciones formales y sustentados por su calidad moral.

Consideramos que el fraude electoral en San Luis Potosí es producto de tres factores muy importantes: el primero es la alteración en el padrón electoral, el segundo la grave confusión jurídica y la falta de infraestructura adecuada para realizar elecciones dignas y confiables, y el tercero son las múltiples irregularidades presentadas antes, durante y después del proceso electoral (Frente Cívico Potosino, A.C., 1991:13-14).

En el mismo sentido, Miguel Cabrera comentó:

Nosotros nos basamos en dos cosas para afirmar que el padrón electoral fue alterado, uno es un estudio hecho por investigadores de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM que tengo aquí a la mano. [...] Me voy a permitir leerles las conclusiones [...] del mismo: No es el de mayor cobertura ni el de mayor número de enlistados en los últimos años; es incompleto porque deja fuera a más de 280,000 ciudadanos; está estructurado de manera selectiva y con criterios políticos; está estructurado con 5 tipos de falsedades; es violatorio a la actual legislación electoral; por lo tanto es desconfiable; y su estructura fue dirigida por el partido oficial (se refiere al PRI) para garantizarle a éste el monopolio del poder.

La segunda anomalía fueron los fantasmas que inventaron (acusa al PRI), que no es otra cosa más que credenciales falsas, en un momento dado somos dueños de la maquinita y si reciben una solicitud del partido oficial, cuántas quieres, pues 200 mil, ahí están, [...].

La tercera anomalía fue de última hora (recuérdese que sólo había mencionado dos), esta no fue detectada en el estudio del padrón, pero la detectamos nosotros [...], trajimos una caja del padrón electoral del sexto distrito, para si alguno de ustedes quiere en un momento dado escoger la casilla que quiera, la escoja, ahí vienen las actas de escrutinio y puede comprobar que no estamos mintiendo (Frente Cívico Potosino, A.C., 1991:14, 15 y 19).

Sobre el relato de Miguel Cabrera, Preston y Dillon (2004:126-127) exponen:

Antes de las elecciones un grupo de investigadores de la UNAM examinó el padrón electoral, y concluyeron que las listas nominales habían sido rasuradas en zonas urbanas, plaza fuerte de Nava, y abultadas en el campo, favorable al PRI.

El día de las elecciones, 330 voluntarios lograron cubrir alrededor de la tercera parte de las 2,200 casillas instaladas en el estado. Vieron a agentes priistas ofrecer dinero y comida a cambio de votos y echar de casillas a representantes de Nava. Vieron que a miles de navistas con credencial de elector válida se les impedía votar, porque su nombre había sido rasurado del padrón. Su informe íntegro fue publicado en La Jornada.

Por otro lado, Xavier Boelsterly declaró:

[...], quiero aprovechar este momento para un planteamiento de tipo político. Tenemos toda la información que respalda lo que hemos dicho aquí y en otros Foros [...], porque la lucha por la democracia en San Luis no va a acabar hasta ver un respeto al triunfo político electoral, en este caso el doctor Nava o bien de quien pueda venir en un futuro a lanzarse como líder o candidato al Gobierno del Estado o a otro tipo de acciones políticas o cívicas, pero además tenemos como complemento a esta denuncia; a esta información, el apoyo moral que nos dan las conclusiones que han presentado los organismos de la sociedad civil que, apartidistas, objetivas e imparciales, han dicho que en San Luis Potosí la lucha electoral fue absoluta y totalmente fraudulenta (Frente Cívico Potosino, A.C., 1991:32).

Y Javier Gómez expuso:

Le dije al presidente estatal del PRI que soy gente seria y no me presto a que nadie me manipule ni tampoco a manipular [...], de tal manera que le solicitaba que me entregara sus resultados casilla por casilla y que yo me comprometía a utilizar la misma técnica empleada, y diera lo que diera, resultara lo que resultara, ante el mismo auditorio y ante la prensa, si así lo querían, yo les exponía lo que diera de resultados.

Yo me había comprometido a que no presentaría estas gráficas al público sin antes haber tenido la información que el PRI me iba a dar, sin embargo no fue dada y sí les di un plazo razonable, es cuestión de apretar un botón y la computadora dice cuántos y bajo qué términos está cada una de las casillas.

Hasta ahorita éste es mi objetivo; yo tengo dos o tres observaciones analizando esta gráfica. Es un poco curioso, raro que una población o un distrito en el cual los niveles socioeconómicos y políticos de la población son muy diferentes o las personas que conocen San Luis pueden decir que Lomas es muy diferente a la Progreso, a la Zona Centro. Sin embargo, al comportamiento es muy parecido.

[...], debido a que tenemos el 53 por ciento de las casillas computadas, tratando de encontrar qué es lo que está sucediendo y graficar esos resultados, con el fin de que podamos analizar cuantitativamente también estas gráficas. Entonces repito, son datos objetivos, son claros y definitivamente no son ni tendenciosos ni tramposos (Frente Cívico Potosino, A.C., 1991:36-37).

Cuauhtémoc Rivera, Investigador de la UNAM expuso:

El estudio propiamente es hecho por el equipo denominado Sociología y Comunicación Alternativa de la Facultad de Ciencias Políticas. Somos un equipo de universitarios, investigadores, estudiantes y pasantes que nos dedicamos a este trabajo desde hace varios años. Queremos señalar que está elaborado a partir de lo que se denominan listas nominales preliminares, no está estructurado a partir de las listas nominales definitivas, porque como señalaron anteriormente (se refería a lo expuesto por los ponentes en el Foro), éstas solamente se conocieron en las casillas. Las listas nominales preliminares me las facilitó Varinia Hernández del PRD, para estudiarlas, y sobre ellas hicimos el estudio.

El trabajo está organizado en dos áreas; un área que se establece a partir de las estadísticas oficiales que se comparan con el crecimiento del padrón electoral en los últimos años, y una segunda área elaborada a partir de trabajo de campo, es decir, visitamos más de mil domicilios casa por casa para preguntar si ahí habitaba la gente, si tenía credencial de elector o si no la tenía.

Ahora bien, ¿qué encontramos en el estudio del padrón electoral? Encontramos lo que nosotros hemos llamado ”siete puntos fundamentales del padrón electoral”. En primer lugar encontramos que el padrón que se presenta en las listas nominales preliminares, no es el padrón electoral que tiene mayor cobertura ni el que tiene mayor número de empadronados.

El padrón de listas nominales preliminares tiene 820,556 personas empadronadas, contrariamente al padrón propiamente que contiene 900,837, y contrariamente al padrón de 1990 que tiene 948,000 e inclusive el padrón de 1987 tiene 868,000, es decir, el actual es el padrón que tiene el más bajo número de empadronados y el menor número de cobertura, es un padrón bastante recortado.

El segundo punto es que es un padrón recortado en las zonas urbanas fundamentalmente, en el municipio de San Luis Potosí y en el municipio de Soledad. En los dos Municipios se deja fuera a 92,826 personas.

Tercer elemento: En Tamazunchale visitamos la zona que está en una franja comercial muy grande. Había elevado número de personas empadronadas en bodegas, en bodegas del mercado. Hay una gran cantidad de personas que están en el padrón y que nunca recibieron sus credenciales. Esto implica que estas credenciales no se quemaron y que andan volando, que alguien las tiene y que debe existir un recibo firmado de la credencial porque así lo establece la ley.

Un cuarto elemento es que encontramos a menores de edad empadronados. En Tamazunchale sucedió un caso que da risa, que da coraje. Fuimos a la casa y encontramos que la persona era un menor de edad y estaba empadronado, y le preguntamos: ¿tienes credencial de elector? Nos respondió la mamá: cómo va a tener credencial de elector si es menor de edad. Es decir, empadronaban a menores de edad y no les entregaban en consecuencia las credenciales.

Si pasamos a relacionar las falsedades con resultados electorales, encontraremos que en los distritos donde hay menor porcentaje de empadronamiento, el PRI perdía en las elecciones pasadas; recordemos que hace tres años el PRI perdió las elecciones municipales en San Luis Potosí y contrariamente, en los municipios de la Huasteca, el PRI saca hasta el 99 por ciento de las votaciones. Ahí hay una íntima relación entre mayor número de empadronados con votación a favor del PRI y con menor número de empadronados con votación a favor de la oposición (Frente Cívico Potosino, A.C., 1991:38-42).

También como parte del Foro, se instalaron cuatro mesas de discusión con las personalidades que se indican en la Tabla 44. En la misma tabla dan a conocer las conclusiones y recomendaciones a las que llegaron sus integrantes, con respecto del resultado del proceso electoral del 18 de agosto de 1991 en San Luis Potosí.

Con la renuncia de Fausto Zapata Loredo, ocupó a la gubernatura del Estado el también priista Gonzalo Martínez Corbalá. En realidad, Carlos Salinas de Gortari lo nombró como gobernador interino, hecho que indignó al PRI Estatal que se rebeló poco después. En la última ironía para él, Zapata tuvo que intervenir para sofocar un motín que en su nombre organizaron sus propios seguidores, ante quienes dejó en claro que no se retractaría de una renuncia que jamás habría querido presentar (Preston y Dillon, 2004).

Ya como gobernador, Martínez Corbalá nombró a su gabinete, parte del cual se muestra en la Tabla 45.

También la administración gubernamental de Gonzalo Martínez Corbalá contó con AD que se reposicionaron posteriormente. Juan Manuel Carreras López, nombrado Secretario de Programación y Presupuesto, se desempeñó como Secretario de Desarrollo Social y Regional con Fernando Silva Nieto. Buena parte de su administración, Martínez Corbalá la dedicó a tratar de pacificar la intranquilidad y descontento que se generaron durante los pocos días que estuvo Fausto Zapata Loredo como gobernador. La problemática se extendía a lo largo y ancho del territorio potosino.

A Martínez Corbalá se le nombró gobernador interino para un período de 18 meses, pero sólo estuvo en el cargo un año. Se dice que consideró la posibilidad de dimitir en su puesto con la finalidad de presentarse como candidato a la gubernatura para las siguientes elecciones. Esta situación provocó gran debate debido a que las intenciones de Martínez Corbalá eran a todas luces, inconstitucionales –la constitución mexicana impide la reelección del ciudadano que haya detentado el cargo de gobernador o presidente de la república, provisional, interino o constitucional– (Unidad de Análisis Prospectivo El Financiero, 1993).

Con atinencia al tema de la reelección, la propia Constitución Política del Estado de San Luis Potosí (2006, Legislación Administrativa y Fiscal de San Luis Potosí) establece en el artículo 74:

El Gobernador del Estado no podrá durar en su encargo más de seis años….

Por otro lado, el artículo 76 de la mencionada constitución política menciona:

En ningún caso y por ningún motivo podrá volver a ocupar el cargo de Gobernador del Estado el ciudadano que lo haya desempeñado, así hubiere sido electo por sufragio directo o con el carácter de interino, provisional o sustituto.

En este caso, a Martínez Corbalá lo designó el congreso local como gobernador interino, por lo que su proceder era a todas luces una flagrante violación constitucional, no sólo en el ámbito federal, sino también en el terreno estatal. Preston y Dillon (2004) exponen que en realidad, la idea de que Martínez Corbalá buscara la reelección fue de Carlos Salinas de Gortari y al respecto comentan:

Desde la revolución, tal vez el único principio constitucional que había sido sistemáticamente respetado era el que impedía a los funcionarios públicos reelegirse. Pero Salinas gozaba entonces de tal popularidad que había empezado a juguetear con la idea de un segundo sexenio. Aparentemente razonó que si los potosinos permitían que Martínez Corbalá, el gobernador interino, contendiera por el puesto de gobernador electo, esto abriría el camino para la reelección del presidente.

Incluso, señalan Preston y Dillon (2004:131) el mismo Martínez Corbalá previno que ese proyecto no prosperaría y acertó. En la convención estatal del PRI, las bases protestaron, y Martínez Corbalá retiró su candidatura (Amezcua y Pardinas, 1997; citados por Preston y Dillon, 2004). El tema de la reelección ya se había tocado desde 1991, cuando un grupo de comerciantes de Sonora propuso la reelección del presidente Carlos Salinas de Gortari, el tema se manejaría ampliamente en diversos círculos de la sociedad (Unidad de Análisis Prospectivo El Financiero, 1993).

Por esas mismas fechas, una declaración del fallecido líder de la CTM, Fidel Velásquez sobre el tema de la reelección causó aún más revuelo en torno al debate que se estaba gestando. El diputado panista Astolfo Vicencio Tovar opinó que las declaraciones del líder eran “una vacilada” que no debía tomarse en serio.

La perredista (afiliada al PRD) Amalia García advirtió en ese momento que derogar el principio antireeleccionista implicaría convertir al sistema mexicano en casi una dictadura. Por su parte, el diputado del PRI César Augusto Santiago Ramírez consideró que el tema requería de “análisis y discusión” (Unidad de Análisis Prospectivo El Financiero, 1993).

Sin embargo, los rumores reeleccionistas de ese año los acalló por el propio secretario de gobernación de ese entonces, Fernando Gutiérrez Barrios, quien ratificó la posición del gobierno federal en el sentido de que no se propondría modificación alguna a la Constitución en materia del principio “sufragio efectivo no reelección” (Unidad de Análisis Prospectivo El Financiero, 1993). Sobre este aspecto, Martínez (1985b:44) comenta:

Los gobernadores de los estados no pueden durar en su cargo más de seis años [...]. Los gobernadores de los estados, cuyo origen sea la elección popular, ordinaria o extraordinaria, en ningún caso y por ningún motivo podrán volver a ocupar ese cargo, ni aun con el carácter de interinos (como era el caso de Martínez Corbalá), provisionales, sustitutos o encargados del despacho [...]; además, nunca podrán ser electos para el período inmediato: el gobernador sustituto constitucional, y el interino [...] (como también era el caso de Martínez Corbalá).

Al renunciar Gonzalo Martínez Corbalá a su cargo como gobernador de San Luis Potosí, el Congreso local nombró a Teófilo Torres Corzo como gobernador interino para concluir los ocho meses faltantes que dejó inconclusos Martínez Corbalá, es decir del 10 de octubre de 1992 al 18 de mayo de 1993 (1992, Decreto Número 471, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de San Luis Potosí).

Una vez instalado como gobernador Teófilo Torres Corzo, nombró a su gabinete político del que se muestra parte en la Tabla 46.

Por lo que toca a la administración de Teófilo Torres Corzo y en cuanto a AD que lograron reposicionarse, encontramos que quien fue Secretario de la Contraloría, Jesús Conde Mejía, continuó en el mismo puesto durante la administración de Horacio Sánchez Unzueta.

En su informe de gobierno –único por el corto tiempo en que estuvo al frente de la gubernatura– Teófilo Torres Corzo expresó que asumió el mandato como gobernador de la Entidad en una de las épocas más difíciles de la historia moderna del Estado:

No era fácil advertir una salida, las instituciones eran severamente cuestionadas, la credibilidad en el gobierno se veía sensiblemente disminuida, y en medio de todo esto estaba el destino de un estado que quería ser mejor, para responder a las aspiraciones de sus hijos (Congreso del Estado de San Luis Potosí, 1993a:12).

Cuando Teófilo Torres Corzo concluyó su interinato como gobernador de San Luis Potosí, llega Horacio Sánchez Unzueta a la titularidad del poder ejecutivo Estatal. A Sánchez Unzueta se le decretó vencedor en el proceso electoral para elegir gobernador, el 18 de abril de 1993. En la Tabla 47 se muestran los resultados de este proceso electoral.

En el acto de toma de protesta de Horacio Sánchez Unzueta el 18 de mayo de 1993, acudió el todavía presidente de México, Carlos Salinas de Gortari. Aquí se cita una parte del discurso que Sánchez Unzueta expuso en ese acto:

La sociedad potosina fundó una sencilla esperanza, darse la oportunidad de construir en las ventajas de la concordia y de la paz las seguridades del futuro. Quiso darse lo que ya se ha ganado con tenacidad y empeños ejemplares: un destino mejor, más fraterno, más próspero.

Nadie en San Luis Potosí quiere ni la simulación ni la falsificación de unanimidades, porque la democracia no germina en ámbitos inmóviles o uniformados. Los que pensamos de una forma y los que piensan de otra, tenemos que discutir conjuntamente todo aquello que nos concierne como sociedad.

Pero tenemos que ser capaces de hacerlo sin que las diferencias nos desintegren. En San Luis vamos a seguir ventilando nuestras diferencias porque sin ello la democracia es una ficción y la modernidad política una quimera” (Congreso del Estado de San Luis Potosí, 1993c:4).

Al final de su sexenio como presidente de la República Mexicana, Salinas de Gortari todavía no abandonaba su muy peculiar discurso e hizo uso de la palabra en el acto de protesta de Sánchez Unzueta:

La mejor lección que nos ha dejado la reciente jornada electoral de San Luis Potosí es el mensaje claro y transparente que el pueblo potosino dio en las urnas. Ese mensaje dice: ¡San Luis quiere concordia y quiere progreso!, ¡Los potosinos tendrán paz, armonía, progreso y desarrollo!

Tenemos ya comprometidos recursos alrededor de 224 millones de nuevos pesos, 224 mil millones de los pesos anteriores. Eso querrá decir que sólo con estos recursos ya comprometidos para este año (1993), el gobierno federal habrá multiplicado por diez los recursos que desde el inicio de mi administración se canalizan a favor de San Luis Potosí, un incremento de más de mil por ciento en estos años de mi administración a favor del estado; [...] (Congreso del Estado de San Luis Potosí, 1993c:8).

Buena parte del gabinete político que Sánchez Unzueta integró para gobernar de 1993 a 1997, se muestra en la Tabla 48.

La administración pública de Sánchez Unzueta vuelve a testificar el fenómeno del reposicionamiento de AD en OP, Jorge Daniel Hernández Delgadillo, nombrado Subsecretario General de Gobierno, se reposiciona como Oficial Mayor, Procurador General de Justicia y Secretario de Desarrollo Social y Regional en el período gubernamental de Silva Nieto.

Cuando Horacio Sánchez Unzueta concluyó su período constitucional como gobernador de San Luis Potosí, lo sucede el también priista Fernando Silva Nieto para el período 1997-2003, quien estuvo como titular de varias secretarías durante el gobierno de Sánchez Unzueta. Silva Nieto sería el último gobernador de extracción priista que gobernó San Luis Potosí, desde la creación de este partido y de manera ininterrumpida.

De los 700,043 votos emitidos en las elecciones para gobernador de San Luis Potosí en 1997, el PRI obtuvo 320,901 sufragios contra 269,419 logrados por el PAN. El resto de votos se dividieron entre el PPS, PRD, PC, PDM, NPP, PT y PVEM (Consejo Estatal Electoral de San Luis Potosí, 2006).

Se mencionó que en el período de Silva Nieto hubo paz y tranquilidad en la Entidad, pero las quejas de corrupción fueron muchas. Comenta Dip (2005) que hubo bastantes acusaciones de dinero perdido, mal gastado y canalizado hacia intereses personales.

La Tabla 49 reúne parte del gabinete político que integró Silva Nieto durante su gobierno.

En cuanto al fenómeno del reposicionamiento de actores gubernamentales, llama la atención al término de la administración de Silva Nieto no obstante que la siguiente administración pública provino de un partido político diferente de la que terminaba; se presentó el caso de un AD que se reposicionó en el mismo puesto como Secretario de Desarrollo Económico, se trató de Fernando López Palau.

Al concluir Fernando Silva Nieto su período constitucional como gobernador de San Luis Potosí, llega a la gubernatura del Estado para el período 2003-2009, Marcelo De los Santos Fraga, quien se postuló como candidato por el PAN y resultó vencedor en las elecciones celebradas el 6 de julio de 2003.

Los resultados de las elecciones del 6 de julio de 2003, para elegir gobernador constitucional de San Luis Potosí, se muestran en la Tabla 50.

La Tabla 51 muestra parte de los AD que Marcelo De los Santos Fraga integró para iniciar su gestión al frente de la gubernatura de San Luis Potosí, para el período constitucional 2003-2009.